{"id":101803,"date":"2026-07-01T18:56:09","date_gmt":"2026-07-01T18:56:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101803"},"modified":"2026-07-01T18:56:09","modified_gmt":"2026-07-01T18:56:09","slug":"stc2816-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2816-2018\/","title":{"rendered":"STC2816-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2816-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-00382-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la tutela promovida por F\u00e1bio El\u00edas de Hoyos Banda frente a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, integrada por los magistrados Marco Tulio Borja Paradas, Jorge Maya Cardona y Carmelo del Cristo Ruiz Villadiego, con ocasi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n propuesto por el aqu\u00ed quejoso respecto de la sentencia dictada en el juicio de pertenencia adelantado en su contra por Eladio Pasis de Hoyos Ortega. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El interesado exige el resguardo de las garant\u00edas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantadas por la accionada. <\/p>\n

2. Como sustento de su reclamo comenta, en s\u00edntesis, que su t\u00edo Jos\u00e9 del Carmen Hoyos D\u00edaz le hered\u00f3 varios inmuebles ubicados en la vereda \u201cArrimadero\u201d del municipio de Chin\u00fa, C\u00f3rdoba. <\/p>\n

Agrega que le permiti\u00f3 a su primo Eladio Pasis de Hoyos Ortega habitar en uno de esos predios; empero, el referido se\u00f1or luego de un tiempo inici\u00f3 juicio de pertenencia procurando adquirir por prescripci\u00f3n ese bien y otros de propiedad del tutelante. <\/p>\n

Ese litigio se le asign\u00f3 al Juez Promiscuo del Circuito de la citada poblaci\u00f3n, quien por sentencia de 26 de junio de 2013, accedi\u00f3 a las pretensiones. <\/p>\n

Por no haber sido enterado de la existencia de tal litis, formul\u00f3 el recurso extraordinario materia de este auxilio, correspondiendo su conocimiento al colegiado querellado. <\/p>\n

Este \u00faltimo juzgador mediante auto de 9 de junio de 2017, \u201csin tener en cuenta el acervo probatorio aportado\u201d, decret\u00f3 la caducidad de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n propuesta. <\/p>\n

Estima inconcebible que la corporaci\u00f3n atacada haya interpretado <\/p>\n

\u201c(\u2026) que (\u2026) F\u00e1bio de Hoyos Banda ten\u00eda dos a\u00f1os para presentar el recurso, contados a partir de la inscripci\u00f3n de una demanda que no conoci\u00f3 y de una inscripci\u00f3n que no se hizo en ninguno de los bienes de [su] propiedad, porque ello equivaldr\u00eda a exigirle a los ciudadanos que deben conocer todas las anotaciones que se hacen en el pa\u00eds, para corroborar que se trate o no de bienes de su propiedad (sic)\u201d. <\/p>\n

3. Tras asegurar que con la mencionada providencia el tribunal aval\u00f3 la actuaci\u00f3n del Juez Promiscuo del Circuito de Chin\u00fa y destacar las presuntas irregularidades registradas en el aludido proceso de pertenencia, pide anular ese juicio y dejar sin efectos el prove\u00eddo del colegiado. <\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n

Guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. F\u00e1bio El\u00edas de Hoyos Banda reprocha la determinaci\u00f3n emitida el 9 de junio de 2017, por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda declarando \u201c(\u2026) probada la excepci\u00f3n mixta de caducidad del recurso de revisi\u00f3n (\u2026)\u201d; empero, el auxilio deprecado no sale avante por carecer del presupuesto de interposici\u00f3n oportuna. <\/p>\n

2. En efecto, este amparo fue incoado tard\u00edamente el 14 de febrero de 2018, esto es, m\u00e1s de ocho (8) meses despu\u00e9s de emitido el pronunciamiento objetado, t\u00e9rmino que supera el estimado por esta Corporaci\u00f3n como tempestivo para acudir a esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

En no pocas ocasiones, la Corte ha adoctrinado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d1. <\/p>\n

