{"id":101843,"date":"2026-07-01T19:02:26","date_gmt":"2026-07-01T19:02:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101843"},"modified":"2026-07-01T19:02:26","modified_gmt":"2026-07-01T19:02:26","slug":"stc2879-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2879-2018\/","title":{"rendered":"STC2879-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2879-2018
\nRadicaci\u00f3n n. 11001-02-30-000-2017-00251-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., primero (01) de marzo de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el catorce de noviembre de dos mil diecisiete por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Lu\u00eds Augusto Mora Ferrer contra los Juzgados 5, 18 y 24 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a los Juzgados 37 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento, 4, 9, 11, 14,16, 20,21, 23, 26, 27 y 28 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad y al Centro de Servicios de los despachos de esa especialidad. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, libertad, debido proceso y dignidad humana que considera vulnerados por las autoridades accionadas por cuanto no han realizado una adecuada acumulaci\u00f3n jur\u00eddicas de penas toda vez que han dejado por fuera asuntos seguidos en su contra y que cumpl\u00edan con los requisitos para el acopio punitivo lo que origin\u00f3 que presentara acciones de tutelas, las cuales le han sido despachadas desfavorablemente, situaci\u00f3n que afecta su libertad por encontrarse requerido dentro de los procesos que no fueron tenidos en cuenta. <\/p>\n

En consecuencia, pretende que se ordene a las demandadas se le permita cumplir todas las condenas de los 63 procesos que se han adelantado en su contra en un solo fallo donde la pena definitiva sea de 23 meses de prisi\u00f3n y se investiguen todos los despachos judiciales que han conocido su caso. [Folio 5, c.1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El 26 de mayo de 2014, el Juzgado 7\u00ba Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1, conden\u00f3 al promotor del amparo a la pena principal de 5 meses y 15 d\u00edas de prisi\u00f3n, tras declararlo responsable del delito de hurto agravado tentado y, en atenci\u00f3n a sus antecedentes penales, le neg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena. <\/p>\n

2. Contra a la anterior sentencia no se interpuso recurso alguno. <\/p>\n

3. La vigilancia de la pena le correspondi\u00f3 al Juzgado 18 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, autoridad que mediante providencia de 11 de febrero de 2015, decret\u00f3 en favor del quejoso, la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas impuestas en los procesos con radicaci\u00f3n Nos. 2013-09220, 2012-22203, 2013-00439 y 2013-11855, fijando como quantum punitivo el de 20 meses de prisi\u00f3n, por los delitos de hurto agravado tentado. <\/p>\n

4. En desacuerdo con la decisi\u00f3n, el actor interpuso recurso de apelaci\u00f3n el cual fue declarado desierto el 25 de mayo de ese a\u00f1o por falta de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n

5. El 30 de octubre siguiente, se accedi\u00f3 a un nuevo acopio punitivo frente a las sanciones impuestas por los Juzgados 28,20,31,13,23,27,34 y 15 Penales Municipales con Funci\u00f3n de Conocimiento de esta ciudad en las causas Nos. 2013-13657, 2012-08844, 2012-24292, 2013-01285, 2014-01658, 2012-17026, 2014-00409, 2012-81302, 2014-00798, 2013-13685, 2013-16042, 2013-11689, 2013-13111 y 2013-04066, por el delito de hurto agravado tentado. <\/p>\n

En esa oportunidad, la pena definitiva a purgar se fij\u00f3 en 23 meses de prisi\u00f3n y se neg\u00f3 la acumulaci\u00f3n de las sentencias dictadas en los expedientes Nos. 2012-11232, 2013-09643, 2012-22955, 2013-02357, 2013-08514, 2013-09158, 2012-24726 y 2013-09384 al no cumplirse con los requisitos previstos en el art\u00edculo 460 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n

6. Inconforme, el tutelante interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue igualmente declarado desierto el 3 de marzo de 2016 por falta de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n

7. El 4 de junio de ese a\u00f1o, nuevamente se decret\u00f3 la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de la sanci\u00f3n impuesta por el Juzgado 20 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento, en el proceso No. 2013-11627, dejando la pena definitiva en 23 meses de prisi\u00f3n, teniendo en cuenta que de \u00abconformidad con los l\u00edmites establecidos en el art\u00edculo 31 del C\u00f3digo Penal la pena producto del acopio punitivo no puede ser superior al doble de la m\u00e1s grave y en este caso como la m\u00e1s alta era de 11 meses y 15 d\u00edas de prisi\u00f3n, no pod\u00eda ser superior a los 23 meses\u00bb. <\/p>\n

