{"id":101797,"date":"2026-07-01T18:55:29","date_gmt":"2026-07-01T18:55:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101797"},"modified":"2026-07-01T18:55:29","modified_gmt":"2026-07-01T18:55:29","slug":"stc2810-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2810-2018\/","title":{"rendered":"STC2810-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2810-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2017-00528-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el diecis\u00e9is de enero de dos mil dieciocho por la Sala Civil, Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Marco Antonio Chac\u00f3n Castillo contra el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a todas las partes en intervinientes en el proceso origen de la acci\u00f3n.
\nI. ANTECEDENTES
\nA. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso que estima vulnerados por la autoridad judicial accionada por cuanto habi\u00e9ndose presentado el trabajo partitivo correspondiente dentro de la fase liquidatoria encontr\u00e1ndose pendiente la sentencia, decidi\u00f3 suspender el proceso tras considerar que no hay pronunciamiento respecto al recurso extraordinario de casaci\u00f3n que se interpuso contra la sentencia del Ad Quem por tanto consider\u00f3 que no es posible proseguir con el tr\u00e1mite, decisi\u00f3n que a su juicio es arbitraria por cuanto desconoci\u00f3 el art\u00edculo 376 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, lo que le caus\u00f3 un da\u00f1o patrimonial pues encontr\u00e1ndose cautelados los bienes no puede disponer del 50% que le pertenece. <\/p>\n

Por tal motivo, pretende se \u00abdeclare que la providencia acusada incurri\u00f3 en v\u00edas de hecho por defectos f\u00e1cticos y defectos materiales y por ende viol\u00f3 el derecho constitucional fundamental de mis mandantes al debido proceso. <\/p>\n

\u2026Que se ordene la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que fue violado a mis mandantes de acuerdo con los hechos y argumentaciones jur\u00eddicas del presente escrito. <\/p>\n

\u2026Que se declare la nulidad de la providencia tutelada. <\/p>\n

\u2026Que se sustituya la providencia por otra que respete el debido proceso y que se declare que tengo derecho a que se tramite el proceso sin dilaci\u00f3n alguna y dentro de los t\u00e9rminos legales.\u00bb [Folio 16,c.1] <\/p>\n

B. Los hechos
\n1. Beatriz Rojas Artunduaga instaur\u00f3 proceso contra el accionante para que se declarara que entre ellos existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho desde el 1\u00ba de noviembre de 1984 hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, esto es, 29 de septiembre de 2014 y como consecuencia de lo anterior se declare que se form\u00f3 una sociedad patrimonial hasta el d\u00eda de su disoluci\u00f3n. <\/p>\n

3. El tutelante fue notificado personalmente, contest\u00f3 la demanda oponi\u00e9ndose a las pretensiones y formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abPRESCRIPCI\u00d2N EXTINTIVA DE LA ACCI\u00d2N; CADUCIDAD DE LA ACCI\u00d2N y FALTA DE LEGITIMACI\u00d2N EN LA CAUSA.\u00bb tras indicar que de aceptarse la uni\u00f3n marital de hecho y la sociedad patrimonial, transcurri\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o sin haberse formulado la correspondiente demanda aunado a que \u00abNo existi\u00f3 uni\u00f3n marital de hecho y el patrimonio del demandado no se levant\u00f3 en conjunto con la actora, dado que ella misma se\u00f1ala la falta de disponibilidad de dinero para dicha labor.\u00bb <\/p>\n

4. De igual modo compareci\u00f3 al proceso la se\u00f1ora Sandra Liliana R\u00edos Serrano, quien formul\u00f3 demanda de intervenci\u00f3n ad excludendum contra la parte demandante y el actor para que se declarare la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho entre ella y el accionante desde el 28 de marzo de 2009 y que se halla vigente; que entre ellos se form\u00f3 una sociedad patrimonial desde el 28 de marzo de 2009 a la actualidad; que la misma est\u00e1 conformada por las mejoras descritas en la demanda y que se han realizado en los bienes que en la demanda mencion\u00f3 la demandante principal, constituidas por las terminaciones que se han efectuado a los correspondientes bienes, despu\u00e9s de haber terminado la obra negra. <\/p>\n

