{"id":101806,"date":"2026-07-01T18:57:10","date_gmt":"2026-07-01T18:57:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101806"},"modified":"2026-07-01T18:57:10","modified_gmt":"2026-07-01T18:57:10","slug":"stc2819-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2819-2018\/","title":{"rendered":"STC2819-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC2819-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2017-00614-02
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan David Coronado Lozano contra el Ministerio del Interior-Direcci\u00f3n de Consulta Previa, Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de los Valles del Sin\u00fa y del San Jorge-CVS y la Sociedad Portuaria Gr\u00e1neles del Golfo S.A., vincul\u00e1ndose al Municipio de San Antero y al Cabildo Ind\u00edgena El Porvenir. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El gestor, quien manifest\u00f3 actuar como tercero interviniente, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de consulta previa, participaci\u00f3n, vida y subsistencia de los pueblos ind\u00edgenas, propiedad colectiva, debido proceso, reconocimiento de diversidad \u00e9tnica y cultural de la naci\u00f3n y ambiente sano, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Que la Sociedad Portuaria Gr\u00e1neles del Golfo S.A, quiere llevar a cabo la construcci\u00f3n y operaci\u00f3n de un terminal portuario multiprop\u00f3sito de menor calado en el Municipio de San Antero, en un terreno de 20 hect\u00e1reas de su propiedad. <\/p>\n

2.2. Manifest\u00f3 que la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma de los Valles de los R\u00edos Sin\u00fa y San Jorge-CVS, le otorg\u00f3 la licencia ambiental a la empresa \u00abGr\u00e1neles del Golfo\u00bb, para adelantar la construcci\u00f3n de un puerto que impactar\u00eda el Distrito de Manejo Integrado de la Bah\u00eda de Cispat\u00e1 en el Municipio de San Antero-C\u00f3rdoba a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n N\u00b02-0616 de 23 de diciembre de 2014, sin embargo, aduce que dicha entidad debi\u00f3 exigirle la realizaci\u00f3n de la \u00abconsulta previa de las comunidades ind\u00edgenas que existen en el Municipio de San Antero\u00bb, adem\u00e1s de la \u00absocializaci\u00f3n efectiva y eficaz de la poblaci\u00f3n asentada en el \u00e1rea influencia del proyecto\u00bb, sin embargo la misma no se llev\u00f3 a cabo. <\/p>\n

2.3. Que la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma referida, tuvo en cuenta el acto administrativo a trav\u00e9s del cual el Ministerio de Interior de Justicia en Oficio OFI10-12922-GCP-0201 de 27 de abril de 2010, se\u00f1ala que \u00abel a\u00e9rea del proyecto no hay comunidades ind\u00edgenas o negras\u00bb, por lo que radic\u00f3 ante dicha entidad, solicitud de revocatoria directa de los actos administrativos que concedieron la licencia ambiental a la Sociedad Portuaria Gr\u00e1nales del Golfo S.A. <\/p>\n

2.4. Que a continuaci\u00f3n, la Corporaci\u00f3n aludida, en Resoluci\u00f3n No. 2-0799 de 26 de febrero de 2015, manifiesta \u00abque concede la licencia a la sociedad anteriormente mencionada, hasta tanto surta de manera satisfactoria y bajo los par\u00e1metros legales, el proceso de consulta previa en relaci\u00f3n a las comunidades ind\u00edgenas y afrodescendientes presentes en la zona de influencia del proyecto\u00bb, raz\u00f3n por la cual requiri\u00f3 nuevamente al Ministerio del Interior, para que expidiera certificaciones en el \u00e1rea donde se pretende desarrollar la obra. <\/p>\n

2.5. En oficio de 10 de mayo de este a\u00f1o, el Ministerio del Interior-Direcci\u00f3n de Consulta Previa, insisti\u00f3 en que \u00abno hay presencia de comunidades ind\u00edgenas en el \u00e1rea del proyecto, pero no mencionan nada sobre el \u00e1rea de influencia del proyecto\u00bb. <\/p>\n

2.6. Refiere que en el \u00e1rea del proyecto se encuentra el \u00abCabildo Ind\u00edgena El Porvenir\u00bb, conformado por m\u00e1s de doscientas familias, adem\u00e1s que la comunidad tiene derecho a que se les socialice de manera efectiva el proyecto y sus alcances y posibles impactos as\u00ed como las medidas compensatorias y de preservaci\u00f3n. <\/p>\n

3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que (i) \u00abse revoquen las resoluciones No. 02-0616 de diciembre 23 de 2014 y la modificatoria No. 2-0799 del 26 de febrero de 2015 que conced\u00edan la licencia ambiental a la Sociedad Portuaria Gr\u00e1neles del Golfo\u00bb, (ii) \u00abse ordene al Ministerio del Interior-Direcci\u00f3n de Consulta Previa, certificar la presencia de Comunidades Ind\u00edgenas y Negras en la zona de influencia del proyecto de construcci\u00f3n y operaci\u00f3n de un terminal portuario [\u2026] y as\u00ed mismo se proceda a realizar la consulta previa\u00bb (fls. 1-12 C. 1). <\/p>\n

4. El presente asunto se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite mediante determinaci\u00f3n de 18 de septiembre de 2017 (fl. 28 C. 1), y fue resuelto por providencia de 13 de diciembre de 2017 (fls. 219-230 Ibidem), habida cuenta que mediante auto de 9 de noviembre del a\u00f1o anterior (fls. 4-7, C. Corte), esta Corporaci\u00f3n declar\u00f3 la nulidad de lo actuado, a fin de que se procediera a efectuar la notificaci\u00f3n all\u00ed indicada. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS. <\/p>\n

La alcald\u00eda Municipal de San Antero, a trav\u00e9s de su Secretario Jur\u00eddico y Asuntos Administrativos, se\u00f1al\u00f3 que \u00able corresponde al Ministerio de Interior, probar si se satisfizo el requisito que para el caso sea necesario\u00bb, adem\u00e1s que \u00abresulta de mucha importancia que las comunidades ind\u00edgenas se pronuncien cuando un proyecto u obra de gran impacto en la vida y costumbre de una comunidad y que le pueda cambiar su paradigma\u00bb, y que \u00abel proyecto que pretende emprender es de iniciativa privada y lo \u00fanico que le va a generar a la poblaci\u00f3n es un cambio cultural ya que migran personas de otras partes a imponer sus idiosincrasias relegando a la propia\u00bb. As\u00ed las cosas, adujo que \u00absi se vislumbra la violaci\u00f3n de derechos fundamentales presuntamente y que ha originado esta acci\u00f3n se debe despachar favorablemente a fin de que se haga todo de conformidad como lo demanda la constituci\u00f3n y las leyes respectivas\u00bb (fl. 40 Ibidem). <\/p>\n

El Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior, arguy\u00f3 que \u00aben cumplimiento de su funci\u00f3n misional de propender los derechos de las comunidades \u00e9tnicas diferenciadas, surti\u00f3 los procedimientos establecidos emitidos el respectivo concepto mediante el oficio N\u00b0 0FL10-12922-GCP-0201 del 27 de abril de 2010\u00bb, afirmando que \u00abno registra comunidades ind\u00edgenas en el a\u00e9rea del proyecto de la referencia\u00bb, adem\u00e1s, que \u00abel t\u00e9rmino \u201ccertificaci\u00f3n o no de presencia de comunidades \u00e9tnicas\u201d, m\u00e1s que un s\u00f3lo hecho, es la resultante de comprobar dos (2) circunstancias que deben ser simultaneas, uno efectivamente una comunidad \u00e9tnica ll\u00e1mese ind\u00edgena; negra, afro descendientes, etc., se encuentre ubicado con sus usos, costumbres y medio de subsistencia activos dentro del a\u00e9rea de influencia de un proyecto; y dos, que dicha comunidad \u00e9tnica, reciba un impacto directo ocasionado por la ejecuci\u00f3n de dicho proyecto\u00bb. <\/p>\n

Adicion\u00f3, que \u00abcuando la Direcci\u00f3n de Consulta Previa, logra establecer que efectivamente hay una comunidad \u00e9tnica dentro de a\u00e9rea del proyecto, procede a valorar el segundo elemento, que es la afectaci\u00f3n directa, demandando una valoraci\u00f3n objetiva a luz de la constituci\u00f3n y la ley; no se trata de decisiones caprichosas de los servidores\u00bb. De tal modo que \u00abpara el caso concreto no es pertinente la Consulta Previa dentro proyecto referido, pues a partir del acto administrativo de certificaci\u00f3n se evidencia que NO SE REGISTRAN comunidades ind\u00edgenas en la a\u00e9rea del proyecto de la referencia\u00bb. <\/p>\n

Por \u00faltimo, agreg\u00f3 que \u00abel acto administrativo N\u00b0 0FL10-12922-GCP-0201 del 27 de abril de 2010 de conformidad con lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 88 de la ley , fue emitido conforme a derecho [\u2026] y por tanto goza de presunci\u00f3n de legalidad\u00bb y que la norma se\u00f1ala, \u00ablos actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u00bb; solicitando que se nieguen las pretensiones del accionante, toda vez que no se vislumbra la vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno (fls. 45-48 Ib.). <\/p>\n

El apoderado de la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de los Valles del Sin\u00fa y San Jorge, manifest\u00f3 que \u00abmediante Resoluci\u00f3n No. 2-0616 de diciembre 23 de 2014 [\u2026] otorg\u00f3 licencia ambiental\u00bb y que \u00abdurante el tr\u00e1mite de la Licencia Ambiental, la sociedad solicitante aport\u00f3 el correspondiente certificado emanado del Ministerio del Interior-Direcci\u00f3n de Consulta Previa, en el cual indica que no hab\u00eda presencia de grupos \u00e9tnicos donde se pensaba desarrollar el proyecto\u00bb. Que con posterioridad al otorgamiento de la licencia ambiental, \u00abla CAR de la CVS tuvo conocimiento que lo consagrado en la certificaci\u00f3n del Ministerio del Interior- Direcci\u00f3n de Consulta Previa no correspond\u00eda a la realidad, toda vez que se pudo evidenciar la existencia de grupos \u00e9tnicos en la zona donde se planea desarrollar el proyecto\u00bb. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3, que remiti\u00f3 consulta mediante oficio de 6 de diciembre de 2016 al Coordinador \u00c1rea de Certificaci\u00f3n de Consulta Previa del Ministerio del Interior, el cual dio respuesta 28 de febrero de 2017, manifestando que \u00abdicho acto administrativo fue emitido conforme a derecho y goza de presunci\u00f3n de legalidad\u00bb (fls. 49-53 Ibid.). <\/p>\n

La Sociedad Portuaria Gr\u00e1neles del Golfo, se opuso a los hechos y pretensiones, alegando que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para solicitar la nulidad o revocatoria de los actos administrativos ya que existen otros mec\u00e1nicos judiciales efectivos al alcance de la parte accionante, adem\u00e1s que no han violado, vulnerado, amenazado ni puesto en peligro ning\u00fan derecho fundamental (fls. 159-175 Idem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal Constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abel accionante cuenta con otro mecanismo id\u00f3neo para controvertir dicho acto administrativo. En efecto, considera la Sala que sea cual sea la actividad de la administraci\u00f3n causante de la alegada vulneraci\u00f3n de derechos, es decir, acto, acci\u00f3n, omisi\u00f3n u operaci\u00f3n administrativa, aqu\u00e9l cuenta con el pertinente medio de control judicial ordinario previsto en la Ley 1437 de 2011 -CAPCA-, el cual le brinda la oportunidad de pedir la medida cautelar que resulte id\u00f3nea para obtener la protecci\u00f3n temprana de sus derechos\u00bb, agreg\u00f3 que \u00abno se observa motivo alguno para que aqu\u00ed el Tribunal, asumiendo la investidura de juez constitucional, interfiera en las competencias de la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, cuando en \u00e9sta, como qued\u00f3 manifestado, el actor puede obtener muy oportunamente la protecci\u00f3n de los derechos cuya violaci\u00f3n ha denunciado\u00bb. <\/p>\n

Y, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abse tiene que en el presente caso quien invoca el amparo es el se\u00f1or Juan David Coronado Lozano, como tercero interviniente y no son las comunidades ind\u00edgenas o las organizaciones que los agrupan\u00bb (fls. 219-230 Ibid.). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el accionante, alegando que \u00abla decisi\u00f3n de primera instancia, considerando que no se ajusta a los hechos y antecedentes que motivaron la Tutela ni al Derecho impetrado y consideraciones de mi petici\u00f3n, incurriendo el fallador en un error esencial. Debo manifestar con contrariedad al Honorable fallador, que no tuvo en cuenta mis argumentos acerca de la conducta omisiva por parte de los ACCIONADOS\u00bb (fls. 241 y 242 Ib.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Esta Corporaci\u00f3n, referente a la instituci\u00f3n de la \u00abconsulta previa\u00bb, ha expuesto, entre otras providencias, en CSJ STC, 9 may. 2014, rad. 00034-01, que: <\/p>\n

