{"id":101814,"date":"2026-07-01T18:57:53","date_gmt":"2026-07-01T18:57:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101814"},"modified":"2026-07-01T18:57:53","modified_gmt":"2026-07-01T18:57:53","slug":"stc2827-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2827-2018\/","title":{"rendered":"STC2827-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2827-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-00395-00 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la tutela promovida por La Palma Argentina y C\u00eda. S.A.S. frente a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por los magistrados Jorge Hern\u00e1n Vargas Rinc\u00f3n, \u00d3scar Humberto Ram\u00edrez Cardona y Jorge Eli\u00e9cer Moya Vargas, con ocasi\u00f3n del juicio de restituci\u00f3n de tierras promovido por la UAEGRTD, a nombre de Mar\u00eda Gilma \u00c1lvarez Restrepo, respecto de la aqu\u00ed gestora. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La promotora pide la salvaguarda de, entre otros, el derecho al debido proceso, presuntamente lesionado por la autoridad atacada. <\/p>\n

2. En sustento de su inconformidad acota, en concreto, que en el asunto materia de esta salvaguarda, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en fallo de 29 de septiembre de 2017, accedi\u00f3 a la restituci\u00f3n de los fundos rurales \u201cEl Array\u00e1n\u201d, \u201cFlorida Lote 1\u201d y \u201cFlorida Lote 2\u201d, los cuales actualmente \u201c(\u2026) se encuentran englobados en el de mayor extensi\u00f3n \u201cEl Remolino\u201d (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Asegura que en ese prove\u00eddo se omiti\u00f3 \u201cvalorar las pruebas\u201d favorables a sus intereses, pues los magistrados integrantes de la sala reprochada \u201c(\u2026) simplemente creyeron sin ning\u00fan an\u00e1lisis serio las afirmaciones de la solicitante y sus testigos (\u2026)\u201d, desconociendo que, en opini\u00f3n de la tutelante, las pretensiones de la all\u00e1 gestora <\/p>\n

\u201c(\u2026) y los hechos en que est\u00e1n sustentadas no corresponden a la realidad, por cuanto la se\u00f1ora Mar\u00eda Gilma \u00c1lvarez Restrepo no es v\u00edctima de la violencia y el abandono suyo, de su esposo y familia de los predios objeto del proceso no obedeci[\u00f3] a desalojo forzado, ni a intimidaci\u00f3n, ni amenazas de ninguna naturaleza de grupos al margen de la ley, sino por el contrario (\u2026) a su propia voluntad, descuido, negligencia y desinter\u00e9s para esa \u00e9poca en lo referente a la propiedad, posesi\u00f3n y usufructo de los predios (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. Implora amparar las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n

Remiti\u00f3 copia de la providencia confutada. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La naturaleza especial de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n prevista en la Ley 1448 de 20111, est\u00e1 mediada por la necesidad de garantizar la eficacia del derecho a la reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas, disponiendo de un procedimiento diferenciado y con efectos sustantivos no asimilables a la legislaci\u00f3n ordinaria, puesto que quiebra, al menos, temporalmente, algunos de estos principios, por virtud de la justicia transicional. <\/p>\n

Por tal raz\u00f3n, las reglas para la restituci\u00f3n de inmuebles apuntan a proteger al despojado o desplazado, fijando hip\u00f3tesis sobre la ausencia de consentimiento o causa l\u00edcita, marcando derroteros de inversi\u00f3n de la carga de la prueba, dando preferencia a los intereses de las v\u00edctimas frente a otro tipo de sujetos, optando por el establecimiento de restricciones a las operaciones que puedan realizarse sobre los fundos comprometidos en la restituci\u00f3n; imponiendo la obligaci\u00f3n de probar la buena fe exenta de culpa a los terceros opositores, al punto de valerse de un r\u00e9gimen extenso y severo de presunciones de despojo a favor del solicitante, en relaci\u00f3n con los predios inscritos en el registro de tierras despojadas. En fin, se trata de un cat\u00e1logo de principios y de derechos, recalcados en el art\u00edculo 73 de la novedosa Ley, y en otros preceptos de similar linaje en esa normativa. <\/p>\n

2. Las complejidades de las din\u00e1micas agrarias, entremezcladas con la violencia b\u00e9lica colombiana, crearon eventualidades en donde diversos actores, ya sean armados o no, con distintos intereses, confluyeron para ejercer el control territorial a trav\u00e9s del despojo u ocupaci\u00f3n de los predios de quienes tradicionalmente los detentaban. <\/p>\n