8. En vista que el tutelante se encontraba privado de la libertad por cuenta de ese despacho desde el 30 de agosto de 2014, el 21 de julio de 2016, se declar\u00f3 la extinci\u00f3n de las sanciones penales acumuladas y se dispuso la libertad por pena cumplida y fue puesto a disposici\u00f3n del Juzgado 24 de esa misma especialidad para el cumplimiento de la pena de 6 meses y 4 d\u00edas de prisi\u00f3n impuesta por el Juzgado 25 Penal Municipal con funciones de Conocimiento, dentro del radicado No. 2013-02357, en atenci\u00f3n a que mediante prove\u00eddo de 24 de febrero de 2014, el Juez 11 hom\u00f3logo, hab\u00eda revocado la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena inicialmente concedida. <\/p>\n

9. El 20 de octubre de ese a\u00f1o, se acumularon a aquella actuaci\u00f3n, las penas impuestas en los procesos Nos. 2013-01799, 2012-11776 y 2013-08443, fijando como monto definitivo de la pena a cumplir 16 meses y 12 d\u00edas de prisi\u00f3n. <\/p>\n

10. En desacuerdo, el tutelante recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n la determinaci\u00f3n, siendo declarada desierto el 5 de diciembre siguiente. <\/p>\n

11. El \u00faltimo prove\u00eddo fue recurrido en reposici\u00f3n y el ejecutor lo mantuvo inc\u00f3lume. <\/p>\n

12. El quejoso interpuso acci\u00f3n de tutela contra los Juzgados 2,5,11,13,15,18,21 y 24 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta urbe tras considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y libertad por cuanto los jueces ejecutores debieron acumular la totalidad de los procesos y condenas dictadas en su contra, en un solo asunto y con una pena definitiva de 23 meses de prisi\u00f3n, toda vez que en todos los casos fue condenado por el delito de hurto agravado tentado, por hechos similares. <\/p>\n

13. El 25 de agosto de 2016, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada por no cumplir con los requisitos de inmediatez y subsidiaridad pues frente a las decisiones que decretaron la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas, si bien interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el mismo fue declarado desierto. <\/p>\n

14. Inconforme el promotor del resguardo impugn\u00f3 aquella determinaci\u00f3n. <\/p>\n

15. El 27 de octubre de ese a\u00f1o, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n por hallar insatisfechos los requisitos de procedibilidad de la solicitud de amparo. [Folios 125-126, c.1] <\/p>\n

16. El 14 de diciembre de 2016 la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n el asunto. <\/p>\n

17. Luego el quejoso present\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal y los Juzgados 18 y 24 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad por considerar vulnerados sus derechos al debido proceso, dignidad humana y acceso a la administraci\u00f3n de justicia por cuanto en la acci\u00f3n de tutela interpuesta contra los juzgados ejecutores no se tuvo en cuenta que en la acumulaci\u00f3n de penas por ellos proferidas no se incluyeron todas las sentencias que se han emitido en su contra. <\/p>\n

19. En esta oportunidad el actor acude nuevamente a esta v\u00eda constitucional por considerar que los juzgados ejecutores no han resuelto en debida forma las acumulaciones jur\u00eddica de penas por cuanto descartaron unos procesos pese a que eran susceptibles de tal acopio, lo que afecta sus derechos toda vez que deber\u00e1 purgar la pena por separado dentro de esos asuntos cuando debi\u00f3 hacerse una sola por 23 meses por tratarse del mismo delito. [Folios 1-5, c.1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 2 de noviembre de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 la notificaci\u00f3n de las accionadas para que ejerciera sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n. [Folios 61-62, c.1] <\/p>\n

2. Los Juzgados 18 y 24 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, hicieron un recuento de las actuaciones surtidas dentro de las vigilancias de las penas impuestas al accionante y se\u00f1alaron que sus decisiones se adoptaron con acatamiento al debido proceso y a las normatividad aplicable al caso, raz\u00f3n por la cual no se ha vulnerado derecho fundamental alguno al actor. [Folios 86-87 y 143, c.1] <\/p>\n

El Juzgado 37 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de esta ciudad, manifest\u00f3 que ese despacho el 10 de marzo de 2015 emiti\u00f3 condena contra el tutelante por el delito de hurto agravado tentado a una pena de 5 meses y 15 d\u00edas de prisi\u00f3n, asunto que fue remitido a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad para la vigilancia de la sanci\u00f3n. [Folio 107, c.1] <\/p>\n

El Magistrado Ponente de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n que conoci\u00f3 de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el quejoso contra los juzgados ejecutores expres\u00f3 que lo que se advierte en el presente asunto es el uso indiscriminado de la acci\u00f3n de tutela por parte del accionante para tratar de variar las decisiones que le han sido adversas, conducta procesal que constituye un abuso del derecho y de las garant\u00edas fundamentales establecidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. [Folios 119-122, c.1] <\/p>\n