La consulta previa invocada por el Consejo actor, de acuerdo con lo expresado por esta Corporaci\u00f3n, est\u00e1 consagrada en la Carta Pol\u00edtica como una \u201c(\u2026) especial protecci\u00f3n al derecho de participaci\u00f3n de las comunidades ind\u00edgenas [y afrodescendientes] en la adopci\u00f3n de las decisiones que les conciernen y las puedan afectar (\u2026)\u201d, instituci\u00f3n elevada a \u201c(\u2026) derecho fundamental en pos de preservar la integridad \u00e9tnica, social y cultural de los mencionados grupos \u00e9tnicos y tribales, proceso de consulta que constituye una forma de expresi\u00f3n democr\u00e1tica prevista en el art\u00edculo 330 Superior y con sustento adicional en el Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo OIT, aprobado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991 (\u2026)\u201d [Colombia, CSJ. Civil. Sentencia de 25 de agosto de 2010, exp. No. 00022-01, reiterada el 27 de agosto de 2012, exp. No. 00200-01]. <\/p>\n

Si bien en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 330 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica la prerrogativa comentada ha tenido desarrollo en punto de la explotaci\u00f3n de los recursos naturales en los territorios ind\u00edgenas y tribales, ya desde la promulgaci\u00f3n de la Ley 21 de 1991, aprobatoria del Convenio 169 de la OIT, se hab\u00eda precisado que dicha consulta deb\u00eda garantizarse \u201c(\u2026) mediante procedimientos apropiados y (\u2026) a trav\u00e9s de (\u2026) instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La doctrina constitucional sobre la garant\u00eda en cita ha expresado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) la consulta previa es un asunto de inter\u00e9s general adecuado para la protecci\u00f3n de la diversidad \u00e9tnica y cultural de la naci\u00f3n, puesto que \u2018es el mecanismo que permite ponderar los intereses de los pueblos ind\u00edgenas y tribales en conflicto con intereses colectivos de mayor amplitud, a fin de poder establecer cu\u00e1l de ellos posee una legitimaci\u00f3n mayor\u2019. <\/p>\n

\u201cEl derecho a la consulta previa es un mecanismo necesario e indispensable para asegurar que la realizaci\u00f3n de estos proyectos no afecte en forma irreversible las formas tradicionales de subsistencia de los grupos \u00e9tnicos dentro de sus territorios, las cuales forman parte integrante de su estructura cultural propia y proveen la base para la preservaci\u00f3n y el desarrollo en el tiempo de sus cosmogon\u00edas, saberes ancestrales y formas culturales. Tal y como lo ha precisado la Corte Constitucional en el pasado, haciendo referencia a ejemplos hist\u00f3ricos concretos, la afectaci\u00f3n de estos modos de subsistencia puede traer consigo, en no pocos casos, una amenaza cierta para la subsistencia misma de los pueblos ind\u00edgenas o las comunidades afrodescendientes. Es por esta raz\u00f3n que, seg\u00fan ha precisado esta Corporaci\u00f3n, el derecho de los pueblos ind\u00edgenas a la subsistencia de conformidad con sus formas y medios tradicionales de producci\u00f3n y reproducci\u00f3n material y cultural, dentro de sus territorios propios, es un derecho fundamental, porque de \u00e9l depende la realizaci\u00f3n del derecho a la integridad cultural, social y econ\u00f3mica de dichos grupos\u201d [Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-547 de 1\u00b0 de julio de 2010]. <\/p>\n

2. En el presente caso, el accionante pretende que se revoquen las resoluciones No. 02-0616 de diciembre 23 de 2014 y la modificatoria No. 2-0799 del 26 de febrero de 2015, que concedieron la licencia ambiental a la Sociedad Portuaria Gr\u00e1neles del Golfo S.A., adem\u00e1s que se ordene al Ministerio del Interior-Direcci\u00f3n de Consulta Previa, certificar la presencia de comunidades ind\u00edgenas y negras en la zona de influencia del proyecto de construcci\u00f3n y operaci\u00f3n de un terminal portuario y que proceda a realizar la consulta previa respectiva. <\/p>\n

3. De las copias aportadas a este tr\u00e1mite, se observa lo siguiente: <\/p>\n

a) Resoluci\u00f3n No. 2-0799 de 26 de febrero de 2015, que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n impetrado contra la decisi\u00f3n No. 2-0616 de 23 de diciembre de 2014, que otorg\u00f3 la licencia ambiental a la Sociedad Portuaria Gr\u00e1neles del Golfo S.A. (fls. 52-91 C. Corte). <\/p>\n

b) Solicitud de revocatoria directa propuesto por el aqu\u00ed gestor contra la resoluci\u00f3n No. 02-0616 de 23 de diciembre de 2014 (fls. 19- 21 Idem). <\/p>\n

c) Concepto t\u00e9cnico ULP No. 2016-247, emitido por la Divisi\u00f3n de Calidad ambiental de la CAR de los Valles del Sin\u00fa y San Jorge, de 28 de junio de 2016, donde concluy\u00f3 que \u00abse pudo evidenciar la presencia de comunidades asentadas en el \u00e1rea de influencia directa e indirecta del proyecto portuario Gr\u00e1neles del Golfo S.A. (Corregimiento El Porvenir, Vereda La Parrilla, Vereda Grau, Vereda Bijaito y Vereda Punta Bolivar) principalmente conformadas por miembros del Cabildo Menor Ind\u00edgena El Porvenir, Afrodescendientes de la Organizaci\u00f3n Agustina Payares, Pescadores Artesanos, agricultores y comunidad general\u00bb (fls. 56-64 C.1). <\/p>\n

d) Informe de visita ULP No. 2016-239, del 28 de junio de 2016, realizado dentro del seguimiento a la licencia ambiental que ocupa el estudio de la Sala, que lleg\u00f3 a las mismas conclusiones que el informe t\u00e9cnico relacionado (fls. 65-88 Ib.). <\/p>\n

e) Resoluci\u00f3n No. 2792 de 29 de noviembre de 2016, por medio de la cual se resolvi\u00f3 la solicitud de revocatoria directa presentada por el aqu\u00ed gestor, en la que se decidi\u00f3 \u00absuspender los efectos de la Resoluci\u00f3n No. 2-0616 de 23 de diciembre de 2014 y de la Resoluci\u00f3n No. 2-0799 de 26 de febrero de 2015 que conceden licencia ambiental a la Sociedad Portuaria Gr\u00e1neles del Golfo S.A., hasta tanto se surta satisfactoriamente y bajo los par\u00e1metros legales, el proceso de consulta previa en relaci\u00f3n con las comunidades ind\u00edgenas y afro descendientes presentes en la zona de influencia del proyecto\u00bb (fls. 31-42 C. Corte). <\/p>\n