5. La demandante principal fue notificada personalmente de la demanda ad excludendum y formul\u00f3 excepciones que denomin\u00f3 \u00abINEXISTENCIA DE LA SINGULARIDAD EN LA RELACI\u00d2N QUE PRETENDE ALEGAR LA AD-EXCLUDENDUM SE\u00d1ORA SANDRA LILIANA R\u00cdOS SERRANO, ES DECIR FALTA DE LOS REQUISITOS Y\/O ELEMENTOS DE LA UNI\u00d2N MARITAL DE HECHO; INEXISTENCIA DE ANIMUS SOCIETANDI, INEXISTENCIA DE SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO POR AUSENCIA DE REQUISITOS e INEXISTENCIA DEL DERECHO INVOCADO Y AUSENCIA DE CAUSA JUR\u00cdDICA.\u00bb <\/p>\n

6. Por su parte, el tutelante se tuvo por notificado por conducta concluyente y en su contestaci\u00f3n no se opuso a las pretensiones de la demandante ad excludendum. <\/p>\n

7. El 26 de octubre de 2011 se realiz\u00f3 la audiencia prevista en el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil en donde se declar\u00f3 fracasada la etapa de conciliaci\u00f3n. <\/p>\n

8. Evacuada la etapa probatoria, se corri\u00f3 traslado para alegatos de conclusi\u00f3n, momento que fue aprovechado por las partes. <\/p>\n

9. Mediante sentencia de fecha 29 de septiembre de 2014 el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Zipaquir\u00e1 declar\u00f3 entre otras determinaciones impr\u00f3speras las pretensiones de la demanda presentada por la interviniente ad excludendum y probadas las excepciones formuladas por la demandada Beatriz Rojas Artunduaga contra la demanda de la interviniente. <\/p>\n

De igual modo, declar\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho entre Beatriz Rojas Artunduaga y el accionante entre el periodo comprendido del 1\u00ba de noviembre de 1984 al 25 de mayo de 2011, as\u00ed como la sociedad patrimonial entre los mismos por el mismo lapso. [Folios 3-33, c. Corte] <\/p>\n

10. Inconformes con la decisi\u00f3n la demandante ad excludendum y el actor interpusieron recurso de apelaci\u00f3n tras se\u00f1alar la primera que no se tuvo en cuenta que al encontrarse la convivencia simult\u00e1nea se deben negar las pretensiones de la demanda principal sumado a que la \u00faltima relaci\u00f3n remplaza a la primigenia y se desconoci\u00f3 que las probanzas demuestran que s\u00ed se configura una uni\u00f3n marital de hecho entre ella y el accionante. <\/p>\n

Por su parte, el tutelante manifest\u00f3 que la sentencia del A Quo es contradictoria por cuanto no comput\u00f3 el tiempo para el cimiento de la prescripci\u00f3n, no se pronunci\u00f3 frente a los alegatos y se valor\u00f3 de forma arbitraria las pruebas al desconocer que debi\u00f3 prosperar la \u00abexcepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por \u00e9l propuesta.\u00bb <\/p>\n

11. El 8 de mayo de 2015, el Tribunal Superior de Cundinamarca confirm\u00f3 la sentencia proferida por el A Quo [Folios 35-52, c.Corte] <\/p>\n

12. En desacuerdo, el tutelante y la interviniente ad excludendum interpusieron el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n

13. El 2 de junio de ese a\u00f1o, se concedi\u00f3 el recurso contra la sentencia del Ad Quem y se requiri\u00f3 a las partes recurrentes para que suministraran en el t\u00e9rmino de tres d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la ejecutoria de esa decisi\u00f3n, las copias para la ejecuci\u00f3n de la sentencia. [Folios 8-9, c.1] <\/p>\n

14. El 12 de agosto siguiente, esta Corporaci\u00f3n admiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n, la cual se encuentra en tr\u00e1mite. <\/p>\n

