{"id":101845,"date":"2026-07-01T19:02:42","date_gmt":"2026-07-01T19:02:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101845"},"modified":"2026-07-01T19:02:42","modified_gmt":"2026-07-01T19:02:42","slug":"stc2887-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2887-2018\/","title":{"rendered":"STC2887-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2887-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00391-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., primero (1) de marzo de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Alberto Barreto Nieto, a trav\u00e9s de apoderado judicial, contra la Sala de Familia del Tribunal Superior de este Distrito Judicial y el Juzgado 24 de Familia Local; tr\u00e1mite al que fueron vinculados los intervinientes en la actuaci\u00f3n objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, vivienda digna, unidad familiar y m\u00ednimo vital, los cuales considera vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, quienes dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal que se promovi\u00f3 en su contra decretaron el secuestro de un inmueble que no hace parte de los activos de la sociedad. <\/p>\n

Pretende, en consecuencia, que se revoque la medida cautelar de secuestro que recae sobre el 50% del bien identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50S-766185 de esta ciudad. <\/p>\n

1. Ante el Juzgado Octavo de Familia de Bogot\u00e1 se adelant\u00f3 proceso de cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico que se celebr\u00f3 entre Otilia Vargas Arias y el accionante. <\/p>\n

2. En dicho tr\u00e1mite se orden\u00f3 el embargo del 50% del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50S-766185, cuya titularidad en la actualidad est\u00e1 en cabeza del demandado1. <\/p>\n

3. Mediante sentencia de 27 de septiembre de 2012 se declar\u00f3 la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio religioso. <\/p>\n

4. Por solicitud realizada por la antigua c\u00f3nyuge, mediante auto de 25 de enero de 2013 se dio apertura a la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que se cre\u00f3 entre los antiguos contrayentes. <\/p>\n

5. Dentro de dicho tr\u00e1mite, el 27 de abril de 2016, la demandante solicit\u00f3 que de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del art\u00edculo 598 del C\u00f3digo General del Proceso se ordenara el secuestro del inmueble embargado. <\/p>\n

6. El 17 de junio siguiente, el Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogot\u00e1, a quien le fue reasignado el asunto, accedi\u00f3 a la medida cautelar, por lo que comision\u00f3 a la inspecci\u00f3n de polic\u00eda de la zona para que realizara la diligencia. <\/p>\n

7. Contra la anterior decisi\u00f3n, el accionante formul\u00f3 recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, alegando que la cautela es desproporcionada en la medida que una vez realizada la partici\u00f3n, solamente el 25% del inmueble corresponder\u00e1 a la ex-c\u00f3nyuge. Afirm\u00f3 que el secuestro obedece a una retaliaci\u00f3n por los problemas de violencia que se presentaban en el antiguo n\u00facleo familiar. <\/p>\n

8. En auto de 29 de noviembre posterior el despacho accionado mantuvo la decisi\u00f3n, tras argumentar que la orden de aprensi\u00f3n no puede considerarse desproporcionada ni mucho menos una represalia en contra del demandado, pues de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 598 del C\u00f3digo General del Proceso \u00e9sta es procedente dentro de tr\u00e1mites liquidatarios como el que all\u00ed se adelanta. <\/p>\n

Ante la improsperidad del recurso, se concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n. <\/p>\n

9. En auto de 6 de abril de 2017 la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 la providencia cuestionada, toda vez que de acuerdo con lo establecido en la normatividad citada por el a quo es viable el embargo y secuestro de bienes sociales, advirti\u00e9ndole al recurrente que en caso de que su inconformidad este encaminada a cuestionar dicho punto por considerar el recurrente que se trata de un bien propio, lo deber\u00e1 alegar en la forma indicada en el numeral 4 del art\u00edculo mencionado. <\/p>\n

10. En vista de lo anterior, el 19 de abril de la pasada anualidad el accionante promovi\u00f3 incidente a efectos de que se desembargara el 50% del inmueble, el que afirma es de car\u00e1cter propio. <\/p>\n

11. En prove\u00eddo del d\u00eda 28 del citado mes y a\u00f1o el despacho accionado dispuso que \u00abprevio a dar tr\u00e1mite a la petici\u00f3n obrante a folio 449 del expediente deber\u00e1 el memorialista dar cumplimiento a lo establecido en el art\u00edculo 129 del C.G.P., relacionado con la relaci\u00f3n clara de las pruebas que pretende hacer valer.\u00bb <\/p>\n