Por su parte, los Juzgados 11, 14, 20, 21 y 16 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad solicitaron denegar la acci\u00f3n de tutela en cuanto a esos despachos al no existir un nexo causal entre la violaci\u00f3n de derechos fundamentales que se imputa en el presente caso y el actuar de esos esos estrados. [Folios 191-192, 179, 168-169, 136 y 164, c.1] <\/p>\n

3. El 14 de noviembre de 2017, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo invocado, porque contra las decisiones emitidas por los juzgados ejecutores respecto a la acumulaci\u00f3n de penas el actor ha promovido dos acciones de tutela, en el marco de las cuales se ha revisado el tramite adelantado, descartando que en el mismo se hayan vulnerado derecho fundamental alguno, m\u00e1xime que se observa que le fue garantizada la oportunidad de interponer el recurso de apelaci\u00f3n, el cual aunque fue impetrado por el tutelante, fue declarado desierto por falta de sustentaci\u00f3n. [Folios 197-214,c.1] <\/p>\n

4. Inconforme, el peticionario del amparo la impugn\u00f3 con las mismas razones de su escrito inicial y manifest\u00f3 que ha acudido a varias acciones de tutela con el fin que se le protejan sus derechos. [Folios 260-261, c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. En t\u00e9rminos muy precisos, la acci\u00f3n de tutela tiene como finalidad solucionar de manera eficiente y oportuna las situaciones generadas por actos u omisiones que implican la trasgresi\u00f3n o amenaza de un derecho que ostenta la categor\u00eda de fundamental y respecto del cual, como se ha insistido, el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro instrumento de defensa id\u00f3neo, de modo que el afectado se encuentre en estado de indefensi\u00f3n, y siempre que acuda a reclamar la protecci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n

2. De otra parte, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 en materia de tutela, considera contrario a la Constituci\u00f3n, el uso abusivo e indebido de esta acci\u00f3n, que se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n

Seg\u00fan ha precisado esta Corporaci\u00f3n sobre el particular: <\/p>\n

\u00ab(\u2026). El abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche\u00bb. (CSJ SC 24 Feb 2006, Exp. 2006-00171-00, reiterada 8 May. 2012, Exp. 2012-00017-01.) <\/p>\n

3. En el sub judice se observa con toda claridad que el accionante present\u00f3 con anterioridad otras dos acciones de tutela contra los Juzgados 2,5,11,13,15,18,21 y 24 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medida de Seguridad de Bogot\u00e1 y en las que solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, libertad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia por cuanto no han realizado una debida acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas al dejar excluidos algunos procesos que a su juicio cumpl\u00edan con los requisitos para ser tenidos en cuenta y en consecuencia, pidi\u00f3 se ordene acumular todas las sentencias condenatorias que se han proferido en su contra por el delito de hurto calificado agravado tentado. <\/p>\n

Ahora bien, el tutelante promovi\u00f3 la actual demanda constitucional basada en los mismos supuestos f\u00e1cticos y solicitando se ordenara a los citados ejecutores acumular todas las penas que le han sido impuestas en una sola decisi\u00f3n donde la sanci\u00f3n definitiva quede en 23 meses de prisi\u00f3n por cuanto el acopio punitivo que se ha realizado no tuvo en cuenta unos procesos que tambi\u00e9n cumpl\u00edan los requisitos para tal fin. <\/p>\n

En ese orden, es evidente que del material de prueba obrante en el expediente, se establece que la acci\u00f3n de tutela de la que se ocupa en este momento la Corte es similar a las estudiadas en los fallos de fecha 27 de octubre de 2016 y 5 de abril de 2017 emitidos por la Sala de Casaci\u00f3n Penal y Civil de esta Corporaci\u00f3n, y entre esas reclamaciones existe identidad de partes, hechos y pretensiones, empero no se acredita un motivo expresamente justificado para que el actor acudiera nuevamente a pedir la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, pues no se prob\u00f3 ninguna situaci\u00f3n sobreviniente o nueva que tuviera el alcance de cambiar lo decidido en la queja anterior, por lo que se considera que lo resuelto con antelaci\u00f3n ya ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional. <\/p>\n

En efecto se observa que en la sentencia de tutela con radicado STP15575-2016 de fecha 27 de octubre de 2016, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n confirm\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que despach\u00f3 desfavorablemente el amparo, tras se\u00f1alar que: <\/p>\n

\u00abEn esta oportunidad, el reproche del quejoso se dirige, espec\u00edficamente contra el prove\u00eddo del 30 de octubre de 2015 proferido por el Juzgado 18 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Mediadas de Seguridad de esta capital, por medio del cual acumul\u00f3 parte de las m\u00faltiples penas que le han sido impuestas por el delito de hurto agravado en la modalidad de tentativa. <\/p>\n

