{"id":101809,"date":"2026-07-01T18:57:25","date_gmt":"2026-07-01T18:57:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101809"},"modified":"2026-07-01T18:57:25","modified_gmt":"2026-07-01T18:57:25","slug":"stc2822-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2822-2018\/","title":{"rendered":"STC2822-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC2822-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2018-00013-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 30 de enero de 2018, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por A&P Andina Ingenier\u00eda y Proyectos LTDA., y Juan David Rojas Sanclemente, contra el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Cali, vincul\u00e1ndose al despacho D\u00e9cimo Civil Municipal de esa urbe y a las partes dentro del proceso que ocupa el estudio de la Sala. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Los gestores, demandaron la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada dentro del juicio verbal de menor cuant\u00eda de responsabilidad civil extracontractual que adelant\u00f3 Linda Eva Guevara Morales en su contra, bajo radicado No. 2016-00266. <\/p>\n

2. Arguyeron, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Que dentro del juicio de la referencia, objetaron el juramento estimatorio, solicitando para el efecto la pr\u00e1ctica de pruebas testimoniales de los se\u00f1ores Rodolfo Baham\u00f3n Campo y Liliana Silva Echeverry, solicitaron al despacho que los citara, para lo cual suministraron \u00abtanto las direcciones f\u00edsicas como los correos electr\u00f3nicos de los testigos\u00bb, no obstante, \u00aba pesar de la citaci\u00f3n enviada conforme a la ley, los testigos no comparecieron a la audiencia en la que se deb\u00edan recepcionar sus testimonios\u00bb. <\/p>\n

2.2. Manifestaron que \u00aben la audiencia llevada a cabo el d\u00eda 2 de marzo de 2017, debido a la no comparecencia de los testigos, el se\u00f1or juez 10\u00b0 Civil Municipal decidi\u00f3 hacer uso de la facultad contenida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 218 del C.G.P. prescindiendo de los testimonios indicados\u00bb. <\/p>\n

2.3. Se\u00f1alaron que interpusieron recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, en la que solicitaron \u00ab[la conducci\u00f3n de los testigos] por la polic\u00eda a una nueva audiencia, pues no los [conocen] ni [tienen] relaci\u00f3n alguna con ellos\u00bb, petici\u00f3n que fue negada por el juez a quo, y confirmada tanto en reposici\u00f3n, como en el recurso de apelaci\u00f3n que en \u00faltimas fue admitido en segunda instancia. <\/p>\n

3. Pidieron, conforme lo relatado, \u00abse ordene revocar la decisi\u00f3n tomada en la audiencia llevada a cabo el d\u00eda 27 [sic] de noviembre de 2017, mediante la cual se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n dictada en la audiencia de 2 de marzo de 2017 [\u2026] mediante el cual se dio aplicaci\u00f3n al numeral 1\u00ba del art\u00edculo 218 del C.G.P., debido a la no comparecencia de los testigos\u00bb (fls. 1-10 C. 1). <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS. <\/p>\n

El despacho a-quo convocado, hizo un recuento de las actuaciones surtidas dentro del juicio sub judice, y refiri\u00f3 que \u00abno se ha constituido violaci\u00f3n al debido proceso, teniendo en cuenta que se han aplicado las normas que regulan el caso concreto, tal como se desprenden del proceso\u00bb (fls. 25-27 Ibidem). <\/p>\n

El Juzgado del Circuito recriminado, adujo que \u00abteniendo en cuenta los hechos plasmados por el accionante, deviene claro, que su inconformidad proviene de la decisi\u00f3n adoptada por el despacho en esta instancia, aspecto por el cual me atengo a las circunstancias que se deriven de la decisi\u00f3n que se emita dentro del tr\u00e1mite constitucional que se adelanta\u00bb (fls. 35-38 Idem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n