12. En auto de 6 de julio de 2017 el juzgado emiti\u00f3 auto disponiendo obedecer lo resuelto por el superior. <\/p>\n

13. Inconforme con lo anterior, el demandado formul\u00f3 recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, con soporte en que el secuestro de la totalidad del inmueble es improcedente, toda vez que tal como lo afirm\u00f3 en el escrito a trav\u00e9s del cual se promovi\u00f3 incidente de desembargo, el 50% del inmueble es de car\u00e1cter propio. <\/p>\n

14. Mediante fallo de tutela STC11364-2017, de 2 de agosto siguiente, esta Sala neg\u00f3 el amparo al estimar que no se cumple el principio de subsidiariedad, debido a que no se ha resuelto el incidente de levantamiento de medidas que afecten un bien propio. <\/p>\n

15. En providencia de 2 de febrero de 2018, no se repuso la decisi\u00f3n atacada, como tampoco se concedi\u00f3 la alzada, en virtud a que \u00ablo que pretende el recurrente es que el despacho vaya contra de una decisi\u00f3n adoptada por el Superior, lo que resulta abiertamente improcedente y podr\u00eda configurar una causal de nulidad; aunado a lo anterior, en las ocasiones en que el Honorable Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013Sala de Familia decide un recurso de apelaci\u00f3n, lo \u00fanico que le queda por hacer al Juez de instancia, como es el caso que nos ocupa, es dar aplicaci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 329 del C.G.P\u2026\u00bb. <\/p>\n

16. En criterio del promotor, con la emisi\u00f3n de la anterior decisi\u00f3n la autoridad judicial accionada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, puesto que no resolvi\u00f3 lo solicitado, con trasgresi\u00f3n al principio de la congruencia, porque autoriza el secuestro de un bien propio, el cual es la base de su trabajo para sostener los gastos de su familia. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. En auto de 20 de febrero de esta anualidad, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados en el proceso, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folios 7, c. 1] <\/p>\n

2. El Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 el expediente objeto de la queja constitucional para su revisi\u00f3n. <\/p>\n

Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de resguardo. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, y por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

2. En el caso sub judice, el reclamo constitucional se dirige en contra de la providencias proferidas por el Juzgado 24 de Familia de Bogot\u00e1 el 6 de julio de 2017 y el 2 de febrero de 2018; en la primera, el funcionario emiti\u00f3 auto disponiendo obedecer lo resuelto por el superior; en la segunda, no se repuso aquella determinaci\u00f3n, como tampoco se concedi\u00f3 la alzada. <\/p>\n

Ahora bien, del examen de dichas providencias y de los argumentos en que el accionante funda su inconformidad, no se advierte procedente la solicitud de resguardo, toda vez que el Juez accionado realiz\u00f3 una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad aplicable al caso, con base en los supuestos f\u00e1cticos sometidos a su an\u00e1lisis y en las pruebas recaudadas en la tramitaci\u00f3n, adoptando una decisi\u00f3n coherente, razonable y motivada. <\/p>\n

En efecto, el fallador luego de analizar las generalidades del recurso de reposici\u00f3n, efectu\u00f3 un estudio de la normatividad aplicable y concluy\u00f3 que de esta se derivaba una conclusi\u00f3n diferente a la expuesta por el tutelante, porque la intensi\u00f3n del inconforme es que se contradiga la decisi\u00f3n adoptada por el superior. <\/p>\n

As\u00ed lo puntualiz\u00f3 el fallador: <\/p>\n

\u00abAnalizados los argumentos base del recurso interpuesto, encuentra el Despacho total desacierto en los mismos como quiera que lo que pretende el recurrente es que el despacho vaya contra de una decisi\u00f3n adoptada por el Superior, lo que resulta abiertamente improcedente y podr\u00eda configurar una causal de nulidad; aunado a lo anterior, en las ocasiones en que el Honorable Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013Sala de Familia decide un recurso de apelaci\u00f3n, lo \u00fanico que le queda por hacer al Juez de instancia, como es el caso que nos ocupa, es dar aplicaci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 329 del C.G.P\u2026\u00bb. <\/p>\n