Si el interesado se demor\u00f3 para presentar esta acci\u00f3n, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de desatinos atribuibles al querellado y con repercusi\u00f3n directa en las garant\u00edas invocadas como soporte de la salvaguarda. <\/p>\n

3. Aun cuando se omitiera la anterior falencia, el resguardo de todos modos fracasar\u00eda, por cuanto del prove\u00eddo confutado no emerge la irregularidad endilgada por F\u00e1bio El\u00edas de Hoyos Banda. <\/p>\n

En efecto, para decidir de la manera cuestionada el tribunal manifest\u00f3, en concreto, que i) la sentencia objeto de revisi\u00f3n se dict\u00f3 el 26 de junio de 2013, ii) dicha providencia se inscribi\u00f3 en el respectivo folio de matr\u00edcula el 5 de agosto posterior y iii) la demanda contentiva del se\u00f1alado medio de impugnaci\u00f3n se present\u00f3 el 23 de noviembre de 2015. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que como \u201ccausal\u201d p\u00e1bulo del libelo se invoc\u00f3 la 7\u00aa del precepto 380 del C.P.C2., la cual habilitaba hacer uso de ese remedio extraordinario, cuando el recurrente se hallaba \u201c(\u2026) en alguno de los casos de indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, contemplados en el art\u00edculo [140], siempre que no haya sido saneada la nulidad\u201d. <\/p>\n

Resalt\u00f3 que el mandato 381 ib\u00eddem consagraba el t\u00e9rmino de caducidad de esa \u201ccausal\u201d: <\/p>\n

\u201cCuando se alegue la causal prevista en el numeral 7 del mencionado art\u00edculo 380 los dos a\u00f1os comenzar\u00e1n a correr desde el d\u00eda en que la parte perjudicada con la sentencia o su representante haya tenido conocimiento de ella, con l\u00edmite m\u00e1ximo de cinco a\u00f1os. No obstante, cuando la sentencia debe ser inscrita en un registro p\u00fablico, los anteriores t\u00e9rminos s\u00f3lo comenzar\u00e1n a correr a partir de la fecha del registro\u201d. <\/p>\n

Luego de transcribir in extenso un prove\u00eddo de esta Sala3 sobre ese motivo de revisi\u00f3n, concluy\u00f3 el colegiado que en el caso analizado <\/p>\n

\u201c(\u2026) dado que la demanda (\u2026) se interpuso despu\u00e9s de los dos (2) a\u00f1os de la inscripci\u00f3n de la sentencia en el registro p\u00fablico (Oficina de Instrumentos P\u00fablico) (\u2026), surge de manifiesto la caducidad de la causal (\u2026) invocada, cual fue la 7\u00aa del art\u00edculo 380 del C.P.C, y por tanto, no hay alternativa distinta a declarar la misma (\u2026)\u201d. <\/p>\n

4. Resulta razonable lo arg\u00fcido por el fallador frente al caso sometido a su conocimiento, lo cual frustra el \u00e9xito de este resguardo, por cuanto con sustento en los medios de convicci\u00f3n recopilados, los mandatos jur\u00eddicos pertinentes y la jurisprudencia de esta Corte, encontr\u00f3 viable acoger la excepci\u00f3n de \u201ccaducidad\u201d alegada por el convocado a pleito y, como consecuencia de ello, declarar infundado el recurso revisi\u00f3n incoado por el tutelante. <\/p>\n

No es cierto como lo afirma el petente del ruego, que el tribunal haya contado el t\u00e9rmino de \u201ccaducidad\u201d de la comentada acci\u00f3n extraordinaria desde cuando se anot\u00f3 la demanda de pertenencia en el folio inmobiliario del predio inmiscuido en ese juicio, pues conforme se rese\u00f1\u00f3, el juzgador contabiliz\u00f3 ese lapso a partir de la inscripci\u00f3n de la sentencia emitida en el asunto, \u201c(\u2026) en el registro p\u00fablico (Oficina de Instrumentos P\u00fablico)\u201d, actuar de la corporaci\u00f3n querellada que se ajusta plenamente a derecho. <\/p>\n

