{"id":101847,"date":"2026-07-01T19:02:53","date_gmt":"2026-07-01T19:02:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101847"},"modified":"2026-07-01T19:02:53","modified_gmt":"2026-07-01T19:02:53","slug":"stc2889-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2889-2018\/","title":{"rendered":"STC2889-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2889-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00399-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Villareal Archila contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, Juzgado \u00danico Penal del Circuito Especializado de esa ciudad y, Juzgados 4 y 26 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla y Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a todas las autoridades judiciales, partes e intervinientes en el asunto origen de la acci\u00f3n. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante mediante apoderado solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales a la libertad, debido proceso, cosa juzgada, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y seguridad jur\u00eddica que considera vulnerados por las autoridades accionadas por cuanto adelantaron proceso penal en su contra, el cual culmin\u00f3 con sentencia condenatoria pese a que ya hab\u00eda sido condenado por los mismos hechos en los Estados Unidos de Am\u00e9rica, vulnerando de esta manera flagrantemente el principio del non bis in \u00eddem. <\/p>\n

En consecuencia, pretende \u00abSe de APLICACI\u00d3N DEL PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM Y COSA JUZGADA A FAVOR DE MIGUEL VILLAREAL ARCHILA. <\/p>\n

\u2026Se ORDENE al JUEZ CUARTO DE EJECUCI\u00d3N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BARRANQUILLA que ordene la LIBERTAD INMEDIATA DE MI PROHIJADO\u2026\u00bb [Folio 32, c.1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. A finales del mes de agosto de 2002 en la ciudad de Barranquilla arrib\u00f3 un cargamento considerable de coca\u00edna proveniente del sur del pa\u00eds y estimado en m\u00e1s de dos toneladas del cual ten\u00edan conocimiento personas dedicadas al tr\u00e1fico de estupefacientes, quienes informaron a miembros de la Polic\u00eda del Atl\u00e1ntico pertenecientes al Gaula y a la Dijin, uniformados que una vez enterados se apoderaron de la sustancia cuando \u00e9sta lleg\u00f3 a la zona; no la incautaron legalmente sino que negociaron la devoluci\u00f3n a sus due\u00f1os luego de cobrar una apreciable cantidad de dinero y retuvieron parte del cargamento para venderlo por su cuenta. <\/p>\n

2. Lo ocurrido gener\u00f3 una cadena de hechos violentos en la ciudad como fueron los homicidios de \u00c1ngel Guillermo Le\u00f3n S\u00e1nchez alias \u00abCHENGUE\u00bb y Jairo Mart\u00ednez Vel\u00e1squez apodado \u00abEL GORDO\u00bb, quienes fueron los encargados de llevar la informaci\u00f3n a la Polic\u00eda y participaron de las conductas cometidas por \u00e9stos. <\/p>\n

3. Por estos hechos la Fiscal\u00eda 19 de la Unidad Nacional Antinarc\u00f3ticos e Interdicci\u00f3n Mar\u00edtima el 4 de abril de 2006, profiri\u00f3 resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n en contra del accionante y otros por los presuntos delitos de Concierto para Delinquir Agravado en concurso con Tr\u00e1fico de Estupefacientes y Homicidio Agravado. <\/p>\n

4. El actor fue capturado por el delito de Conspiraci\u00f3n o Concierto para distribuir coca\u00edna el 20 de abril de 2007 dentro del radicado 3864 y el 5 de septiembre de ese a\u00f1o fue notificado de una orden de captura con fines de extradici\u00f3n hacia los Estados Unidos de Am\u00e9rica, solicitud que fue aprobada por el Gobierno Nacional y donde fue condenado por la Corte Federal a la pena de 130 meses de prisi\u00f3n con 5 a\u00f1os de libertad supervisada. <\/p>\n

5. Mientras tanto en el Juzgado \u00danico Penal del Circuito Especializado de Barranquilla se adelant\u00f3 la etapa de Juzgamiento y con sentencia de 8 de septiembre de 2008 se absolvieron a los procesados en los distintos cargos que se les atribuyeron. <\/p>\n

6. En desacuerdo el Fiscal Delegado interpuso recurso de apelaci\u00f3n el cual fue tramitado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, autoridad que el 10 de marzo de 2011 confirm\u00f3 parcialmente el fallo al mantener la absoluci\u00f3n por los delitos de Homicidio Agravado y Tr\u00e1fico de Estupefacientes y lo revoc\u00f3 en relaci\u00f3n con el punible de Concierto para Delinquir Agravado, por lo que los conden\u00f3 a la pena de 100 meses de prisi\u00f3n y 800 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por multa. [Folios 83-126,c.1] <\/p>\n