f) Oficio No. 5714 emitido por la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de los Valles del Sin\u00fa y San Jorge, dirigido al Coordinador de \u00e1rea de Certificaci\u00f3n de Consulta Previa del Ministerio del Interior, en que solicit\u00f3 \u00abtomar las medidas pertinentes tendientes a certificar la existencia de comunidades ind\u00edgenas y afro descendientes asentadas en la zona de influencia del proyecto objeto de licencia ambiental y su posterior procedimiento de consulta previa\u00bb, al percatarse que \u00abel certificado del Ministerio del Interior y de Justicia, no es coherente con la informaci\u00f3n suministrada\u00bb, toda vez que \u00abmediante visita t\u00e9cnica realizada por funcionarios de la oficina de Subdirecci\u00f3n de Gesti\u00f3n Ambiental de la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de los Valles del Sin\u00fa y del San Jorge, se pudo evidenciar la presencia de comunidades asentadas en el \u00e1rea de influencia del proyecto\u00bb (fl. 15 C.1). <\/p>\n

g) Escrito de 7 de abril de 2017, emitido por la referida Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma al Ministerio del Interior, en que le inform\u00f3 que \u00abse observa con preocupaci\u00f3n que el certificado expedido se circunscribe \u00fanica y exclusivamente al pol\u00edgono y a las coordenadas del predio privado donde funcionar\u00e1 el proyecto de la Sociedad Portuaria Gr\u00e1neles del Golfo y NO se pronuncia con respecto a la zona del \u00e1rea de influencia directa [\u2026]\u00bb (fls. 16-20 Ibidem). <\/p>\n

h) Respuesta al derecho de petici\u00f3n, otorgada por la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma a la Sociedad Portuaria Gr\u00e1neles del Golfo S.A., en que se manifest\u00f3 que \u00abla Resoluci\u00f3n No. 2-2792 de 29 de noviembre de 2016 orden\u00f3 en su numeral segundo suspender los efectos de la Resoluci\u00f3n No. 2-0616 de diciembre 23 de 2014 y de la Resoluci\u00f3n No. 2-0799 de 26 de febrero de 2015 que conceden la licencia ambiental a la Sociedad Portuaria Gr\u00e1neles del Golfo S.A., hasta tanto se surta satisfactoriamente y bajo los par\u00e1metros legales, el proceso de consulta previa en relaci\u00f3n con las comunidades ind\u00edgenas y afro descendientes presentes en la zona de influencia del proyecto\u00bb, aduciendo adem\u00e1s, que \u00abno se dan los presupuestos para el cumplimiento de la condici\u00f3n establecida en la Resoluci\u00f3n 2-2792 del 29 de noviembre de 2016, por tanto no hay lugar a la expedici\u00f3n del acto administrativo alguno levantando la suspensi\u00f3n establecida para la Resoluci\u00f3n No. 2-0616 de diciembre 23 de 2014 y de la Resoluci\u00f3n No. 2-0799 de 26 de febrero de 2015 que concede licencia ambiental\u00bb (fls. 21-22 Idem). <\/p>\n

i) Informe de fecha 13 de febrero de 2018, rendido por parte de la Secretaria General de la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de los Valles del Sin\u00fa y San Jorge (fls. 26-28 C. Corte) <\/p>\n

4. Para abordar el estudio del asunto puesto en conocimiento de esta Corporaci\u00f3n, esta Sala debe hacer un recuento de las decisiones que se han proferido durante el tr\u00e1mite de licencia ambiental que le fue otorgada a la Sociedad Gr\u00e1neles del Golfo S.A., para as\u00ed concluir que se debe otorgar el amparo de manera parcial. <\/p>\n

4.1. De conformidad con los hechos relatados en el escrito genitor, sumado a lo informado tanto por la Secretaria General de la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de los Valles del Sin\u00fa y San Jorge, como por el Ministerio del Interior- Direcci\u00f3n de Consulta Previa, se observa que se adelant\u00f3 tr\u00e1mite por parte de la Sociedad Portuaria referida, en aras de que se le otorgara la licencia ambiental para la construcci\u00f3n de \u00abun[a] terminal portuari[a] multiprop\u00f3sito de servicio p\u00fablico de menor c\u00e1lao [sic]\u00bb, por lo que mediante Resoluci\u00f3n No. 2-0616 de 23 de diciembre de 2014, se le otorg\u00f3 la licencia aludida, decisi\u00f3n que fue recurrida en reposici\u00f3n, y en acto administrativo 2-0799 de 26 de febrero de 2015, se resolvi\u00f3 en favor de la sociedad, manteniendo la licencia previamente concedida, pues, seg\u00fan as\u00ed lo afirm\u00f3 la CAR, \u00abla sociedad solicitante aport\u00f3 el correspondiente certificado [OFI10-12922-GCP-0201 de 27 de abril de 2010] emanado del Ministerio del Interior-Direcci\u00f3n de Consulta Previa, en el cual indicaba que desde el punto de vista cartogr\u00e1fico, geogr\u00e1fico o espacial, no hab\u00eda presencia de grupos \u00e9tnicos en \u00e1reas donde se pretende desarrollar el proyecto\u00bb, y con fundamento en ello, \u00abla Corporaci\u00f3n confiando en la buena fe de la sociedad solicitante, no exigi\u00f3 la realizaci\u00f3n de la consulta previa a comunidades ind\u00edgenas\u00bb. <\/p>\n

Posteriormente, el se\u00f1or Juan David Coronado Lozano (aqu\u00ed accionante), radic\u00f3 escrito el 21 de junio de 2016, solicitando la revocatoria directa contra la decisi\u00f3n que otorg\u00f3 la mentada licencia, por lo que la Corporaci\u00f3n convocada, realiz\u00f3 visitas, y gestion\u00f3 las averiguaciones del caso, tales como informe de visita ULP No. 2016-239 y concepto No. 2016-247, ambos de 28 de junio de 2016, oficio 6623 de 22 de noviembre de 2016, en que la referida Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma recibi\u00f3 la resoluci\u00f3n por la cual se inscribi\u00f3 a la \u00abOrganizaci\u00f3n de Etnias Afro descendientes en el registro \u00fanico de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Comunidades Negras\u00bb, con el fin de que se tuviera en cuenta a la comunidad Agustina Payares de Punta Bolivar, San Antero, dentro del tr\u00e1mite de licencia aludido, y el oficio No. 6660 de 23 de noviembre de 2016, en que se alleg\u00f3 por parte del Capit\u00e1n Menor del Cabildo Ind\u00edgena El Porvenir, constancia autenticada en el que reconoce la existencia de la comunidad ind\u00edgena \u00abEl Porvenir\u00bb, entre otros. <\/p>\n

De los referidos documentos, la CAR manifest\u00f3 que \u00abse pudo evidenciar la existencia de grupos \u00e9tnicos en la zona donde se planea desarrollar el proyecto\u00bb, y como consecuencia, se revocaron las decisiones que concedieron el permiso, por Resoluci\u00f3n No. 2-2246 de 30 de junio de 2016. <\/p>\n