La anterior situaci\u00f3n, combinada con condiciones inveteradas de escasez o inequidad, provocaron que personas pobres, desplazadas o asalariados de bajos ingresos, ocuparan o compraran con los ahorros de su vida, predios supuestamente disponibles y sin limitaciones, desconociendo hechos de despojo o abandono ocultos frente a los mismos. Tales sujetos se consideran segundos ocupantes. <\/p>\n

La ocupaci\u00f3n secundaria de hogares desterrados o marginados ha supuesto un inconveniente para la restituci\u00f3n de los fundos despojados o abandonados producto del conflicto armado, aspecto que no es propio de nuestro pa\u00eds, pues tambi\u00e9n tuvo lugar en otras naciones afectadas por guerras civiles, en cuyo caso, pese a haberse implementado en ellas programas de retorno y reparaci\u00f3n, tal realidad constituy\u00f3 un obst\u00e1culo para su \u00e9xito2. <\/p>\n

El reconocimiento de dicha problem\u00e1tica fue abordada incialmente por el Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas3, mediante la Observaci\u00f3n General N\u00ba 7, as\u00ed: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los Estados han de adoptar las medidas necesarias para proteger a los ocupantes secundarios de la indigencia, la reubicaci\u00f3n irrazonable, u otras violaciones de sus derechos humanos\u201d. <\/p>\n

\u201cLas operaciones de paz y las instituciones de restituci\u00f3n, al mismo tiempo que defienden el respeto del derecho a la restituci\u00f3n, han de cerciorarse de que los ocupantes secundarios no se queden sin vivienda\u201d. <\/p>\n

\u201cEs importante desarrollar mecanismos para garantizar el acceso a otra vivienda (\u2026) no se puede retrasar continuamente la recuperaci\u00f3n de las viviendas por sus titulares leg\u00edtimos a consecuencia de la incapacidad del Estado para encontrar alojamiento alternativo para los actuales ocupantes (\u2026)\u201d4 (se resalta). <\/p>\n

La aplicaci\u00f3n irrestricta de la Ley 1448 de 2011, a cargo de la judicatura transicional de tierras, trajo consigo el descubrimiento de una realidad no prevista por el legislador al momento de aprobar dicho texto normativo: muchos de los inmuebles usurpados no estaban ocupados por grupos armados al margen de la ley ni por usurpadores, sino por campesinos (segundos ocupantes) que sin tener relaci\u00f3n pr\u00f3xima con el despojo o abandono forzado, respecto de los cuales no fue probada su buena fe exenta de culpa, se encontraban en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, ya fuera por su calidad de v\u00edctimas de la guerra o por razones de pobreza o subsistencia, depend\u00edan econ\u00f3micamente de los fundos a restituir. <\/p>\n

Ante la falta de reconocimiento legal, sumada a la imperiosa necesidad de proveer una compensaci\u00f3n a las referidas personas, la UAEGRT expidi\u00f3 el Acuerdo 15 de 2015, destacando: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [D]entro del desarrollo de algunos procesos, no se puede establecer en el opositor la buena fe exenta de culpa, trayendo consigo que \u00fanicamente se le considere como de buena fe simple, que puede dar lugar a ser reconocid[o] por el juez en virtud de su autonom\u00eda judicial y ordenar a su favor una medida de atenci\u00f3n, dadas sus condiciones socioecon\u00f3micas dependiendo del caso concreto (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Posteriormente, en el Decreto 440 de 2016, el Gobierno Nacional adopt\u00f3 \u201cMedidas de atenci\u00f3n a los segundos ocupantes\u201d, exponiendo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [D]ando cumplimiento a estas prescripciones y atendiendo a las complejidades inherentes a la restituci\u00f3n de tierras, los Jueces y Magistrados Especializados, en sus decisiones han reconocido esta problem\u00e1tica y han ordenado atender a los segundos ocupantes, por lo que resulta imprescindible que la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, como \u00f3rgano administrativo para la gesti\u00f3n de la restituci\u00f3n de tierras de los despojados, establezca mecanismos para dar cumplimiento efectivo a las decisiones judiciales que reconozcan y ordenen atender a los segundos ocupantes (\u2026)\u201d. <\/p>\n