7. Inconforme uno de los procesados present\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual se resolvi\u00f3 el 27 de junio de 2012 en el que se decidi\u00f3 no casar la sentencia del Tribunal por los cargos propuestos en la demanda. <\/p>\n

De igual modo, decidi\u00f3 casar oficiosa y parcialmente el fallo en el sentido de condenar al actor y dem\u00e1s a la pena principal de 82 meses de prisi\u00f3n y multa de 3500 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, as\u00ed mismo, neg\u00f3 la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena y prisi\u00f3n domiciliaria. [Folios 41-77,c.1] <\/p>\n

8. Por cuenta de estas diligencias el tutelante fue capturado el 29 de febrero de 2016 a su regreso al pa\u00eds. <\/p>\n

9. El actor solicit\u00f3 al Juzgado 26 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, la aplicaci\u00f3n del principio del non bis in \u00eddem de invalidez de la sentencia y la libertad inmediata por cuanto en su sentir se adelantaron dos investigaciones por el mismo delito, por lo que se encuentra injustamente detenido debido a que ya pag\u00f3 todas \u00absus culpas\u00bb en Estados Unidos. <\/p>\n

10. El 4 de julio de 2017, se despach\u00f3 desfavorablemente la solicitud elevada por el sentenciado tras considerar el ejecutor que carece de competencia para decretar la ilegalidad de una sentencia por aplicaci\u00f3n del principio invocado, quedando la posibilidad en caso que sea procedente de acudir a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n para cuyo efecto deber\u00e1 reunir los requisitos establecidos y ante la autoridad competente. Determinaci\u00f3n contra la que no se interpuso recurso alguno. [Folios 36-38,c.1] <\/p>\n

11. El actor fue trasladado al Establecimiento Carcelario de Barranquilla, lo que origin\u00f3 que el asunto fuera remitido a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad el 7 de julio de ese a\u00f1o. <\/p>\n

12. Actualmente el expediente se encuentra en el Juzgado Cuarto ejecutor de esa ciudad. <\/p>\n

13. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron sus derechos porque por una precaria defensa t\u00e9cnica nada se hizo para evitar que las autoridades colombianas adelantaran otro proceso por los mismos hechos por los que result\u00f3 condenado en Estados Unidos y acudir a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n como lo se\u00f1al\u00f3 el juzgado ejecutor \u00abes un mecanismo judicial ordinario de prolongada demora para la resoluci\u00f3n de un conflicto jur\u00eddico, toda vez que es de p\u00fablico conocimiento que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sufre graves problemas de congesti\u00f3n que implican que el tiempo m\u00ednimo para resolver una acci\u00f3n de revisi\u00f3n es de dos a cinco a\u00f1os (\u2026) de tal manera que esta prolongaci\u00f3n del tiempo de la acci\u00f3n judicial ordinaria violenta ostensiblemente el derecho fundamental de libertad y la igualdad.\u00bb [Folios 2-35,c.1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. Por auto del 21 de febrero de 2018, fue admitida la acci\u00f3n de tutela y se dispuso correr traslado a todos los involucrados, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 304, c.1] <\/p>\n

2. El Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla se opuso a la prosperidad del amparo para cuyo efecto realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso cuestionado y se\u00f1al\u00f3 que la solicitud de aplicaci\u00f3n del principio del non bis in \u00eddem fue resuelta desfavorablemente por el Juzgado 26 de esa especialidad, determinaci\u00f3n que no fue impugnada por el quejoso. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos establecidos por la ley, lo hizo caracteriz\u00e1ndola con los principios de inmediatez y subsidiaridad. <\/p>\n

Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y , tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb. (CSJ SC 2 Ago 2007, exp. 00188-01) <\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez\u00a0inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. (CSJ SC 29 Abr 2009, Exp. 2009-00624-00). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, a lo que se adiciona que al desatender el comentado principio, la acci\u00f3n de tutela se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros. <\/p>\n

