{"id":101810,"date":"2026-07-01T18:57:34","date_gmt":"2026-07-01T18:57:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101810"},"modified":"2026-07-01T18:57:34","modified_gmt":"2026-07-01T18:57:34","slug":"stc2823-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2823-2018\/","title":{"rendered":"STC2823-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC2823-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2018-00015-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 30 de enero de 2018, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por A&P Andina Ingenier\u00eda y Proyectos LTDA., y Juan David Rojas Sanclemente, contra el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Cali, vincul\u00e1ndose al despacho D\u00e9cimo Civil Municipal de esa urbe y a las partes dentro del proceso que ocupa el estudio de la Sala. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Los gestores, demandaron la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada dentro del juicio verbal de menor cuant\u00eda de responsabilidad civil extracontractual que adelant\u00f3 Linda Eva Guevara Morales en su contra, bajo radicado No. 2016-00266. <\/p>\n

2. Arguyeron, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Que dentro del juicio de la referencia, propusieron las excepciones correspondientes, entre ellas la que denominaron \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva-Ausencia de solidaridad de mi mandante con el otro integrante de la parte demandada\u00bb, adem\u00e1s presentaron objeci\u00f3n al juramento estimatorio de la se\u00f1ora Linda Eva Guevara Morales, al considerar que no demostr\u00f3 el monto por concepto de da\u00f1os que afirm\u00f3 se le hab\u00eda causado. <\/p>\n

2.2. Manifestaron que en audiencia celebrada el 2 de marzo de 2017, el despacho municipal convocado, \u00abdict\u00f3 sentencia de primera instancia [\u2026] declarando probada la responsabilidad solidaria [\u2026] y d\u00e1ndole total valor probatorio a unos documentos que nada demuestran\u00bb en cuanto al presunto perjuicio ocasionado a la all\u00ed demandante. <\/p>\n

2.3. Se\u00f1alaron que la decisi\u00f3n fue apelada, y en fallo de 8 de noviembre de 2017, el Juzgado Catorce Civil del Circuito recriminado, \u00abconfirm\u00f3 en su integridad la decisi\u00f3n recurrida\u00bb <\/p>\n

3. Pidieron, conforme lo relatado, \u00abse ordene revocar la sentencia dictada en la audiencia llevada a cabo el d\u00eda 27 [sic] de noviembre de 2017, mediante la cual se confirm\u00f3 la sentencia dictada el 2 de marzo de 2017\u00bb (fls. 1-10 C. 1). <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO. <\/p>\n

El despacho a-quo convocado, hizo un recuento de las actuaciones surtidas dentro del juicio sub judice, y refiri\u00f3 que \u00abno se ha constituido violaci\u00f3n al debido proceso, teniendo en cuenta que se han aplicado las normas que regulan el caso concreto, tal como se desprenden del proceso\u00bb (fls. 25-27 Ibidem). <\/p>\n

El Juzgado del Circuito recriminado, adujo que \u00abteniendo en cuenta los hechos plasmados por el accionante, deviene claro, que su inconformidad proviene de la decisi\u00f3n adoptada por el despacho en esta instancia, aspecto por el cual me atengo a las circunstancias que se deriven de la decisi\u00f3n que se emita dentro del tr\u00e1mite constitucional que se adelanta\u00bb (fls. 31-34 Idem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n

El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo, al arg\u00fcir que \u00abla v\u00eda de hecho no se puede edificar a partir de discrepar de la valoraci\u00f3n probatoria, concretamente, al considerar, que unas pruebas documentales (facturas, recibos y certificaciones), aportados por la parte demandante, no son prueba id\u00f3nea y suficiente para probar la cuant\u00eda de perjuicios materiales\u00bb, agreg\u00f3 que \u00abel objetar el juramento estimatorio no es suficiente para desvirtuar el contenido del mismo, por el contrario, corresponde a la parte demandada a trav\u00e9s de cualquier medio probatorio demostrar la no causaci\u00f3n de los perjuicios endilgados, medios probatorios que en el proceso se echaron de menos. Del mismo modo, los documentos de los que ahora se duela la accionante se presumen aut\u00e9nticos de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 244 del C\u00f3digo General del Proceso y se itera correspond\u00eda a la parte en contra de la que se adujeron demostrar lo contrario. <\/p>\n