A continuaci\u00f3n, la Sociedad Portuaria, present\u00f3 solicitud de revocatoria directa contra la decisi\u00f3n de 30 de junio de 2016, misma que fue resuelta el 29 de noviembre de ese a\u00f1o, en proferimiento No. 2-2792, en el sentido de revocar la Resoluci\u00f3n No. 2-2246 de 30 de junio aludida, y \u00absuspender los efectos de la Resoluci\u00f3n No. 2-0616 de diciembre 23 de 2014 y de la Resoluci\u00f3n No. 2-0799 del 26 de febrero de 2015\u00bb, hasta tanto \u00abse surta satisfactoriamente y bajo los par\u00e1metros legales, el proceso de consulta previa en relaci\u00f3n con las comunidades ind\u00edgenas y afro descendientes presentes en la zona de influencia del proyecto\u00bb, adem\u00e1s se orden\u00f3 \u00abremitir la documentaci\u00f3n y pruebas que reposan en los expedientes de la Corporaci\u00f3n al Ministerio del Interior- Direcci\u00f3n de Consulta Previa, para que se tomen las medidas pertinentes tendientes a certificar la existencia de comunidades ind\u00edgenas [\u2026] y su posterior procedimiento de consulta previa\u00bb (fls. 31-42 C. Corte). <\/p>\n

Seguidamente, el Ministerio del Interior, le manifest\u00f3 a la CAR, en oficio de 28 de febrero de 2017, que \u00ab el acto administrativo No. OFI10-12922-GCO-0201 de 27 de abril de 2010, de conformidad con lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 88 de la Ley 1437 de 2011, fue emitido conforme a derecho [\u2026] y por tanto goza de presunci\u00f3n de legalidad\u00bb y que esa determinaci\u00f3n \u00abgoza de presunci\u00f3n de legalidad, en tal sentido se\u00f1ala la Ley, que el particular que se considere afectado por la decisi\u00f3n contenida en el acto, podr\u00e1 recurrirlo ante la autoridad competente que lo profiri\u00f3\u00bb, adem\u00e1s que \u00abcomo quiera que contra el mencionado acto administrativo no se interpuso el recurso de reposici\u00f3n, el mismo se encuentra en firme y debe ser atacado ante la jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo\u00bb (fls. 23 y 24 C.1). <\/p>\n

5. En cuanto a la afirmaci\u00f3n de la cartera ministerial convocada, referida a la \u00abfalta de legitimaci\u00f3n del accionante\u00bb, al considerar que el mismo \u00abes una persona natural, por lo que no es titular del derecho a la consulta previa\u00bb, advierte la Sala que, contrario lo afirmado por el Tribunal a-quo, el querellante se encuentra legitimado para acudir a este amparo, toda vez que la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional convocada, manifest\u00f3 en oficio de 14 de febrero de este a\u00f1o que \u00abel ciudadano Juan David Coronado Lozano, radic\u00f3 memorial el 24 de junio de 2016, solicitando se le imprimiera a la solicitud de revocatoria directa el tr\u00e1mite de recurso de reposici\u00f3n en contra de los actos administrativos que concedieron la licencia ambiental referida\u00bb, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abposterior al otorgamiento de la licencia ambiental a la Sociedad Portuaria Gr\u00e1neles del Golfo, y atendiendo la solicitud del ciudadano Juan David Coronado Lozano, se pudo evidenciar la existencia de grupos \u00e9tnicos en la zona donde se planea desarrollar el proyecto\u00bb (fls. 26-28 C. Corte). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, el aqu\u00ed gestor se encuentra legitimado por activa para actuar en este concreto tr\u00e1mite de amparo, pues, tal como qued\u00f3 probado, de manera directa \u00e9l present\u00f3 solicitud de \u00abrevocatoria directa\u00bb contra las resoluciones que otorgaron la licencia ambiental a la Sociedad Gr\u00e1neles del Golfo S. A., am\u00e9n que la Ley 99 de 1993, en su art\u00edculo 69, establece el derecho de los ciudadanos a intervenir en los procedimientos administrativos ambientales, y se\u00f1ala que \u00abcualquier persona natural o jur\u00eddica o privada, sin necesidad de demostrar inter\u00e9s jur\u00eddico alguno, podr\u00e1 intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedici\u00f3n, modificaci\u00f3n o cancelaci\u00f3n de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposici\u00f3n o revocaci\u00f3n de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se insiste, habida cuenta que a secuela de la actuaci\u00f3n administrativa que el reclamante adelant\u00f3 ante la corporaci\u00f3n aut\u00f3noma regional en cita, fue que se obtuvo la informaci\u00f3n con base en la cual la presente acci\u00f3n tutelar, como adelante se ver\u00e1, tiene asidero, es que para el particular y preciso evento, si bien el querellante no detenta la condici\u00f3n de ser miembro de la comunidad ind\u00edgena supuestamente afectada, ni tampoco la de dirigente de tal, lo cierto es que emerge que en ilaci\u00f3n a la correlaci\u00f3n \u00edntima entre las averiguaciones surgidas de la actuaci\u00f3n administrativa mencionada y de la gesti\u00f3n que es menester desempe\u00f1e la cartera ministerial del interior a consecuencia de ellas, el promotor s\u00ed detenta vocaci\u00f3n de \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb en este puntual tr\u00e1mite, lo que permite que se realice el estudio de fondo del presente asunto. <\/p>\n

6. Ahora bien, el tutelista pretende por medio de esta acci\u00f3n de amparo, en primer lugar, \u00abanular o revocar las Resoluciones No. Resoluci\u00f3n No. 2-0616 de diciembre 23 de 2014 y de la Resoluci\u00f3n No. 2-0799 del 26 de febrero de 2015, que concedi[eron] la licencia ambiental a la Sociedad Portuaria Gr\u00e1neles del Golfo S.A.\u00bb, sin embargo, se advierte que la protecci\u00f3n constitucional frente a este preciso asunto, no puede prosperar, toda vez que las aludidas decisiones fueron suspendidas a trav\u00e9s de acto administrativo No. 2-2792 de 29 de noviembre de 2016, hasta tanto se adelante en legal forma el procedimiento referido a la realizaci\u00f3n de la consulta previa a las comunidades ind\u00edgenas y afro descendientes presentes en la zona de influencia del proyecto, seg\u00fan lo afirmado por la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma de los Valles del Sin\u00fa y San Jorge. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, las resoluciones atacadas no est\u00e1n surtiendo efectos jur\u00eddicos en este preciso momento, toda vez que la suspensi\u00f3n se encuentra vigente, por lo que en este puntual asunto no exist\u00eda motivo alguno para reclamar protecci\u00f3n constitucional, por cuanto el otorgamiento de la licencia ambiental, se encuentra detenido hasta tanto no se surta el tr\u00e1mite legal de consulta aludido por la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma convocada. <\/p>\n

