{"id":101794,"date":"2026-07-01T18:55:15","date_gmt":"2026-07-01T18:55:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101794"},"modified":"2026-07-01T18:55:15","modified_gmt":"2026-07-01T18:55:15","slug":"stc2801-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2801-2018\/","title":{"rendered":"STC2801-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

STC2801-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2017-00208-02
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 14 de diciembre de 2017 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Antonio El\u00edas Su\u00e1rez, Nohora Esquivel Ledesma y Jos\u00e9 Antonio Posada Cay\u00f3n contra el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, el Ministerio de Transporte, el Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica y la Unidad Administrativa de la Aeron\u00e1utica Civil, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica y los sindicatos ASTAC y SINTRAERONAUTICO. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLos accionantes reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos al trabajo, a la asociaci\u00f3n sindical y petici\u00f3n, que adujeron vulnerados por las autoridades cuestionadas. <\/p>\n

En consecuencia, solicitaron ordenar al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, al Ministerio de Transporte, al Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica y a la Aeron\u00e1utica Civil expedir un \u00abnuevo decreto de salarios de la Aeron\u00e1utica Civil modificatorio del decreto n\u00famero 1008 de 9 de junio de 2017, sobre la bonificaci\u00f3n aeron\u00e1utica, decreto que debe consignar el pago del 300% de dicha prestaci\u00f3n para la vigencia 2017 y a cancelarse en los meses de enero, marzo, mayo, septiembre y noviembre por valor de 60% cada mes, esto en cumplimiento del acuerdo laboral colectivo firmado el 18 de mayo de 2016 entre la Unidad Administrativa Especial de Aeron\u00e1utica Civil y las organizaciones sindicales \u201cASTAC\u201d y \u201cSintraeronautico\u201d\u00bb (folio 13, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tComo fundamento de tal pretensi\u00f3n, los gestores expusieron, en s\u00edntesis: <\/p>\n

2.1.\tQue el 18 de mayo de 2016 se suscribi\u00f3 el Acuerdo Colectivo con vigencia 2016-2017 entre la Aeron\u00e1utica Civil y las organizaciones sindicales, \u00abASTAC\u00bb y \u00abSINTRAERONAUTICO\u00bb, siendo beneficiarios del mismo todos los empleados de la entidad. <\/p>\n

2.2.\tEn el ac\u00e1pite II, salarios y prestaciones, numerales 1\u00ba y 2\u00ba del referido convenio colectivo se aprob\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n

1\u00ba. Reconocer un porcentaje adicional de bonificaci\u00f3n aeron\u00e1utica equivalente al 75% del salario b\u00e1sico, el cual ser\u00e1 cancelado en el mes de noviembre de 2016, una vez se haya expedido el decreto correspondiente. Este porcentaje es adicional al ya cancelado en el mes de enero y al que se cancelara en el mes de septiembre de 2016, equivalente al 75% del salario B\u00e1sico, para un total de 225% para la presente vigencia (ese punto del acuerdo qued\u00f3 reglamentado en el art\u00edculo 2\u00ba del Decreto 2119 de 2016). <\/p>\n

2\u00ba. Para la vigencia 2017 y subsiguientes, la bonificaci\u00f3n aeron\u00e1utica ser\u00e1 de un 150% adicional al previsto en el Decreto 2158 de 2014, para una bonificaci\u00f3n total de un 300% del salario b\u00e1sico, pagadera en forma proporcional en los meses de enero, marzo, mayo, septiembre y noviembre, equivalente al 60% para cada uno de estos meses. <\/p>\n

2.3.\tEl Gobierno Nacional expidi\u00f3 el Decreto 1008 de 2017, \u00abpor el cual estableci\u00f3 la escala de asignaci\u00f3n b\u00e1sica para los empleos de la Unidad Administrativa Especial de Aeron\u00e1utica Civil\u00bb, el cual en su art\u00edculo 17 ratific\u00f3 lo dispuesto en el anotado art\u00edculo 2\u00ba del Decreto 2119 de 2016, que acopi\u00f3 lo consignado en el numeral 1\u00ba del ac\u00e1pite II, salarios y prestaciones sociales del convenio colectivo 2016-2017, pero desconoci\u00f3 lo acordado en el numeral 2\u00ba de dicho acuerdo. <\/p>\n

