{"id":101812,"date":"2026-07-01T18:57:41","date_gmt":"2026-07-01T18:57:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101812"},"modified":"2026-07-01T18:57:41","modified_gmt":"2026-07-01T18:57:41","slug":"stc2825-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2825-2018\/","title":{"rendered":"STC2825-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2018-00001-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 22 de enero de 2018, mediante la cual la Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Ludovina Arroyo Mart\u00ednez contra el Juzgado Once Civil del Circuito Oral de esa urbe, Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de esa ciudad, Inspecci\u00f3n Primera de Reacci\u00f3n Inmediata de la Polic\u00eda de Barranquilla y la Alcald\u00eda Local Suroccidente de esa municipalidad, vincul\u00e1ndose a Nicol\u00e1s Smaira Elfih, Jos\u00e9 Guillen Rosales y a los herederos determinados e indeterminados de Orlando Rafael Mel\u00e9ndez Torres. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderado judicial, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y propiedad, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas, dentro del juicio ejecutivo adelantado por Nicol\u00e1s Michel Smaira Elfih contra Orlando Rafael Mel\u00e9ndez Arroyo (Q.E.P.D) y herederos determinados e indeterminados del mismo (rad. 2015-00245). <\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Que dentro del juicio de marras, el Juzgado Once Civil del Circuito Oral convocado, \u00abdecret\u00f3 el secuestro del bien inmueble materia de persecuci\u00f3n\u00bb, y design\u00f3 \u00abcomo secuestre a la se\u00f1ora Martha Cecilia Navarro Sibaja\u00bb, quien debido a su inasistencia a la diligencia, fue removida del cargo por la Inspecci\u00f3n Primera de Reacci\u00f3n Inmediata de Polic\u00eda Urbana de Barranquilla -comisionado-, en cuyo reemplazo design\u00f3 al se\u00f1or Jos\u00e9 Guillen Rosales. <\/p>\n

2.2. Manifest\u00f3 que existen vicios en cuanto a la designaci\u00f3n del secuestre, toda vez que en su sentir no se verific\u00f3 la existencia de una p\u00f3liza de una compa\u00f1\u00eda de seguros, ni se constat\u00f3 su inscripci\u00f3n como secuestre en la lista de auxiliares de la justicia del Consejo Seccional de la Judicatura, adicionalmente dijo que \u00abal examinarse dicha lista en los a\u00f1os 2015 y 2016 se pudo constatar que el citado se\u00f1or, no aparece como perito secuestre\u00bb. <\/p>\n

2.3. En ese sentido, expresa que en la diligencia de secuestro se obtuvo prueba con violaci\u00f3n al debido proceso, vulner\u00e1ndose as\u00ed sus derechos, toda vez que es propietaria del bien antes mencionado, en calidad de heredera del se\u00f1or Orlando Rafael Mel\u00e9ndez Torres, quien fuera su c\u00f3nyuge. <\/p>\n

2.4. Asever\u00f3 que, luego de surtidas las etapas procesales, el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla, conoci\u00f3 del proceso el d\u00eda 20 de junio de 2016, llevando a cabo la diligencia de remate del bien inmueble en cuesti\u00f3n de fecha del 16 de noviembre del mismo a\u00f1o, posteriormente, dispuso su entrega para lo cual aprob\u00f3 el remate y adjudicaci\u00f3n al se\u00f1or Nicol\u00e1s Michel Smaira Elfih. Finalmente, comision\u00f3 a trav\u00e9s de despacho comisorio para llevar a t\u00e9rmino la entrega el d\u00eda 15 de enero de 2018. <\/p>\n

3. Pidi\u00f3, en consecuencia, que como mecanismo transitorio, se \u00abdeclare la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de fecha 18 de febrero de 2016, proferido por el Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla\u00bb (fls. 1-14 C. 1). <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS. <\/p>\n

El Juzgado Once Civil del Circuito convocado, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas dentro del sub judice, y manifest\u00f3 que la accionante, en tres ocasiones anteriores ya hab\u00eda interpuesto acciones de la misma naturaleza por los mismos hechos, por lo que \u00abest\u00e1 plenamente demostrado en exceso la temeridad de los mismos accionantes provocando con ello un desgaste judicial\u00bb (fls. 305 y 306 Ibidem). <\/p>\n