6.1 As\u00ed pues, advierte la Sala, que si bien es cierto los actos administrativos a\u00fan existen en la vida jur\u00eddica, tambi\u00e9n lo es que en este instante, los mismos no tienen fuerza ejecutoria, al encontrarse suspendidos a la espera de que se realice el procedimiento correspondiente a la consulta previa, deriv\u00e1ndose as\u00ed la improcedencia del amparo, de conformidad con lo contemplado en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991, por lo que como \u00abse pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. Ante este panorama, el juzgador no puede m\u00e1s que declarar la carencia de objeto de la actuaci\u00f3n constitucional\u00bb (CSJ STC 21 jun. 2012, rad. 00121-01; citada en CSJ STC2539-2016, 2 mar. 2016, rad. 2016-00355-00). <\/p>\n

7. Decantado lo anterior, y frente a la segunda pretensi\u00f3n, el querellante depreca que se ordene al Ministerio del Interior-Direcci\u00f3n de Consulta Previa, \u00abcertificar la presencia de Comunidades Ind\u00edgenas y Negras en la Zona de Influencia del Proyecto de construcci\u00f3n y operaci\u00f3n de un terminal portuario multiprop\u00f3sito de servicio p\u00fablico de menor calado\u00bb, as\u00ed como \u00abrealizar la consulta previa\u00bb, frente a lo cual, considera esta Corporaci\u00f3n que, contrario a lo afirmado por el Tribunal, la protecci\u00f3n constitucional debe prosperar, tal como pasar\u00e1 a precisarse. <\/p>\n

7.1. En primer t\u00e9rmino, hay que decir que frente al derecho de \u00abconsulta previa\u00bb, se ha reiterado tanto por parte de esta Corporaci\u00f3n como de la Corte Constitucional, que es uno de los mecanismos contemplados por el ordenamiento jur\u00eddico patrio, con el que se busca garantizar el reconocimiento de los derechos de las comunidades ind\u00edgenas, am\u00e9n que el mismo fue elevado \u00aba derecho fundamental en pos de preservar la integridad \u00e9tnica, social y cultural de los [\u2026] grupos \u00e9tnicos y tribales\u00bb (CSJ STC, 27 ago. 2012, rad. 2012-00200-01); tiene como finalidad \u00abanalizar el impacto econ\u00f3mico, ambiental, social y cultural que puede ocasionarse a una comunidad ind\u00edgena o afrodescendiente [\u2026]\u00bb (CSJ STC, 14 jun. 2012, rad. 60870), con ocasi\u00f3n de cualquier medida legislativa, administrativa o de hecho, que las afecte directamente. <\/p>\n

Al respecto, la Corte Constitucional, ha se\u00f1alado que: <\/p>\n

[L]a consulta previa no debe considerarse como una garant\u00eda aislada. Constituye el punto de partida y encuentro de todos los derechos de los pueblos ind\u00edgenas, en tanto condici\u00f3n de eficacia de su derecho a adoptar decisiones aut\u00f3nomas sobre su destino, sus prioridades sociales, econ\u00f3micas y culturales\u2019. Tiene esa doble connotaci\u00f3n de derecho fundamental y obligaci\u00f3n del Estado a celebrar consultas con los pueblos ind\u00edgenas, la cual se fundamenta en el reconocimiento universal \u2018de las caracter\u00edsticas distintivas de los pueblos ind\u00edgenas y de la necesidad de medidas especiales que permitan corregir sus condiciones desfavorecidas\u2019 (Se denota; C.C. T-849 de 2014). <\/p>\n

Siguiendo lo antes anotado, el m\u00e1ximo tribunal constitucional, ha desarrollado \u00abun conjunto de est\u00e1ndares\u00bb que permiten determinar si una \u00abmedida, norma o proyecto, afecta directamente a los pueblos ind\u00edgenas o tribales\u00bb, estos son: <\/p>\n

(i) la afectaci\u00f3n directa hace alusi\u00f3n a la intervenci\u00f3n que una medida (pol\u00edtica, plan o proyecto) determinada presenta sobre cualquiera de los derechos de los pueblos ind\u00edgenas o tribales; (ii) el hecho de que la medida se orienta a desarrollar el Convenio 169 de la OIT\u2026[;] (iii) la imposici\u00f3n de cargas o atribuci\u00f3n de beneficios a una comunidad, de tal manera que modifique su situaci\u00f3n o posici\u00f3n jur\u00eddica; (iv) la interferencia en elementos definitorios de la identidad o cultura del pueblo concernido; y (v) se trata de una medida general que, sin embargo, afecta con especial intensidad o de manera diferenciada a los pueblos \u00e9tnicamente diferenciados (C.C. C-030 de 2008, C-175 de 2009, C-371 de 201, entre otras). <\/p>\n

Criterios generales de aplicaci\u00f3n de la consulta: (i) el objetivo de la consulta es alcanzar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades ind\u00edgenas y afrodescendientes sobre medidas que las afecten (esto es, normas, pol\u00edticas, planes, programas, etc.); (ii) el principio de buena fe debe guiar la actuaci\u00f3n de las partes, condici\u00f3n imprescindible para su entendimiento y confianza y, por lo tanto para la eficacia de la consulta; (iii) por medio de las consultas se debe asegurar una participaci\u00f3n activa y efectiva de los pueblos interesados. Que la participaci\u00f3n sea activa significa que no equivale a la simple notificaci\u00f3n a los pueblos interesados o a la celebraci\u00f3n de reuniones informativas, y que sea efectiva, indica que su punto de vista debe tener incidencia en la decisi\u00f3n que adopten las autoridades concernidas; (iv) la consulta constituye un proceso de di\u00e1logo entre iguales; no constituye, por lo tanto, un derecho de veto de las comunidades destinatarias del Convenio 169 de la OIT. Finalmente, (iv) la consulta debe ser flexible, de manera que se adapte a las necesidades de cada asunto, y a la diversidad de los pueblos ind\u00edgenas y las comunidades afrodescendientes. <\/p>\n

Reglas o subreglas espec\u00edficas para el desarrollo o aplicaci\u00f3n de la consulta: (vii) la consulta debe ser previa a la medida objeto de examen, pues de otra forma no tendr\u00e1 incidencia en la planeaci\u00f3n e implementaci\u00f3n de la medida; (viii) es obligatorio que los Estados definan junto con las comunidades el modo de realizarla (preconsulta o consulta de la consulta); (ix) debe adelantarse con los representantes leg\u00edtimos del pueblo o comunidad concernida; y, (x) en caso de no llegar a un acuerdo en el proceso consultivo, las decisiones estatales deben estar desprovistas de arbitrariedad, aspecto que debe evaluarse a la luz de los principios de razonabilidad y proporcionalidad; (xi) cuando resulte pertinente en virtud de la naturaleza de la medida, es obligatorio realizar estudios sobre su impacto ambiental y social (Se resalta; C.C. C-389 de 2016). <\/p>\n