2.4.\tEl 23 de noviembre de 2016 los actores elevaron peticiones a los Ministerios de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y Transporte, as\u00ed como al Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica, con el objeto de que se pronunciaran sobre la bonificaci\u00f3n pactada en el pluricitado acuerdo sindical, sin que a la formulaci\u00f3n de la tutela, 8 de septiembre de 20171, hubieran recibido respuesta alguna. <\/p>\n

2.5.\tEl Gobierno Nacional al expedir los Decretos 2119 de 2016 y 1008 de 2017 reconoci\u00f3 la legitimidad de la convenci\u00f3n colectiva suscrita entre la Aeron\u00e1utica Civil y los sindicatos de trabajadores de esa entidad, por lo que no era dable ahora desconocerla. <\/p>\n

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tEl Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico manifest\u00f3 que no le constaban las negociaciones adelantadas entre la Aeron\u00e1utica Civil y las organizaciones sindicales que originaron el Convenio Colectivo vigencia 2016-2017, dado que no fue parte de las mismas; en lo relativo a la petici\u00f3n elevada el 23 de noviembre de 2016, dijo que la Direcci\u00f3n General de Presupuesto P\u00fablico Nacional la atendi\u00f3 por oficio n\u00ba 2-2017-049090 de 23 de noviembre de 2017, en el que les manifest\u00f3 a los solicitantes que \u00abno se ten\u00eda objeciones de tipo presupuestal al tr\u00e1mite del proyecto de decreto por el cual se modifica el decreto 239 de 2016\u00bb, misiva remitida a las direcciones de correo electr\u00f3nico denunciadas en la solicitud victor.soler@aerocivil.gov.co y carlos.elias@aerocivil.gov.co; agreg\u00f3 que la tutela no era el mecanismo de defensa id\u00f3neo ni eficaz para obtener lo pretendido por los accionantes, puesto que ten\u00edan a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n contenciosa administrativa, por lo que ped\u00eda declarar su improcedencia (folios 81 a 84, y 87 a 98, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tLa Unidad Administrativa Especial Aeron\u00e1utica Civil pidi\u00f3 negar la protecci\u00f3n suplicada, al efecto inform\u00f3 que no estaba incumpliendo lo pactado en la convenci\u00f3n colectiva, pues simplemente estaba pendiente de un tr\u00e1mite legislativo; que se encuentra efectuando las labores tendientes a buscar los medios y procedimientos expeditos para cumplir con el pago de la bonificaci\u00f3n aeron\u00e1utica \u00abvigencia 2017 y a\u00f1os subsiguientes\u00bb, resaltando que la demora en ese tr\u00e1mite no desconoc\u00eda derechos de los accionantes, puesto que reiteraba el compromiso y disposici\u00f3n de la entidad para cancelar dicha bonificaci\u00f3n y honrar lo pactado en dicho acuerdo sindical; no obstante lo cual, se\u00f1al\u00f3 que la tutela no cumpl\u00eda el requisito de subsidiariedad, puesto que los quejosos acudieron directamente a este medio de defensa soslayando el instrumento ordinario establecido para resolver el conflicto laboral que plantean; finalmente, adujo que el Ministerio de Transporte elev\u00f3 consulta a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, relativa a la viabilidad de autorizar la disponibilidad presupuestal necesaria para cumplir integralmente con los compromisos surgidos en el referido acuerdo (folios 101 a 131, cuaderno 1). <\/p>\n