15. El 27 de agosto de ese a\u00f1o, el apoderado de Beatriz Rojas Artunduaga solicit\u00f3 dar tr\u00e1mite a la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, pretensi\u00f3n que fue resuelta favorablemente el 11 de septiembre siguiente en el cual se dispuso notificar personalmente al accionante y emplazar a los acreedores de la sociedad patrimonial. <\/p>\n

16. Notificado en debida forma el actor y efectuadas las publicaciones ordenadas conforme a la Ley, el 1\u00ba de abril de 2016 se fij\u00f3 fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de inventarios y deudas de la sociedad patrimonial, fij\u00e1ndose para el efecto el 26 de mayo de ese a\u00f1o. <\/p>\n

17. Llegado el d\u00eda acordado, los apoderados de las partes presentaron de mutuo acuerdo el inventario de bienes de la sociedad, del cual se corri\u00f3 traslado el 27 de junio siguiente, siendo aprobados mediante prove\u00eddo de 2 de agosto. <\/p>\n

18. El 18 de agosto de 2016 se decret\u00f3 la partici\u00f3n y el 1\u00ba de septiembre de ese a\u00f1o se design\u00f3 partidor, quien acept\u00f3 el cargo y procedi\u00f3 a presentar el trabajo encomendado el 16 de febrero de 2017, del cual se corri\u00f3 traslado a las partes el 7 de marzo. <\/p>\n

19. Allegado el expediente al despacho con el fin de resolver frente al trabajo de partici\u00f3n, el 15 de agosto de ese a\u00f1o, el juzgado consider\u00f3 que ser\u00eda del caso revisar el trabajo de partici\u00f3n y dictar la sentencia aprobatoria del mismo, de no observarse que no existe pronunciamiento por parte de esta Corporaci\u00f3n respecto al recurso de casaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia del Ad Quem y por tanto consider\u00f3 que \u00abno es posible seguir con el presente tr\u00e1mite, por tanto permanezca el presente expediente en Secretar\u00eda, hasta tanto no se desate el recurso extraordinario de Casaci\u00f3n que se encuentra en tr\u00e1mite\u00bb. [Folio 2, c.1] <\/p>\n

20. En desacuerdo el actor interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n tras considerar que se desconoci\u00f3 el contenido de los art\u00edculos 371 y 376 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil toda vez que el recurso extraordinario no impide que se cumpla la sentencia y en caso que se case se declarar\u00e1 sin efectos los actos procesales realizados y se proceder\u00e1 a las restituciones correspondientes, por tanto suspender el proceso les causar\u00eda graves perjuicios al no poder disponer del 50% de los bienes. <\/p>\n

21. Del recurso se corri\u00f3 traslado a la contraparte, quien dentro de la oportunidad legal no se pronunci\u00f3. <\/p>\n

22. El 16 de noviembre siguiente el despacho mantuvo su decisi\u00f3n y neg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n al se\u00f1alar que no es aplicable en este caso el art\u00edculo 376 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil \u00abpor cuanto dicha norma tiene aplicaci\u00f3n en aquellos eventos en que la interposici\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n no impide el cumplimiento de la sentencia, que no es el caso que nos ocupa, pues como se dijo, la sentencia objeto del recurso de casaci\u00f3n versa sobre el estado civil de las personas\u00bb y para que se pueda aprobar el trabajo de partici\u00f3n \u00abdebe haberse resuelto el recurso de casaci\u00f3n contra la sentencia que declar\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho entre las partes en litigio y la consecuente sociedad patrimonial que se pretende liquidar.\u00bb [Folios 5-7,c.1] <\/p>\n

23. En criterio del accionante se vulneraron sus derechos con la decisi\u00f3n adoptada por el accionado por cuanto equivocadamente consider\u00f3 que el asunto versa exclusivamente sobre el estado civil de las personas, sin percatarse que tambi\u00e9n trata sobre la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, \u00abes decir no observ\u00f3 que el proceso tiene dos objetos y no uno solo como lo hace notar en su auto cuestionado.\u00bb [Folios 11-17,c.1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia
\n1. El 1\u00ba de diciembre de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 20, c.1] <\/p>\n