A la par, estim\u00f3 que \u00abtampoco le asiste raz\u00f3n al accionante en cuanto a que con las certificaciones emitidas por Servicios y Cafeter\u00edas D`LITA y R&S Arquitectos Ltda., se pretendi\u00f3 reclamar perjuicios por el ejercicio de actividades ilegales, ya que de las mismas no se infiere una actividad que requiera una autorizaci\u00f3n o permiso especial, que permita concluir que se trata de actividades ilegales\u00bb, afirm\u00f3 que \u00abla conclusi\u00f3n del juzgado sobre que los documentos s[\u00ed] tienen el car\u00e1cter de prueba documental, ya que ten\u00edan que ser desvirtuadas por el extremo demandado, lo cual no ocurri\u00f3, a falta de pruebas al respecto, sin que bastara las meras afirmaciones realizadas, se muestra como razonable\u00bb (fls. 37-41 Ibid.). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el representante de la sociedad accionante, alegando que \u00abnos dirigimos a ustedes con el objeto de manifestarles que impugnamos la decisi\u00f3n tomada dentro del proceso \u00bb (fl. 49 Ib.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2. En el presente caso, pretende la sociedad gestora se revoque la sentencia de 8 de noviembre de 2017, dictada por el despacho del circuito recriminado, que resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia de 2 de marzo de ese a\u00f1o, por considerar que el despacho encartado incurri\u00f3 en \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb. <\/p>\n

3. De las copias allegadas al expediente, se observan las siguientes pruebas en relaci\u00f3n con el amparo: <\/p>\n

a) Sentencia dictada el 2 de marzo de 2017 por el Juzgado Municipal citado, que resolvi\u00f3: <\/p>\n

\u00abprimero: declarar civilmente responsables a los demandados: juan david rojas sanclemente y a&p andina de ingenieria & proyectos, por los da\u00f1os materiales ocasionados al veh\u00edculo de placas hyl-354, de propiedad de la demandada: linda eva guevara morales.
\nsegundo: ordenar a los demandados: juan david rojas sanclemente y a&p andina de ingenieria & proyectos, cancelar la suma de trece millones cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta y cinco pesos ($13.049.645.oo) m\/cte., a la se\u00f1ora: linda eva guevara morales, por concepto de da\u00f1os materiales, m\u00e1s la correcci\u00f3n monetaria, desde la fecha de la ocurrencia del accidente, es decir, desde el 3 de Mayo de 2015, hasta el d\u00eda en que se efect\u00fae el pago.
\ntercero: negar el pago por concepto de perjuicios morales, por las consideraciones previstas en la parte considerativa de este fallo.
\ncuarto: declarar no probadas las excepciones denominadas: falta de legitimacion por pasiva, ausencia de solidaridad de mi mandante con el otro integrante de la demanda; ausencia de responsabilidad del demandado juan david rojas sanclemente, excepcion generica; ausencia de responsabilidad de mi mandante, por las razones expuestas en la parte considerativa de este fallo.
\nquinto: condenese en costas a la parte demandada. Liqu\u00eddense por secretar\u00eda.
\nsexto: fijense como agencias en derecho, a favor de la parte demandante, y a cargo de la demandada, la suma de: seiscientos cincuenta y dos mil pesos ($652.000.oo) m\/cte, que ser\u00e1n incluidas en la respectiva liquidaci\u00f3n de costas (Art\u00edculo 366 numeral 2 del C.G.P.)\u00bb (fl. 3, C.D. C. Corte). <\/p>\n

b) Fallo dictado el 8 de noviembre del a\u00f1o pr\u00f3ximo pasado, por el despacho del circuito convocado, que decidi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia (fl. 3 Ibidem). <\/p>\n

