{"id":101805,"date":"2026-07-01T18:57:08","date_gmt":"2026-07-01T18:57:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101805"},"modified":"2026-07-01T18:57:08","modified_gmt":"2026-07-01T18:57:08","slug":"stc2818-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2818-2018\/","title":{"rendered":"STC2818-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC2818-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00393-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jairo Sedan Murra frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, concretamente contra la magistrada Astrid Valencia Mu\u00f1oz y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Espinal (Tolima). <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- El quejoso, a trav\u00e9s de apoderado, depreca la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y \u00abacceso a la justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades encartadas dentro del juicio de reorganizaci\u00f3n empresarial que promovi\u00f3. <\/p>\n

2.- Arguye, como pilar de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n

2.1.- El 30 de agosto de 2016 el a-quo cuestionado decret\u00f3 la apertura del asunto de marras, con radicaci\u00f3n No. 2016-00078-00.
\n2.2.- A trav\u00e9s de auto de 8 de noviembre de esa misma anualidad fue requerido \u00abpara que dentro del t\u00e9rmino de 30 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la providencia\u2026 se adelantaran las gestiones de notificaci\u00f3n y emplazamiento de los acreedores, as\u00ed como el enteramiento de la designaci\u00f3n de promotora so pena del decreto del desistimiento t\u00e1cito\u00bb <\/p>\n

2.3.- Refiere, que \u00abdentro del t\u00e9rmino concedido por el juez de concurso se procedi\u00f3 a notificara todos y cada uno de los acreedores, entregando la copias del aviso de inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n y se realiz\u00f3 la publicaci\u00f3n del aviso en un diario de alta circulaci\u00f3n\u00bb sin embargo, el despacho recriminado en prove\u00eddo de 17 de marzo de 2017decret\u00f3 el \u00abdesistimiento t\u00e1cito del proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial argumentando en s\u00edntesis lo siguiente: \u201c\u2026deb\u00eda realizar el emplazamiento como se orden\u00f3 y el enteramiento de la designaci\u00f3n de promotor\u2026\u201d\u00bb. <\/p>\n

2.4.- Inconforme con la determinaci\u00f3n rese\u00f1ada interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, siendo resuelto desfavorablemente el primero y concedido el segundo. <\/p>\n

2.5.- El colegiado recriminado al recibir las diligencias resolvi\u00f3 inadmitir la alzada en auto de 28 de octubre pasado, \u00abbasando su decisi\u00f3n en los siguientes argumentos: \u201c(\u2026) en el sub examine, se advierte por la Corporaci\u00f3n que la decisi\u00f3n objeto de recurso, contrario a lo aducido por la a-quo no se encuentra contemplada su apelaci\u00f3n en la norma especial que os gobierna\u2026\u201d\u00bb. <\/p>\n

3.- Solicita, conforme a lo relatado, \u00abdecretar la cesaci\u00f3n de los efectos del \u2026 auto de fecha 17 de marzo de 2017 \u2026auto de 26 de octubre de 2017\u2026\u00bb. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

El Tribunal recriminado, se\u00f1al\u00f3 que \u00abpor auto 26 de octubre de 2017, se inadmiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el prove\u00eddo de 17 de marzo de 2017 por el juzgado Primero Civil del Circuito de Espinal, por cuanto, al tratarse de un proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial debi\u00f3 aplicarse la norma especial que lo rige, Ley 1116 de 2006, sin que la providencia atacada se encuentre contemplada en el par\u00e1grafo 1, art\u00edculo 6 de la citada Ley, como susceptible de recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Y, agreg\u00f3 que \u00abel accionante no agot\u00f3 al interior del asunto los mecanismos ordinarios de protecci\u00f3n, al no haber interpuesto recurso de s\u00faplica contra el auto de fecha 26 de octubre de 2017, emanado por esta Corporaci\u00f3n\u00bb (fl. 59). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio ius fundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal se indique que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la decisi\u00f3n que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, en SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Observada la censura planteada resulta evidente que el quejoso, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto material, enfila su inconformismo as\u00ed: <\/p>\n

2.1.- En frente del juzgado atacado, por cuanto dict\u00f3 el prove\u00eddo de 17 de marzo de 2017 mediante el cual declar\u00f3 terminado el sub examine por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n

2.2.- Contra el tribunal enjuiciado, dado que profiri\u00f3 el auto de 26 de octubre pasado, en virtud del cual inadmiti\u00f3 la apelaci\u00f3n formulada contra el de 17 de marzo de esa anualidad. <\/p>\n