7.2. Una vez anotadas las precisiones anteriores, se itera que en el caso sub examine, afirma la Direcci\u00f3n de Consulta Previa, que en OFI10-12922-GCP-0201 de 27 de abril de 2010, certific\u00f3 que \u00abrevisadas las bases de datos institucionales de la Direcci\u00f3n de Asuntos Ind\u00edgenas, Minor\u00edas Y Rom del DANE, Asociaciones de Cabildos y\/o Autoridades Tradicionales, los reconocimientos emanados de esa Direcci\u00f3n sobre comunidades ind\u00edgenas NO SE REGISTRAN comunidades ind\u00edgenas en el \u00e1rea del proyecto de la referencia. Revisadas las bases de datos institucionales aportadas por la Direcci\u00f3n para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras sobre comunidades negras NO SE REGISTRAN consejos comunitarios de comunidades negras en el \u00e1rea del proyecto de la referencia\u00bb (fls. 14-16 C. Corte), y con fundamento en ello, la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional, expidi\u00f3 la Resoluciones No. 2-0616 de diciembre 23 de 2014 y No. 2-0799 de 26 de febrero de 2015, que otorgaron la licencia ambiental para la ejecuci\u00f3n del proyector de la terminal portuaria. <\/p>\n

Sin embargo, como consecuencia de la solicitud de \u00abrevocatoria de licencia ambiental\u00bb elevada por el aqu\u00ed accionante el 24 de junio de 2016, la Corporaci\u00f3n adelant\u00f3 estudios en aras de determinar si en la zona de influencia del proyecto, se evidenciaba la existencia de grupos \u00e9tnicos, tales como informes de visita y conceptos t\u00e9cnicos, adem\u00e1s de tener en cuenta los oficios radicados en su oficina, por parte de algunos de los miembros de la comunidad, en aras de que se les tuviera en cuenta al momento de tomar alguna determinaci\u00f3n frente al referido proyecto. <\/p>\n

De lo anterior, concluy\u00f3 que \u00abse pudo evidenciar presencia de comunidades asentadas en el \u00e1rea de influencia directa e indirecta del proyecto portuario Gr\u00e1neles del Golfo S.,A.\u00bb (fls. 56-64 y 65-88 C.1), por lo que procedi\u00f3 a manifestarle a la Direcci\u00f3n de Consulta querellada, en reiteradas oportunidades, sobre los hallazgos evidenciados, con el fin de que se pronunciara nuevamente sobre la presencia de las comunidades \u00e9tnicas en la zona de influencia del proyecto, y emitiera la certificaci\u00f3n correspondiente (fls. 15-20 Idem; fls. 26-28, 31-42, C. Corte); sin embargo, el Ministerio le manifest\u00f3, en \u00faltimas, que \u00abel acto administrativo No. OFI10-12922-GCO-0201 de 27 de abril de 2010, de conformidad con lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 88 de la Ley 1437 de 2011, fue emitido conforme a derecho [\u2026] y por tanto goza de presunci\u00f3n de legalidad\u00bb (fls. 23-24 C. 1). <\/p>\n

De acuerdo a lo anterior, se dict\u00f3 la resoluci\u00f3n No. 2792 de 29 de noviembre de 2016, por medio de la cual se resolvi\u00f3 la solicitud de revocatoria directa presentada por el aqu\u00ed gestor, en la que se decidi\u00f3 suspender los actos administrativos, hasta tanto no se surta el correspondiente tr\u00e1mite de consulta previa. <\/p>\n

7.3. As\u00ed las cosas, se debe conceder la solicitud de amparo deprecada, toda vez que seg\u00fan afirmaciones del querellante y de la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de los Valles del Sin\u00fa y San Jorge, sumadas a las pruebas aportadas en este tr\u00e1mite de tutela, presuntamente la realidad f\u00e1ctica en la zona de influencia del proyecto ha mutado, pues seg\u00fan concepto t\u00e9cnico e informe de visita, realizados el 28 de junio de 2016, por la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma citada, y las manifestaciones tanto del tutelista como del se\u00f1or Eris Sarmiento Negrete \u2013en calidad de miembro de la etnia Agustina Payares de Punta de Bolivar de San Antero, C\u00f3rdoba-, y de Ubadel Bello Pastrana \u2013como Capit\u00e1n Menor del Cabildo Ind\u00edgena El Porvenir-, se advierte la presunta presencia de comunidades \u00e9tnicas asentadas en el \u00e1rea de influencia del proyecto, y una vez se le inform\u00f3 de ello a la Direcci\u00f3n de Consulta Previa, esta se limit\u00f3 a manifestar que el acto administrativo OFI10-12922-GCP-0201 de 27 de abril de 2010 \u00abgoza de presunci\u00f3n de legalidad, en tal sentido se\u00f1ala la Ley 1437 de 2011 que el particular que se considere afectado por la decisi\u00f3n contenida en el acto, podr\u00e1 recurrirlo ante la autoridad competente que lo profiri\u00f3\u00bb, y que \u00abcomo quiera que contra el mencionado acto administrativo no se interpuso el recurso de reposici\u00f3n, el mismo se encuentra en firme [\u2026]\u00bb (fls. 45-48 C.1). <\/p>\n

Por lo anterior, se puede vislumbrar que las circunstancias f\u00e1cticas pudieron haberse modificado, y que es necesario que el Ministerio realice un nuevo pronunciamiento, en aras de actualizar la informaci\u00f3n que reposa en el expediente del proyecto, con el fin de que se pronuncie puntualmente sobre la presencia de las comunidades ind\u00edgenas ya varias veces citadas, m\u00e1xime cuando se observa que el acto administrativo que sirvi\u00f3 de sustento jur\u00eddico para la expedici\u00f3n de las Resoluciones No. 2-0616 de diciembre 23 de 2014 y de la Resoluci\u00f3n No. 2-0799 de 26 de febrero de 2015, que otorgaron la licencia ambiental a la sociedad convocada, fue expedido el 27 de abril de 2010, es decir, hace m\u00e1s de 7 a\u00f1os, por lo que no se puede tener como cierta la afirmaci\u00f3n de la cartera ministerial, en que afirma que el referido acto administrativo, se expidi\u00f3 con fundamento en el \u00abDecreto 2893 de agosto de 2011, Directiva Presidencial 10 de 2013 \u2013que contiene la gu\u00eda para la realizaci\u00f3n de la consulta previa con las comunidades \u00e9tnicas-, Decreto 2613 de 2013\u00bb, pues dichos instrumentos jur\u00eddicos son posteriores a la expedici\u00f3n del aludido acto administrativo, por lo que se repite, las circunstancias que sirvieron de sustento para la expedici\u00f3n del mismo en 2010, pudieron haber cambiado. <\/p>\n