5. En resumen, la inconformidad del se\u00f1or F\u00e1bio El\u00edas de Hoyos Banda con la referenciada determinaci\u00f3n no le abre paso a esta excepcional justicia, pues la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha dicho: <\/p>\n

\u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u201d4. <\/p>\n

6. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma como tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

As\u00ed como por la regla 93 ej\u00fasdem, al estipular: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7. <\/p>\n

7. Corolario de lo narrado, no se acceder\u00e1 a la salvaguarda deprecada. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por F\u00e1bio El\u00edas de Hoyos Banda frente a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, integrada por los magistrados Marco Tulio Borja Paradas, Jorge Maya Cardona y Carmelo del Cristo Ruiz Villadiego, con ocasi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n propuesto por el aqu\u00ed quejoso respecto de la sentencia dictada en el juicio de pertenencia adelantado en contra suya por Eladio Pasis de Hoyos Ortega. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nAusencia justificada <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nCORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\nSALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n

STC2816-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2018-00382-00 <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n

Con todo respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito expresar a continuaci\u00f3n las razones por las cuales discrepo de la decisi\u00f3n que se adopt\u00f3, toda vez que revisado el expediente advierto que lo procedente es salvar voto. <\/p>\n

1. Es cierto que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela se encuentra sometida a la constataci\u00f3n del cumplimiento de ciertos requisitos de procedibilidad, entre ellos el que se relaciona con el principio de la inmediatez. <\/p>\n

No obstante, cuando la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales es protuberante y afecta de manera evidente garant\u00edas de superior valor como lo son el debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, uno de cuyos componentes es la tutela judicial efectiva, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela no puede desconocerse, so pretexto de que no se atendi\u00f3 un requerimiento de naturaleza simplemente procedimental. <\/p>\n

En ese sentido, la Sala ha aceptado que en atenci\u00f3n a la esencia de la acci\u00f3n de tutela, \u00ab\u00e9sta no puede verse limitada por formalismos jur\u00eddicos\u00bb, de modo que \u00abla mera ausencia de un requisito general de procedencia, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce del reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 13 Ago. 2013, Rad. 2013-00093-01). <\/p>\n

2. En el asunto sub-judice, la Sala debi\u00f3 reparar en que la providencia cuestionada en esta sede quebrant\u00f3 las mencionadas prerrogativas de la accionante al declarar infundado el recurso de revisi\u00f3n como consecuencia de hallar probada la excepci\u00f3n de caducidad, circunstancia ante la cual ni siquiera la formulaci\u00f3n tard\u00eda del amparo puede privarlo del goce efectivo de sus derechos fundamentales. <\/p>\n

En efecto, el sentenciador ad quem consider\u00f3 extinguido el derecho del demandante a interponer el aludido medio defensivo extraordinario con fundamento en que la sentencia declarativa de la pertenencia a favor de Eladio Pasis de Hoyos Ortega fue proferida el 26 de junio de 2013 e inscrita en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 144-19105 el 5 de agosto de 2013, en tanto la demanda contentiva del recurso se present\u00f3 el 23 de noviembre de 2015, es decir, en un lapso superior al establecido en el art\u00edculo 381 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n

La se\u00f1alada norma estatuye que cuando la revisi\u00f3n se sustenta en la causal s\u00e9ptima del precepto 380 ejusdem, \u00abpodr\u00e1 interponerse dentro de los dos a\u00f1os siguientes\u00bb, los cuales comenzar\u00e1n a correr \u00abdesde el d\u00eda en que la parte perjudicada con la sentencia o su representante haya tenido conocimiento de ella, con l\u00edmite m\u00e1ximo de cinco a\u00f1os. No obstante, cuando la sentencia debe ser inscrita en un registro p\u00fablico, los anteriores t\u00e9rminos s\u00f3lo comenzar\u00e1n a correr a partir de la fecha del registro\u00bb. <\/p>\n

Del tenor del anterior precepto se deduce que para efectos de la tempestividad de la demanda, \u00e9sta ha de presentarse dentro de los dos a\u00f1os que sigan al conocimiento real y efectivo que el presunto agraviado haya tenido del fallo objeto de la impugnaci\u00f3n extraordinaria; empero sucede que de conformidad con la ley, la inscripci\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial en un registro p\u00fablico le otorga publicidad a la misma, de ah\u00ed que en virtud de dicho acto se presume conocida por todos. <\/p>\n

