{"id":101853,"date":"2026-07-01T19:03:29","date_gmt":"2026-07-01T19:03:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101853"},"modified":"2026-07-01T19:03:29","modified_gmt":"2026-07-01T19:03:29","slug":"stc2952-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2952-2018\/","title":{"rendered":"STC2952-2018"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2952-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-22-03-000-2017-03466-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de marzo de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Procede la Corte a desatar la impugnaci\u00f3n interpuesta por Emilio Aguirre Vergara contra la sentencia dictada en la tutela entablada por \u00e9l mismo contra el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

El promotor implor\u00f3 la protecci\u00f3n de su \u00abderecho al debido proceso\u201d con el fin de que se \u201cordene (\u2026) reconocer los alegatos y pruebas legalmente allegadas al proceso, sobre la reclamaci\u00f3n del bien mueble como poseedor y tenedor leg\u00edtimo del automotor de placas UFY440\u00bb. <\/p>\n

Como sustento de lo as\u00ed pretendido, adujo, en lo medular, que fue iniciado \u00abproceso ejecutivo\u00bb en el que luego de embargar el automotor con placas UFY440, se decret\u00f3 su aprehensi\u00f3n, la cual una vez practicada y en la que le arrebataron la posesi\u00f3n, solicit\u00f3 el levantamiento de esa cautela, la que no se resolvi\u00f3 en raz\u00f3n a que el juzgado no la tuvo en cuenta por falta de presentaci\u00f3n personal de los documentos que la conten\u00eda. Agreg\u00f3 que el proceso fue terminado y las medidas provisionales fueron retiradas, sin embargo, en \u00faltimas, el Juzgado orden\u00f3 la entrega de ese mueble al propietario y no a \u00e9l, cuando -seg\u00fan dijo- acredit\u00f3 con suficiencia que detentaba el bien con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o. <\/p>\n

El Juzgado dijo que se aten\u00eda a lo actuado dentro del compulsivo. <\/p>\n

La Magistratura de primer grado deneg\u00f3 la salvaguarda, luego de observar el desconocimiento del principio de subsidiariedad en el caso concreto, ya que no se combati\u00f3 el prove\u00eddo confutado. <\/p>\n

Con la impugnaci\u00f3n, fue insistida la posici\u00f3n inicialmente tra\u00edda. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

La acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no fue destinada a replicar las providencias emitidas en el curso de \u00abprocesos jurisdiccionales\u00bb, ya que permitirlo ser\u00eda contrariar la independencia y autonom\u00eda de quienes cumplen esa actividad; empero, resulta id\u00f3nea, de manera excepcional, para garantizar prerrogativas fundamentales y convencionales, en aquellos eventos en los que se advierta una ostensible, arbitraria y grosera actuaci\u00f3n. Por supuesto, luego de superado el estudio preliminar correspondiente. <\/p>\n

Desde el p\u00f3rtico la Sala avista la necesaria salvaguarda de los intereses superiores de Emilio Aguirre, habida cuenta que el Juzgado combatido incurri\u00f3 en un desatino insuperable en el prove\u00eddo calendado 1\u00ba de agosto de 2017, cuando orden\u00f3 la entrega del veh\u00edculo UFY-440 a su propietario, afincado en el \u00abcertificado de tradici\u00f3n y libertad\u00bb, sin resolver sobre la solicitud que en el mismo sentido formul\u00f3 el aqu\u00ed petente, luego de afirmar que \u00abeste no es el escenario procesal adecuado para resolver asuntos atinentes a la forma como el peticionario (\u2026) adquiri\u00f3 la posesi\u00f3n del veh\u00edculo, seg\u00fan se refiere, (\u2026) por lo cual, de considerarlo pertinente deber\u00e1 acudir a las acciones correspondientes\u00bb. <\/p>\n

Y es que emerge elemental c\u00f3mo los bienes que son afectados con medidas cautelares, en los que por ende son sujetos a limitaci\u00f3n de alguna o la totalidad de los atributos de la propiedad, posesi\u00f3n y\/o tenencia; una vez decretado su levantamiento por los motivos contemplados por la ley, ser\u00e1n restituidos al propietario, poseedor o tenedor, respectivamente.
\nPor manera que si en el sub lite fue acreditado que el automotor fue aprehendido cuando Emilio Aguilar lo disfrutaba, quien ha sostenido reiteradas veces que es poseedor de aqu\u00e9l, le correspond\u00eda al juzgador determinar la certeza de dicha calidad para una vez probada proceder a restituirlo, aun cuando no sea el titular del dominio. <\/p>\n