De esa forma, dispuso: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art\u00edculo 2.15.1.1.15. Si existieren providencias judiciales ejecutoriadas que reconozcan medidas y mecanismos de atenci\u00f3n a segundos ocupantes en la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras, emprender\u00e1 las acciones correspondientes a dar cumplimiento efectivo a dichos fallos (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Luego, la Corte Constitucional en sentencia C-330 de 20165, profundiz\u00f3 en las condiciones que deben acreditarse para ser considerado un \u201csegundo ocupante\u201d, destacando: <\/p>\n

\u201c(\u2026) La expresi\u00f3n \u2018exenta de culpa\u2019 contenida en los art\u00edculos 88, 91, 98 y 105 de la Ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n de tierras es un elemento relevante del dise\u00f1o institucional del proceso, que obedece a fines leg\u00edtimos e imperiosos: proteger los derechos fundamentales de las v\u00edctimas en materia de restituci\u00f3n de tierras, revertir el despojo y desenmascarar las estrategias legales e ilegales que se articularon en el contexto del conflicto armado interno para producirlo\u201d. <\/p>\n

\u201cSin embargo, esa medida general puede traducirse en una carga desproporcionada o inequitativa para una poblaci\u00f3n espec\u00edfica, protegida por el derecho internacional de los derechos humanos, y acerca de la cual el Legislador guard\u00f3 silencio. Esa poblaci\u00f3n est\u00e1 constituida por los segundos ocupantes (personas que habitan en los predios objetos de restituci\u00f3n o derivan de ellos su m\u00ednimo vital), que se encuentran en condici\u00f3n de vulnerabilidad y que no tuvieron ninguna relaci\u00f3n (ni directa, ni indirecta) con el despojo o el abandono forzado del predio\u201d. <\/p>\n

\u201cDada la complejidad de los casos de restituci\u00f3n de tierras, en f\u00e1cticos y normativos, la Sala considera que corresponde a los jueces de tierras estudiar estas situaciones de manera diferencial, tomando en consideraci\u00f3n el conjunto de principios constitucionales que pueden hallarse en tensi\u00f3n, entre los que se cuentan los derechos de las v\u00edctimas y la obligaci\u00f3n de revelar las distintas estrategias del despojo, en el marco del derecho civil y agrario; el principio de igualdad material; la equidad en la distribuci\u00f3n, acceso y uso de la tierra; el derecho a la vivienda digna, el debido proceso, el trabajo y el m\u00ednimo vital de quienes concurren al tr\u00e1mite\u201d. <\/p>\n

\u201cDada la inexistencia de un \u00f3rgano de cierre en la justicia de tierras, y la consecuente imposibilidad de que se establezca un sistema de precedentes s\u00f3lidos y reglas jurisprudenciales sentadas desde la c\u00faspide del sistema jur\u00eddico, la Sala avanz\u00f3 algunos criterios m\u00ednimos a ser tenidos en cuenta por los jueces de tierras para cumplir su delicada misi\u00f3n constitucional, sin \u00e1nimo de exhaustividad, y resaltando siempre que la regla general es la buena fe exenta de culpa, y que cualquier aplicaci\u00f3n flexible del requisito debe estar acompa\u00f1ada de una motivaci\u00f3n clara, transparente y suficiente. Esta posibilidad no debe cobijar a quienes se encuentran en una situaci\u00f3n ordinaria, o a quienes detentan poder econ\u00f3mico, como empresarios o propietarios de tierras (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n

Conforme a lo expuesto, si bien los segundos ocupantes no se encuentran en la misma posici\u00f3n que los opositores de buena fe exenta de culpa, aqu\u00e9llos pueden recibir compensaci\u00f3n en los juicios de restituci\u00f3n, siempre y cuando los jueces de esa especialidad los reconozcan como tal. <\/p>\n