3.- Obran las siguientes acreditaciones, que ata\u00f1en con la disconformidad elevada: <\/p>\n

3.1.- Auto de 30 de agosto de 2016, por medio del cual se admiti\u00f3 la solicitud de reorganizaci\u00f3n empresarial de Jairo Sedan Murra (aqu\u00ed accionante). <\/p>\n

3.2.- Oficio No. 1963 que le informaba sobre el requerimiento para adelantar \u00ablas gestiones necesarias y eficientes para consumar el emplazamiento y la notificaci\u00f3n de todos los acreedores relacionados en la demanda, as\u00ed como el enteramiento de la designaci\u00f3n de la promotora, so pena de que se decrete la terminaci\u00f3n la terminaci\u00f3n\u2026\u00bb.
\n3.3.- Memorial de fecha 1 de diciembre de 2016, a trav\u00e9s del cual el apoderado del interesado alleg\u00f3 copia de la \u00abentrega del aviso de inicio del proceso de la referencia a cada uno de los acreedores, as\u00ed como la publicaci\u00f3n del aviso en un diario de alta circulaci\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n

3.4.- Prove\u00eddo de 17 de marzo de 2017, que resolvi\u00f3 \u00ab1. Declarar terminado este proceso por desistimiento t\u00e1cito del deudor\u2026\u00bb, al considerar que \u00aben efecto, en el requerimiento hecho al deudor se dispuso que deb\u00eda realizar gestiones que efectivamente consumaran el emplazamiento ordenado en el auto admisorio, algo que no se surti\u00f3 por completo desde que esa convocatoria de los acreedores deb\u00eda realizarse adem\u00e1s de un \u201cdiario de amplia circulaci\u00f3n local\u201d, como ciertamente sucedi\u00f3, en \u201cuna radiodifusora local\u201d (ver auto de 30 de agosto de 2016 que obra a folio 393) publicaci\u00f3n esta que no se llev\u00f3 a cabo. Y no es lo \u00fanico, desde que igualmente el requerido deb\u00eda llevar a cabo \u201cel enteramiento de la designaci\u00f3n de la promotora\u201d, orden que tampoco acat\u00f3 cuando omiti\u00f3 remitir la comunicaci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n

Ante esto debe admitirse que el deudor estuvo lejos de cumplir con las exigencias que le impone la apertura de este tr\u00e1mite. Y que no se diga que ac\u00e1 \u201cno se puede acudir al t\u00e9rmino contemplado en el art\u00edculo 317\u2026 sin antes materializar las medidas cautelares sobre los bienes del solicitante\u201d desde que una lectura del inciso final del numeral 1\u00ba de ese apartado legal indica que esa prohibici\u00f3n no tiene cabida en esta especie litigiosa\u2026\u00bb <\/p>\n

3.5.- Escrito de \u00abreposici\u00f3n y subsidio apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

3.6.- Auto de 26 de octubre de 2017, mediante el cual la colegiatura encartada inadmiti\u00f3 la apelaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n adiada 17 de marzo de ese a\u00f1o; el mismo cobr\u00f3 ejecutoria en silencio. <\/p>\n

3.7.- Pantallazo de las actuaciones adelantadas en segunda instancia al interior del sub judice, tomado de la p\u00e1gina electr\u00f3nica \u00abConsulta de Procesos\u00bb.
\n4.- Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, es del caso precisar que reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia de la Corte que la tutela no es de recibo cuando quien reclama el resguardo de sus prerrogativas tuvo a su alcance mecanismos ordinarios de defensa que le permit\u00edan controvertir dentro del proceso los hechos en que soporta su reclamo, habida cuenta que la presente acci\u00f3n ius fundamental es de naturaleza eminentemente subsidiaria (numeral 1\u00ba, art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2591 de 1991). <\/p>\n

4.1.- En el caso espec\u00edfico el amparo invocado carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, comoquiera que el accionante no agot\u00f3 los medios ordinarios de control judicial frente a la providencia que, en \u00faltimas, dado que fue con la que se cerr\u00f3 el debate en torno al t\u00f3pico materia de cuestionamiento en sede constitucional, se tilda como la infractora de los derechos alegados, esto es, la de 26 de octubre de 2017 y ello en aras de plantear, dentro del proceso y no aqu\u00ed, los argumentos que ahora al efecto expone, circunstancia que estructura la hip\u00f3tesis de improcedencia establecida en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

