{"id":101818,"date":"2026-07-01T18:58:16","date_gmt":"2026-07-01T18:58:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101818"},"modified":"2026-07-01T18:58:16","modified_gmt":"2026-07-01T18:58:16","slug":"stc2831-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2831-2018\/","title":{"rendered":"STC2831-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2831-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-00423-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la tutela promovida por Mar\u00eda Elena S\u00e1nchez Agudelo en contra de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, integrada por los magistrados Jes\u00fas Emilio M\u00fanera Villegas, Claudia Berm\u00fadez Carvajal y \u00d3scar Hernando Castro Rivera, con ocasi\u00f3n del juicio de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado iniciado por la aqu\u00ed gestora respecto de Edwin Alex\u00e1nder G\u00f3mez L\u00f3pez. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La promotora suplica la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada. <\/p>\n

2. Mar\u00eda Elena S\u00e1nchez Agudelo sostiene como base de su reparo, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Formul\u00f3 el litigio materia de esta salvaguarda, exigiendo la restituci\u00f3n del inmueble arrendado a \u201cWilson\u201d Alex\u00e1nder G\u00f3mez L\u00f3pez, por la \u201cmora en el pago del canon pactado\u201d. <\/p>\n

2.2. En ese decurso se reconoci\u00f3 como litisconsorte necesario a Jos\u00e9 Domingo G\u00f3mez Serna <\/p>\n

\u201c(\u2026) quien lleg\u00f3 al local comercial objeto del arrendamiento en raz\u00f3n de la compra que hiciera del establecimiento de comercio que all\u00ed funcionaba (\u2026) [y] [e]n su intervenci\u00f3n adujo desconocer la relaci\u00f3n contractual preexistente, por cuanto hab\u00eda celebrado un nuevo contrato verbal con la arrendataria (sic), que inclu\u00eda un acuerdo relativo al cobro de un pagar\u00e9 que se le hab\u00eda endosado a trav\u00e9s de deducciones mensuales del canon de arrendamiento y propuso una excepci\u00f3n relativa a la falta de continuidad de esa relaci\u00f3n (\u2026)\u201d (sic). <\/p>\n

2.3. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Apartad\u00f3, mediante fallo de 26 de noviembre de 2016, declar\u00f3 probado el medio exceptivo formulado por el se\u00f1or G\u00f3mez Serna, determinaci\u00f3n apelada por la tutelante. <\/p>\n

2.4. La sala acusada zanj\u00f3 la alzada el 5 de febrero de 2018, resolviendo \u201cconvalidar\u201d la desestimaci\u00f3n de las pretensiones \u201cpor razones distintas\u201d (sic). <\/p>\n

2.5. La se\u00f1ora S\u00e1nchez Agudelo censura la providencia del ad quem, alegando, en concreto, una
\n\u201c(\u2026) falta de inter\u00e9s en verificar que (\u2026) [se] satisficiesen las necesidades de administrar justicia considerando la realidad concreta y completa del proceso, [pues se] caus\u00f3 una afrenta a la demandante, sujeto pasivo de una actitud arbitraria de quien actu\u00f3 con abuso del derecho cobr\u00e1ndose obligaciones por v\u00edas de hecho, tal como sucedi\u00f3 con el susodicho pagar\u00e9, porque si el mismo tribunal admiti\u00f3 que no se prob\u00f3 el nuevo contrato verbal pretendido, entonces tampoco se cuenta con prueba de la autorizaci\u00f3n que el litisconsorte amarr\u00f3 en relaci\u00f3n con la autorizaci\u00f3n para hacer descuentos del canon de arrendamiento por ese concepto (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. Implora invalidar el pronunciamiento de segunda instancia. <\/p>\n

1.1. Respuesta de la accionada <\/p>\n

Remiti\u00f3 copia del prove\u00eddo confutado. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Mar\u00eda Elena S\u00e1nchez Agudelo censura que dentro del comentado subex\u00e1mine, el colegiado acusado haya fallado en contra de sus pretensiones, pues, en su parecer, omiti\u00f3 verificar la validez de los asertos ventilados por el litisconsorte llamado a ese decurso. <\/p>\n

