{"id":101815,"date":"2026-07-01T18:58:04","date_gmt":"2026-07-01T18:58:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101815"},"modified":"2026-07-01T18:58:04","modified_gmt":"2026-07-01T18:58:04","slug":"stc2828-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2828-2018\/","title":{"rendered":"STC2828-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC2828-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2017-00731-02
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 19 de enero de 2018, mediante la cual la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Edelmira Rivera Jaramillo en contra del Juzgado Veintiuno de Familia de esta ciudad, vincul\u00e1ndose a la Defensora de Familia y a la Agente del Ministerio P\u00fablico, adscritas al despacho accionado, adem\u00e1s de las partes dentro del proceso que ocupa el estudio de la Sala. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La gestora demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada dentro del juicio de levantamiento de patrimonio de familia adelantado en su contra por Carlos El\u00edas Jaramillo Lozano y otros (rad. 2015-00570). <\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Que en el a\u00f1o 2014 fue demandada en un proceso de simulaci\u00f3n en el cual nunca se dict\u00f3 sentencia tr\u00e1mite que se refiri\u00f3 a un bien de la sociedad conyugal y que \u00fanicamente se encontraba a su nombre, propiedad que ten\u00eda afectaci\u00f3n a vivienda familiar; adem\u00e1s que \u00abla juez y el abogado [la] persuadieron a conciliar en audiencia, sin que nunca hubieran llamado a [su] esposo\u00bb y que \u00abpor asuntos externos, no se suscribi\u00f3 la escritura por lo que [pidi\u00f3] [su] acta, para comprobar que asisti\u00f3 a la diligencia\u00bb. <\/p>\n

2.2. Que de igual forma y en raz\u00f3n a lo anterior, se present\u00f3 en su contra demanda en la que se pretendi\u00f3 el cumplimiento de una obligaci\u00f3n de hacer \u00abla que contest\u00f3 a trav\u00e9s de apoderada, donde se manifest\u00f3 el cumplimiento y los motivos del notario para no hacer la escritura\u00bb, mismo que fue suspendido \u00abpara que se procediera a realizar el tema del levantamiento de familia, si hab\u00eda lugar a ello\u00bb. <\/p>\n

2.3. Que como consecuencia, \u00abiniciaron el levantamiento de patrimonio, y se adelant\u00f3 en el Juzgado 6\u00ba de Familia de Bogot\u00e1 D. C., el juzgado procedi\u00f3 a resolver las excepciones previas propuestas por [su] abogada de manera favorable, comoquiera que no volvieron a vincular a [su] esposo, ni tampoco aportaron prueba de que ellos fueran los terceros perjudicados con el levantamiento del patrimonio\u00bb. <\/p>\n

2.4. Que \u00abno obstante lo anterior, presentaron nuevamente la demanda, y se volvieron a presentar las excepciones sum\u00e1ndole la cosa juzgada pero de forma inexplicable, la juez sane\u00f3 a su modo la situaci\u00f3n, orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n a [su] esposo, omiti\u00f3 el tema de la legitimaci\u00f3n y cosa juzgada, incluso se inform\u00f3 sobre la temeridad de la acci\u00f3n\u00bb inconformidad que fue formulada por su apoderada sin que fuera atendida toda vez que \u00abla juez manifest\u00f3 que era un proceso de \u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n

2.5. Que \u00abllegada la diligencia, la juez [le] pregunt\u00f3 si [su] deseo era conciliar, a lo que le dijo que no\u00bb seguidamente se recepcionaron los testimonios etapa en la que sus abogadas \u00abrealizaron preguntas con el objetivo de que la juez tuviera el marco general pero las mismas fueron consideradas que no eran pertinentes para el caso, y de forma muy grosera siempre fueron cortadas de tajo, sin embargo la juez preguntaba algunas de las mismas preguntas, pero siempre con la inclinaci\u00f3n de favorecer a los demandantes\u00bb. <\/p>\n

2.6. Que el 8 de septiembre del a\u00f1o en curso se dict\u00f3 el fallo ordenando el levantamiento del patrimonio de familia la cual constituye una v\u00eda de hecho \u00abal valorar en forma errada las etapas, recursos presentados y la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 3\u00ba y 4\u00ba numeral 7 de la Ley 258 de 1996 el art\u00edculo 489 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y la Sentencia T-076 de 2005 que protege los intereses del c\u00f3nyuge no titular\u00bb. <\/p>\n

3. Solicit\u00f3, conforme lo relatado, \u00abse anule la sentencia proferida el 8 de septiembre de 2017\u00bb (fls. 1-6 C.1). <\/p>\n

4. El presente asunto se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite mediante determinaci\u00f3n de 29 de septiembre de 2017 (fl. 8 Ib.), y fue resuelto por providencia de 19 de enero de 2017 (fls. 176-184 Ibidem), habida cuenta que mediante auto de 12 de diciembre del a\u00f1o anterior (fls. 3-5, C. Corte), esta Corporaci\u00f3n declar\u00f3 la nulidad de lo actuado, a fin de que se procediera a efectuar la vinculaci\u00f3n all\u00ed indicada. <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS. <\/p>\n