4.2.- En efecto, el gestor dej\u00f3 de interponer el recurso de s\u00faplica que era viable formular a fin de rebatir el auto mediante el cual el ad-quem enjuiciado adopt\u00f3 la declaraci\u00f3n de \u00abinadmisibilidad\u00bb del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto del a-quo que declar\u00f3 el \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb del asunto de marras, circunstancia que, de suyo, reiterase comporta la improcedencia de la protecci\u00f3n invocada de cara al postulado de la subsidiariedad. <\/p>\n

El art\u00edculo 331 del C.G.P., establece que \u00abEl recurso de s\u00faplica procede contra los autos que por su naturaleza ser\u00edan apelables, dictados por el Magistrado sustanciador en el curso de la segunda o \u00fanica instancia, o durante el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n de un auto. Tambi\u00e9n procede contra el auto que resuelve sobre la admisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n o casaci\u00f3n y contra los autos que en el tr\u00e1mite de los recursos extraordinarios de casaci\u00f3n o revisi\u00f3n profiera el magistrado sustanciador y que por su naturaleza hubieran sido susceptibles de apelaci\u00f3n. No procede contra los autos mediante los cuales se resuelva la apelaci\u00f3n o queja. La s\u00faplica deber\u00e1 interponerse dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del auto, mediante escrito dirigido al magistrado sustanciador, en el que se expresar\u00e1n las razones de su inconformidad\u00bb; por tanto, el citado medio de defensa era el id\u00f3neo para que el actor ante el juez natural manifestara las razones de su descontento (Subrayado fuera de texto). <\/p>\n

5.- En tales condiciones, mal podr\u00eda el \u00abJuez Constitucional\u00bb auscultar la actuaci\u00f3n de la autoridad acusada, cuando lo cierto es que el interesado no procedi\u00f3 de manera acertada y eficaz, quedando sujeto, entonces, a las consecuencias del prove\u00eddo que le fue adverso, observ\u00e1ndose as\u00ed el fruto de su propia incuria. <\/p>\n

La Sala, en un asunto que guarda simetr\u00eda con el aqu\u00ed abordado sostuvo, en CSJ STC9553-2016, 14 jul. 2016, rad. 2016-00303-01, reiterado CSJ STC530-2018, 24 Ene. 2018, rad. 00042-00, que:
\nEn el presente asunto, la queja est\u00e1 puntualmente dirigida contra el prove\u00eddo proferido el 28 de octubre de 2015, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, a trav\u00e9s del cual dispuso, entre otras, \u00abDecretar la terminaci\u00f3n del proceso de liquidaci\u00f3n obligatoria N\u00ba 2004-0275, por desistimiento t\u00e1cito\u00bb [\u2026], pues en sentir del inconforme, dada la naturaleza mercantil de la controversia no le era aplicable dicha forma de terminaci\u00f3n, y, por el incumplimiento del liquidador en las funciones encomendadas, lo procedente en su remoci\u00f3n del cargo y el nombramiento de un nuevo auxiliar de la justicia. <\/p>\n

En efecto, se observa que el se\u00f1or Audverto Rojas Garc\u00eda a trav\u00e9s de su representante judicial, formul\u00f3 incorrectamente el citado recurso vertical, pues tal y como lo advirti\u00f3 el a quo, lo dirigi\u00f3 no de cara a la decisi\u00f3n que ahora ataca, sino contra el auto de 2 de diciembre pasado, que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el auto que decret\u00f3 el fenecimiento procesal por desistimiento t\u00e1cito, lo que indefectiblemente hac\u00eda entonces improcedente su tr\u00e1mite, no siendo admisibles para la Corte las razones expuestas por el impugnante para soportar la negligencia procesal de no atacar la providencia que por esta v\u00eda se pretende anular y as\u00ed lograr la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n

[\u2026] Esta Colegiatura en un asunto de contornos similares precis\u00f3 que[:] \u00abEn el caso sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, como es evidente que la acusaci\u00f3n constitucional presentada por la se\u00f1ora marina s\u00e1nchez gonz\u00e1lez, en rigor, no se orienta a criticar las decisiones adoptadas por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja y la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, en relaci\u00f3n con la negativa a declarar la nulidad procesal solicitada, sino que su prop\u00f3sito se dirige a cuestionar la decisi\u00f3n con la cual el funcionario del conocimiento declar\u00f3 terminado el concordato instaurado por la accionante, surge claro que el amparo solicitado, por cuenta lo dispuesto en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se torna improcedente, habida cuenta que la interesada, en la calidad aludida, no interpuso contra esa determinaci\u00f3n los recursos ordinarios que el estatuto procesal civil contempla. <\/p>\n