3. En el caso sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, en la determinaci\u00f3n atacada se accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n de Mar\u00eda Gilma \u00c1lvarez Restrepo, tras razonarse por el juzgador: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [P]uede afirmarse con seguridad que: i) a mediados del a\u00f1o 1995, el se\u00f1or Carlos Forero Mendieta [fallecido esposo de la all\u00e1 reclamante] ostentaba la propiedad y posesi\u00f3n de los bienes reclamados y ten\u00eda como trabajador al se\u00f1or Alfonso Mar\u00edn, persona que (\u2026) cuid[aba] la finca y era el encargado de la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del fundo a cuenta y riesgo de Forero Mendieta; ii) la familia compuesta por Carlos Forero Mendieta y Mar\u00eda Gilma \u00c1lvarez Restrepo no ten\u00eda su residencia o domicilio en inmediaciones del predio objeto de la acci\u00f3n, solo \u201cbajaban\u201d a la finca cada quince o veinte d\u00edas para hacer seguimiento a los avances de las tareas del campo adelantadas por Alfonso Mar\u00edn y realizar cruce de cuentas por la explotaci\u00f3n rendida en ese per\u00edodo; iii) las amenazas ocasionadas por hombres armados fueron dirigidas al se\u00f1or Carlos Forero Mendieta, en su calidad de propietario y poseedor de las fincas para ese entonces, y fueron presenciadas por Heriberto S\u00e1nchez Motta, Mar\u00eda Gilma \u00c1lvarez Restrepo y Alfonso Mar\u00edn; iv) con posterioridad a los hechos ac\u00e1 descritos, el se\u00f1or Alfonso Mar\u00edn qued\u00f3 con el cuid[ado] de la finca al no sufrir amenaza alguna, (\u2026) continuando en el fundo y siguiendo con el trabajo que ven\u00eda desarrollando, pero no se volvi\u00f3 a saber nada de \u00e9l, puesto que cort\u00f3 sus comunicaciones con Carlos Forero y su familia; [y] v) que el se\u00f1or Carlos Forero Mendieta impidi\u00f3 a sus allegados volver al predio en raz\u00f3n de las amenazas ocasionadas por hombres armados y esta situaci\u00f3n se mantuvo desde el a\u00f1o 1995 hasta la fecha de su muerte en el 2001 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Como soportes de tales asertos, tuvo en cuenta las declaraciones rendidas por Mar\u00eda Gilma \u00c1lvarez Restrepo y su yerno Heriberto S\u00e1nchez Motta. Tambi\u00e9n se pronunci\u00f3 sobre las probanzas arrimadas por la sociedad tutelante: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Siguiendo las afirmaciones sostenidas por los testigos llamados por la parte opositora, en la vereda Array\u00e1n del municipio de Fresno \u2013Tolima no se ha presentado hecho violento alguno, ni tampoco se ha observado presencia de grupos armados organizados o delincuencia com\u00fan, siendo en sus propias palabras un remanso de paz y tranquilidad, un oasis dentro del cual solo se respira tranquilidad, lo que no se compadece con el contexto de violencia presentado por la UAEGRTD y afirmado por fuentes institucionales, como lo es el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Consejer\u00eda de DDHH de la Presidencia de la Rep\u00fablica, razones que restan credibilidad a lo indicado por estas personas (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Seguidamente, esclareci\u00f3 \u201cla relaci\u00f3n jur\u00eddica de la reclamante con los predios\u201d, precisando que el fallecido c\u00f3nyuge de aqu\u00e9lla era el propietario de \u201cEl Array\u00e1n\u201d y poseedor de \u201cFlorida 1\u201d y \u201cFlorida 2\u201d; respecto de los cuales, prosigui\u00f3 explicando, Margarita G\u00f3mez de Verano inici\u00f3 ante el Juzgado Civil del Circuito de Fresno un juicio de \u201cpertenencia agraria\u201d, fallado de manera favorable a las pretensiones el 14 de abril de 1998, desconoci\u00e9ndose por ese funcionario que los \u201c(\u2026) testimonios rendidos en la escasa etapa probatoria no sumaban m\u00e1s de once a\u00f1os de posesi\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Adem\u00e1s, frente a ese litigio aplic\u00f3 <\/p>\n

\u201c(\u2026) la presunci\u00f3n de ausencia de debido proceso en decisi\u00f3n judicial, toda vez que el subex\u00e1mine super\u00f3 los requisitos formales para su aplicaci\u00f3n en el caso concreto, y se torna evidente que el se\u00f1or Carlos Forero Mendieta y su familia se encontraban en imposibilidad absoluta para ejercer su derecho fundamental a la defensa dentro del proceso de pertenencia agraria. Las amenazas directas contra la vida e integridad de Carlos Forero, perpetradas por los grupos armados que efectivamente hac\u00edan presencia en la regi\u00f3n, ocasionaron el abandono forzado de las tierras que detentaba, y esto, a su vez, incidi\u00f3 de manera directa en el sentido del fallo, puesto que de haberse constituido como parte en ese proceso, seguramente hubiere seguido otro cauce en raz\u00f3n de la debilidad probatoria del sumario y la precariedad de argumentos jur\u00eddicos y f\u00e1cticos de las que adolece el juicio\u201d. <\/p>\n