3. En ese orden, los prove\u00eddos que son objeto de an\u00e1lisis en esta sede constitucional se aprecian adecuadamente motivados y contienen una valoraci\u00f3n respecto a las circunstancias particulares del caso, lo que no puede ser calificado de tener su origen en alg\u00fan criterio puramente subjetivo de la autoridad accionada, o en un ejercicio arbitrario de la funci\u00f3n judicial, razones \u00e9stas que impiden estimar el proceder del juzgado como trasgresor de garant\u00edas superiores, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha. <\/p>\n

La pretensi\u00f3n del actor, entonces, queda circunscrita, de modo exclusivo, al disenso frente al razonamiento jur\u00eddico de la autoridad acusada, el que por s\u00ed solo no basta para habilitar la intervenci\u00f3n del juez de tutela, dada la naturaleza excepcional de dicho mecanismo, que no se erige en una instancia m\u00e1s dentro de los tr\u00e1mites judiciales. <\/p>\n

Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para aplicar al asunto sus criterios de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido: <\/p>\n

\u00ab\u2026que al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.) <\/p>\n

En ese orden, el amparo invocado es improcedente, desde que no se autoriza por esa v\u00eda, derribar decisiones proferidas v\u00e1lidamente con respeto de las garant\u00edas procesales de los interesados en ellas, cuando so pretexto de la posible incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho, se pretende hacer valer el criterio del tutelante sobre el consignado en su decisi\u00f3n por el juez natural, am\u00e9n de proponer una evaluaci\u00f3n probatoria distinta de aquella realizada sin llegar al l\u00edmite de la arbitrariedad o de la ilegalidad, en ejercicio de la autonom\u00eda que en tal tarea se le reconoce al juzgador. <\/p>\n

4. De otra parte, con relaci\u00f3n a la inconformidad relativa a la orden de secuestro del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula 50S-766185 y que fue confirmada por el Superior, debe decirse que la acci\u00f3n constitucional se revela improcedente, por cuanto se evidencia que el reclamante, al acudir a este mecanismo constitucional estaba ejerciendo los medios de defensa con los que cuenta en el interior del proceso, respecto de los cuales a\u00fan no se ha emitido una decisi\u00f3n definitiva. <\/p>\n

En efecto, obs\u00e9rvese que el 19 de abril de 2017 el accionante, con sustento en lo previsto en el numeral 4 del art\u00edculo 598 del CGP, promovi\u00f3 incidente a efectos de que se desembargara el 50% del inmueble, el que afirma es de car\u00e1cter propio. <\/p>\n

Con base en ello, el Juzgado Veinticuatro de Familia de la ciudad profiri\u00f3 el prove\u00eddo fechado el d\u00eda 28 del citado mes y a\u00f1o, en el que dispuso que previo a dar tr\u00e1mite a su pedimento \u00abdeber\u00e1 el memorialista dar cumplimiento a lo establecido en el art\u00edculo 129 del C.G.P., relacionado con la relaci\u00f3n clara de las pruebas que pretende hacer valer.\u00bb <\/p>\n

Sin embargo, verificada la actuaci\u00f3n observa la Sala que el gestor del amparo hasta la fecha no ha dado cumplimiento a lo all\u00ed ordenado, raz\u00f3n por la cual, en la actualidad, est\u00e1 pendiente de iniciar su tr\u00e1mite. <\/p>\n

De ah\u00ed, entonces, que si el quejoso elev\u00f3 dicha solicitud, sin que a la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela se hubiese definido la misma, resulta inviable entrar a analizar por medio de la acci\u00f3n constitucional la soluci\u00f3n de tal controversia, pues claramente es al juez natural del asunto a quien le corresponde dirimirla. <\/p>\n

Sin que pueda considerarse, como parece haberlo entendido el tutelante, que el auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior desate tal pedimento, toda vez que dicha decisi\u00f3n se emiti\u00f3 en cumplimiento de lo establecido en el art\u00edculo 329 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

5. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado al fracaso, por lo que se denegar\u00e1 la protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DENIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tEl predio en menci\u00f3n fue adquirido en 1984 por el accionante \ty su hermano Jos\u00e9 David, no obstante, en 1995 el \u00faltimo \tvendi\u00f3 al primero el 50% de la propiedad, constituy\u00e9ndose \tel tutelante en el titular de derecho de dominio absoluto del bien.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC2887-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00391-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., primero (1) de marzo de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Alberto Barreto Nieto, a trav\u00e9s de apoderado judicial, contra la Sala de Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101845","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101845","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101845"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101845\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101845"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101845"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101845"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}