En esos t\u00e9rminos se ha pronunciado la Corte al destacar que la norma parte de \u00abun conocimiento ficto, presunto, que se supone tiene toda persona de una providencia por la sola circunstancia de la publicidad que el registro p\u00fablico implica\u00bb (CSJ, SR 16 Jul. 2001, Rad. 7403). <\/p>\n

Ahora bien, toda presunci\u00f3n requiere la demostraci\u00f3n de los supuestos f\u00e1cticos en que aquella se fundamenta, de ah\u00ed que si \u00e9stos no se encuentran probados, la presunci\u00f3n no surge y por lo tanto no puede tenerse por cierto el hecho que la ley tiene por cierto. <\/p>\n

Lo anterior es corroborado por los art\u00edculos 66 del C\u00f3digo Civil y 176 del estatuto procesal civil, siendo la \u00faltima disposici\u00f3n aplicable al asunto por ser la vigente para la \u00e9poca de presentaci\u00f3n de la demanda de revisi\u00f3n. <\/p>\n

La primera norma citada establece que \u00abse dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunci\u00f3n son determinados por la ley, la presunci\u00f3n se llama legal\u00bb. <\/p>\n

Por su parte, al tenor del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u00ablas presunciones establecidas por la ley ser\u00e1n procedentes siempre que los hechos en que se funden est\u00e9n debidamente probados\u00bb. <\/p>\n

No obstante, no es en cualquier registro que debe haberse inscrito el fallo, sino en el que espec\u00edficamente la ley ordena llevar para el tipo de decisi\u00f3n de que se trate o que deba realizarse por la clase de bienes involucrados en el litigio. <\/p>\n

Trat\u00e1ndose de inmuebles, la anotaci\u00f3n deber\u00e1 insertarse en el folio de matr\u00edcula asignado al predio afectado con la providencia judicial en el registro de instrumentos p\u00fablicos y privados de la zona registral correspondiente a su ubicaci\u00f3n y no en otro (arts. 1 y 2 Decreto 1250 de 1970), pues la exigencia de oportunidad en la interposici\u00f3n oportuna del recurso es v\u00e1lida \u00fanicamente en la medida en que el impugnante haya tenido la posibilidad de conocer la existencia de la providencia judicial por estar inscrita en el folio o folios de matr\u00edcula inmobiliaria de los bienes ra\u00edces respecto de los cuales detenta alg\u00fan derecho que result\u00f3 afectado con dicha decisi\u00f3n y no en otros inmuebles sobre los cuales no tenga ning\u00fan inter\u00e9s de ejercer la revisi\u00f3n peri\u00f3dica de su situaci\u00f3n jur\u00eddica por carecer de relaci\u00f3n con \u00e9stos. <\/p>\n

3. A pesar de la claridad y contundencia de las anteriores reglas de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 381 de la codificaci\u00f3n procesal, la mayor\u00eda de la cual disiento inadvirti\u00f3 que el fallo que declar\u00f3 la pertenencia a favor de Eladio Pasis de Hoyos Ortega no se inscribi\u00f3 en ninguno de los folios de los cinco inmuebles rurales de propiedad del recurrente, identificados estos con las matr\u00edculas No. 144-17865, 144-8987, 144-8481 y las fichas catastrales Nos. 0001-0030-0013-000 y 0001-0030-0012-000, sino que la anotaci\u00f3n de esa decisi\u00f3n judicial se insert\u00f3 en el folio de matr\u00edcula cuya apertura dispuso el juzgador del conocimiento, atendiendo que seg\u00fan los documentos allegados por el demandante -quien dirigi\u00f3 la acci\u00f3n contra personas indeterminadas-, el pose\u00eddo por el tiempo se\u00f1alado en la ley, era un predio que carec\u00eda de inscripci\u00f3n en la oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos y Privados y del cual se desconoc\u00eda su propietario, cuando en realidad se trataba de la uni\u00f3n f\u00edsica de los cinco fundos cuyo dominio pertenec\u00eda a Fabio El\u00edas de Hoyos Banda, primo del demandante en usucapi\u00f3n, todos ellos con matr\u00edcula inmobiliaria asignada, en donde nunca se inscribi\u00f3 medida cautelar alguna como tampoco la sentencia de la prescripci\u00f3n adquisitiva. <\/p>\n