El despacho Segundo de Ejecuci\u00f3n acusado, resumi\u00f3 la actuaci\u00f3n adelantada y se\u00f1al\u00f3, que \u00abel pasado 11 de enero fue allegada al proceso una solicitud de nulidad proveniente de la accionante, sustentada en similares argumentos, de la cual se encuentra pendiente el pronunciamiento del despacho\u00bb, a\u00f1adi\u00f3 que la accionante ya ha interpuesto varias acciones de amparo anteriormente, siendo todas ellas despachas de forma desfavorable (fls. 307 y 308 Idem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal a-quo, resolvi\u00f3 negar el amparo, al considerar que \u00abal revisar la actuaci\u00f3n se tiene que la providencia que cuestiona la accionante respecto al decreto del secuestro data del 16 de febrero de 2016, lo que en principio no se atender\u00eda una de los presupuestos gen\u00e9ricos que la jurisprudencia ha edificado en torno al ejercicio de la tutela contra providencia judicial, cual es, la inmediatez\u00bb, agreg\u00f3 que \u00aben segundo lugar, la revisi\u00f3n del expediente del proceso ejecutivo arroj\u00f3 que de manera concomitante la promotora acude a la tutela cuando para el 11 de enero de 2017 igualmente radica escrito de nulidad ante el Juzgado de Ejecuci\u00f3n revelando los mismos puntos de inconformidad planteados en este escenario Constitucional, lo que de manera insalvable torna improcedente la rogada protecci\u00f3n Superior, pues, la accionante deber\u00e1 estarse a la espera de un pronunciamiento de la autoridad que funge como Juez Natural, en defensa del principio de la seguridad jur\u00eddica de las partes enfrentadas en la contienda ejecutiva\u00bb (fls. 318-325 Ibid.). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 la accionante, a trav\u00e9s de apoderado, alegando que \u00aben el fallo de tutela, pas\u00f3 por alto el Honorable tribunal que la tutela fue interpuesta como mecanismo transitorio, por cuanto los otros mecanismos judicial no son tan eficaz como la tutela y que, con ello se busca evitar un perjuicio irremediable, frente al desalojo que se avecinaba de la accionante en su predio, lo cual hace necesario y urgente que la jurisdicci\u00f3n constitucional neutralice el real perjuicio injusto irremediable, que demanda con urgencia esta tutela y se contrarreste el inminente detrimento grave contra el patrimonio que afecta a mi mandante, con el desposo de su predio, por las arbitrariedades, abuso de autoridad y v\u00edas de hechos cometidas por se\u00f1or inspector primera de reacci\u00f3n inmediata de polic\u00eda urbana de barranquilla y el se\u00f1or jose guillen rosales, quien actuaba como presunto secuestre del bien de la accionante, sin tener dicha calidad de secuestre\u00bb (fls. 351-357 Ib.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2. En el presente caso, pretende la gestora se deje sin valor ni efecto el auto de 18 de febrero de 2016, que orden\u00f3 el secuestro del inmueble objeto de cautela dentro del sub examine, as\u00ed como las dem\u00e1s providencias que se desprendan de este, al considerar que los tutelados incurrieron en \u00abdefecto sustantivo\u00bb. <\/p>\n

3. De las acreditaciones allegadas, observa la Corte lo siguiente: <\/p>\n

a) Auto de 18 de febrero de 2016, por medio del cual el Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla, resolvi\u00f3 \u00abord\u00e9nase el secuestro del inmueble ubicado en la carrera 72 No. 23C-15 de la ciudad de Barranquilla, identificado con la Matr\u00edcula inmobiliaria Nos. 040-43652 de propiedad de los demandados. Para la pr\u00e1ctica de esta diligencia se comisiona al se\u00f1or Inspector General de la Polic\u00eda Distrital de Barranquilla, en cuya jurisdicci\u00f3n de encuentre ubicado el inmueble a quien se le librar\u00e1 el despacho comisorio con los insertos del caso, quien queda con las mismas facultades del comitente, sin facultades de reemplazar o relevar al secuestre aqu\u00ed designado. N\u00f3mbrese como secuestre a MARTHA CECILIA NAVARRO SIBAJ [\u2026]\u00bb (fl. 111 C.1). <\/p>\n

b) Memorial radicado el 11 de enero de este a\u00f1o, por parte del apoderado de la aqu\u00ed accionante, en que solicit\u00f3 al despacho segundo de ejecuci\u00f3n recriminado \u00abdecrete la nulidad a partir del auto de fecha 18 de febrero de 2016, mediante el cual el Juzgado Once Civil del Circuito Oral de Barranquilla, orden\u00f3 el secuestro del bien inmueble materia de persecuci\u00f3n, y se designe un secuestre de la lista de auxiliar de la justicia con [e]l lleno de los requisitos de ley, inclusive que tenga activa la p\u00f3liza de compa\u00f1\u00eda de seguros\u00bb (fls. 4-13 C. Corte). <\/p>\n