4. En cuanto concierne con la disconformidad planteada contra la sentencia de 8 de noviembre de 2017, en la que el ad-quem convocado resolvi\u00f3 confirmar el fallo de 2 de marzo de 2017, dictado por el despacho municipal recriminado, cabe referir que no hay lugar a otorgar la protecci\u00f3n reclamada, dado que la c\u00e9lula judicial censurada no incurri\u00f3 en la anomal\u00eda enrostrada para que se imponga la perentoria salvaguardia deprecada. <\/p>\n

4.1. Lo anterior en vista que all\u00ed consider\u00f3, entre otras reflexiones, que \u00abse debe hacer un an\u00e1lisis del recaudo probatorio dentro del proceso. En primer t\u00e9rmino se observa el informe de tr\u00e1nsito, en el que se establece como observaciones \u201cNo respetar las se\u00f1ales de tr\u00e1nsito, el pare\u201d por parte del veh\u00edculo CQC321. Adem\u00e1s el interrogatorio de Linda Eva Guevara Morales, en el que hizo alusi\u00f3n a que para el momento del accidente el veh\u00edculo de los demandados no hizo el pare, siendo impactado a alta velocidad. Por el contrario Juan David Rojas dice que s\u00ed hizo el pare, que detuvo su veh\u00edculo completamente, y que fue Linda Eva la que lo atropell\u00f3, tesis que no alcanza acogida, por cuanto que el informe de tr\u00e1nsito, corrobora lo que afirma la demandante. Pese a que el conductor de CQC321 se\u00f1alara que efectivamente hizo el pare, esta aseveraci\u00f3n no fue debidamente probada, y se qued\u00f3 en meras afirmaciones. Situaci\u00f3n que lleva a colegir que a pesar de existencia de concurrencia de culpas, al estar realizando una actividad peligrosa, fue el demandado , seg\u00fan prueba documental, quien efectu\u00f3 su actividad con un grado adicional de culpa, al no haber efectuado un pare, y producir con ella la colisi\u00f3n de los veh\u00edculos, lo que cataloga su obrar como poco prudente, dicho hecho fue la causa eficiente de la colisi\u00f3n sin importan las conjeturas sobre el lugar del impacto del veh\u00edculo, hip\u00f3tesis nada m\u00e1s alejada de la realidad, pues se itera, la causa eficiente del accidente fue la falta de observancia a la se\u00f1al de pare, aspecto que qued\u00f3 plenamente demostrado\u00bb, por lo que concluy\u00f3 que \u00abla responsabilidad directa recae sobre el conductor Juan David Rojas Sanclemente, pues produjo de manera determinante la colisi\u00f3n de los veh\u00edculos, y como consecuencia produjo el hecho da\u00f1oso a la demandante quedan dicha responsabilidad plenamente demostrada\u00bb. <\/p>\n

Frente a la responsabilidad indirecta de la sociedad accionante, y en cuanto a la presunta existencia de un \u00abcontrato de comodato\u00bb entre esta y el se\u00f1or Juan David Rojas Sanclemente, manifest\u00f3 que \u00absi bien es cierto y como lo establece el recurrente, en el presente asunto no se demostr\u00f3 la relaci\u00f3n o dependencia entre el conductor del veh\u00edculo y la empresa propietaria del mismo, no puede perderse de vista que la sociedad propietaria del veh\u00edculo, en aras de enervar su responsabilidad solidaria, refiri\u00f3 la existencia de un contrato de comodato a favor del primero de ellos, afirmaci\u00f3n que se qued\u00f3 en el solo se\u00f1alamiento, y no prob\u00f3 nada. En ese sentido, el art\u00edculo 2356 del C.C., presume la culpa del autor del da\u00f1o, y presume responsabilidad indirecta entre el due\u00f1o del veh\u00edculo, sin embargo vale aclarar que pero dicha presunci\u00f3n admite prueba en contrario [\u2026]\u00bb, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abla titularidad del bien ocasionante del hecho da\u00f1oso, no genera per se la responsabilidad en cabeza de \u00e9l, sino lo que genera la responsabilidad es la condici\u00f3n de guardi\u00e1n o administrador del elemento productor del da\u00f1o [\u2026] es claro entonces que como quiera que la parte demandada, a pesar de se\u00f1alar que exist\u00eda un contrato de comodato, su dicho qued\u00f3 en simples conjeturas sin apoyo de alguna prueba que apoye o lleve al traste con la presunci\u00f3n de guardi\u00e1n de la cosa que se edifica sobre la propiedad del veh\u00edculo de la sociedad\u00bb, por lo tanto, \u00abcomo corolario, se acepta la responsabilidad de la sociedad, conllevando con ello que deba responder de manera solidaria por los perjuicios causados a la demandante como lo orden\u00f3 el juez civil municipal de Cali, por los razonamientos de esta instancia\u00bb. <\/p>\n