2. El Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1, se opuso a la prosperidad del amparo para cuyo efecto realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones adelantadas al interior del proceso cuestionado y se\u00f1al\u00f3 que no es cierto que las providencias atacadas carezcan de fundamento y de motivaci\u00f3n legal, por cuanto el simple hecho que el accionante no comparta la decisi\u00f3n no la convierte \u00aben una v\u00eda de hecho que tenga como resultado la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela.\u00bb [Folios 25-29,c.1] <\/p>\n

A su turno el Procurador 128 Judicial II de Familia manifest\u00f3 que la decisi\u00f3n del accionado se aviene a lo consignado en el art\u00edculo 371 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil si se tiene en cuenta que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n fue formulado por el accionante y la interviniente ad \u2013excludendum en desacuerdo con la declaratoria de la uni\u00f3n marital de hecho la cual tiene que ver con el estado civil del compa\u00f1ero permanente y de esta depende la consecuente sociedad patrimonial, de ah\u00ed, que el juzgado antes de pronunciarse sobre el trabajo distributivo entre los contendientes principales, acudi\u00f3 a la norma en menci\u00f3n, precisamente para respetar los presuntos derechos del mismo actor y la interviniente excluyente, por tanto no se observa vulneraci\u00f3n a derecho fundamental alguno. [Folios 36-38, c.1] <\/p>\n

3. En sentencia de 16 de enero de 2018, el Tribunal Superior de Cundinamarca, deneg\u00f3 el amparo tras considerar que la decisi\u00f3n objeto de censura no deja ver una actividad arbitraria por parte del accionado aunado a que el actor contra dicha decisi\u00f3n no interpuso el recurso de apelaci\u00f3n, conforme lo se\u00f1ala el art\u00edculo 516 del C\u00f3digo General del Proceso. [Folios 46-51, c.1] <\/p>\n

4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor del resguardo la impugn\u00f3 para cuyo efecto se\u00f1al\u00f3 que el accionado \u00abno decret\u00f3 la suspensi\u00f3n de la partici\u00f3n, sino la suspensi\u00f3n del proceso por existencia de la casaci\u00f3n\u00bb, y se fundament\u00f3 en el art\u00edculo 371 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil por ser una sentencia declarativa sobre el estado civil de las personas, afirmaci\u00f3n que no comparte, no obstante contra dicha determinaci\u00f3n no procede el recurso de apelaci\u00f3n, como equivocadamente lo consider\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n

De igual modo se\u00f1al\u00f3 que el juzgado demandado al demorar el proceso \u00abpor legitimarse derechos que no le concede la ley (suspender el proceso sin petici\u00f3n de parte) ha dado lugar a que se le venciera el plazo se\u00f1alado en el art\u00edculo 121 del C.G.P.\u00bb aunado a que la decisi\u00f3n de suspensi\u00f3n del proceso es ilegal y va en contrav\u00eda de la disposici\u00f3n se\u00f1alada en el art\u00edculo 509 del C\u00f3digo General del Proceso. [Folios 57-61,c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

Los criterios que se han sostenido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

2. En el caso que se somete a examen, la acci\u00f3n constitucional se revela improcedente, por cuanto b\u00e1sicamente el accionante pretende que por esta v\u00eda se ordene al Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1 emitir la correspondiente sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n de los bienes dentro de la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial que se adelanta en ese despacho con ocasi\u00f3n de la declaratoria de la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho del actor con la se\u00f1ora Beatriz Rojas Artunduaga, no obstante se observa que la pretensi\u00f3n del actor se encuentra \u00edntimamente ligada con el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que se halla pendiente de resolver contra la sentencia proferida por el Ad Quem que confirm\u00f3 la citada uni\u00f3n marital. <\/p>\n

En efecto, n\u00f3tese que el aludido recurso fue formulado por el actor y la interviniente ad excludendum contra la sentencia proferida por el Tribunal, por no estar de acuerdo con la declaratoria de la uni\u00f3n marital de hecho entre la demandante principal y el accionante en los lapsos del 1\u00ba de noviembre de 1984 al 25 de mayo de 2011, discusi\u00f3n de la cual depende la consecuente sociedad patrimonial, por tanto encontr\u00e1ndose pendiente que se adopte una decisi\u00f3n definitiva en cuanto a la integraci\u00f3n de ese patrimonio social surgido con ocasi\u00f3n de la convivencia, el quejoso se apresura a peticionar que por esta v\u00eda se ordene al accionado la repartici\u00f3n de unos bienes, sin encontrarse a\u00fan definido qu\u00e9 es lo que se va a distribuir. <\/p>\n