7.4. Por otra parte, se advierte que a la Direcci\u00f3n de Consulta Previa del Ministerio del Interior, se le asignaron precisas funciones establecidas en el art\u00edculo 16 del Decreto 2893 de 2011, en concordancia con las determinaciones de la misma naturaleza No. 2613 de 2013 y 1066 de 26 de 2015. <\/p>\n

El canon 16 referido dice que la aludida Direcci\u00f3n, tendr\u00e1 como funciones \u00ab1. Dirigir en coordinaci\u00f3n con las entidades y dependencias correspondientes los procesos de consulta previa que se requieran de conformidad con la ley. 2. Asesorar y dirigir, as\u00ed como coordinar con las direcciones de asuntos ind\u00edgenas, Rom y minor\u00edas y asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, la formulaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n, seguimiento y evaluaci\u00f3n de las pol\u00edticas del Gobierno Nacional en materia de consulta previa y determinar su procedencia y oportunidad. 3. Establecer directrices, metodolog\u00edas, protocolos y herramientas diferenciadas para realizar los procesos de consulta previa, de conformidad con lo establecido en la legislaci\u00f3n sobre la materia. 4. Realizar las visitas de verificaci\u00f3n en las \u00e1reas donde se pretenda desarrollar proyectos, a fin de determinar la presencia de grupos \u00e9tnicos, cuando as\u00ed se requiera. 5. Expedir certificaciones desde el punto de vista cartogr\u00e1fico, geogr\u00e1fico o espacial, acerca de la presencia de grupos \u00e9tnicos en \u00e1reas donde se pretenda desarrollar proyectos, obras o actividades que tengan influencia directa sobre estos grupos. 6. Verificar, antes del inicio de cualquier proceso de Consulta Previa, con las direcciones de asuntos ind\u00edgenas, Rom y minor\u00edas, y de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, los registros actualizados de la representaci\u00f3n legal de las autoridades de los grupos \u00e9tnicos y conformaci\u00f3n leg\u00edtima de los espacios de concertaci\u00f3n propios de cada uno de ellos. 7. Consolidar y actualizar la informaci\u00f3n del Ministerio del Interior sobre los procesos de consulta y los tr\u00e1mites de verificaci\u00f3n, as\u00ed como promover el conocimiento y difusi\u00f3n de los mismos y de su marco jur\u00eddico, por los medios que determine el Ministerio. 8. Hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en desarrollo de los procesos de consulta previa coordinados por esta Direcci\u00f3n y hacer las recomendaciones respectivas. [\u2026]\u00bb (Se subraya). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, en el presente asunto es obligaci\u00f3n de la cartera ministerial aludida, lo concerniente con el preciso petitum de certificaci\u00f3n de presencia de los grupos \u00e9tnicos en punto del \u00abproceso de licenciamiento del proyecto del puerto Gr\u00e1neles del Golfo S.A.\u00bb, para la realizaci\u00f3n del \u00abpuerto multiprop\u00f3sito de menos calado en el municipio de San Antero-C\u00f3rdoba\u00bb, por lo que se ordenar\u00e1 en esta acci\u00f3n constitucional, que proceda a realizar la verificaci\u00f3n de la misma. <\/p>\n

8. En ese orden de ideas, en virtud a que no es dif\u00edcil inferir que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica ha cambiado en el asunto sub examine, y que la ejecuci\u00f3n del proyecto de construcci\u00f3n de la terminal portuaria podr\u00eda llegar a tener injerencia en el modus viviendi de las supuestas comunidades a que aqu\u00ed se aludi\u00f3, tal circunstancia hace ver a la Corte que militan fundadas dudas en torno a que los planes de la Sociedad Gr\u00e1neles del Golfo S.A., y podr\u00edan llegar a impactar a las diferentes comunidades que presuntamente habitan en la zona de influencia del proyecto, de donde dimana que, por ello, es del caso que se impartan las \u00f3rdenes pertinentes, que de ser el caso les permitan participar del pertinente proceso consultivo en orden a establecer el impacto del proyecto que est\u00e1 desarroll\u00e1ndose, por lo que sobre tal base, en esta instancia, se vislumbra que es preciso proceder a impartir la precisa orden de tutela que, conforme a la ley, corresponde. <\/p>\n

9. De acuerdo con lo discurrido, se revocar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de consulta previa, participaci\u00f3n, vida y subsistencia de los pueblos ind\u00edgenas, propiedad colectiva, debido proceso, reconocimiento de diversidad \u00e9tnica y cultural de la naci\u00f3n y ambiente sano, conforme a la motivaci\u00f3n exteriorizada. <\/p>\n

SEGUNDO: ORDENAR a la Direcci\u00f3n de Consulta Previa del Ministerio del Interior, dentro del lapso subsiguiente de quince (15) d\u00edas a la data de la aludida radicaci\u00f3n, habr\u00e1 de emitir la certificaci\u00f3n correspondiente, para que se resuelva lo concerniente a la supuesta presencia de comunidades ind\u00edgenas y afro descendientes en la zona de influencia del proyecto para la construcci\u00f3n de \u00abun[a] terminal portuari[a] multiprop\u00f3sito de servicio p\u00fablico\u00bb, para lo cual realizar\u00e1 todas las gestiones de verificaci\u00f3n que legalmente sean del caso, tales como visitas t\u00e9cnicas de verificaci\u00f3n, actividades o medidas administrativas y legislativas, o las que considere necesarias. <\/p>\n

Una vez aquella entidad determine si hay lugar o no a la consulta previa en punto de las comunidades que presuntamente habitan all\u00ed y, en caso de ser afirmativa la respuesta, tal proceso deber\u00e1 iniciarse, a m\u00e1s tardar, dentro de los veinte (20) d\u00edas siguientes a la fecha en que se d\u00e9 la respuesta por parte de la Direcci\u00f3n de Consulta Previa del Ministerio del Interior, con coordinaci\u00f3n, participaci\u00f3n y colaboraci\u00f3n de los dem\u00e1s accionados y convocados al presente tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n

TERCERO: Por secretar\u00eda, env\u00edese copia de esta decisi\u00f3n a los querellados y vinculados. <\/p>\n

CUARTO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC2819-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2017-00614-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala Civil-Familia-Laboral del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101806","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101806","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101806"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101806\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101806"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101806"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101806"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}