En cuanto a la cuant\u00eda a indemnizar, el despacho del circuito relev\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n del a-quo se encuentra ajustada, pues los recurrentes se\u00f1alan que la prueba documental aportada, no cumple con los requisitos procesales para su apreciaci\u00f3n, an\u00e1lisis totalmente irracional por los demandados, que demuestran un af\u00e1n desmedido por evadir la responsabilidad, debe se\u00f1alarse que los documentos si tienen el car\u00e1cter de prueba documental, con lo que se demuestra en primer lugar el pago por el que debi\u00f3 incurrir la parte actora por el transporte de suministrado a ella y a su hija, prueba que debi\u00f3 desvirtuar el demandado, pero no aduciendo la falta de requisitos legales el contrato de transporte, sino frente a la prestaci\u00f3n misma del servicio del transporte, es decir le correspond\u00eda probar que dicho transporte NO fue prestado, pues no se desnaturaliz\u00f3 la prestaci\u00f3n del servicio\u00bb, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abam\u00e9n de que dichas contingencias legales o fiscales no tienen por qu\u00e9 ser debatidas en este proceso, m\u00e1xime si la parte pasiva no aporta prueba alguna [\u2026] circunstancia que tampoco acredit\u00f3 la parte pasiva en debida forma, solamente se limit\u00f3 a se\u00f1alar que quien prest\u00f3 el servicio de transporte no estaba habilitada para hacerlo\u00bb. <\/p>\n

Alusivo a las pruebas documentales correspondientes a las facturas de venta por \u00abarreglo y reparaci\u00f3n del veh\u00edculo\u00bb de la demandante, adujo que \u00abigual suerte corren las dem\u00e1s pruebas documentales relativas al arreglo y reparaci\u00f3n del veh\u00edculo de la demandante, respecto de las cuales la demandada echa de menos que en la factura no se consigne la causa de reparaci\u00f3n, lo que demuestra que dicha reparaci\u00f3n sea consecuencia del accidente de tr\u00e1nsito de 2015; nada m\u00e1s equivocado, pues en ese sentido se debe preguntar que si en todas facturas de reparaciones de veh\u00edculos o cualquier bien, se debe consignar el motivo\u00bb. <\/p>\n

Y finalmente, relativo a las \u00abcertificaciones contractuales que aporta la demandante\u00bb, dijo que sobre las mismas \u00abimpera la presunci\u00f3n de autenticidad de conformidad con el art\u00edculo 244 del C.G.P., adem\u00e1s lo relativo a las copias, que se presumen aut\u00e9nticas de acuerdo al art\u00edculo 246 del C.G.P., pues mientras no hayan sido tachados de falso los documentos, o desvirtuados por la contraparte, son prueba id\u00f3nea\u00bb. <\/p>\n