Por tal raz\u00f3n, el recurrente no ten\u00eda posibilidad alguna de conocer el fallo que asignaba el dominio de sus fincas al promotor del proceso de pertenencia, ni era razonable exigirle que estuviera atento a la situaci\u00f3n jur\u00eddica del predio identificado con la matr\u00edcula que se abri\u00f3 por orden del sentenciador, pues no tuvo conocimiento de que los predios de los cuales era propietario, hab\u00edan sido englobados en uno solo, de ah\u00ed que aun con una permanente atenci\u00f3n y control sobre los movimientos de tradici\u00f3n de los inmuebles que le fueron adjudicados en la sucesi\u00f3n testada del anterior due\u00f1o, no le era posible advertir que se hab\u00eda declarado la pertenencia sobre los mismos. <\/p>\n

En esas condiciones, a mi juicio, no estaba demostrado el supuesto f\u00e1ctico en que se funda la presunci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 381 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil sobre el conocimiento que de la sentencia que afectaba sus intereses deb\u00eda tener el impugnante en raz\u00f3n de su inscripci\u00f3n en el Registro de Instrumentos P\u00fablicos y Privados de la zona respectiva, y por lo tanto no era posible imponer en su contra las consecuencias de la indicada presunci\u00f3n para considerar, como as\u00ed lo hizo el Tribunal, que hab\u00eda operado la caducidad en relaci\u00f3n con la formulaci\u00f3n del recurso extraordinario. <\/p>\n

Al no contar con el referente del registro p\u00fablico del fallo a efectos de establecer la tempestividad del medio de defensa ni de prueba que revelara la fecha en que el recurrente tuvo conocimiento de tal decisi\u00f3n, estimo que deb\u00eda recurrirse al t\u00e9rmino general previsto en el estatuto adjetivo para la causal de revisi\u00f3n invocada por el ciudadano, esto es, el l\u00edmite m\u00e1ximo de cinco a\u00f1os a partir de la ejecutoria de la sentencia, lo que quiere decir que la demanda contentiva del reparo fue presentada oportunamente. <\/p>\n

Lo expuesto impon\u00eda, en mi criterio, la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n constitucional, pues contrario a lo que consideraron los restantes integrantes de la Sala, en la presente controversia se vulneraron de forma flagrante y grave los derechos fundamentales del accionante al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia del cual hace parte la garant\u00eda de la tutela jurisdiccional efectiva. <\/p>\n

En consecuencia, considero que la Corte debi\u00f3 dejar sin efecto la determinaci\u00f3n reprochada por v\u00eda de tutela y ordenar al sentenciador accionado continuar el tr\u00e1mite de la impugnaci\u00f3n, como medida para restablecer los derechos del accionante al debido proceso y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia que le fueron quebrantados, obviando, como en otros casos se ha hecho, la insatisfacci\u00f3n del requisito de inmediatez en la presentaci\u00f3n de la solicitud de amparo en raz\u00f3n a que al accionante se le impidi\u00f3 el ejercicio de su derecho a que el \u00f3rgano competente resuelva el reclamo planteado a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, lo que comporta una clara denegaci\u00f3n de justicia que constituye inexcusable incumplimiento del deber de la corporaci\u00f3n accionada de decidir el conflicto sometido a su consideraci\u00f3n de acuerdo con la competencia que legalmente le fue asignada. <\/p>\n

4. Por otra parte, en lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. <\/p>\n

Particularmente, en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja constitucional, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos que permita concluir que las disposiciones de la \u00faltima han sido quebrantadas, pues all\u00ed si se habilita el ejercicio del aludido control. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagradas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas, ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