Lo anterior, porque el embargo y secuestro no interrumpe la posesi\u00f3n, dado que dicho status no puede arrebatarse con actos provisionales; ser\u00e1, entonces, la acci\u00f3n de dominio la que permitir\u00e1 \u2013entre otros- volver a obtener el uso y goce del bien por su propietario. <\/p>\n

Se ha reiterado por la Corte que: <\/p>\n

Esta Corporaci\u00f3n, desde el 8 de mayo de 1890, ha se\u00f1alado que \u201c[e]l embargo no interrumpe ni la posesi\u00f3n ni la prescripci\u00f3n, porque la ley no ha reconocido esto como causa de interrupci\u00f3n natural o civil, como puede verse en los art\u00edculos 2523 y 2524 del C\u00f3digo Civil\u2026\u201d (G.J. T. XXII, p\u00e1g. 376). <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

(\u2026) el secuestro, en esencia, se contrae a la entrega del bien al auxiliar de la justicia que se designe, para que lo custodie, conserve o administre, y, posteriormente, lo entregue a quien obtenga una decisi\u00f3n judicial a su favor (art. 2273 del C.C.), detentaci\u00f3n que realiza como un mero tenedor, reconociendo dominio ajeno (art. 775 del C.C.), de lo que, al tiempo, se desprende que la detentaci\u00f3n de la cosa cautelada por parte del secuestre, no es a nombre propio, ni con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o. <\/p>\n

De lo anterior se colige que la situaci\u00f3n que aflora del secuestro tampoco se acomoda a las previsiones de los referidos numerales 1\u00ba y 2\u00ba del art\u00edculo 2523 del C\u00f3digo Civil, pues en frente de esta medida cautelar, no surge, necesariamente, la cesaci\u00f3n del poder o se\u00f1or\u00edo que el poseedor tiene sobre el respectivo bien, ni, lo que resulta cardinal, se da origen a una nueva posesi\u00f3n en cabeza del secuestre o depositario. <\/p>\n

Tambi\u00e9n se ha dicho que: <\/p>\n

(\u2026) ni el embargo, ni el secuestro de un bien, traducen la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n adquisitiva, puesto que \u201cmedidas judiciales de ese linaje constituyen apenas t\u00edtulos de mera tenencia como lo tiene definido el art\u00edculo 775 del mismo c\u00f3digo [civil], luego de los secuestres debe decirse que son siempre servidores de la posesi\u00f3n ajena, o por mejor expresarlo ejecutores materiales del se\u00f1or\u00edo posesorio que otros ostentan\u2026\u201d (se subraya). Adelante observ\u00f3, que cualquiera sea la modalidad y la finalidad del secuestro practicado, \u00e9l \u201c\u2026 \u2018se perfecciona con la entrega de la cosa que a t\u00edtulo precario hace el juez al secuestre; y este cesa en sus funciones cuando, en acatamiento de la orden judicial que as\u00ed lo dispone, restituye el bien o bienes a quien por derecho corresponda. Durante el lapso comprendido entre estos extremos, m\u00e1s o menos largo seg\u00fan las contingencias de la litis, el secuestre est\u00e1 en relaci\u00f3n con la cosa a t\u00edtulo de mero tenedor y en definitiva tiene a nombre del propietario o de quien llegue a serlo\u2026\u2019 (G.J. Tomo CXXXVIII, p\u00e1g. 351). Dicho en otras palabras, el secuestro de bienes no tiene de suyo virtualidad para actuar indefectiblemente como causa determinante de la interrupci\u00f3n natural o civil de una prescripci\u00f3n en curso, ello por cuanto puede existir plena compatibilidad con la posesi\u00f3n del prescribiente y el \u2018animus rem sibi habendi\u2019, por efecto del dep\u00f3sito judicial, no lo asume el secuestre, sigui\u00e9ndose de ello, entonces, que recibida del mentado auxiliar la tenencia f\u00edsica por parte de quien ven\u00eda poseyendo con anterioridad, la respectiva situaci\u00f3n posesoria se reputa subsistente durante todo el tiempo en que la medida tuvo efectiva vigencia, habida cuenta que en esas condiciones, en ausencia de prueba positiva en contrario y por mandato de los art\u00edculos 792 y 2523 del C\u00f3digo Civil seg\u00fan se apunt\u00f3 con anterioridad, la posesi\u00f3n debe juzgarse legalmente recobrada y por lo tanto continuada sin interrupci\u00f3n (cfr, Tomo XXII, p\u00e1g. 372, XL, p\u00e1g. 180 y CIII p\u00e1g. 105-106)\u201d (Cas. Civ., sentencia del 22 de enero de 1993, expediente No. 3524; se subraya). <\/p>\n