2. En la decisi\u00f3n objetada, ese juzgador circunscribi\u00f3 el asunto sometido a su conocimiento en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]os cuestionamientos hechos a la sentencia de primera instancia, que constituyen el problema jur\u00eddico del cual debe ocuparse ahora la Sala, son: (i) la existencia y vigencia del contrato de arrendamiento celebrado entre la demandante y Edwin Alex\u00e1nder G\u00f3mez L\u00f3pez; (ii) la cesi\u00f3n del contrato de arrendamiento de G\u00f3mez L\u00f3pez a Wilson Eduardo Giraldo Alzate y de \u00e9ste a Jos\u00e9 Domingo G\u00f3mez Serna; (iii) La existencia de un nuevo contrato de arrendamiento entre este \u00faltimo y la pretensora; y, (iv) la realizaci\u00f3n de descuentos ilegales de los c\u00e1nones de arrendamiento, por deudas de la demandante (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Siguiendo el derrotero trazado en precedencia, como primera medida, adujo que el negocio jur\u00eddico suscrito entre la tutelante y Edwin G\u00f3mez L\u00f3pez, p\u00e1bulo del reclamo judicial, continuaba vigente, pues <\/p>\n

\u201c(\u2026) ante la manifestaci\u00f3n de la arrendadora de su decisi\u00f3n unilateral [de darlo por finalizado] (\u2026) \u00e9ste guard\u00f3 silencio, pero no hizo entrega del inmueble; al contrario, sigui\u00f3 como si nada hubiese pasado, y continu\u00f3 haciendo los pagos de los c\u00e1nones de arrendamiento en la misma forma que antes (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Seguidamente, descart\u00f3 la existencia de un nuevo contrato de arrendamiento celebrado por la hoy actora con el litisconsorte necesario Jos\u00e9 Domingo G\u00f3mez Serna, otorgando \u201cvigencia y eficacia al inicialmente creado\u201d; y hall\u00f3 acreditada la cesi\u00f3n de ese acuerdo a favor del \u00faltimo de los citados se\u00f1ores \u201cpor el hecho de la enajenaci\u00f3n del establecimiento de comercio\u201d adquirido por aqu\u00e9l del arrendatario primigenio. <\/p>\n

En palabras del juzgador: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda con la cual inici\u00f3 este juicio (29 de mayo de 2013), la demandante no conoc\u00eda, ni deb\u00eda conocer, de la existencia de los contratos de compraventa realizados sobre el establecimiento de comercio que funcionaba en su local comercial, en virtud del cual Jos\u00e9 Domingo G\u00f3mez Serna entr\u00f3 all\u00ed. Ciertamente, los adquirentes continuaron haciendo los pagos y descuentos como antes lo hizo el arrendatario, pero, como se ha visto, esa sola circunstancia no es bastante para sostener que hubo enteramiento cierto, notificaci\u00f3n efectiva de la cesi\u00f3n del contrato de arrendamiento en virtud de una enajenaci\u00f3n del establecimiento de comercio; pues, eso nunca le fue revelado a ella; m\u00e1s bien, todo el entramado de actuaci\u00f3n de los contratantes, dificult\u00f3 en grado superlativo su conocimiento de la realidad. (\u2026) [\u00da]nicamente a partir del 20 de abril de 2014 (Aunque antes ten\u00eda fundamento para presumir, apenas en esta fecha tuvo conocimiento del contrato) hubo notificaci\u00f3n efectiva de la existencia de los comentados contratos de compraventa del establecimiento de comercio que funcionaba en el local comercial de la arrendadora y aqu\u00ed actora; luego, s\u00f3lo desde aquella fecha se irradiar\u00e1n sobre aquella los efectos propios de la cesi\u00f3n que consecuencialmente (sic) se produjo (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Por tanto, adujo que el llamamiento de Jos\u00e9 Domingo G\u00f3mez Serna fue imperativo en aras de garantizarle el ejercicio de sus prerrogativas a la defensa y contradicci\u00f3n. Seguidamente concluy\u00f3 la improcedencia de las pretensiones, desestimando la causal de no pago invocada por S\u00e1nchez Agudelo, por cuanto: <\/p>\n