El despacho de Familia convocado, manifest\u00f3 que \u00abal contestar la demanda, la accionada se\u00f1ora EDELMIRA RIVERA JARAMILLO formul\u00f3 excepciones previas que denomin\u00f3: no haberse presentado pruebas de la calidad de herederos, no comprender la demanda todos los litisconsortes necesarios, falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales y temeridad, medios exceptivos que fueron resueltos mediante auto del 10 de noviembre de 2016\u00bb agreg\u00f3, que \u00abigualmente el demandado se\u00f1or FRANKLIN ERNESTO BOTERO JIM\u00c9NEZ, al dar respuesta al libelo introductorio present\u00f3 excepci\u00f3n previa que denomin\u00f3 no haberse presentado prueba de la calidad con que act\u00faan los demandantes; la excepci\u00f3n fue resuelta en audiencia de que trata el art. 392 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n

Reliev\u00f3, que \u00abcomo se observa no se formul\u00f3 excepci\u00f3n de cosa juzgada alguna, como tampoco los argumentos esgrimidos por los demandados en sus medios exceptivos se desprende que se haya propuesto\u00bb, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abas\u00ed las cosas, para la procedencia de la cosa juzgada es necesario la pre existencia de una sentencia que haya definido un litigio, providencia que brilla por su ausencia\u00bb. <\/p>\n

Manifest\u00f3, que \u00abcomo se desprende del audio contentivo de la diligencia, el actuar y desempe\u00f1o de esta juzgadora estuvo ce\u00f1ido al procedimiento se\u00f1alado en el art\u00edculo 392 del C.G. del P., es as\u00ed como se decret\u00f3 [sic] las pruebas oportunamente solicitadas, se escuch\u00f3 en interrogatorio a las partes y se oy\u00f3 en declaraci\u00f3n a quienes fueron citados como testigos, permitiendo formular preguntas que ten\u00edan relaci\u00f3n directa con los hechos materia de investigaci\u00f3n. Por lo anteriormente expuesto y por no haberse conculcado derecho fundamental alguno, le solicito de manera respetuosa al Honorable Magistrado no acceder a la acci\u00f3n de tutela interpuesta\u00bb (fls. 13 y 14 Ibidem). <\/p>\n

El apoderado de los se\u00f1ores demandantes dentro del juicio sub examine, se opuso a la prosperidad del amparo, y, arguy\u00f3 que \u00aben el caso que nos ocupa y despu\u00e9s de realizar un simple an\u00e1lisis del cartulario, f\u00e1cilmente podemos observar que la accionante, con argumentos tra\u00eddos de los cabellos, pretende revivir etapas agotadas del proceso\u00bb (fls. 98-101 Ibid.). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n

El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo, al arg\u00fcir que \u00abfrente a las excepciones previas propuestas por edelmira rivera jaramillo, la Juez accionada declar\u00f3 infundadas las denominadas "no haberse presentado prueba de la calidad de herederos" e "ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales", mediante prove\u00eddo de 10 de noviembre de 2016; la primera, con fundamento en que la relaci\u00f3n material que dio lugar al litigio no deriva del hecho que los demandantes sean herederos de la causante alicia jaramillo lozano, quien enajen\u00f3 el inmueble materia del asunto a la demandada, sino del acuerdo suscrito por ellos, como interesados, en virtud del acuerdo conciliatorio que hab\u00edan suscrito con \u00e9sta el 13 de junio de 2014 en el Juzgado 40 Civil del Circuito de esta ciudad, y la segunda, por cuanto la demanda se ajusta a los par\u00e1metros previstos en el art\u00edculo 75 C. de P. C. A su vez, en el mismo auto del 10 de noviembre de 2016, en cuanto a la excepci\u00f3n de "no comprender a todos los litisconsortes necesarios", al observar que no se hab\u00eda vinculado al proceso al c\u00f3nyuge de la demandada, se\u00f1or franlklin ernesto botero jim\u00e9nez, la funcionar\u00eda procedi\u00f3 a subsanar tal irregularidad, ordenando la vinculaci\u00f3n del mismo como litisconsorte necesario, lo que efectivamente ocurri\u00f3 mediante notificaci\u00f3n personal de 10 de marzo de 2017 y se evidencia que dentro del proceso el referido c\u00f3nyuge de la demandada intervino obrando como sujeto procesal\u00bb. <\/p>\n