\u201cSiguiendo el norte descrito, en interpretaci\u00f3n de los postulados sobre los que se cimienta el concepto de despojo, as\u00ed como la presunci\u00f3n legal descrita en el numeral 4\u00b0, art\u00edculo 77 de la Ley 1448 de 2011, se reconocer\u00e1 el despojo forzado de tierras, e igualmente se aplicar\u00e1 la presunci\u00f3n de debido proceso en decisiones judiciales, declarando la nulidad de la sentencia de pertenencia agraria proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Fresno \u2013Tolima, adiada a abril catorce (14) de 1998, en la causa iniciada por Margarita G\u00f3mez de Verano contra Carlos Forero Mendieta y personas indeterminadas. As\u00ed mismo, se declarar\u00e1 la inexistencia parcial de las escrituras p\u00fablicas No. 488 del diez (10) de junio de 1998, Notar\u00eda \u00danica de Fresno (Tol.) y No. 2733 del diecisiete (17) de diciembre de 2011, Notar\u00eda Octava de Medell\u00edn (Ant.), limit\u00e1ndose la decisi\u00f3n en lo que concierne a los fundos \u201cArrayan\u201d, \u201cFlorida Lote 1\u201d y \u201cFlorida Lote 2\u201d, ordenando a la oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Fresno (Tol.) la cancelaci\u00f3n de las anotaciones correspondientes a los englobes, para as\u00ed retomar la situaci\u00f3n original de dichos fundos (\u2026)\u201d.
\nPosteriormente adujo que era imperativo declarar a los sucesores del se\u00f1or Carlos Forero Mendieta como propietarios de \u201cEl Array\u00e1n\u201d y adquirentes a t\u00edtulo de usucapi\u00f3n de \u201cFlorida 1\u201d y \u201cFlorida 2\u201d, pues, en su criterio: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a eventual posesi\u00f3n que hubiere detentado Alfonso Mar\u00edn sobre los predios \u201cEl Arrayan\u201d \u201cFlorida Lote 1\u201d y \u201cFlorida Lote 2\u201d debe ser tenida como inexistente, lo que deviene en la p\u00e9rdida de los derechos que le fueron vendidos a Sergio Rojas, Margarita G\u00f3mez de Verano, Blas Edgardo Escobar y La Palma Argentina y C\u00cdA. S.A.S., retrotrayendo, por efectos de la ley, las situaciones jur\u00eddicas detentadas por estos y afirmando los derechos, que sobre estos bienes necesariamente deben sostener los herederos del se\u00f1or Carlos Forero Mendieta (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En consecuencia, desatendi\u00f3 la oposici\u00f3n formulada por la por la tutelante, esgrimiendo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) De lo dicho por la se\u00f1ora Mar\u00eda Cecilia Uribe Quintero, representante legal de la Sociedad La Palma Argentina C\u00cdA. S.A.S., (\u2026) pueden establecerse las siguientes conclusiones: i) que el negocio celebrado en escritura p\u00fablica No. 2733 de diciembre 17 de 2011 \u2013Notar\u00eda 8\u00b0 de Medell\u00edn, entre la parte opositora y el se\u00f1or Blas Edgardo Escobar, se realiz\u00f3 a trav\u00e9s de intermediario -Manuel Espinal-, persona que asesor\u00f3 en el manejo de tierras a la empresa o su representante legal; ii) que la Sociedad no adelant\u00f3 estudio traditicio alguno, o por lo menos alguna suerte de investigaci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 del simple vistazo de certificados de libertad, que hubieren alertado de alg\u00fan tipo de movimiento, o la simple sospecha de irregularidades sobrevinientes al negocio; iii) que los \u00fanicos actos realizados por la oposici\u00f3n, en orden a constatar la regularidad del negocio jur\u00eddico, lo constituyen las supuestas preguntas al gremio de ganaderos en Medell\u00edn (Ant.), personas sin identificar que sostuvieron la normalidad de la zona, sin entrar a detallar las fechas y per\u00edodos en los que tal concepto fuera v\u00e1lido; y iv) que el negocio se celebr\u00f3 siguiendo la mutua confianza que hab\u00eda entre la Sociedad, o el tercero que los asesor\u00f3 en el negocio, y Blas Edgardo Escobar\u201d. <\/p>\n

