{"id":101811,"date":"2026-07-01T18:57:37","date_gmt":"2026-07-01T18:57:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101811"},"modified":"2026-07-01T18:57:37","modified_gmt":"2026-07-01T18:57:37","slug":"stc2824-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2824-2018\/","title":{"rendered":"STC2824-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2824-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-00446-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la tutela promovida por Germ\u00e1n Alberto Estupi\u00f1\u00e1n Aparicio frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta; extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, por el juicio adelantado contra el aqu\u00ed petente por los delitos de \u201cconcierto para delinquir en concurso heterog\u00e9neo con homicidio consumado, en concurso homog\u00e9neo, tentativa de homicidio, agravadas las conductas contra la vida de conformidad con los numerales 6, 7 y 8 del art. 104 del C.P.\u201d. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El quejoso requiere la protecci\u00f3n de los derechos a la dignidad humana y libertad, presuntamente violados por los accionados. <\/p>\n

Germ\u00e1n Alberto Estupi\u00f1\u00e1n Aparicio comenta como apoyo de este amparo, en concreto, que los hechos origen de la comentada causa ocurrieron el 17 de julio de 1999, cuando \u201cun grupo de uniformados que se identificaron como autodefensas\u201d ingres\u00f3 al \u00e1rea urbana del municipio de Tib\u00fa, Norte de Santander, y asesin\u00f3 a siete (7) personas, tras ser se\u00f1aladas de \u201cauxiliadores de la guerrilla\u201d. <\/p>\n

Por lo anterior, se inici\u00f3 el respectivo proceso donde compareci\u00f3 un declarante, quien adem\u00e1s de proclamarse v\u00edctima de esos sucesos, identific\u00f3 al tutelante como uno de los autores de ese crimen. <\/p>\n

Agrega que por las mismas circunstancias, \u201cIsa\u00edas Montes Hern\u00e1ndez\u201d rindi\u00f3 versi\u00f3n libre ante la jurisdicci\u00f3n de justicia y paz, momento en el cual tal sujeto \u201c(\u2026) dej\u00f3 en (\u2026) [claro] (\u2026) qui\u00e9nes fueron los miembros del grupo ilegal AUC (\u2026)\u201d perpetradores de los se\u00f1alados punibles. <\/p>\n

Afirma que en esa audiencia se hallaba su hija, \u201c(\u2026) quien pregunt\u00f3 al se\u00f1or Isa\u00edas Montes, con el debido permiso de la (\u2026) magistrada[,] (\u2026)\u201d sobre la participaci\u00f3n de su padre, accionante en este decurso, en los nefastos acontecimientos registrados el 17 de julio de 1999 en Tib\u00fa, respondiendo el prenombrado: \u201cjam\u00e1s lo conoc\u00ed ni adentro ni afuera de la c\u00e1rcel (\u2026) no lo estoy encubriendo no hizo parte del grupo (sic)\u201d. <\/p>\n

Afincando en lo precedente, asegura que el colegiado le quebrant\u00f3 garant\u00edas fundamentales al condenarlo con base en un testigo \u201c(\u2026) que actu\u00f3 (\u2026) de mala fe, en represalia\u201d por cuanto el petente de este ruego lo denunci\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n

3. Pide proteger sus garant\u00edas iusfundamentales. <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n

El ad quem realiz\u00f3 un recuento de su gesti\u00f3n y asever\u00f3 no haberle quebrantado prerrogativa alguna al promotor. <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal se opuso al \u00e9xito de la tutela por incumplir el presupuesto de interposici\u00f3n oportuna y porque lo perseguido por su impulsor es reabrir un debate ya finiquitado en instancia. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Germ\u00e1n Alberto Estupi\u00f1\u00e1n Aparicio est\u00e1 en desacuerdo con el fallo condenatorio expedido en su contra el 29 de junio de 2008, por la Sala Penal del Tribunal de C\u00facuta; siendo esa sentencia recurrida mediante casaci\u00f3n; sin embargo, el libelo contentivo de su fundamentaci\u00f3n se inadmiti\u00f3 el 31 de marzo de 2008, determinaci\u00f3n atacada a trav\u00e9s del \u201crecurso de reposici\u00f3n o, en su lugar, s\u00faplica\u201d, impugnaciones rechazadas el 15 de mayo posterior. <\/p>\n

2. Sin dificultad se advierte el fracaso de la salvaguarda, por cuanto fue incoada tard\u00edamente el 5 de febrero de 2018, esto es, luego de transcurridos m\u00e1s de nueve (9) a\u00f1os de proferido el \u00faltimo de los referidos pronunciamientos, t\u00e9rmino que supera ampliamente el estimado por esta Sala como tempestivo para hacer uso de la actual herramienta. <\/p>\n

En no pocas ocasiones, la Corporaci\u00f3n ha adoctrinado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d1. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, si el interesado se demor\u00f3 para formular este auxilio, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta ileg\u00edtima atribuible a los funcionarios querellados y con repercusi\u00f3n directa en garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n