A la par, estim\u00f3 que \u00ab en cuanto a la excepci\u00f3n previa denominada "no haberse presentado prueba de la calidad con la que act\u00faan los demandantes", formulada en la contestaci\u00f3n de la demandada por franlklin ernesto botero jim\u00e9nez, la misma se absolvi\u00f3 en audiencia de que trata el art\u00edculo 392 del C.G.P., en la que la Juez del conocimiento, con fundamento en que el proceso inici\u00f3 en vigencia del C de P. C, tal excepci\u00f3n solo pod\u00eda alegarse mediante reposici\u00f3n, por lo tanto al haberse notificado el demandado el 10 de marzo de 2017 y formulado dicha excepci\u00f3n el 16 del mismo mes y a\u00f1o, la rechaz\u00f3 por extempor\u00e1nea, decisi\u00f3n que fue notificadas en estrados, sin que la interesada hubiera formulado inconformidad alguna mediante la interposici\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n que proced\u00eda frente a la misma -record CD1 12:05' a 12:20 a 13:05-, raz\u00f3n por la cual, en tal sentido, dicha omisi\u00f3n convierte en improcedente el amparo constitucional, dada su naturaleza excepcional y subsidiaria, ante la existencia de otro mecanismo efectivo de defensa que tuvo en su oportunidad el gestor del amparo, sin que hubiera hecho uso de ella\u00bb. <\/p>\n

Frente a \u00aba la argumentaci\u00f3n de la accionante en el sentido que el proceso se tramit\u00f3 sin proteger los intereses del c\u00f3nyuge\u00bb, afirm\u00f3 que \u00abconforme a lo expuesto precedentemente, es claro que el mismo, es decir, el se\u00f1or franlklin ernesto botero jim\u00e9nez, fue vinculado al proceso, contest\u00f3 la demanda, estuvo representado por apoderada judicial, la Juez mediante auto de 27 de marzo de 2017, que, no fue objeto de recurso reposici\u00f3n por las partes, decret\u00f3 las pruebas solicitadas por aqu\u00e9l, entre ellas los testimonios de andrea calderon, martha fadine hernandez jaramillo y stella urrea p\u00e9rez, quienes junto con \u00e9l rindieron declaraci\u00f3n en la audiencia llevada a cabo el 17 de agosto de 2017, donde fueron interrogados y contrainterrogados por los respectivos apoderados de las partes; y, evacuada la etapa probatoria, se recibieron los alegatos de conclusi\u00f3n, circunstancias que, en suma, dejan ver, que a los litigantes se les respet\u00f3 el derecho al debido proceso, a la defensa y a la contracci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Y, que \u00abmediante providencia de 8 de septiembre de 2017, la juez profiri\u00f3 el fallo, en el que decret\u00f3 el levantamiento de afectaci\u00f3n a vivienda familiar constituido sobre el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 50S-38876, que fue constituida con escritura p\u00fablica No. 2959 del 6 de diciembre de 2012 de la Notar\u00eda 57 de Bogot\u00e1\u00bb, por lo que concluy\u00f3 que \u00abla Juez motiv\u00f3 su decisi\u00f3n en forma razonable, con sujeci\u00f3n al principio de congruencia y con apoyo en los aspectos t\u00e1cticos relevantes, atendiendo el principio de la sana critica, en la que tuvo por probadas las causales previstas en los numerales Io y 4o del art\u00edculo 7o de la Ley 258 de 1996 ; y, strictu sensu la demandada no estar\u00eda legitimada para enarbolar como causa propia los intereses de su c\u00f3nyuge, como lo aduce en el reparo formulado contra esa sentencia, menos aun cuando \u00e9ste intervino como sujeto procesal, seg\u00fan lo visto\u00bb (fls. 176-184 Id.). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 la accionante, alegando que \u00ab en el relato de los hechos que efectivamente se puso en conocimiento del despacho, que exist\u00eda cosa juzgada, y que adem\u00e1s exist\u00eda temeridad al interponer la acci\u00f3n por segunda vez, independientemente de como se haya denominado la Excepci\u00f3n. Sin embargo, la Juez no se pronunci\u00f3 al respecto, ni siquiera por garant\u00eda constitucional, pues es cierto que las excepciones deben ser alegadas por la parte interesada en la contestaci\u00f3n de la demanda, pero ese no es el caso de la COSA JUZGADA conforme a la sentencia 39366 del 23 de octubre de 2012 [\u2026] La referencia normativa es tomada de nuestra legislaci\u00f3n civil, que por interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica aplica a la legislaci\u00f3n de familia, en el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil \u2014articulo 282 del nuevo C\u00f3digo General del Proceso, que otorga al Juez la facultad, de decretar de oficio la excepci\u00f3n de las cosa Juzgada, m\u00e1xime si tiene probado que se presentaron suficientes elementos materiales probatorios\u00bb (fls. 220 y 221 Ib.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2. En el presente caso, pretende la gestora se revoque la sentencia de 8 de septiembre de 2017, dictada por el juzgado de familia recriminado, que orden\u00f3 el levantamiento del patrimonio de familia, pues considera que el despacho encartado incurri\u00f3 en \u00abdefecto sustantivo y f\u00e1ctico\u00bb. <\/p>\n