El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo, al arg\u00fcir que \u00abpese a las disquisiciones expuestas por los accionantes frente al ejercicio de la facultad de los jueces endilgados de prescindir de la pr\u00e1ctica de las pruebas testimoniales decretadas ante la no comparecencia de los testigos, y a su vez, de abstenerse de ejercer aquella para lograr de manera coercitiva su asistencia, se tiene que la juez de segunda instancia estim\u00f3 que lo anterior, en efecto refer\u00eda a potestades que no eran de exigible atenci\u00f3n por parte del juez, no obstante, que contrario a ello, el deber de procurar la comparecencia de los testigos si resultaba ser una regla general imperativa en cabeza de quien estaba interesado en la pr\u00e1ctica de la prueba, de ah\u00ed que avalara lo decidido por el juez de primer grado\u00bb. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3, que \u00abtales razonamientos, en verdad, no pueden calificarse como arbitrarios, pues al margen de que se comparta la hermen\u00e9utica usada por la autoridad judicial, es lo cierto que sus apreciaciones, relacionadas con la ausencia de prueba que acredite la diligencia de los interesados para hacer comparecer a los testigos (Fls. 169-173 C. 1) -pese a que las pruebas fueron debida y oportunamente decretadas (Fls. 166-167 C. 1)- as\u00ed como que estim\u00f3 suficientes las certificaciones expedidas por parte de quienes se esperaba rindieran testimonios, aparecen acordes con la normativa y doctrina all\u00e1 citada, que en todo caso se acompasa con las facultades del Juez, y los deberes de las partes en materia probatoria\u00bb (fls. 41-47 Ibid.). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formularon los accionantes, alegando que \u00abnos dirigimos a ustedes con el objeto de manifestarles que impugnamos la decisi\u00f3n tomada dentro del proceso\u00bb (fl. 55 Ib.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2. En el presente caso, pretende la sociedad gestora se revoque la decisi\u00f3n de 8 de noviembre de 2017, dictada por el despacho del circuito recriminado, que resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia de 2 de marzo de ese a\u00f1o, al considerar que no se deb\u00eda suspender la audiencia para lograr la conducci\u00f3n de los testigos solicitados, por considerar que el despacho encartado incurri\u00f3 en \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb. <\/p>\n

3. De las copias allegadas al expediente, se observan las siguientes pruebas en relaci\u00f3n con el amparo: <\/p>\n

a) Auto dictado el 2 de marzo de 2017 por el Juzgado Municipal citado, que resolvi\u00f3: <\/p>\n

\u00abT\u00e9ngase como pruebas las pruebas documentales aportadas. Interrogatorio de parte, se decretaron el 31 de enero de 2017 [\u2026] (min 30:00) 2.2.3. Pruebas de objeci\u00f3n del juramento estimatorio: se decretaron las pruebas testimoniales a los se\u00f1ores Rodolfo Baham\u00f3n Ocampo y Liliana Silva Echeverry, para esta circunstancia debo considerar que, a pesar de que fueron decretados los testimonios, pero en raz\u00f3n de que los mismos no est\u00e1n, debo desestimarlos, pues era carga de la prueba haberlos tra\u00eddo, por consiguiente, estas testimoniales no se ir\u00e1n a realizar\u00bb. <\/p>\n

Apoderado de los aqu\u00ed accionantes: \u00abrespetuosamente me permito manifestarle que frente a la decisi\u00f3n, se interpone recurso de apelaci\u00f3n en raz\u00f3n a que, como se manifest\u00f3 en los escritos correspondientes, se solicit\u00f3 la aplicaci\u00f3n del art 212 C.G.P., en la medida en que se solicit\u00f3 la citaci\u00f3n de los testigos, en raz\u00f3n a que a la parte demandante no le es posible hacer comparecer a los testigos, le solicitamos la conducci\u00f3n por parte de la polic\u00eda a la audiencia en la cual se tomen las declaraciones, pues es de vital importancia que tales pruebas se practiquen\u00bb. <\/p>\n