La demanda fue presentada el 10 de agosto de 2016, lo que indica que esper\u00f3 m\u00e1s de nueve meses para acudir ante el juez constitucional en procura de lograr la protecci\u00f3n de sus derechos sin que exprese las razones por las cuales incurri\u00f3 en dicha desidia, desconociendo que la esencia de este mecanismo constitucional es la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales cuando son objeto de violaciones inminentes. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

En el presente asunto la Sala advierte que el actor no agot\u00f3 los mecanismos de defensa judicial con que contaba para plantear su inconformidad, pues no interpuso recurso alguno frente al auto 1354 del 30 de octubre de 2015 proferido por el Juzgado 18 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, por cuyo medio neg\u00f3 la acumulaci\u00f3n de algunas de las m\u00faltiples condenas que le fueron impuestas, a pesar de hab\u00e9rsele indicado de tal posibilidad en la parte resolutiva del mismo. <\/p>\n

Es claro, entonces, que \u00e9sta negligencia, no puede ser subsanada por la v\u00eda de la acci\u00f3n de tutela con la intenci\u00f3n de revivir un debate que se encuentra superado. <\/p>\n

De manera que, de acceder a su petici\u00f3n, ser\u00eda sustituir al juez natural y pretermitir las oportunidades y mecanismos de defensa instituidos como aptos por el legislador para cada juicio. S\u00f3lo cuando han sido agotados adecuadamente todos los recursos que al interior de cada proceso se encuentran establecidos por la ley y persiste la amenaza o vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental, la acci\u00f3n de tutela se erige como el instrumento id\u00f3neo para su amparo inmediato. Al respecto, se ha establecido que (CC T-329\/96)\u00bb <\/p>\n

De igual modo se observa que en el fallo de tutela proferido por esta Sala mediante STC4794-2017 de fecha 5 de abril de 2017, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 31 de mayo siguiente, se neg\u00f3 el amparo deprecado tras indicarse que: <\/p>\n

\u00abEn el asunto que es objeto de estudio, el accionante pretende controvertir, mediante acci\u00f3n de tutela, el fallo proferido en sede constitucional por la Sala de Casaci\u00f3n Penal y las decisiones adoptadas con ocasi\u00f3n de dicha determinaci\u00f3n, situaci\u00f3n de la cual se deduce la improcedencia de esta acci\u00f3n. <\/p>\n

En efecto, aunque como se mencion\u00f3, se ha admitido la procedencia de esta v\u00eda excepcional para garantizar el derecho de defensa de las personas que no habiendo sido citadas a la acci\u00f3n constitucional resultan afectadas por la decisi\u00f3n adoptada, esta circunstancia no es la que aqu\u00ed se plantea, pues lo cuestionado es el criterio jur\u00eddico y la valoraci\u00f3n f\u00e1ctica del juzgador, se\u00f1alamientos que debieron ser ventilados en el respectivo procedimiento de la tutela, y que no se erigen en causal para la concesi\u00f3n de un nuevo amparo\u00bb. <\/p>\n

Por todo lo anotado, la petici\u00f3n del tutelante respecto que se ordene emitir una nueva acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas donde se tengan en cuenta todas las sentencias que se han emitido en su contra comporta una utilizaci\u00f3n desbordada y desmedida del mecanismo constitucional, puesto que el tema que plantea ya hab\u00eda sido sometido en sede constitucional, y es necesario que a la tutela se le emplee de manera razonable y ponderada, a fin de evitar un desgaste innecesario de la administraci\u00f3n de justicia, adem\u00e1s porque no puede pretender que nuevamente se examine el asunto presentando un nuevo amparo, el cual, como se dijo con antecedencia ya fue objeto de pronunciamiento. <\/p>\n

Se concluye que con relaci\u00f3n a estas pretensiones se estructura una circunstancia que amerita la decisi\u00f3n desfavorable de la solicitud de protecci\u00f3n, sin que sea posible adoptar una nueva determinaci\u00f3n definitiva sobre el fondo del asunto, por haberse comprobado que el gestor incurri\u00f3 en temeridad, por lo cual debe darse aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 <\/p>\n

4. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para confirmar el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado pero por estas razones. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, env\u00edense las diligencias a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC2879-2018 Radicaci\u00f3n n. 11001-02-30-000-2017-00251-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., primero (01) de marzo de dos mil dieciocho (2018). La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el catorce de noviembre de dos mil diecisiete por la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101843","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101843","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101843"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101843\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101843"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101843"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101843"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}