3. Del expediente original allegado en calidad de pr\u00e9stamo, se observan las siguientes pruebas en relaci\u00f3n con el amparo: <\/p>\n

a) Demanda interpuesta por Carlos El\u00edas, Jorge Enr\u00edque, Tulia Alejandrina, Alba In\u00e9s y Mar\u00eda del Rosario Jaramillo Lozano, contra la aqu\u00ed querellante, en que solicitaron que se ordene el levantamiento del gravamen de afectaci\u00f3n a vivienda familiar sobre el inmueble de su propiedad (fls. 2-6 Expediente Original). <\/p>\n

b) Contestaci\u00f3n a la demanda en que propuso como excepciones de m\u00e9rito \u00abautonom\u00eda de la voluntad del vendedor; necesidad de la venta por parte de la vendedora-justificaci\u00f3n veraz del destino del valor de la venta; prevalencia y cumplimiento del negocio jur\u00eddico celebrado; Ausencia de los elementos de prueba acerca de que la simulaci\u00f3n tuvo cabal ocurrencia; capacidad de pago de la compradora; entrega material del inmueble; ejercicio de tenencia y posesi\u00f3n de la compradora sobre el inmueble adquirido; buena fe en el cumplimiento de requisitos legales de la compraventa\u00bb (fls. 36-52 Ibidem). <\/p>\n

c) Recurso de reposici\u00f3n formulado por la apoderada de la aqu\u00ed accionante, en que se propusieron las excepciones previas de \u00abno haberse presentado prueba en calidad de heredero de los demandantes; no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios; falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa; ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones y temeridad\u00bb (fls. 71-79 Idem). <\/p>\n

d) Auto de 10 de noviembre de 2016, que resolvi\u00f3 los medios de defensa previos, resolviendo \u00ab1. Declarar infundadas las excepciones previas de no haberse presentado prueba de la calidad de herederos de los demandantes e ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales, por las razones expuestas en este prove\u00eddo. 2. Se ordena vincular al proceso al se\u00f1or, franklin ernesto botero jim\u00e9nez, c\u00f3nyuge de la demandada, notific\u00e1ndole personalmente el contenido del auto admisorio de la demanda y corri\u00e9ndole el traslado de ley por el t\u00e9rmino de diez d\u00edas [\u2026]\u00bb, decisi\u00f3n que fue recurrida en reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n por la aqu\u00ed tutelista (fls. 163-167 Ibid.). <\/p>\n

e) Prove\u00eddo de 15 de diciembre de 2016, que decidi\u00f3 el recurso horizontal propuesto, en el sentido de mantener lo dispuesto en el interlocutorio impugnado (fl. 216 Ib.). <\/p>\n

f) Audiencia llevada a cabo el d\u00eda 8 de septiembre de 2017, que resolvi\u00f3 \u00abprimero: decretar el levantamiento de afectaci\u00f3n a vivienda familiar constituido sobre el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 50S-38876 de la oficina de instrumentos p\u00fablicos de la ciudad de Bogot\u00e1, la cual fue constituida mediante escritura No. 2959 del 6 de diciembre de 2012, corrida ante la Notar\u00eda 57 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1. L\u00edbrese oficio a Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 de la zona correspondiente, para que se cancele dicho gravamen. segundo: condenar a la parte demandada al pago de las costas del proceso\u00bb (fls. 303-305, C.D. Id.) <\/p>\n

4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, la Sala advierte que el amparo resulta improcedente, en primer lugar, porque la queja se encuentra enfilada, en \u00faltimas, contra el auto de15 de diciembre de 2016, que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n del prove\u00eddo de 10 de noviembre de ese a\u00f1o, y decidi\u00f3 sobre la excepci\u00f3n previa denominada \u00abfalta de legitimaci\u00f3n\u00bb; frente a lo anterior, hay que decir que media de manera el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez, toda vez que comparada la fecha en que la autoridad reprochada pronunci\u00f3 la providencia que dio fin a ese preciso t\u00f3pico -15 de diciembre de 2016-, con la de presentaci\u00f3n de la tutela -28 de septiembre de 2017-, supera el t\u00e9rmino de seis meses que la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha establecido como razonable para la protecci\u00f3n inmediata y eficaz de las garant\u00edas constitucionales, lo cual desnaturaliza el car\u00e1cter urgente e impostergable de la protecci\u00f3n implorada. <\/p>\n

Sobre esta materia la Sala tiene dicho que: <\/p>\n

[E]n efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art. 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda se\u00f1alado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ello se ha entendido \u2018que si bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u2019. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica (Sentencia T-797 de 26 de septiembre de 2002). <\/p>\n

Tal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Pol\u00edtica se\u00f1ala como finalidad del ejercicio de esta acci\u00f3n, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 14 abr. 2015, rad. 00057-01 y STC2310-2016 26 feb 2016 rad. 2016-00446-01). <\/p>\n