En punto de lo anterior, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que,\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley.\u00bb (CSJ STC 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC 11. Jul. 2013, rad, 000183-01).
\n3. Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar o sustituir los procedimientos legales. <\/p>\n

4. En conclusi\u00f3n, con fundamento en los anteriores argumentos, se confirmar\u00e1 el fallo de primera instancia pero por estas razones.
\nIII. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO
\n(Aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n

(Aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n tomada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia respecto a la petici\u00f3n de amparo presentada por el ciudadano Marco Antonio Chac\u00f3n Castillo frente al Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1, con ocasi\u00f3n del proceso de Declaraci\u00f3n de Uni\u00f3n Marital de hecho y Sociedad Patrimonial instaur\u00f3 en su contra la se\u00f1ora Beatriz Rojas Artunduaga, dejo aclaraci\u00f3n de voto sobre lo decidido. <\/p>\n

Al respecto, el Tribunal Superior de Cundinamarca NEG\u00d3 EL AMPARO invocado y la Sala Civil de la Corte Suprema confirma la anterior decisi\u00f3n, lo cual comparto, pero debo dejar claro que dicho acogimiento se refiere a que en la casaci\u00f3n que con motivo del mismo proceso se est\u00e1 a\u00fan tramitando en la Corte, el punto central de discusi\u00f3n es la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho como tema central y que lo relativo a la discusi\u00f3n sobre los bienes o sea la sociedad patrimonial es solamente consecuencial. <\/p>\n

Lo anterior por cuanto en otras oportunidades, y es lo que quiero resaltar para que no se preste a confusiones, he considerado ejecutables algunas sentencias en las que se contin\u00faa la discusi\u00f3n en casaci\u00f3n solamente en lo relacionado con la sociedad patrimonial, caso en el cual considero que puede continuarse el tr\u00e1mite liquidatorio porque siendo solamente ese el problema a resolver, la cuesti\u00f3n es ejecutable salvo que se preste cauci\u00f3n en la forma indicada por la ley. Pero en este caso lo que se refiere a los bienes es solamente consecuencial ya que el tema central de la discusi\u00f3n es uno referente al estado civil de las persona como es la existencia o no de la uni\u00f3n marital de hecho, lo cual conlleva a que no pueda ejecutarse la decisi\u00f3n. <\/p>\n

No se trata pues de decidir si es conveniente o no la protecci\u00f3n de los derechos mencionados, o si se puede o no suspender el proceso o suspender la sentencia como lo discuten las partes, sino de definir si la sentencia relativa a asuntos del estado civil es ejecutable o no, y no puede exigirse que sea exclusiva del estado civil en forma absoluta, pues en este caso no es as\u00ed, pero lo de la sociedad patrimonial es consecuencia del tema central a definir. <\/p>\n

Por eso, compartiendo la decisi\u00f3n debo aclarar por qu\u00e9 en otras ocasiones he dicho que la discusi\u00f3n exclusiva de la existencia o no de la sociedad patrimonial o de los bienes que pertenecen a ella si puede ejecutarse pero porque all\u00ed hay certeza de la uni\u00f3n marital, esta s\u00ed, figura propia del estado civil. <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

MAGISTRADA MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

Con el respeto debido a la mayor\u00eda de la Sala, a continuaci\u00f3n, consigno las razones por las cuales salvo mi voto, y no solo aclaro como hab\u00eda expuesto inicialmente, con la decisi\u00f3n adoptada en la tutela identificada con la radicaci\u00f3n precedente, debido a que mi criterio afecta el fondo de la decisi\u00f3n tomada. <\/p>\n