\u201c(\u2026) La mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, alegada por la pretensora no existi\u00f3; pues, qued\u00f3 probado que los c\u00e1nones adeudados en realidad fueron cancelados, los pagos parciales ten\u00edan su explicaci\u00f3n en las deducciones autorizadas para ser abonadas a la deuda contra\u00edda por la arrendadora con el arrendatario, en virtud del contrato de mutuo con intereses que celebraron las mismas partes, como acto-condici\u00f3n dentro del de arrendamiento; y los pagos extempor\u00e1neos porque se hicieron con retardo no constituyen mora porque fueron autorizados y permitidos por la demandante con sus conductas y actos positivos, as\u00ed como con su silencio (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Para arribar a tal postura, clarific\u00f3 las mensualidades que en la demanda se estimaba incumplido el pago: <\/p>\n

Ahora bien, explic\u00f3, in extenso, los motivos por los cuales consider\u00f3 zanjada la acreencia reclamada, en cada uno de los lapsos esgrimidos por la ac\u00e1 quejosa, a saber: <\/p>\n

– Entre el \u201c25 de febrero de 2008 hasta el 25 de febrero de 2010\u201d: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [J]am\u00e1s la arrendadora expres\u00f3 reparo ni objeci\u00f3n de ninguna clase a esa circunstancia, lo cual comporta su tolerancia silente y pac\u00edfica. Pero hay una situaci\u00f3n adicional en este caso: en el hecho cuarto de la demanda se refiere la celebraci\u00f3n de un \u201cCONTRATO ACUERDO Y APROBACI\u00d3N DE MEJORAS\u201d por valor de $30.000.000, lo cual aconteci\u00f3 el 17 de mayo de 2008, entre arrendadora y arrendatario. Del aludido negocio jur\u00eddico existe prueba documental en el folio 34 del cuaderno principal. Si aquella se sinti\u00f3 afectada con esa variaci\u00f3n de las fechas de pago de los c\u00e1nones, y consider\u00f3 que as\u00ed se configuraba un incumplimiento contractual bastante para ponerle fin al contrato \u00bfPor qu\u00e9 celebr\u00f3 ese otro negocio con el arrendatario, cuando esa conducta ya se hab\u00eda repetido tres veces de modo seguido? En cambio de proceder como lo hizo, debi\u00f3 protestar por esos retardos e intentar la terminaci\u00f3n del contrato. Esa conducta suya, en esas muy precisas circunstancias, le llev\u00f3 al arrendatario un evidente mensaje de autorizaci\u00f3n y permisi\u00f3n para seguir haciendo los pagos en esa misma forma (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) A todo lo anterior se agrega el hecho de que, en la carta fechada el 6 de diciembre de 2012, por medio de la cual hizo \u201cNotificaci\u00f3n terminaci\u00f3n contrato de arrendamiento\u201d al arrendatario, tampoco hizo alusi\u00f3n siquiera indirecta o tangencial a esos retardos en el pago de los c\u00e1nones. \u00danicamente le hizo saber que su decisi\u00f3n se funda en la cl\u00e1usula d\u00e9cima del contrato; pero, en realidad, all\u00ed nada se refiere a la terminaci\u00f3n del mismo. Y en la comunicaci\u00f3n que se referenci\u00f3 como \u201cRecordatorio de la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento y la intenci\u00f3n de no prorrogar el mismo\u201d, se alude a la cl\u00e1usula 13\u00aa, que s\u00ed se refiere a la terminaci\u00f3n; pero en esa comunicaci\u00f3n ella \u00fanicamente invoca el vencimiento del t\u00e9rmino del contrato. \u00bfPor qu\u00e9 no enrostr\u00f3 al arrendatario en esa oportunidad tampoco lo que ha llamado mora, si en esa \u00e9poca exactamente se hab\u00eda repetido lo que la misma toler\u00f3 en aquel otro largo per\u00edodo? Esa omisi\u00f3n en tan precisa oportunidad, mientras exactamente se hab\u00eda ya configurado el retardo de nuevo, es reiteraci\u00f3n de su permisi\u00f3n, de autorizaci\u00f3n impl\u00edcita para seguir pagando as\u00ed. En otros t\u00e9rminos, esa conducta del arrendatario, repetida sin pausa durante todo el tiempo del contrato inicial, sin protesta ni reparo alguno de la arrendadora, constituye aceptaci\u00f3n t\u00e1cita de la modificaci\u00f3n de los t\u00e9rminos del contrato; en particular, lo relativo a la cl\u00e1usula reguladora del pago, que pas\u00f3 de ser anticipado a vencido. Eso es lo que revela el patr\u00f3n de conducta que se constata en la prueba documental obrante a folios 75 y 76, en la que se toler\u00f3 de manera constante que se hicieran los pagos dentro de los diez d\u00edas siguientes al vencimiento del per\u00edodo (\u2026)\u201d (Subrayas y negrillas originales). <\/p>\n