5. En segundo lugar, y frente a la disconformidad planteada contra la sentencia proferida el 8 de septiembre de 2017, en la que la c\u00e9lula judicial convocada resolvi\u00f3 \u00abdecretar el levantamiento de afectaci\u00f3n a vivienda familiar constituido sobre el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 50S-38876 [\u2026]\u00bb, cabe advertir que tampoco hay lugar a otorgar la protecci\u00f3n reclamada, dado que la c\u00e9lula judicial censurada no incurri\u00f3 en la anomal\u00eda enrostrada para que se imponga la perentoria salvaguardia deprecada, tal como pasar\u00e1 a precisarse. <\/p>\n

5.1. Lo anterior en vista que la jueza recriminada, en la providencia reprochada, realiz\u00f3 un an\u00e1lisis de las normas y jurisprudencia aplicables al levantamiento de afectaci\u00f3n a vivienda familiar, y se\u00f1al\u00f3, entre otras reflexiones, que dicho gravamen \u00abpuede ser levantado de conformidad con la Ley 258 1996 art. 4 num. 1\u00ba, Cuando exista otra vivienda efectivamente habitada por la familia o se pruebe siquiera sumariamente que la habr\u00e1; circunstancias \u00e9stas que ser\u00e1n calificada por el juez, y 7\u00ba, por cualquier justo motivo apreciado por el juez de familia para levantar la afectaci\u00f3n, a solicitud de un c\u00f3nyuge, del Ministerio P\u00fablico o de un tercero perjudicado o defraudado con la afectaci\u00f3n. Como pruebas el legislador ha manifestado que las partes deben probar los hechos que invocan\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que \u00abel despacho se limitar\u00e1 en el marco probatorio a demostrar que existe otra vivienda efectivamente habitada por la familia, o que existe un justo motivo que amerite el levantamiento del gravamen que pesa en el referido inmueble. Volviendo a las pruebas se advierte que se aport\u00f3 con el l\u00edbelo de la demanda, certificados de tradici\u00f3n y libertad 50S742162 y 50S38876, en el \u00faltimo se observa la constituci\u00f3n a la afectaci\u00f3n a vivienda familiar. Del folio 14 al 21, se tiene copia autenticada de la escritura de 6 diciembre de 2012 de la Notaria 57 de Bogot\u00e1, en la cual la se\u00f1ora Edelmira adquiri\u00f3 los derechos de dominio, y en el mismo acto constituy\u00f3 afectaci\u00f3n a vivienda familiar; Se alleg\u00f3 copia del acta de la audiencia del 101 del C. de P.C., celebrada ante el Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, donde se acord\u00f3 la venta del inmueble, fijaron precio y el t\u00e9rmino que debi\u00f3 cumplirse el 14 de julio de 2014\u00bb, sostuvo, que \u00abel art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 258 de 1996, dice que se entiende afectado a vivienda familiar, el bien destinado a la vivienda de la familia, de donde se puede extraer la noci\u00f3n de afectaci\u00f3n a vivienda familiar, que es la limitaci\u00f3n al derecho de dominio sobre el bien que se encuentre en beneficio exclusivo de la vivienda de la familia\u00bb. <\/p>\n

Manifest\u00f3, que \u00abdescendiendo al asunto que nos ocupa, los argumentos de los demandantes se encuentran debidamente respaldados en el sublite. Con la copia de la contestaci\u00f3n de la demanda, y con la declaraci\u00f3n de las personas citadas en este asunto, se puede avizorar que coinciden en manifestar que la demandada junto con su n\u00facleo familiar, nunca han residido en el bien el objeto de debate en este proceso, sino que residen en otro de los predios del tambi\u00e9n demandado y esposo de la se\u00f1ora Edelmira, se\u00f1or Franklin Ernesto Botero Jim\u00e9nez. Por lo tanto, se observa que tambi\u00e9n existe otra vivienda habitada por la referida familia tal cual lo exige el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 258 de 1996, para configurarse la causal all\u00ed prevista\u00bb. <\/p>\n

A la par, reliev\u00f3 que \u00abaunado a lo anterior, y revisado el certificado de libertad y tradici\u00f3n del inmueble identificado con matricula inmobiliaria no 50S742162, el cual est\u00e1 destinado para la vivienda del n\u00facleo familiar, de la anotaci\u00f3n No. 6\u00ba se observa que el se\u00f1or Franklin es el due\u00f1o del bien ra\u00edz, y al aplicar art. 1\u00ba de la Ley 258, y el numeral 1\u00ba de la misma norma, se tiene que el se\u00f1or Franklin, c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero de la se\u00f1ora Edelmira, adquiri\u00f3 una vivienda que efectivamente se encuentra habitada por la familia, raz\u00f3n por la cual se deber\u00e1 dar por probada la causal 1\u00aa invocada para el levantamiento de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar\u00bb <\/p>\n