1. No comparto la decisi\u00f3n de la Sala adiada 28 de febrero de 2018, mediante la cual se confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia de fecha 16 de enero del cursante a\u00f1o, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, misma que hab\u00eda negado el amparo deprecado por el actor, en consideraci\u00f3n a que la providencia objeto de censura no deja ver una actividad arbitraria por parte del accionado. <\/p>\n

2. El reclamo del gestor se direcciona a que se ordenara a la autoridad judicial accionada para que continuara con el tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, es decir, se proveyera sobre el trabajo de partici\u00f3n presentado de mutuo acuerdo por los apoderados de las partes, por cuanto el juzgado encartado decidi\u00f3 que \u00abno es posible seguir con el presente tr\u00e1mite, por tanto el expediente debe permanecer en Secretar\u00eda, hasta tanto no se desate el recurso extraordinario de Casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

3. El argumento toral de la decisi\u00f3n cuestionada en la acci\u00f3n de tutela se ci\u00f1e exclusivamente a que por no haberse resuelto el recurso de casaci\u00f3n interpuesto contra el proveimiento que declar\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho entre compa\u00f1eros permanentes, no es factible dictar la sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n, debido a que el estado civil definido es presupuesto para la aprobaci\u00f3n de aquel. <\/p>\n

4. El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo bajo la \u00e9gida de la no arbitrariedad y razonabilidad de la decisi\u00f3n judicial proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1, la cual es ratificada por la Sala en la STC 2810-2018, argumentando que \u00ab\u2026 el aludido recurso [casaci\u00f3n] fue formulado por el actor y la interviniente ad excludendum contra la sentencia proferida por el Tribunal, por no estar de acuerdo con la declaratoria de la uni\u00f3n marital de hecho entre la demandante principal y el accionante en los lapsos del 1\u00ba de noviembre de 1984 al 25 de mayo de 2011, discusi\u00f3n de la cual depende la consecuente sociedad patrimonial, por tanto encontr\u00e1ndose pendiente que se adopte una decisi\u00f3n definitiva en cuanto a la integraci\u00f3n de ese patrimonio social surgido con ocasi\u00f3n de la convivencia, el quejoso se apresura a peticionar que por esta v\u00eda se ordene al accionado la repartici\u00f3n de unos bienes, sin encontrarse definido qu\u00e9 es lo que se va a definir\u00bb (lineado por fuera del texto original). <\/p>\n

5. El problema iusfundamental se concreta en establecer si la decisi\u00f3n del juzgado accionado de mantener en secretar\u00eda el expediente que contiene el tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, el cual se encuentra para dictar sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n que presentaron de com\u00fan acuerdo las partes, resulta razonable frente a los precedentes de esta Corporaci\u00f3n que han desarrollado un l\u00ednea jurisprudencial en cuanto a la ejecutabilidad de la sentencia que declara la existencia de la sociedad patrimonial, aunque se haya recurrido en casaci\u00f3n el reconocimiento de la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho entre compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n

6. En efecto, la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n no suspende el cumplimiento de la sentencia confutada, salvo cuando verse exclusivamente sobre el estado civil, o se trate de sentencia meramente declarativa, o cuando haya sido recurrida por ambas partes (inciso 1\u00ba, art\u00edculo 371 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, reproducido por el art\u00edculo 341 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n

7. Siendo as\u00ed, y como la sentencia declar\u00f3 tanto la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho entre compa\u00f1eros permanentes y subsecuentemente la sociedad patrimonial, a m\u00e1s que el recurso de casaci\u00f3n solamente lo interpuso una de las partes principales y la interventora ad excludendum, es ejecutable la sentencia en lo que ata\u00f1e a la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, y as\u00ed se ven\u00eda cumpliendo, solo que en la fase final del tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n correspondiente a la aprobaci\u00f3n de la partici\u00f3n, dado el nexo entre lo uno y lo otro, el funcionario judicial querellado motu proprio se aparta del designio legal de la ejecutabilidad y procede a ordenar la suspensi\u00f3n del proceso, hasta tanto se resuelva el recurso de casaci\u00f3n; a pesar que el art\u00edculo 376 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 350 del CGP, al tratar el tema de la ineficacia del cumplimiento de la sentencia, es contundente al expresar que \u00ab[c]uando la Corte case una sentencia que tuvo cumplimiento, declarar\u00e1 sin efectos los actos realizados con tal fin, y dispondr\u00e1 que el juez de primera instancia proceda a las restituciones y adopte las dem\u00e1s medidas a que hubiere lugar\u201d. <\/p>\n