– Entre el \u201c25 de octubre de 2012 y 25 de enero de 2013\u201d asegur\u00f3 que S\u00e1nchez Agudelo adujo \u201chechos contrarios a la realidad\u201d, pues: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [A] l paso que hizo semejante aseveraci\u00f3n, con la demanda present\u00f3 recibo de caja menor (Fl. 25 C. Ppl.), en el que se da cuenta del pago de la suma de $3.240.000 por el canon del mes octubre de 2012; en el folio 28, obra copia debidamente autenticada de recibo de pago del canon de enero de 2013, por la suma de $750.000, consignados el 4 de febrero de ese a\u00f1o. Y en el folio 26, hay comunicaci\u00f3n suscrita por el arrendatario Edwin Alex\u00e1nder G\u00f3mez L\u00f3pez, haci\u00e9ndole saber que le ha consignado el canon del mes de enero de 2013. Cabr\u00eda preguntar: Si el monto del canon es de $3.240.00, \u00bfpor qu\u00e9 s\u00f3lo se consign\u00f3 la suma de $750.000? Y la respuesta est\u00e1 en los recibos aportados por la misma demandante, correspondientes a los meses del a\u00f1o 2012. En todos ellos aparece que s\u00f3lo una parte se paga en efectivo; pero la arrendadora expidi\u00f3 los recibos por el pago completo. Eso armoniza con lo pactado en la cl\u00e1usula d\u00e9cima del contrato de arrendamiento, donde se acord\u00f3 parcialmente lo relativo a la cancelaci\u00f3n del pr\u00e9stamo de $40.000.000 que le hizo el arrendatario a la arrendadora, y qued\u00f3 tambi\u00e9n establecido que la satisfacci\u00f3n de la deuda de $30.000.000 all\u00ed contra\u00edda, \u201cse pactara (sic) posteriormente\u201d, sin precisar si deb\u00eda ser por escrito; luego, perfectamente pudo ser de manera verbal (\u2026)\u201d. <\/p>\n

– \u201cEn cuanto a los c\u00e1nones de noviembre y diciembre de 2012\u201d, indic\u00f3 que al estar demostrado el pago de mensualidades posteriores en aplicaci\u00f3n del precepto 1628 del C\u00f3digo Civil1, \u201cforzosamente se impone deducir que tambi\u00e9n lo fueron aquellos\u201d. <\/p>\n

– \u201c(\u2026) Y en lo concerniente a la deuda del canon del per\u00edodo comprendido entre el 25 de abril y 25 de mayo de 2013\u201d <\/p>\n

\u201cbasta con advertir que ciertamente se hab\u00eda incurrido en el retardo ya legitimado y autorizado por la demandante, como se ha dejado explicado; pero, apenas hab\u00edan corrido 4 d\u00edas de cumplido ese mes, lo cual estaba dentro de aquel \u00e1mbito temporal ya consolidado. As\u00ed que no se puede sostener la existencia de mora en el pago del referido canon al momento de presentar la demanda, lo cual ocurri\u00f3 el 29 del mismo mes. Y, como est\u00e1 bien demostrado en el proceso con los recibos de los pagos posteriores, entre los que se resalta el del mes de octubre de 2013 (Folio 98 del cuaderno principal), queda probada tambi\u00e9n la soluci\u00f3n de aquel. As\u00ed que tampoco se configura la mora por tal hecho (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Finalmente, descart\u00f3 las dem\u00e1s aseveraciones de la ac\u00e1 convocante, exponiendo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) En cuanto al subarriendo alegado por la parte actora, lo demostrado fue que no hubo tal, sino dos enajenaciones del establecimiento de comercio (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Tampoco se logr\u00f3 probar la causal alegada de realizaci\u00f3n de actos fraudulentos del arrendatario en cuanto a instalaci\u00f3n y aprovechamiento de los servicios p\u00fablicos de acueducto y alcantarillado; en cambio qued\u00f3 establecido que la instalaci\u00f3n de los existentes fue anterior a la celebraci\u00f3n del contrato de arrendamiento celebrado entre la demandante como arrendadora y el convocado Edwin Alex\u00e1nder G\u00f3mez L\u00f3pez (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no refulge v\u00eda de hecho; la colegiatura efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n adecuada que le llev\u00f3 a la determinaci\u00f3n reprochada. En efecto, expuso razonadamente los motivos por los cuales consider\u00f3 probados los pagos de los c\u00e1nones de arrendamiento base del reclamo de la hoy actora y declar\u00f3 impr\u00f3speras sus pretensiones. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

4. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n confutada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Adem\u00e1s, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, precept\u00faa: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d.
\nY, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

5. Por lo discurrido, el amparo deprecado ser\u00e1 negado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Mar\u00eda Elena S\u00e1nchez Agudelo en contra de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, integrada por los magistrados Jes\u00fas Emilio M\u00fanera Villegas, Claudia Berm\u00fadez Carvajal y \u00d3scar Hernando Castro Rivera, con ocasi\u00f3n del juicio de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado iniciado por la aqu\u00ed gestora respecto de Edwin Alex\u00e1nder G\u00f3mez L\u00f3pez. <\/p>\n

SEGUNDO: Notificar lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nAusencia justificada <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

En lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. <\/p>\n

Particularmente, en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja constitucional, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos que permita concluir que las disposiciones de la \u00faltima han sido quebrantadas, pues all\u00ed si se habilita el ejercicio del aludido control. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagadas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas, ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

Dicho an\u00e1lisis de consonancia que plantea el ponente entre las acciones u omisiones del accionado y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, no se inscribe, en todo caso, en una categor\u00eda superior al examen de constitucionalidad difuso que realiza el juzgador en la acci\u00f3n de tutela, sino que queda subsumido dentro de \u00e9ste. <\/p>\n

La raz\u00f3n de lo anterior reside en que, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional6, los tratados internacionales de derechos humanos que, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 93 de la Carta Magna prevalecen en el orden interno, no tienen mayor jerarqu\u00eda normativa que el texto superior en virtud del principio de supremac\u00eda constitucional consagrado en el art\u00edculo 4\u00ba ib\u00eddem, conforme al cual "La Constituci\u00f3n es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales". <\/p>\n

De ah\u00ed que la Corte Constitucional haya sostenido que la violaci\u00f3n de normas que integran el bloque de constitucionalidad, como le son los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, \u00abse resuelve en \u00faltimas en una violaci\u00f3n del Estatuto Superior\u00bb (CC, C-578-1995), y que las disposiciones de la citada Convenci\u00f3n Americana no se aplican de manera directa en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, pues \u00abla integraci\u00f3n normativa debe partir de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica, teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica de la Carta Pol\u00edtica en su conjunto\u00bb (CC,C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009). <\/p>\n

Adicionalmente y en cuanto al efecto vinculante de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se\u00f1al\u00f3 que \u00abs\u00f3lo obligan al Estado colombiano cuando \u00e9ste ha sido parte en el respectivo proceso\u00bb, en tanto fuera de esos puntuales casos, la jurisprudencia de ese \u00f3rgano cumple el papel de \u00abun criterio hermen\u00e9utico relevante que deber\u00e1 ser considerado en cada caso\u00bb, el cual tambi\u00e9n debe ser objeto de armonizaci\u00f3n con el precedente constitucional vinculante (CC,C-500-2014). <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala al hacer cualquier tipo de pronunciamiento sobre el control de convencionalidad en lugar de insertar en las decisiones de tutela afirmaciones gen\u00e9ricas en torno de ese concepto, que lo \u00fanico que revelan es la ausencia de un estudio serio, riguroso y detallado sobre la aplicabilidad del mismo, su alcance e implicaciones. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \t\u201c(\u2026)En \tlos pagos peri\u00f3dicos la carta de pago de tres periodos \tdeterminados y consecutivos har\u00e1 presumir los pagos de los \tanteriores periodos, siempre que hayan debido efectuarse entre los \tmismos acreedor y deudor (\u2026)\u201d.
\n2 \tCSJ. \tCivil. Sentencia de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n3 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tSentencias C-225-1995, C-028-2006, C-35 5-2006 y C-488-2009 entre \totras.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC2831-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-00423-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la tutela promovida por Mar\u00eda Elena S\u00e1nchez Agudelo en contra de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101818","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101818","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101818"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101818\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101818"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101818"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101818"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}