3.\tEl Ministerio de Transporte se opuso a la concesi\u00f3n del resguardo, pues si bien la formulaci\u00f3n de pol\u00edticas, planes, programas, proyectos y regulaci\u00f3n econ\u00f3mica en materia de transporte, tr\u00e1nsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, fluvial y a\u00e9reo, as\u00ed como su regulaci\u00f3n t\u00e9cnica est\u00e1 a su cargo, la Aeron\u00e1utica Civil -Aerocivil- es la autoridad llamada a atender el tema de salarios y prestaciones sociales de sus empleados, por ser una entidad con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio independiente (folios 308 a 310, cuaderno 1). <\/p>\n

4.\tSINTRAERONAUTICO afirm\u00f3 que exist\u00eda incumplimiento de parte de la Aeron\u00e1utica Civil en lo referente al pago de la bonificaci\u00f3n aeron\u00e1utica, siendo imputable a la inobservancia del Decreto 160 de 2014, explic\u00f3 que hab\u00eda agotado todos los tr\u00e1mites administrativos posibles \u2013reuniones con el Ministerio de Transporte y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n-, pero la vulneraci\u00f3n persist\u00eda en cuanto las autoridades criticadas hab\u00edan reusado la emisi\u00f3n del decreto que materializar\u00eda el cumplimiento de lo acordado en el acuerdo sindical, por lo tanto suplic\u00f3 acceder a la tutela incoada (folios 313 a 318, cuaderno 1) <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a-quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada en lo concerniente al control legal deprecado frente al Decreto 1008 de 2017, dado que no se cumpl\u00eda el requisito de subsidiariedad porque los actores ten\u00edan a su disposici\u00f3n los medios judiciales de defensa para cuestionar esa normativa ante el juez contencioso administrativo, autoridad a la que el legislador le asign\u00f3 tal facultad.
\nDe otra parte, concedi\u00f3 la protecci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n frente al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, pues a pesar de que inform\u00f3 y alleg\u00f3 el oficio de respuesta a la solicitud incoada por los quejosos, dicha misiva no daba respuesta de fondo a lo solicitado, dado que s\u00f3lo indic\u00f3 que \u00abno ten\u00eda objeciones de tipo presupuestal al tr\u00e1mite del proyecto de decreto \u201cpor el cual se modifica el Decreto 239 de 2016\u201d\u00bb, sin precisar si en efecto se expedir\u00eda o no el decreto reclamado, lo que se aunaba al hecho de que no acredit\u00f3 que la respuesta se hubiere comunicado a los peticionarios, por lo que orden\u00f3 a esa cartera ministerial atender la petici\u00f3n elevada por los gestores el 23 de noviembre de 2016, y comunicarla a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito posible (folios 304 a 330, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formularon los reclamantes manifestando que el debate de la acci\u00f3n constitucional no era la legalidad del decreto, sino que su cuestionamiento giraba en torno al incumplimiento del acuerdo laboral colectivo, lo que desconoc\u00eda el derecho de negociaci\u00f3n colectiva, elemento consustancial al derecho de asociaci\u00f3n sindical; criticaron que no se hubiera ordenado al Ministerio de Transporte, a la Aeron\u00e1utica Civil y al Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica brindarles una respuesta frente a la petici\u00f3n de la solicitud del 23 de noviembre de 2016, en la medida en que a tales entidades se les inform\u00f3 sobre la solicitud elevada al Ministerio de Hacienda (folios 331 a 333, cuaderno 1).
\nCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tAl tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n

La Corte jurisprudencialmente ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

2.\tEn los t\u00e9rminos de la impugnaci\u00f3n propuesta por los inconformes, la Corte observa que censuran el incumplimiento por parte de las autoridades accionadas del \u00abAcuerdo Laboral Aplicable a los Empleados de la Unidad Administrativa Especial de la Aeron\u00e1utica Civil para la vigencia 2016-2017\u00bb, habida cuenta que con la expedici\u00f3n del Decreto 1008 de 2017 se desconoci\u00f3 lo pactado en el numeral 2\u00ba del ac\u00e1pite II sobre salarios y prestaciones del referido acuerdo. <\/p>\n

