{"id":101798,"date":"2026-07-01T18:55:40","date_gmt":"2026-07-01T18:55:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101798"},"modified":"2026-07-01T18:55:40","modified_gmt":"2026-07-01T18:55:40","slug":"stc2811-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2811-2018\/","title":{"rendered":"STC2811-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00369-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

La Corte decide la acci\u00f3n de tutela formulada por Diana Mar\u00eda Trujillo D\u00edaz contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a los Juzgados Segundo Civil del Circuito, Quinto de Familia de esa ciudad y a las partes e intervinientes del expediente objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, vida digna, libre disposici\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, los cuales considera vulnerados por la autoridad accionada al no acceder al decreto de pruebas en segunda instancia. <\/p>\n

En consecuencia, pretende que se revoquen los autos 16 de enero de 2018 y 1 de agosto de 2017, en su lugar, que se ordene tener como pruebas aportadas la interdicci\u00f3n y el certificado de defunci\u00f3n de Marco Aurelio Trujillo Falla. [Folio 9, c. 1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Los se\u00f1ores Gabriel Hernando, Diana Mar\u00eda y Carolina Trujillo D\u00edaz instauraron demanda ordinaria contra Guillermo, Humberto, Alfonso, Jaime Trujillo Falla, Ligia Mar\u00eda G\u00f3mez de Prato, H\u00e9ctor Eduardo Trujillo Mora, Mar\u00eda Fernanda, Juan Jos\u00e9, Hernando, Claudia Marcela, Martha Luc\u00eda Trujillo Amaya, y los herederos reconocidos de Marco Aurelio Trujillo Falla (fallecido) y Antonio Jos\u00e9 Trujillo Mutis, con el fin de que se declare la nulidad absoluta la partici\u00f3n sucesoral de la se\u00f1ora Amalia Trujillo Falla, contenida en la Escritura P\u00fablica No. 1343 de fecha 23 de julio de 1999. <\/p>\n

2. Le correspondi\u00f3 conocer el asunto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva, quien en auto de 18 de julio de 2013, lo admiti\u00f3 y orden\u00f3 correr traslado a la pasiva. <\/p>\n

3. Notificados, los demandados contestaron la demanda y formularon excepciones de m\u00e9rito que denominaron: \u00abla inexistencia de requisitos sustanciales para alegar la nulidad, lo que implica la inexistencia de causales taxativas de nulidad absoluta\u00bb, \u00ab cosa juzgada\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n de nulidad absoluta\u00bb y \u00abla gen\u00e9rica\u00bb. <\/p>\n

4. En auto de 22 de octubre de 2014 se abri\u00f3 a pruebas. <\/p>\n

5. El 15 de marzo de 2017 se llev\u00f3 a cabo la audiencia de alegaciones y fallo, en la que la Juez Segunda Civil del Circuito de Neiva dict\u00f3 sentencia que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, por ende, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n

6. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, la parte actora interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

7. En auto de 10 de julio de 2017 la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva admiti\u00f3 la alzada. <\/p>\n

8. El d\u00eda 14 de ese mes y a\u00f1o, el extremo activo solicit\u00f3 incluir como prueba de segunda instancia el proceso de interdicci\u00f3n judicial del se\u00f1or Marco Aurelio Trujillo Falla, ante el Juzgado Segundo de Familia de Neiva y su certificado de defunci\u00f3n. <\/p>\n

9. En prove\u00eddo de 1 de agosto de la pasada anualidad, esa colegiatura, en Sala unitaria, neg\u00f3 dicha petici\u00f3n, con fundamento en que no se enmarca en ninguno de los presupuestos que prev\u00e9 el art\u00edculo 327 del CGP, como quiera que \u00abla misma no fue presentada en concurso por las partes, no se trata de una prueba decretada en primera instancia pendiente por practicarse, el hecho que pretende probar el memorialista es anterior a la oportunidad para solicitar pruebas, sin que rese\u00f1e una circunstancia irresistible para solicitarlas en primera instancia, valga precisar que el desconocimiento de determinada circunstancia, no se comporta como tal, y finalmente, no rese\u00f1a el prop\u00f3sito de desvirtuar determinada probanza incorporada al proceso\u00bb. <\/p>\n

10. En desacuerdo, el extremo actor propuso recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n

11. En pronunciamiento del d\u00eda 23 del aludido mes y a\u00f1o, la magistrada ponente orden\u00f3 tramitarlo como s\u00faplica. <\/p>\n

12. El 16 de enero de 2018, en Sala dual, la corporaci\u00f3n accionada confirm\u00f3 la providencia recurrida, bajo el argumento que los demandantes ten\u00edan conocimiento del fallecimiento del se\u00f1or MARCO AURELIO TRUJILLO FALLA, que acaeci\u00f3 el 11 de julio de 1999, de manera que no ha de decretarse ni tenerse como prueba dicho Registro de Defunci\u00f3n. <\/p>\n