3. Si se dejara de lado la comentada exigencia, el ruego tampoco saldr\u00eda avante por incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, pues el gestor no hizo uso id\u00f3neo del recurso de casaci\u00f3n, por cuanto los yerros de la demanda presentada para el efecto, generaron, como ya se advirti\u00f3, su inadmisi\u00f3n el 31 de marzo de 2008. <\/p>\n

Respecto del anotado requisito, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u2018judicial\u2019 de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d2. <\/p>\n

4. El car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n impone al libelista cumplir los requisitos de fondo y de forma consagrados por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es herramienta para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n

Lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de prerrogativas irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial. <\/p>\n

5. Al margen de lo discurrido, refuerza el fracaso de este auxilio que en la determinaci\u00f3n adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal se descart\u00f3 el menoscabo de las \u201cgarant\u00edas fundamentales\u201d del aqu\u00ed tutelante con el adelantamiento de la memorada causa criminal. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, no hay lugar a la injerencia de esta particular jurisdicci\u00f3n, pues la misma se halla reservada exclusivamente para casos de evidente arbitrariedad con directa repercusi\u00f3n en postulados iusfundamentales que no lo es, seg\u00fan se rese\u00f1\u00f3, el comentado. <\/p>\n

6. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma como tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

As\u00ed como por la regla 93 ej\u00fasdem, al estipular: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

7. Corolario de lo narrado, no se acceder\u00e1 a la salvaguarda deprecada. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Germ\u00e1n Alberto Estupi\u00f1\u00e1n Aparicio frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta; extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, por el juicio adelantado contra el aqu\u00ed petente por los delitos de \u201cconcierto para delinquir en concurso heterog\u00e9neo con homicidio consumado, en concurso homog\u00e9neo, tentativa de homicidio, agravadas las conductas contra la vida de conformidad con los numerales 6, 7 y 8 del art. 104 del C.P.\u201d. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nAusencia justificada <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito discrepar de los motivos en los que se\u00b7 sustent\u00f3 la decisi\u00f3n que se adopt\u00f3 en el tr\u00e1mite de la referencia, aunque estoy de acuerdo en que el asunto que se dej\u00f3 a la consideraci\u00f3n de esta sede no ameritaba la intervenci\u00f3n del juez constitucional por cuanto la acci\u00f3n no cumpli\u00f3 con el requisito de inmediatez y no se violaron los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n

1. Sostuvo la Sala para denegar la prosperidad del amparo que adem\u00e1s de su tard\u00eda formulaci\u00f3n, el ciudadano no hizo uso id\u00f3neo del medio de defensa judicial establecido en el ordenamiento jur\u00eddico para controvertir la providencia que consideraba transgresora de sus prerrogativas constitucionales, y todo porque si bien interpuso en su contra el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, "los yerros de la demanda presentada para el efecto, generaron, como ya se advirti\u00f3, su inadmisi\u00f3n el 31 de marzo de 2008". <\/p>\n

Tal postura no solo desconoce la claridad del precepto sobre las causales de improcedencia de la acci\u00f3n de tutela (art. 6\u00b0 Dcto. 2591\/91), sino que resta todo valor al papel del juzgador de la sede extraordinaria de casaci\u00f3n como garante del derecho objetivo involucrado en el conflicto sometido a su consideraci\u00f3n, y como protector de las garant\u00edas superiores de los sujetos procesales. <\/p>\n

En efecto, en relaci\u00f3n con los recursos o medios de defensa judiciales, la disposici\u00f3n precitada estatuye que el amparo no procede si el tutelante cuenta con tales instrumentos y estos son eficaces para la salvaguarda de sus derechos fundamentales salvo que utilice el mecanismo constitucional como transitorio para evitar que se ocasione un perjuicio de car\u00e1cter irremediable (numeral 1 \u00ba), pero en ninguna parte de esa regla na en ninguna otra norma, se hace alusi\u00f3n a que la indicada causal de improcedencia del amparo se extiende a los eventos en que el accionante ejerce su defensa a trav\u00e9s del medio judicial com\u00fan, pero este es denegado por la autoridad judicial correspondiente. <\/p>\n

Exigir, entonces, al promotor de la queja constitucional que, a fin de no considerarse improcedente aquella, adem\u00e1s de recurrir la decisi\u00f3n que pretende cuestionar por v\u00eda de tutela, debe lograr que su reproche resulte exitoso o sea admitido por la autoridad judicial correspondiente, configura un exceso ritual manifiesto que es inadmisible en una herramienta\tcomo la tutela, la cual propende por la protecci\u00f3n efectiva de los derechos fundamentales de las personas. <\/p>\n

En ese orden, estimar incumplida la exigencia de residualidad del tr\u00e1mite constitucional de amparo porque el tutelante no present\u00f3 una sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n que satisficiera par\u00e1metros de "rigor t\u00e9cnico" que algunos estiman aplicables a la impugnaci\u00f3n extraordinaria o "requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida", constituye un exceso que desconoce el n\u00facleo esencial del principio de subsidiariedad que gobierna la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