\u201cA partir de estas consideraciones, mal podr\u00eda predicarse el elemento cualificado de la conducta contractual de la Sociedad La Palma Argentina y C\u00cdA. S.A.S., en el marco del negocio de compraventa celebrado con Blas Edgardo Escobar. No se prob\u00f3, con total certeza y sin asomo de dudas, el elemento objetivo de la buena fe exenta de culpa por parte de la Sociedad. Las posibles preguntas entre personas que, supuestamente, hacen parte del gremio de ganaderos en una ciudad ajena y distante, as\u00ed como la excusa acerca de la falta de experticia en el estudio traditicio por parte de los miembros de la empresa, no pueden erigirse, o tomar tal trascendencia, para constituir un elemento que, de por s\u00ed, obliga a quien lo pretenda probar la demostraci\u00f3n de actos afirmativos que permitan conformar un mejor derecho del que ya se ostenta, a la luz de los postulados transicionales en los que se sostiene el concepto afirmado por el art\u00edculo 98 de la Ley de V\u00edctimas y Restituci\u00f3n de Tierras (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Ahora bien, aun cuando en el escrito de tutela no se invoc\u00f3 la calidad de \u201csegundo ocupante\u201d, tampoco se satisfacen los presupuestos necesarios para acreditarla, por cuanto, atendiendo a las pautas jurisprudenciales atr\u00e1s referidas, la sociedad querellante no demostr\u00f3 la \u201csituaci\u00f3n de vulnerabilidad\u201d inherente a esa figura ni la ausencia de recursos econ\u00f3micos. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d6. <\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n de esta jurisdicci\u00f3n. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

5. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Adem\u00e1s, la regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19698, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9. <\/p>\n

6. Por las razones anotadas, el amparo deprecado ser\u00e1 negado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por La Palma Argentina y C\u00eda. S.A.S. frente a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por los magistrados Jorge Hern\u00e1n Vargas Rinc\u00f3n, \u00d3scar Humberto Ram\u00edrez Cardona y Jorge Eli\u00e9cer Moya Vargas, con ocasi\u00f3n del juicio de restituci\u00f3n de tierras promovido por la UAEGRTD, a nombre de Mar\u00eda Gilma \u00c1lvarez Restrepo, respecto de la aqu\u00ed gestora. <\/p>\n

SEGUNDO:\tNotificar lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nAusencia justificada <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tSu particularidad corresponde a la fijaci\u00f3n de presunciones \trespecto del despojo, en relaci\u00f3n con los predios inscritos \ten el registro de tierras (art\u00edculo 77), lo que tiene como \tresultado la inversi\u00f3n de la carga de la prueba a favor del \tdespojado o de la v\u00edctima que se ha visto obligada a \tabandonar la tierra (art\u00edculo 78); se contemplan condiciones \tm\u00ednimas para las solicitudes de restituci\u00f3n as\u00ed \tcomo un procedimiento \u00e1gil para tramitarlas (art\u00edculos \t86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, y 95); le asignan a la autoridad \tjudicial amplias facultades para proteger los derechos de las \tv\u00edctimas previendo que el Juez o Magistrado, seg\u00fan el \tcaso, mantendr\u00e1 la competencia para garantizar el goce \tefectivo de tales derechos hasta tanto est\u00e9n completamente \teliminadas las causas de la amenaza (art\u00edculos 91 y 102); y \tse contempla un recurso general de revisi\u00f3n ante la Sala \tCivil de la Corte Suprema de Justicia (art\u00edculo 92).
\n2 \tTal \tes el caso de Azerbaiy\u00e1n, Armenia, Ruanda, But\u00e1n, \tBosnia- Herzegovina, Croacia, Georgia, K\u00f3sovo, entre otros. \t(Manual \tsobre la Restituci\u00f3n de las Viviendas y el Patrimonio de \tRefugiados y Personas Desplazadas. Aplicaci\u00f3n de los \t\u201cPrincipios Pinheiro\u201d. Marzo 2007. (ACNUR, OCHA, \tONU-DERECHOS HUMANOS, FAO, NRC y ONU-HABITAT). <\/p>\n

4 \tP\u00e1gina 79.
\n5 \tRecientemente invocada en la sentencia T-367 de 2016.
\n6 \tCSJ. \tCivil. Sentencia de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n7 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n8 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n9 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC2827-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-00395-00 Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la tutela promovida por La Palma Argentina y C\u00eda. S.A.S. frente a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por los magistrados Jorge […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101814","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101814","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101814"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101814\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101814"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101814"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101814"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}