2. De cara a la primera de las inconformidades planteadas por el tutelante, esto es, la decisi\u00f3n en que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n cas\u00f3 parcial y oficiosamente la sentencia del Tribunal Superior de Barranquilla para condenarlo a la pena de 82 meses de prisi\u00f3n por el delito de Concierto para Delinquir Agravado, se tiene que tal determinaci\u00f3n se emiti\u00f3 el 27 de junio de 2012 y el actor fue capturado por esas diligencias el 29 de febrero de 2016, no obstante el amparo constitucional tan s\u00f3lo fue representado el 13 de febrero de 2018. <\/p>\n

Lo anterior deja en evidencia que el tutelante, para acudir al amparo constitucional dej\u00f3 trascurrir casi los dos a\u00f1os despu\u00e9s de que fue capturado y tuvo conocimiento de la existencia de esa condena, siendo palpable que dicho t\u00e9rmino supera el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, m\u00e1xime cuando no se alega alg\u00fan hecho o motivo que justifique su tardanza para impetrar esta acci\u00f3n. <\/p>\n

3. De otra parte, respecto a la censura efectuada al prove\u00eddo emitido por el Juzgado 26 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 de fecha 4 de julio de 2017 que le neg\u00f3 la aplicaci\u00f3n del principio del non bis in \u00eddem y por consiguiente la libertad inmediata, se observa que si el actor consideraba que lo resuelto por tal autoridad lesionaba sus derechos tal como ahora lo manifiesta al reclamar la protecci\u00f3n de tales garant\u00edas, debi\u00f3 cuestionar la mencionada decisi\u00f3n mediante los mecanismos de defensa que ten\u00eda a su alcance, sin embargo opt\u00f3 por guardar silencio. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, evidente es que el promotor del amparo desaprovech\u00f3 la oportunidad que tuvo para que los argumentos que ahora expone fueran estudiados dentro del tr\u00e1mite cuestionado, sin que pueda admitirse que por medio de este mecanismo constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que correspond\u00eda dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 por la desatenci\u00f3n del extremo actor, pues no hay lugar a soslayar que al interior del proceso judicial es donde -por excelencia- debe procurarse la protecci\u00f3n de las prerrogativas de orden fundamental de quienes participan como partes en el litigio. <\/p>\n

4. Pese a lo anterior, si se hiciera abstracciones de los anteriores planteamientos, no logra advertirse que la decisi\u00f3n emitida por el Juzgado 26 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad sea el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

En efecto, para fundamentar su decisi\u00f3n el juzgado ejecutor se\u00f1al\u00f3 que dentro de su funciones la cual se encuentra regulada en el art\u00edculo 38 de la Ley 906 de 2004 \u2013 C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u00abno se tiene competencia para decretar la ilegalidad de una sentencia, por aplicaci\u00f3n del principio de non bis in \u00eddem, lo anterior por cuanto la sentencia, se presume ha sido impuesta en legal forma y ha dado tr\u00e1nsito al principio de cosa juzgada el cual hace que sea inmodificable. <\/p>\n

(\u2026.) <\/p>\n

As\u00ed las cosas, considera el despacho que no es competente para establecer si la sentencia dictada en contra del sentenciado MIGUEL VILLAREAL ARCHILA es inv\u00e1lida por violaci\u00f3n del principio de non bis in \u00eddem, lo anterior por cuanto se afectar\u00eda el principio de cosa juzgada que reviste a la sentencia, el cual s\u00f3lo puede ser derruido mediante una acci\u00f3n de revisi\u00f3n, con el lleno de requisitos establecidos para ello y ante la autoridad judicial competente, de lo contrario se vulneraria el ordenamiento jur\u00eddico y se usurpar\u00edan las funciones propias del organismo de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n

Lo anterior se reafirma si se tiene en cuenta que las providencias en las que sustenta las solicitudes presentadas por el se\u00f1or defensor precisamente corresponde a acciones de revisi\u00f3n, interpuestas y tramitadas ante la Corte Suprema de Justicia Sala Penal (31529 de 14 de abril de 2010 M.P. Sigifredo Espinosa P\u00e9rez y recientemente la sentencia SP 4235-2017 radicaci\u00f3n 45072, acta No. 94 de 23 de marzo de 2017\u00bb <\/p>\n

5. De lo anterior, surge palpable que la pretensi\u00f3n del gestor del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha. <\/p>\n

Lo antepuesto, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Por ello, el accionante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera lo desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.), <\/p>\n

6. Las anteriores razones se estiman suficientes para denegar el amparo constitucional deprecado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional deprecada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC2889-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00399-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Villareal Archila contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, Sala de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101847","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101847","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101847"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101847\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101847"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101847"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101847"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}