Dicho an\u00e1lisis de consonancia que plantea el ponente en los asuntos de tutela entre las acciones u omisiones del accionado y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, no se inscribe, en todo caso, en una categor\u00eda superior al examen de constitucionalidad difuso que realiza el juzgador en la indicada acci\u00f3n, sino que queda subsumido dentro de \u00e9ste. <\/p>\n

La raz\u00f3n de lo anterior reside en que, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional8, los tratados internacionales de derechos humanos que, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 93 de la Carta Magna prevalecen en el orden interno, no tienen mayor jerarqu\u00eda normativa que el texto superior en virtud del principio de supremac\u00eda constitucional consagrado en el art\u00edculo 4\u00ba ib\u00eddem, conforme al cual \u201cLa Constituci\u00f3n es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales\u201d.
\nDe ah\u00ed que la Corte Constitucional haya sostenido que la violaci\u00f3n de normas que integran el bloque de constitucionalidad, como lo son los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, \u00abse resuelve en \u00faltimas en una violaci\u00f3n del Estatuto Superior\u00bb (CC, C-578-1995), y que las disposiciones de la citada Convenci\u00f3n Americana no se aplican de manera directa en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, pues \u00abla integraci\u00f3n normativa debe partir de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica, teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica de la Carta Pol\u00edtica en su conjunto\u00bb (CC, C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009). <\/p>\n

Adicionalmente, y en cuanto al efecto vinculante de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se\u00f1al\u00f3 que \u00abs\u00f3lo obligan al Estado colombiano cuando \u00e9ste ha sido parte en el respectivo proceso\u00bb, en tanto fuera de esos puntuales casos, la jurisprudencia de ese \u00f3rgano cumple el papel de \u00abun criterio hermen\u00e9utico relevante que deber\u00e1 ser considerado en cada caso\u00bb, el cual tambi\u00e9n debe ser objeto de armonizaci\u00f3n con el precedente constitucional vinculante (CC, C-500-2014). <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando aborde el tema del control de convencionalidad para llevar a cabo un estudio serio, riguroso y detallado sobre \u00e9ste, pues las afirmaciones consignadas al respecto en la providencia corresponden a una opini\u00f3n personal del ponente. <\/p>\n

Si en gracia de discusi\u00f3n se admitiera su aplicabilidad, lo que se evidencia es que no se realiz\u00f3, pues de haberse efectuado se habr\u00edan encontrado quebrantadas las garant\u00edas que consagran los art\u00edculos 8\u00ba (numeral 1\u00ba) y 25 (numerales 1 y 2) del instrumento internacional al que se aludi\u00f3, dado que al tutelante no se le asegur\u00f3 el goce de su derecho a ser o\u00eddo por un \u00abjuez o tribunal competente\u00bb para la \u00abdeterminaci\u00f3n de sus derechos\u00bb de orden civil; ni a la disponibilidad de un \u00abrecurso efectivo\u00bb para protegerlo de actos violatorios de sus garant\u00edas reconocidas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en la ley, aun si el quebranto se produjere en ejercicio de una funci\u00f3n p\u00fablica como la judicial, como tampoco se resguard\u00f3 su prerrogativa de que la \u00abautoridad competente prevista por el sistema legal del Estado\u00bb decida \u00absobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso\u00bb. <\/p>\n

En los t\u00e9rminos que preceden, dejo consignadas las razones de mi disenso con lo decidido. <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ STC de \t2 de agosto de 2007, exp. 2007-00188-01; reiterada, entre otros \tpronunciamientos, 16 de mayo de 2013, exp. 00103-01.
\n2 \tEse plexo regul\u00f3 el comentado recurso, dada la \u00e9poca \tde formulaci\u00f3n del mismo.
\n3 \tCSJ SC de 16 de febrero de 2016, exp.: 2006-00035-00. <\/p>\n

5 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n6 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n7 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n8 \tSentencias \tC-225-1995, C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009 entre otras.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC2816-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-00382-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la tutela promovida por F\u00e1bio El\u00edas de Hoyos Banda frente a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101803","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101803","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101803"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101803\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101803"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101803"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101803"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}