Decisi\u00f3n del Juez: \u00abel recurso de apelaci\u00f3n no se enmarca dentro de los que taxativamente dice el art. 321 del C.G.P., dado que lo que el despacho ha indicado o ha efectuado, es que ante la no comparecencia de los testigos se prescindir\u00e1 de ellos, de conformidad como lo prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 218 del C.G.P., mas la prueba no fue negada, aunado a ello se debe tener en cuenta a que el juzgado decret\u00f3 las pruebas solicitadas tal como consta en el auto que fij\u00f3 fecha para esta audiencia. As\u00ed mismo, el art. 217 C.G.P., establece que la parte que haya solicitado testimonio, deber\u00e1 procurar la comparecencia del testigo, sin embargo, el despacho libr\u00f3 los telegramas correspondientes en aras de agotar las pruebas. No es circunstancia que el testigo vaya a ser a favor o en contra, adem\u00e1s ese auto fue [dictado] con suficiente tiempo para que de una forma prudente las partes hayan contactado [a los testigos] (min 2:48:53)\u00bb, frente a lo cual interpuso reposici\u00f3n y en subsidio solicit\u00f3 copias para recurrir en queja (fl. 3 C.D., C. Corte). <\/p>\n

b) Prove\u00eddo dictado el 8 de noviembre del a\u00f1o pr\u00f3ximo pasado, por el despacho del circuito convocado, decidi\u00f3 que estuvo mal denegado el recurso de apelaci\u00f3n, y resolvi\u00f3 la alzada en el sentido de confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia (fl. 3 C.D. Ibidem). <\/p>\n

4. En cuanto concierne con la disconformidad planteada relativamente al auto ratificatorio dictado el 8 de noviembre de 2017, que resolvi\u00f3 adversamente el recurso horizontal enderezado contra el prove\u00eddo de 2 de marzo de este a\u00f1o, relativo a la negativa de suspender la audiencia y no solicitar la conducci\u00f3n de los testigos solicitados por los aqu\u00ed gestores, cabe referir que no hay lugar a otorgar la protecci\u00f3n reclamada, dado que la c\u00e9lula judicial censurada no incurri\u00f3 en la anomal\u00eda enrostrada para que se imponga la perentoria salvaguardia deprecada. <\/p>\n

4.1. Lo anterior en vista que all\u00ed consider\u00f3, entre otras reflexiones, que \u00abse tiene que la prueba testimonial fue ordenada por el despacho de instancia, sin embargo ante la no concurrencia de los testigos, el juez dio aplicaci\u00f3n numeral 1\u00ba art. 218 [\u2026]. Esta instancia considera conveniente se\u00f1alar que con el C.G.P. se han presentado cambios sustanciales, sin que ello no implique la vulneraci\u00f3n de derechos. El art. 217 del C.G.P. establece que la parte que haya solicitado el testimonio, deber\u00e1 procurar la comparecencia del testigo, por intermedio de la secretar\u00eda del despacho, por lo que el juez realiz\u00f3 la citaci\u00f3n\u00bb, as\u00ed las cosas consider\u00f3 que \u00abes el interesado el que debe procurar la comparecencia, debe demostrarse que se intent\u00f3 por varios medios que los testigos comparezcan\u00bb, sin embargo \u00abno obra en el plenario prueba alguna de dicho cometido\u00bb, y concluyo que \u00abel juez de 1\u00aa instancia, decidi\u00f3 prescindir de la prueba a pesar de que la parte interesada hizo uso de la facultad del art 218 num. 2\u00ba [\u2026] dicha disposici\u00f3n da al juez de insistir en la pr\u00e1ctica de la prueba, solo s\u00ed el juzgador lo considera fundamental para la decisi\u00f3n, dicha potestad es facultativa y no de obligatorio cumplimiento [\u2026] motivo por el cual se entiende razonada la decisi\u00f3n del a-quo\u00bb (min: 9:10 Audiencia segunda instancia 8 de noviembre 2017, C.D. fl. 3 C. Corte). <\/p>\n

4.2. De acuerdo con lo anotado, se advierte que contrastada la situaci\u00f3n desarrollada y la normativa aplicada, dimana que la exposici\u00f3n de los motivos decisorios manifestados se guarece en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el juicio planteado y que no constituye defecto material, acaeciendo que no hay lugar a sustraerle a la referida resoluci\u00f3n las presunciones de legalidad y acierto de que goza, dado que la decisi\u00f3n adoptada en el sentido de no acceder a la suspensi\u00f3n de la audiencia para proceder a la conducci\u00f3n de los dos testigos que fueron solicitados por los all\u00ed demandados, es un proceder que no se estima arbitrario ni subjetivo. <\/p>\n