Aunado a lo expuesto, en sede constitucional, se ha indicado: <\/p>\n

(\u2026) la Corte considera improcedente la solicitud de amparo, como acertadamente la advirti\u00f3 el juzgador constitucional de primer grado, toda vez que el auto cuestionado de 5 de noviembre de 2013, por medio del cual confirm\u00f3 la orden de entregar el bien a quien lo ten\u00eda al momento de la diligencia de aprehensi\u00f3n, ora \u00abincautaci\u00f3n\u00bb, esto es, al se\u00f1or Juan Camilo Jaramillo Murillo no entra\u00f1a v\u00eda de hecho, pues el litigio en cuesti\u00f3n que motiv\u00f3 la iniciaci\u00f3n del proceso verbal se termin\u00f3 por acuerdo entre las partes con el consiguiente levantamiento de las medidas cautelares \u2013embargo y secuestro- practicadas sobre el veh\u00edculo de marras, en donde, lo procedente era no dar tr\u00e1mite al incidente de desembargo, y en aras de preservar el status quo existente hasta entonces, restituir el rodante a quien a la saz\u00f3n lo detentaba; por supuesto que el juicio no puede ser utilizado para alterar la situaci\u00f3n en la que se encontraban los implicados antes de la consumaci\u00f3n de las cautelas (CSJ, STC1036-2014). <\/p>\n

Asimismo, en otro pronunciamiento, revel\u00f3: <\/p>\n

En punto de la inconformidad formulada frente al auto que neg\u00f3 la entrega del veh\u00edculo de placas SPS 481 al representante legal de la sociedad demandante, a ra\u00edz del levantamiento de las medidas cautelares ordenado en raz\u00f3n de haberse aceptado el desistimiento de las pretensiones elevado previamente, se advierte que analizada aqu\u00e9lla decisi\u00f3n, el juzgador acusado plasm\u00f3 la argumentaci\u00f3n que sustent\u00f3 ese parecer, la que desde la \u00f3ptica ius fundamental del debido proceso no ofrece reparo, en tanto se estructur\u00f3 en una admisible revisi\u00f3n de los hechos concretos, as\u00ed como en la razonable interpretaci\u00f3n de las normas que gobiernan la tem\u00e1tica sometida a consideraci\u00f3n. <\/p>\n

Para adoptar su decisi\u00f3n, el Juez Doce Civil del Circuito de Bogot\u00e1 consider\u00f3 que con \u201cel levantamiento de las medidas, las cosas vuelven al estado en que se encontraban, que es la tenencia del veh\u00edculo por parte del tercero GERMAN (sic) GONZALEZ, pues no se pueden violar los eventuales derechos de este (sic), ni la medida es causa de terminaci\u00f3n de las relaciones que pudieran existir en ese momento, acomp\u00e1\u00f1ese autorizaci\u00f3n de ese tercero respecto a la en (sic) entrega del bien a LEASING DE OCCIDENTE S.A y no a \u00e9l. Obs\u00e9rvese en el caso bajo estudio que quien detentaba el veh\u00edculo al momento de la aprehensi\u00f3n era el se\u00f1or GERMAN (sic) GONZALEZ (fls 23)\u201d (fl 43 cdno. 1 del proceso ejecutivo). <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

[\u2026] De otro lado, ci\u00f1\u00e9ndonos a los argumentos vertidos en el escrito contentivo de la impugnaci\u00f3n, como lo anot\u00f3 la autoridad judicial accionada, no es posible que la entrega se ordene a favor del representante legal del Banco de Occidente, como quiera que al momento en que se inmoviliz\u00f3 el veh\u00edculo de su propiedad, aspecto \u00e9ste que no se discute, lo ten\u00eda en su poder una persona distinta; en el aparte pertinente del acta de inventario de fecha 18 de junio de 2010, se lee: \u201cA quien se le incauta: HERNAN GONZALEZ C.C. 79 215 320 de SOACHA\u201d (fl 22 cdno. 1 del proceso ejecutivo). <\/p>\n