2. De otra parte, las afirmaciones de la Sala en torno del comentado recurso extraordinario, en particular en cuanto tiene que ver con el rigor t\u00e9cnico de los cargos, no se avienen a la funci\u00f3n que dicho medio defensivo cumple en el ordenamiento jur\u00eddico vigente, ni a los fines que lo orientan, pues aunque se le conoce por ser extraordinario y limitado, tales circunstancias no le impiden a la Corte hacer uso de las facultades que la ley le otorga para garantizar la igualdad de los sujetos procesales y la realizaci\u00f3n efectiva del derecho sustancial. <\/p>\n

El proceso penal se caracteriza por una importante intervenci\u00f3n del juez como garante de los derechos de los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia, perspectiva que no es ajena a la impugnaci\u00f3n extraordinaria, la cual, adem\u00e1s del de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, tiene asignados los fines de \u201cefectividad del derecho material y de las garant\u00edas debidas a las personas que intervienen en la actuaci\u00f3n penal\u201d y \u201cla reparaci\u00f3n de los agravios inferidos a las partes con la sentencia demandada\u201d (art. 206 Ley 600\/00). <\/p>\n

Precisamente, en cumplimiento de esos fines la Corte tiene asignadas las facultades especiales\u00b7 de declarar de oficio "la causal prevista en el numeral tercero del articulo220"6 y de "casar la sentencia cuando sea ostensible que la misma atenta contra las garant\u00edas fundamentales" (art. 216 ejusdem), de modo que le est\u00e1 permitido superar las falencias t\u00e9cnicas en que pueda incurrir el censor en la formulaci\u00f3n de su libelo, como, en mi opini\u00f3n, tambi\u00e9n ocurre en el recurso de casaci\u00f3n dentro de la especialidad civil. <\/p>\n

3. Por \u00faltimo, en lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. <\/p>\n

Particularmente, en los basas en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa\tla queja constitucional, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho \tinterno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos que permita concluir que las disposiciones de la \u00faltima han sido quebrantadas, pues all\u00ed si se habilita el ejercicio del aludido control. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagradas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas, ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

Dicho an\u00e1lisis de consonancia que plantea el ponente en los asuntos de tutela entre las acciones u omisiones del accionado y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, no se inscribe, en todo caso, en una categor\u00eda superior al examen de constitucionalidad difuso que realiza el juzgador en la indicada acci\u00f3n, sino que queda subsumido dentro de \u00e9ste. <\/p>\n

La raz\u00f3n de lo anterior reside en que, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional7, los tratados internacionales de derechos humanos que, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 93 de la Carta Magna prevalecen en el orden interno, no tienen mayor jerarqu\u00eda normativa que el texto superior en virtud del principio de supremac\u00eda constitucional consagrado en el art\u00edculo 4\u00ba ib\u00eddem, conforme al cual "La Constituci\u00f3n es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales". <\/p>\n

De ah\u00ed que la Corte Constitucional haya sostenido que la violaci\u00f3n de normas que integran el bloque de constitucionalidad, como lo son los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, \u00abse resuelve en \u00faltimas en una violaci\u00f3n del Estatuto Superior\u00bb (CC, C-578-1995), y que las disposiciones de la citada Convenci\u00f3n Americana no se aplican de manera directa en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, pues \u00abla integraci\u00f3n normativa debe partir de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica, teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica de la Carta Pol\u00edtica en su conjunto\u00bb (CC, C-028-2006, C-355-20(?6 y C-488-2009). <\/p>\n

Adicionalmente y en cuanto al efecto vinculante de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se\u00f1al\u00f3 que \u00abs\u00f3lo obligan al Estado colombiano cuando \u00e9ste ha sido parte en el respectivo proceso\u00bb, en tanto fuera de esos puntuales casos, la jurisprudencia de ese \u00f3rgano cumple el papel de \u00abun criterio hermen\u00e9utico relevante que deber\u00e1 ser considerado en cada caso\u00bb, el cual tambi\u00e9n debe ser objeto de armonizaci\u00f3n con el precedente constitucional vinculante (CC, C-500-2014). <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala al hacer cualquier tipo de pronunciamiento sobre el control de convencionalidad en lugar de insertar en las decisiones de tutela afirmaciones gen\u00e9ricas en torno a ese concepto, que lo \u00fanico que revelan es la ausencia de un estudio serio, riguroso y detallado sobre la aplicabilidad del mismo, su alcance e implicaciones. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado
\n1 \tCSJ STC de \t2 de agosto de 2007, exp. 2007-00188-01; reiterada, entre otros \tpronunciamientos, 16 de mayo de 2013, exp. 00103-01.
\n2 \tCSJ \tSTC \t26 de enero de 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de \t2012, exp. 00616-00.
\n3 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tLa citada causal alude al evento en que "despu\u00e9s de \tla sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan \tpruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la \tinocencia del condenado, o su inimputabilidad".
\n7 \tSentencias C-225-1995, C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009 entre \totras.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC2824-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-00446-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la tutela promovida por Germ\u00e1n Alberto Estupi\u00f1\u00e1n Aparicio frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta; extensiva a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101811","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101811","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101811"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101811\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101811"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101811"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101811"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}