8. Por consiguiente, habiendo la Corte construido una s\u00f3lida doctrina jurisprudencial sobre la ejecutabilidad de la sentencia en cuanto a la sociedad patrimonial de hecho, a pesar de encontrarse impugnado el reconocimiento de la uni\u00f3n marital de hecho entre compa\u00f1eros, era obligaci\u00f3n de la c\u00e9lula judicial cuestionada expresar de manera clara y razonable los contraargumentos del porqu\u00e9 se apartaba de aquella; m\u00e1xime que el legislador en el art\u00edculo 376 del anterior c\u00f3digo procesal, hab\u00eda previsto la facultad a esta Corporaci\u00f3n para declarar sin efectos los actos procesales adelantados de la sentencia cumplida y casada, y disponer que el juez de primera instancia procediera a las restituciones y adoptara las dem\u00e1s medidas a que hubiere lugar, aunque, as\u00ed sea para la fase final de la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n, especialmente en este caso, que es la misma parte recurrente la que demanda la expedici\u00f3n de ese acto procesal omitido. <\/p>\n

\u00bfPor qu\u00e9 se proh\u00edja una decisi\u00f3n de suspensi\u00f3n unilateral proferida por el juez del proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, a pesar que no hay discusi\u00f3n sobre la forma de repartirse los bienes entre los compa\u00f1eros permanentes, ya que el trabajo de partici\u00f3n fue presentado de com\u00fan acuerdo por los apoderados de las partes, aunque la segunda supone necesariamente la primera? <\/p>\n

9. De igual manera, cuando el recurrente extraordinario tiene inter\u00e9s en que se suspenda el cumplimiento de la sentencia debe ofrecer y aportar una cauci\u00f3n que garantice los perjuicios que dicha suspensi\u00f3n cause a la parte contraria, incluyendo los frutos civiles y naturales. En el caso estudiado no hubo pedimento en esa direcci\u00f3n del recurrente demandado, lo que refleja la finalidad de cumplimento o ejecuci\u00f3n de \u00e9sta. <\/p>\n

10. En esa misma perspectiva, si al opugnante en casaci\u00f3n se le exige suministrar las expensas necesarias para la expedici\u00f3n de las copias que el tribunal determin\u00f3 para la ejecutabilidad de la sentencia ante el juez de primera instancia, que de no cumplir con esta carga procesal, el tribunal declarar\u00e1 desierto el recurso; es porque se apunta a la ejecutabilidad de la sentencia recurrida en casaci\u00f3n. (Ver autos CSJ AC, 3 de noviembre -2010, rad.2004-00123-00; AC 12 de julio de 2013, rad.2010-01069-00; 16 de septiembre de 2013, expediente 00071; AC2461-2014; AC2263-2015; AC5913-2015, AC4181-2017, AC3888-2017, entre otros) <\/p>\n

11. Todas estas consideraciones me permiten sustentar que no puede atribu\u00edrsele razonabilidad a una decisi\u00f3n judicial que no explica las razones por las cuales, a pesar de la ejecutabilidad que la Corte ha reconocido reiteradamente a la sentencia que declara la existencia de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, como consecuencia, de haberse, igualmente, declarado la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, aunado a que existe un trabajo de partici\u00f3n presentado de consumo por las partes, se ordene oficiosamente por el juez que conoce del tr\u00e1mite liquidatario la suspensi\u00f3n del proceso hasta tanto se decida el recurso de casaci\u00f3n, en contrav\u00eda de lo que de manera uniforme ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n en relaci\u00f3n al cumplimiento de la sentencia en lo que tiene que ver con la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dej\u00f3 sentado m\u00ed salvamento de voto. <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC2810-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2017-00528-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el diecis\u00e9is de enero de dos mil dieciocho por la Sala Civil, Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101797","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101797","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101797"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101797\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101797"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101797"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101797"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}