Al respecto, de entrada se advierte que la petici\u00f3n tuitiva est\u00e1 llamada a fracasar, puesto que desatiende el presupuesto de subsidiariedad connatural al ejercicio de la acci\u00f3n tutelar, en la medida en que el reproche relativo al incumplimiento de las obligaciones ajustadas en la convenci\u00f3n colectiva referida a espacio, debe ser examinado mediante las acciones ordinarias que otorga la jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa para tal fin, sin que resulte viable que antes de activarlas se acuda a este excepcional escenario de protecci\u00f3n superior, desconociendo su car\u00e1cter residual, como aqu\u00ed acontece. <\/p>\n

En efecto, la integridad de la funci\u00f3n estatal de administrar justicia se ver\u00eda gravemente comprometida si se permitiera que esta herramienta extraordinaria, dirigida exclusivamente a la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, pueda suplir los instrumentos comunes que el ordenamiento jur\u00eddico ha establecido para reprochar los actos de la administraci\u00f3n que por \u00e9sta se plantean. <\/p>\n

En un asunto similar, la Corte sostuvo que: <\/p>\n

(\u2026) el referido mecanismo excepcional no es id\u00f3neo para obtener, en condiciones normales, el pago de pretensiones de linaje laboral, dado que para ello la legislaci\u00f3n ha previsto medios comunes de protecci\u00f3n, que sin duda resultan id\u00f3neos para dilucidar a trav\u00e9s de ellos tales diferencias, de modo que ante esas circunstancias \u00fanicamente es procedente la referida acci\u00f3n, en casos de extrema gravedad y urgencia, siempre que est\u00e9n comprometidos derechos constitucionales fundamentales (CSJ STC, 14 feb. 2002, rad. 0126-01; reiterada en STC, 10 jun. 2008, rad. 2008-00018-01 y STC6519-2016, 19 may., rad. 2016-00212-01). <\/p>\n

En ese contexto resulta evidente que los gestores del amparo no han hecho uso de las herramientas de defensa que tienen a su alcance para obtener lo que aqu\u00ed solicitan, situaci\u00f3n que enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n

En adici\u00f3n recu\u00e9rdese que conforme lo ha sostenido la Corte Constitucional en casos an\u00e1logos al de ahora: <\/p>\n

\u2026la acci\u00f3n de tutela no sea empleada para exigir el cumplimiento de obligaciones espec\u00edficas derivadas de un contrato colectivo sindical, pues para ello tanto el empresario como la organizaci\u00f3n sindical, cuentan con varios mecanismos de defensa id\u00f3neos que se convierten en verdaderas herramientas para reclamar derechos y controvertir obligaciones contractuales. No sobra recalcar que una eventual solidaridad legal entre quienes suscriben un contrato colectivo sindical y quienes se benefician o son due\u00f1os de la labor, debe ser objeto de discusi\u00f3n tambi\u00e9n en el marco de la justicia laboral (T-457\/11). <\/p>\n

3.\tFinalmente, la Corte precisa que no advierte menoscabo del derecho de petici\u00f3n de los promotores del amparo de parte del Ministerio de Transporte, del Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica y de la Unidad Administrativa Especial de la Aeron\u00e1utica Civil, puesto que si bien es cierto que aqu\u00e9llos les enviaron copia de la solicitud incoada ante el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico el 23 de noviembre de 2016, no es dable predicar que en dicho memorial se les hubiera pedido pronunciarse frente a la expedici\u00f3n del decreto que recogiera el contenido de la convenci\u00f3n colectiva que adujeron incumplida, ni tampoco realizara otra diligencia con tal prop\u00f3sito; en tal virtud, no es viable amparar dicha prerrogativa respecto de las citadas autoridades administrativas, comoquiera que no habr\u00eda lugar a ordenar la emisi\u00f3n de alguna respuesta. <\/p>\n

4.\tPor las anteriores razones ser\u00e1 confirmado el fallo de primera instancia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tFolio 65, cuaderno 1.
\n12<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO STC2801-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2017-00208-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 14 de diciembre de 2017 por la Sala Civil – Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101794","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101794","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101794"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101794\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101794"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101794"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101794"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}