Y, arguy\u00f3 que frente a \u00abla causal 7\u00aa, \u201cpor cualquier justo motivo apreciado por el juez de familia para levantar la afectaci\u00f3n, a solicitud de un c\u00f3nyuge, del Ministerio P\u00fablico o de un tercero perjudicado o defraudado con la afectaci\u00f3n\u201d, se tiene que ante el Juzgado 40 Civil del Circuito de esta ciudad, y para dar soluci\u00f3n al proceso ordinario que all\u00ed se adelant\u00f3 por lo demandantes, las partes se comprometieron a cancelar la suma de 85millones en un t\u00e9rmino de 6 meses, contados a partir de la firma de la escritura, mientras que la mencionada se\u00f1ora, se comprometi\u00f3 a firmar la escritura publica el 14 de julio de 2014. Una vez llegada la fecha y hora acordados, la se\u00f1ora Edelmira solicit\u00f3 elevar acta de comparecencia, en la que se consign\u00f3 \u201cvine a firmar y mi esposo se hizo presente\u201d, motivo por el cual se abstuvo de firmar el documento p\u00fablico. As\u00ed se encuentra probado que la se\u00f1ora Edelmira, prometi\u00f3 en venta el bien inmueble 50S38876, por lo que debi\u00f3 firmar la escritura de venta, sin embargo no lo hizo, impidiendo entonces consolidar el acuerdo con los demandantes, incumpliendo, sin advertir que en virtud del gravamen que soporta el inmueble, puede quedar indemne y con ello burlar los derechos del extremo activo, en raz\u00f3n a que el gravamen impedir\u00eda que la causa fuera resuelta por el juez en proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n

En cuanto a \u00abla existencia de la hija menor de edad\u00bb, dijo que \u00abhabr\u00e1 de aclararse que la afectaci\u00f3n de vivienda tiene por objeto proteger al c\u00f3nyuge no propietario de aqu\u00e9l que s\u00ed tiene el derecho de dominio. Dicho alcance fue ampliado en la Ley 854 de 2003, en el art 2\u00ba dice que \u201cLa afectaci\u00f3n a vivienda familiar se extinguir\u00e1 de pleno derecho, sin necesidad de pronunciamiento judicial, por muerte real o presunta de uno o ambos c\u00f3nyuges, salvo que por una justa causa los herederos menores que est\u00e9n habitando el inmueble soliciten al juez que la afectaci\u00f3n se mantenga por el tiempo que esta fuera necesaria. De la solicitud conocer\u00e1 el Juez de Familia o el Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, en defecto de aquel, mediante proceso verbal sumario. La anterior medida no podr\u00e1 extenderse m\u00e1s all\u00e1 de la fecha en que los menores cumplan la mayor\u00eda de edad o se emancipen, caso en el cual, el levantamiento de la afectaci\u00f3n opera de pleno derecho, o cuando por invalidez o enfermedad grave, valorada por el Juez, al menor le sea imposible valerse por s\u00ed mismo\u201d, por lo que resulta que el argumento no podr\u00e1 ser acogido, en raz\u00f3n a haber arribado a la mayor\u00eda de edad la se\u00f1orita Andrea Daniela Botero Rivera. Por las razones esgrimidas deber\u00e1 darse por probada la causal 7\u00aa, corresponde acoger las pretensiones de los demandantes\u00bb. <\/p>\n

5.2. Al abrigo de dichos argumentos y otros de similar perfil adopt\u00f3 la providencia objeto de censura. <\/p>\n

6. Bajo esa perspectiva, emerge di\u00e1fana la inviabilidad de la protecci\u00f3n reclamada, en la medida en que, como ya se advirti\u00f3, no est\u00e1n demostradas las ostensibles circunstancias estructurantes del yerro judicial que pudiera abrir las puertas del \u00e9xito a la tutela, pues la juzgadora fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en la apreciaci\u00f3n en conjunto de las pruebas recaudadas y, en una interpretaci\u00f3n hermen\u00e9utica razonable tanto de los numerales 1\u00ba y 7\u00ba del art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 258 de 1996, como de los numerales 1\u00ba y 2\u00ba de la Ley 854 de 2003 que la llevaron, a acoger las pretensiones de la demanda, esto es, a \u00abdecretar el levantamiento de afectaci\u00f3n a vivienda familiar constituido sobre el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 50S-38876\u00bb. <\/p>\n

6.1. Luego, tal determinaci\u00f3n, no puede ser alterada por esta v\u00eda, todo lo cual no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez constitucional, salvo evidente irregularidad, que no es el caso, puesto que se desconocer\u00edan los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, pues conforme al numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 4\u00b0 de la ley 258 de 1996, para que se intente la cancelaci\u00f3n del aludido gravamen sobre una vivienda familiar, el interesado debe demostrarle al juez el motivo justo, que en el caso de un tercero como ocurre en el caso bajo examen, consiste en probar que como consecuencia de la afectaci\u00f3n, se est\u00e1 viendo perjudicado, tal como ocurri\u00f3 all\u00ed, al haber quedado acreditado que la se\u00f1ora Edelmira concili\u00f3 con los all\u00ed demandantes en la compraventa del inmueble objeto del proceso sub lite, por tanto, no se advierte irracional la determinaci\u00f3n de la falladora de instancia. <\/p>\n