Por consiguiente, siendo evidente que frente a la providencia de 13 de enero de 2010 mediante la cual la autoridad judicial demandada declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del citado tr\u00e1mite concursal, no se formularon los medios de impugnaci\u00f3n que se ten\u00edan a disposici\u00f3n, esto es, la reposici\u00f3n -principal- y la apelaci\u00f3n -subsidiario-, consagrados en los art\u00edculos 348, 351-7\u00ba del C. de P. C., la \u00fanica soluci\u00f3n permitida para el juez constitucional es declarar impr\u00f3spera la protecci\u00f3n solicitada\u00bb (STC 25 ene. 2011. Rad. 2010-02288-00)\u00bb. <\/p>\n

6.- Por dem\u00e1s, la Corte ante asuntos de tesitura an\u00e1loga ha pregonado, en punto de las consecuencias que depara soslayar el postulado de residualidad, lo siguiente: <\/p>\n

[E]xaminados los soportes que obran en este expediente, se advierte que aunque el actor recurri\u00f3 por v\u00eda de apelaci\u00f3n la determinaci\u00f3n memorada, no present\u00f3 el recurso de s\u00faplica que ten\u00eda a su alcance -Art. 363 del C. de P. C- [hoy d\u00eda canon 331 del C\u00f3digo General del Proceso] para cuestionar la inadmisi\u00f3n de la alzada y as\u00ed obtener un pronunciamiento del superior funcional en torno a los argumentos contenidos en la providencia de 16 de marzo de 2012, decisi\u00f3n esta \u00faltima que era pasible de ser impugnada mediante el recurso vertical [\u2026]. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, si exist\u00eda otro instrumento id\u00f3neo de defensa judicial para alegar las inconformidades que el accionante ahora consigna en la demanda de tutela, se evidencia la improcedencia del resguardo constitucional suplicado, puesto que, de otra manera, el presente mecanismo se convertir\u00eda en una herramienta alternativa o paralela de tales medios de defensa, circunstancia que se opone a los dictados de la doctrina constitucional, en cuanto que tal \u2018mecanismo preferente tiene un car\u00e1cter eminentemente residual, que comporta su improcedencia cuando se dispone de medios de defensa judicial id\u00f3neos para propugnar por la defensa de los derechos, ya que no fue consagrado para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o restitutivos de los ordinarios, ni para modificar reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces\u2019 [\u2026] (v\u00e9ase; CSJ STC, 14 feb. 2013, rad. 00472-01, CSJ STC530-2018, 24 Ene. 2018, rad. 00042-00). <\/p>\n

Asimismo indic\u00f3 esta Corporaci\u00f3n, en otro pronunciamiento de similar tenor, que \u00ab[c]iertamente, el prove\u00eddo de 4 de abril de 2013, dictado por el magistrado sustanciador accionado, en cuanto \u2018rechaz[\u00f3] por improcedente el recurso de apelaci\u00f3n\u2019 antes referido, corresponde a una decisi\u00f3n susceptible del recurso de s\u00faplica \u2018en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 363 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a\u00fan en su actual redacci\u00f3n a partir de la entrada en vigor de la Ley 1395 de 2010, art\u00edculo 17\u2019 [actualmente canon 331 del C\u00f3digo General del Proceso], de modo que conforme a los motivos ahora planteados en este excepcional\u00edsimo estrado, y cumplidas las formalidades legales, la autoridad competente bien pod\u00eda haber tenido ocasi\u00f3n de pronunciarse efectivamente sobre la procedencia o no de la apelaci\u00f3n formulada, cual era asunto a tratar en el medio impugnativo anteriormente referido, oportunidad que soslay\u00f3 el quejoso\u00bb (se denot\u00f3; CSJ STC, 25 jul. 2013, rad. 01585-00, (CSJ STC530-2018, 24 Ene. 2018, rad. 00042-00). <\/p>\n

7.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n impetrada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC2818-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00393-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil dieciocho (2018). Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jairo Sedan Murra frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101805","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101805","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101805"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101805\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101805"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101805"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101805"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}