Sumado a lo expuesto, al levantarse las medidas cautelares decretadas sobre el veh\u00edculo, a prop\u00f3sito de la terminaci\u00f3n del proceso, las cosas deb\u00edan regresar al estado anterior, lo que conllevaba a disponer la entrega del veh\u00edculo al se\u00f1or Hern\u00e1n Gonz\u00e1lez, quien al momento de la aprehensi\u00f3n no dej\u00f3 constancia de que fuese empleado, dependiente o conductor de Forley Mar\u00edn Arango. De ah\u00ed que no pueda sostenerse que el derecho a la propiedad de la persona jur\u00eddica quejosa, que por lo dem\u00e1s no tiene el car\u00e1cter de fundamental, ha sido conculcado por la providencia cuya legalidad cuestiona, pues no existe constancia procesal de que la situaci\u00f3n del tercero en cuyo poder fue aprehendido el veh\u00edculo, correspondiera a la de un mero detentador de la cosa por cuenta de cualquiera de las partes, desprovisto de derechos o intereses que merezcan el amparo legal. <\/p>\n

Se destaca, no por el hecho que el Banco de Occidente -antes Leasing de Occidente S.A.- ostente el derecho de dominio del bien deb\u00eda hac\u00e9rsele entrega de \u00e9l, ya que como es sabido, en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano se distinguen claramente tres categor\u00edas, a saber: la del propietario, la del poseedor y la del mero tenedor, todas susceptibles de ser amparadas en cada caso en particular. <\/p>\n

Ahora, si como se afirma en el hecho 12 de la acci\u00f3n de tutela, es la sociedad convocante la que tiene todos los derechos que se derivan del dominio, no tendr\u00e1 problema en lograr, tal y como se se\u00f1al\u00f3 en el prove\u00eddo de 9 de mayo de 2011, que el presunto \u201cconductor del veh\u00edculo\u201d la autorice para que le sea entregado el rodante, o, en caso contrario, que lo reclame y se lo entregue. <\/p>\n

Por \u00faltimo, no desconoce la Sala el acta de restituci\u00f3n suscrita entre los extremos procesales, documento que se acompa\u00f1\u00f3 con la petici\u00f3n de desistimiento de las pretensiones de la demanda; sin embargo, el decreto de la figura jur\u00eddica regulada en el art\u00edculo 342 del C. de P.C. no implicaba per se que se ordenara la entrega a favor del Banco de Occidente, toda vez que el proceso culmin\u00f3 de forma anormal y no con sentencia de entrega -art\u00edculos 424 y 426 de la ley adjetiva- (CSJ STC, 22 Sep. 2004, Rad. 01009-00). <\/p>\n

Por lo anterior, a juicio de la Sala es di\u00e1fana la equivocaci\u00f3n en que incurri\u00f3 el Estrado disciplinado, dado que sobrepasando la inteligencia que se ha puesto de presente soslay\u00f3 los eventuales derechos que tenga el interesado al ni siquiera establecer la veracidad de su dicho, y atender la doctrina que aqu\u00ed se ha expuesto. <\/p>\n

Cumple aclarar que pese a no haberse planteado recurso de reposici\u00f3n, con ocasi\u00f3n del incumpliendo de la exigencia que fue dada por el funcionario, acontecimiento que, en principio, dar\u00eda al traste con la solicitud de amparo, dado el car\u00e1cter residual que le es propio a este mecanismo excepcional, habr\u00e1 de reiterarse por la Corte que tal exigencia no es absoluta, por ser sabido que en circunstancias particulares, como ocurre en este caso, ante la existencia de un error ostensible, protuberante y manifiesto por parte del despacho judicial accionado, es permitido la intervenci\u00f3n del \u00abjuez de tutela\u00bb ante la evidente transgresi\u00f3n de la \u00abgarant\u00eda constitucional\u00bb del accionante al debido proceso. <\/p>\n

Baste lo dicho en precedencia para revocar lo zanjado en la primera instancia y prohijar los reclamos antedichos. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, resuelve REVOCAR la sentencia de primer grado, para proceder a tutelar el derecho al debido proceso de Emilio Aguirre Vergara, por lo explicado. <\/p>\n

En consecuencia con lo anterior, se deja sin valor y efecto el prove\u00eddo adiado 1\u00ba de agosto de 2017, dictado en el proceso 2012-00188-00, as\u00ed como todas las actuaciones posteriores y que dependan de \u00e9l, para, adem\u00e1s, ordenar al Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1, que en el t\u00e9rmino de 5 d\u00edas, contados a partir de su enteramiento, proceda a resolver nuevamente la solicitud de entrega, conforme a los planteamientos aqu\u00ed abordados. <\/p>\n

Notif\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\n(Ausencia Justificada) <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC2952-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-22-03-000-2017-03466-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de marzo de dos mil dieciocho (2018). Procede la Corte a desatar la impugnaci\u00f3n interpuesta por Emilio Aguirre Vergara contra la sentencia dictada en la tutela entablada por \u00e9l mismo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101853","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101853","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101853"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101853\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101853"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101853"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101853"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}