Frente a este asunto, esta Sala ha referido que: <\/p>\n

Aunque la afectaci\u00f3n a vivienda familiar busque poner a salvo a los hijos y al c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente no propietario del bien, frente a aquellos actos de disposici\u00f3n por parte del titular, la inembargabilidad de la vivienda conlleva un importante objetivo de su aplicaci\u00f3n, ante lo cual debe precisarse que tal prerrogativa no se constituye en una caracter\u00edstica absoluta e infranqueable, y menos que se pretenda utilizar la figura para, so pretexto de invocar los derechos fundamentales y prevalentes de los ni\u00f1os y la protecci\u00f3n del patrimonio familiar, se cause da\u00f1o a terceros de buena fe. <\/p>\n

En este caso, el convencimiento que tuvo la Juez de Familia tras analizar objetivamente las pruebas regular y oportunamente aportadas al proceso, la condujo a conceder la posibilidad al acreedor de que encuentre la manera de solucionar la obligaci\u00f3n a cargo de los propietarios del predio gravado, pues con esa decisi\u00f3n no se est\u00e1 poniendo en riesgo derecho fundamental alguno de los ni\u00f1os o de la familia, m\u00e1xime cuando los deudores son conscientes de la existencia de esa deuda. (CSJ STC11467-2016, 17 ago. 2016, rad. 2016-00287-01). <\/p>\n

En un asunto de similares aristas, esta Corte se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n

Como antes se sostuvo, no se colige v\u00eda de hecho lesiva de prerrogativas constitucionales en la providencia auscultada, pues en \u00e9sta se explicaron con suficiencia las razones por las cuales se tuvo como justo motivo lo alegado por el demandante para acceder al levantamiento de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar registrada sobre el predio de los actores. <\/p>\n

Efectivamente, se corrobor\u00f3 que aqu\u00e9l fung\u00eda como acreedor de los petentes y que \u00e9stos constituyeron dicho gravamen para evitar la persecuci\u00f3n del inmueble por concepto de lo adeudado. <\/p>\n

Debe indicarse que esta Corte en un asunto de perfiles similares, hall\u00f3 procedente la salvaguarda deprecada, por cuanto el juzgador all\u00ed querellado desatendi\u00f3 el estudio del \u201cjusto motivo\u201d consignado en el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 258 de 1996; en cuanto a ello expres\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) El gestor cuestiona la sentencia del Juzgado Tercero de Familia de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1, dictada al interior del juicio dirigido a cancelar la afectaci\u00f3n a vivienda familiar promovido por el Edificio Oikos 55 Propiedad Horizontal contra Mar\u00eda Magdalena Cantillo Aponte y Jos\u00e9 Fernando Due\u00f1as Gonz\u00e1lez, porque dirigi\u00f3 la valoraci\u00f3n de las pruebas \u00fanicamente hacia la defraudaci\u00f3n prevista como causal de levantamiento del gravamen, olvidando que el perjuicio irrogado tambi\u00e9n forma parte de las causales de procedencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEn efecto, la Ley 258 de 1996 en su art\u00edculo 4\u00ba, consagra entre las circunstancias que permiten suprimir la referida limitaci\u00f3n: \u00ab (\u2026) cualquier justo motivo apreciado por el juez de familia para levantar la afectaci\u00f3n, a solicitud de un c\u00f3nyuge, del Ministerio P\u00fablico o de un tercero perjudicado o defraudado con la afectaci\u00f3n (\u2026)\u201d.
\n\u201cEn tal sentido, en el caso bajo estudio correspond\u00eda al fallador determinar si el \u201cjusto motivo\u201d alegado por el tercero se derivaba de un perjuicio o si el mismo deven\u00eda de la defraudaci\u00f3n y si, en tal virtud, hab\u00eda lugar a eliminar la carga que soporta el inmueble. Las dos son categor\u00edas diferentes; basta advertir el significado de los dos conceptos, seg\u00fan la Real Academia de la Lengua (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cPerjuicio: \u201c(\u2026) [2]. m. Der. Detrimento patrimonial que debe ser indemnizado por quien lo causa. (\u2026)\u201d . <\/p>\n

\u201cDefraudaci\u00f3n, defraudar: \u201c(\u2026) [1]. tr. Privar a alguien, con abuso de su confianza o con infidelidad a las obligaciones propias, de lo que le toca en derecho. 2. tr. Frustrar, desvanecer la confianza o la esperanza que se pon\u00eda en alguien o en algo. (\u2026)\u201d . <\/p>\n

\u201c(\u2026) Verificado el expediente contentivo de la actuaci\u00f3n reprochada se advierte que la omisi\u00f3n apuntada tuvo lugar, pues la juzgadora centr\u00f3 su an\u00e1lisis \u00fanicamente en el \u00faltimo de los eventos previstos en la norma trascrita (\u2026) (CSJ STC16123-2015, 18 nov. 2015, rad. 00671-01). <\/p>\n

Esta colegiatura, en un asunto semejante y frente a este preciso t\u00f3pico, refiri\u00f3 que: <\/p>\n