De modo que, v\u00e9ase, el despacho censurado adopt\u00f3 la determinaci\u00f3n cuestionada con sustento en una v\u00e1lida hermen\u00e9utica que, independientemente de que la Corte la proh\u00edje en su totalidad, ya que este no es el escenario id\u00f3neo para lo propio, s\u00ed resulta ser valedera y respetable, tanto m\u00e1s por cuanto que, de ese modo, fueron esclarecidos los m\u00f3viles por los cuales no era del caso \u00abordenar la conducci\u00f3n por la polic\u00eda a los testigos\u00bb para que fuera escuchados en la audiencia, entre otras cosas, por cuanto que el C\u00f3digo General del Proceso establece el derecho de las partes de solicitar al juez que se decrete y practique la prueba testimonial, sin embargo, precisa en su art\u00edculo 217, que \u00abla parte que haya solicitado el testimonio deber\u00e1 procurar la comparecencia del testigo\u00bb, adem\u00e1s el canon 218 ejusdem prev\u00e9 los efectos de la inasistencia, consagrando que \u00aben caso de que el testigo desatienda la citaci\u00f3n se proceder\u00e1 as\u00ed: 1. Sin perjuicio de las facultades oficiosas del juez, se prescindir\u00e1 del testimonio de quien no comparezca[\u2026]\u00bb. <\/p>\n

4.3. As\u00ed las cosas, se advierte que en el caso sub judice, los aqu\u00ed accionantes solicitaron que se decretara la prueba testimonial de los se\u00f1ores Rodolfo Baham\u00f3n Campo y Liliana Silva Echeverry, por lo que as\u00ed procedi\u00f3 el funcionario judicial de primera instancia, enviando la correspondiente citaci\u00f3n, sin embargo, los mismos no comparecieron a la audiencia llevada a cabo el 2 de marzo de 2017, por lo que el despacho dio aplicaci\u00f3n al numeral 1\u00ba del art\u00edculo 218 aludido, en el sentido de prescindir de los mismos. <\/p>\n

Sumado a ello, el ad-quem citado consider\u00f3 que no era reprochable la decisi\u00f3n de su hom\u00f3logo municipal, pues, es facultad del juez ordenar la conducci\u00f3n de los testigos cuando ellos no cumplen con la citaci\u00f3n judicial, tal como lo establece el numeral 2\u00ba del canon 218 en cita, al relievar que la \u00abconducci\u00f3n tambi\u00e9n podr\u00e1 adoptarse oficiosamente por el juez cuando lo considere conveniente\u00bb. <\/p>\n

Por tanto, las aserciones elevadas por la c\u00e9lula judicial querellada, encierran una postura interpretativa que no es abierta y ostensiblemente arbitraria, por lo que no merecen reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental, en adici\u00f3n a que es tarea del juez realizar un an\u00e1lisis de los derechos que se encuentran enfrentados, esto es entre lo \u00abfundamental\u00bb que pueda llegar a ser la declaraci\u00f3n del citado, y el principio de concentraci\u00f3n que permea el sistema procesal civil vigente, por tanto, queda a consideraci\u00f3n del funcionario judicial, tomar la determinaci\u00f3n que considere pertinente, sustentado en las normas propias de la legislaci\u00f3n del caso. <\/p>\n

5. Sea del caso destacar que, el juez constitucional s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, lo cual no ocurri\u00f3 en el caso que nos ocupa y, es que en \u00abmateria de pruebas\u00bb esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que: <\/p>\n

[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n"\u00bb (CSJ STC, 5 Jul. 2012, Rad. 01339-00, reiterado, entre otros, el 2 Oct. 2013, Rad. 01449-01, 2 Abr. 2014, rad. 00606-00 y 7 Oct. 2015, rad. 2336-00). <\/p>\n

Esta Sala ha sostenido, de una parte, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01) y, de otra, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01). <\/p>\n

6. En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC2822-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2018-00013-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 30 de enero de 2018, mediante la cual la Sala Civil del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101809","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101809","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101809"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101809\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101809"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101809"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101809"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}