4.2. Al abrigo de dichos argumentos y otros de similar perfil adopt\u00f3 la providencia objeto de censura. <\/p>\n

4.3. De lo anterior, se colige que los argumentos bajo los cuales la c\u00e9lula judicial enjuiciada sustent\u00f3 su decisi\u00f3n, se fundamentan en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial y procesal que rigen el asunto de marras, hermen\u00e9utica de la que concluy\u00f3 que se deb\u00eda confirmar la providencia que resolvi\u00f3 declarar civilmente responsables a los aqu\u00ed querellantes adem\u00e1s de condenarlos a pagar los da\u00f1os y perjuicios causados a la se\u00f1ora Linda Eva Guevara Morales, habida cuenta que, seg\u00fan anot\u00f3, se prob\u00f3 la \u00abresponsabilidad directa\u00bb en cabeza de Juan David Rojas Sanclemente, y la \u00abresponsabilidad indirecta\u00bb en la sociedad A&P Andina de Ingenier\u00eda & Proyectos LTDA.. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, y contrario a lo afirmado por los aqu\u00ed tutelistas, se observa que se tuvieron en cuenta las pruebas documentales allegadas, tales como recibos del taller donde se repar\u00f3 el veh\u00edculo de all\u00ed demandante, recibo por concepto de transporte de ella y su hija, y certificaciones de la prestaci\u00f3n de servicios de transporte que la se\u00f1ora Guevara Morales presta tanto a la empresa de estructuras met\u00e1licas como a la de alimentos; acreditaciones que el Juez apreci\u00f3 de forma individual y en conjunto, d\u00e1ndole un valor probatorio a cada una, de acuerdo con las normas procesales civiles que rigen el asunto. <\/p>\n

Con todo, se advierte que no se puede afirmar, tal como lo hacen los querellantes, que \u00abla se\u00f1ora jueza de segunda instancia dict\u00f3 una condena sin tener en cuenta las pruebas obrantes en el proceso\u00bb, pues, seg\u00fan se demostr\u00f3, se procuraron aportar las acreditaciones en aras de demostrar los perjuicios que fueron ocasionados, as\u00ed pues, se observa que el art\u00edculo 243 del C\u00f3digo General del Proceso, previ\u00f3 las distintas clases de documentos, estableciendo que \u00abson documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotograf\u00edas, cintas cinematogr\u00e1ficas, discos, grabaciones magnetof\u00f3nicas, videograbaciones, radiograf\u00edas, talones, contrase\u00f1as, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga car\u00e1cter representativo o declarativo, y las inscripciones en l\u00e1pidas, monumentos, edificios o similares\u00bb, adem\u00e1s, de conformidad con el canon 245 ejusdem, los mismos se pueden aportar \u00abal proceso en original o en copia\u00bb, y, con base en el precepto 246, \u00ablas copias tendr\u00e1n el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposici\u00f3n legal sea necesaria la presentaci\u00f3n del original o de una determinada copia\u00bb. <\/p>\n

De acuerdo a lo anterior, se observa que en el caso sub judice, la parte demandante se ocup\u00f3 allegar las demostraciones tendientes a probar la responsabilidad frente al pago de los da\u00f1os y perjuicios por parte de los aqu\u00ed querellantes, y la jueza, siguiendo lo dispuesto en el canon 176 de la norma en comento, que dice \u00ablas pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondr\u00e1 siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u00bb, concluy\u00f3 que los accionantes eran responsables civilmente de los da\u00f1os ocasionados a la se\u00f1ora Linda Eva en el accidente de tr\u00e1nsito de 2015, habida cuenta que el extremo pasivo, no aport\u00f3 prueba en aras de desacreditar lo que con los aludidos documentos, pretendi\u00f3 probar. <\/p>\n

5. Corolario de lo anotado, no puede prosperar la petici\u00f3n de amparo, en tanto que, de la transcripci\u00f3n enantes vista, independientemente que la Corte la proh\u00edje en su totalidad por no ser este el escenario id\u00f3neo para lo propio, dimana que la exposici\u00f3n de los motivos decisorios al efecto manifestados se guarecen en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el litigio planteado. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC 7 Mar. 2008, rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 Mar. 2012, rad. 00022-01). <\/p>\n

Sea del caso destacar que, el juez constitucional s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, lo cual no ocurri\u00f3 en el caso que nos ocupa y, es que en \u00abmateria de pruebas\u00bb esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que: <\/p>\n

[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n"\u00bb (CSJ STC, 5 Jul. 2012, Rad. 01339-00, reiterado, entre otros, el 2 Oct. 2013, Rad. 01449-01, 2 Abr. 2014, rad. 00606-00 y 7 Oct. 2015, rad. 2336-00). <\/p>\n

6. En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC2823-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2018-00015-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 30 de enero de 2018, mediante la cual la Sala Civil del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101810","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101810","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101810"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101810\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101810"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101810"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101810"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}