Aunado a lo anterior, el sentenciador determin\u00f3 que la finca afectada no estaba destinada como vivienda del n\u00facleo familiar de Morales Rinc\u00f3n, habida cuenta que la finalidad del inmueble era la explotaci\u00f3n agr\u00edcola, de la cual derivaban el sustento econ\u00f3mico para la familia, en tal virtud, dijo: <\/p>\n

\u2026tanto del interrogatorio de parte practicado al demandado\u2026, como a su compa\u00f1era permanente Mar\u00eda Doris Londo\u00f1o Palomino, el juzgado concluye que el predio rural respecto del cual se pretende el levantamiento a vivienda familiar est\u00e1 destinado a la explotaci\u00f3n agr\u00edcola por parte de su propietario, puesto que ambos coinciden en indicar que el inmueble es utilizado para el sustento de la familia y, en el caso de la se\u00f1ora Mar\u00eda Doris, agrega que dicho predio se encuentra alquilado a su yerno e hija, quienes \u00abtienen un negocito ah\u00ed de pollitos ahora, le colaboran, ellos le dan algo ah\u00ed y con eso nos sostenemos\u00bb. <\/p>\n

De la apreciaci\u00f3n de la prueba testimonial se establece que las testigos Yakeline y Mar\u00eda Isabel Morales, hijas del demandado\u2026, se encuentra que \u00e9stas fueron contestes en indicar que el inmueble urbano de propiedad del demandado ubicado en esta ciudad de Guadalajara de Buga, est\u00e1 ocupado por la familia compuesta por sus padres, Yakeline Morales Londo\u00f1o y un menor hijo de esta \u00faltima, puesto que de esta manera se les facilita el cumplimiento de sus compromisos laborales y el desplazamiento del hijo de Yakeline al colegio; circunstancias a la que el juzgado agrega que dicho predio fue adquirido en el a\u00f1o de 1984, infiri\u00e9ndose de todo ello que Jairo Morales Rinc\u00f3n y su familia lo habitan desde la mencionada \u00e9poca, puesto que no existe constancia, o manifestaci\u00f3n alguna, que haga referencia a que con posterioridad a la compra del predio rural afectado a vivienda familiar, que fue adquirido 13 a\u00f1os despu\u00e9s\u2026, se hubiera llevado a cabo el traslado definitivo de la vivienda de la familia al mencionado lugar\u2026 <\/p>\n

En este aspecto considera el despacho, que el solo hecho de que la familia se re\u00fana cada 15 d\u00edas en un sitio, pueda predicarse que el bien est\u00e1 destinado a la habitaci\u00f3n de la familia sea el predio denominado \u00abEl Diamante\u00bb, puesto que el destino que le ha dado su propietario ha sido el de la explotaci\u00f3n agr\u00edcola, seg\u00fan lo precisaron el mismo Jairo Morales Rinc\u00f3n y su compa\u00f1era Mar\u00eda Doris Londo\u00f1o Palomino. <\/p>\n

En ese contexto, la Sala advierte que el juzgador acusado examin\u00f3 los requisitos legales para proceder al levantamiento de la afectaci\u00f3n de la vivienda familiar; la fecha en que fue iniciado el cobro de la obligaci\u00f3n perseguida v\u00eda ejecutiva, la de afectaci\u00f3n a vivienda familiar; si tal gravamen perjudicaba a un tercero; la alegaci\u00f3n consistente en que el predio rural estuviera destinado a vivienda familiar; adem\u00e1s de estimar la actividad agr\u00edcola desarrollada en el inmueble; lo que de entrada, descarta un proceder antojadizo, caprichoso o subjetivo de parte del cognoscente, pues con independencia de que se comparta o no el fallo criticado, del mismo no se deriva estricto sentido la presencia de una v\u00eda de hecho (CSJ STC7642-2017, 31 may. 2017, 2017-00086-01). <\/p>\n

7. Corolario de lo anotado, no puede prosperar la petici\u00f3n de amparo, en tanto que, de la transcripci\u00f3n enantes vista, independientemente que la Corte la proh\u00edje en su totalidad por no ser este el escenario id\u00f3neo para lo propio, dimana que la exposici\u00f3n de los motivos decisorios al efecto manifestados se guarecen en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el litigio planteado. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC 7 Mar. 2008, rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 Mar. 2012, rad. 00022-01). <\/p>\n

Sea del caso destacar que, el juez constitucional s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, lo cual no ocurri\u00f3 en el caso que nos ocupa y, es que en \u00abmateria de pruebas\u00bb esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que: <\/p>\n

[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n"\u00bb (CSJ STC, 5 Jul. 2012, Rad. 01339-00, reiterado, entre otros, el 2 Oct. 2013, Rad. 01449-01, 2 Abr. 2014, rad. 00606-00 y 7 Oct. 2015, rad. 2336-00). <\/p>\n

8. En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC2828-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2017-00731-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 19 de enero de 2018, mediante la cual la Sala de Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101815","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101815","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101815"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101815\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101815"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101815"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101815"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}