Con relaci\u00f3n a la prueba traslada peticionada, se\u00f1al\u00f3 que no se configuran las causales establecidas en el art\u00edculo 327 del CGP, puesto que \u00abla misma no fue solicitada en conjunto por las partes, ni se trata de una prueba decretada en primera instancia pendiente por practicarse, adem\u00e1s el hecho que se pretende probar es anterior a la oportunidad para solicitar pruebas, sin que exista una circunstancia irresistible (fuerza mayor\/ caso fortuito), para solicitarla en primera y segunda instancia, al no encontrarse acreditada ninguna de las causales establecidas en la norma citada, no se puede decretar dicha prueba\u00bb. <\/p>\n

13. En criterio de la peticionaria del amparo, el juzgado accionado vulner\u00f3 sus garant\u00edas superiores con la negativa de decretar pruebas en segunda instancia, pues de la interdicci\u00f3n judicial se tuvo conocimiento en la audiencia de interrogatorio de parte de los demandados, circunstancia que el Tribunal no estim\u00f3, como tampoco que se pidi\u00f3 copia de la liquidaci\u00f3n sucesoral de Amalia Trujillo Falla y que los demandados a pesar de tener conocimiento del deceso y la interdicci\u00f3n omitieron aportarla, medios de convicci\u00f3n, que en su opini\u00f3n, resultan necesarios para demostrar las pretensiones de la demanda. [Folios 1-13, c. 1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. En auto de 19 de febrero de 2018, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de todos los interesados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folios 7, c. 1] <\/p>\n

2. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de resguardo. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, y por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada frente a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

2. En el caso sub judice, el reclamo constitucional se dirige contra los autos de 1 de agosto de 2017 y 16 de enero de 2018, en los que el Tribunal accionado neg\u00f3 el decreto de pruebas en segunda instancia. <\/p>\n

Ahora bien, del examen de dichos pronunciamientos y de los argumentos en que la parte actora funda su inconformidad, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la decisi\u00f3n que se tom\u00f3 en el caso no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

En efecto, la magistrada ponente de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva neg\u00f3 el decreto de pruebas en segunda instancia, con fundamento en que no se enmarca en ninguno de los presupuestos que prev\u00e9 el art\u00edculo 327 del CGP, en raz\u00f3n a que \u00abla misma no fue presentada en concurso por las partes, no se trata de una prueba decretada en primera instancia pendiente por practicarse, el hecho que pretende probar el memorialista es anterior a la oportunidad para solicitar pruebas, sin que rese\u00f1e una circunstancia irresistible para solicitarlas en primera instancia, valga precisar que el desconocimiento de determinada circunstancia, no se comporta como tal, y finalmente, no rese\u00f1a el prop\u00f3sito de desvirtuar determinada probanza incorporada al proceso\u00bb. \t \t \t \t<\/p>\n

As\u00ed mismo, dicha colegiatura, en Sala dual, para confirmar aquella negativa cuando resolvi\u00f3 el recurso de s\u00faplica puntualiz\u00f3 que los demandantes s\u00ed ten\u00edan conocimiento del fallecimiento del se\u00f1or MARCO AURELIO TRUJILLO FALLA, que acaeci\u00f3 el 11 de julio de 1999, de manera que no hab\u00eda lugar a decretarse ni tenerse como prueba dicho Registro de Defunci\u00f3n. <\/p>\n

Con relaci\u00f3n a la prueba traslada peticionada, se\u00f1al\u00f3 que no se configuran las causales establecidas en el art\u00edculo 327 del CGP, puesto que \u00abla misma no fue solicitada en conjunto por las partes, ni se trata de una prueba decretada en primera instancia pendiente por practicarse, adem\u00e1s el hecho que se pretende probar es anterior a la oportunidad para solicitar pruebas, sin que exista una circunstancia irresistible (fuerza mayor\/ caso fortuito), para solicitarla en primera y segunda instancia, al no encontrarse acreditada ninguna de las causales establecidas en la norma citada, no se puede decretar dicha prueba\u00bb. <\/p>\n

3. En ese orden, los prove\u00eddos que son objeto de an\u00e1lisis en esta sede constitucional se aprecian adecuadamente motivados y contienen una valoraci\u00f3n respecto a las circunstancias particulares del caso, lo que no puede ser calificado de tener su origen en alg\u00fan criterio puramente subjetivo de la autoridad accionada, o en un ejercicio arbitrario de la funci\u00f3n judicial, razones \u00e9stas que impiden estimar el proceder del juzgado como trasgresor de garant\u00edas superiores, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha. <\/p>\n

La pretensi\u00f3n de la actora, entonces, queda circunscrita, de modo exclusivo, al disenso frente al razonamiento jur\u00eddico de la autoridad acusada, el que por s\u00ed solo no basta para habilitar la intervenci\u00f3n del juez de tutela, dada la naturaleza excepcional de dicho mecanismo, que no se erige en una instancia m\u00e1s dentro de los tr\u00e1mites judiciales. <\/p>\n

Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para aplicar al asunto sus criterios de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido: <\/p>\n

\u00ab\u2026que al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.) <\/p>\n

4. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado al fracaso, por lo que se negar\u00e1 la protecci\u00f3n constitucional invocada. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DENIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00369-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela formulada por Diana Mar\u00eda Trujillo D\u00edaz contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101798","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101798","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101798"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101798\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101798"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101798"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101798"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}