4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, advierte la Sala que en el presente caso la protecci\u00f3n invocada resulta prematura, en la medida que, de las afirmaciones de la accionante, las respuestas de los tutelados y de las copias aportadas a esta acci\u00f3n de amparo, se observa que la petici\u00f3n elevada al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n recriminado de que \u00abdecrete la nulidad a partir del auto de fecha 18 de febrero de 2016\u00bb, se encuentra pendiente de ser resuelta por el accionado, por lo tanto, dentro de este tr\u00e1mite no se acredit\u00f3 que a la fecha se haya adoptado una decisi\u00f3n definitiva, sin que sea dable suponer o inferir la forma en que la autoridad lo resolver\u00e1. <\/p>\n

Por tanto, el reclamante no puede aspirar a que el fallador constitucional se pronuncie sobre un t\u00f3pico que le corresponde decidir al juez natural, por cuanto, de admitirse, implicar\u00eda reemplazar los instrumentos ordinarios a trav\u00e9s de los cuales se puede buscar la protecci\u00f3n de tales prerrogativas dentro de la causa. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con el tema esta Corporaci\u00f3n expuso que: <\/p>\n

[L]a acci\u00f3n de amparo no se instituy\u00f3 con el prop\u00f3sito de reemplazar los procesos ordinarios o especiales que llevan impl\u00edcitos medios de defensa para la salvaguarda de los caros intereses superiores, por cuanto esas herramientas fueron las dise\u00f1adas por el legislador para que de ellas hicieran uso los sujetos procesales dentro de cada asunto en particular; as\u00ed que si el accionante puso en marcha siquiera una sola de \u00e9stas, le est\u00e1 vedado formular de manera concomitante la presente v\u00eda, porque con ello estar\u00eda pretendiendo sustituir al juez natural por el constitucional, siendo que \u00e9ste nunca se cre\u00f3 con ese objetivo; tal circunstancia lo que pone en evidencia es un comportamiento presuroso, pues es el funcionario que conoce del asunto quien ostenta la potestad, bajo los postulados de la independencia, desconcentraci\u00f3n y autonom\u00eda, para resolver el conflicto de intereses que se le someti\u00f3 a su composici\u00f3n (CSJ STC 10 ago. 2009 rad. 00189-01, reiterada en STC 29 ago. 2011, rad, 00982-01 y 25 may. 2012 rad. 00134-01). <\/p>\n

En el asunto que a la hora de la presentaci\u00f3n del libelo tutelar [\u2026] se encontraba en tr\u00e1mite, habida cuenta de la interposici\u00f3n del medio impugnativo de [\u2026] formulado [\u2026], circunstancia por la cual no resulta de recibo que los querellantes, en apresurado actuar, hayan instaurado la presente acci\u00f3n sin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador [natural], desatendi\u00e9ndola de antemano, am\u00e9n de soslayar el car\u00e1cter residual y subsidiario que la presente v\u00eda alberga, esto por un lado; y, por otro, en virtud de que el [togado correspondiente] es quien est\u00e1 encargado de revisar lo concerniente al tema aqu\u00ed planteado, conforme as\u00ed lo determinan las reglas de competencia, <\/p>\n

Luego, resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que ata\u00f1e resolver al funcionario competente, am\u00e9n que, it\u00e9rase, la acci\u00f3n de tutela no fue concebida como un escenario paralelo a las actuaciones judiciales, dado su apuntado car\u00e1cter y, mucho menos, fue prevista como una tercera instancia mediante la cual se pueda, sin que medien razones para as\u00ed proceder, antelar y suplantar las decisiones que han de emerger, como no, dentro de cada litigio, y por intermedio del funcionario judicial que est\u00e1 investido legalmente para lo propio (CSJ STC 1 feb,. 2011 rad. 2010-00958-01, reiterada entre otras en STC 20 ene. 2012 rad. 00375-01 y 23 oct. 2013 rad. 00263-01). <\/p>\n

5. Finalmente, frente a lo referido en el escrito de impugnaci\u00f3n, que hace referencia a que el Tribunal no se pronunci\u00f3 frente a \u00abla acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio\u00bb, lo que podr\u00eda llegar a generar un \u00abperjuicio irremediable\u00bb, cabe precisar que no se alleg\u00f3 elemento de juicio alguno para probar un supuesto \u00abperjuicio irremediable\u00bb, sin que sea suficiente para ello la mera manifestaci\u00f3n de su existencia, pues s\u00f3lo se aport\u00f3 copias del proceso ejecutivo sub examine. <\/p>\n

Sobre el tema, la jurisprudencia de la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n

[N]o se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional (CSJ STC 11 may. 2010, Rad. 00249-01 reiterada en STC10782-2014). <\/p>\n

6. De conformidad con lo discurrido, se reafirmar\u00e1 la decisi\u00f3n materia de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2018-00001-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 22 de enero de 2018, mediante la cual la Sala Civil- Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101812","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101812","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101812"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101812\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101812"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101812"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101812"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}