{"id":101857,"date":"2026-07-01T19:03:59","date_gmt":"2026-07-01T19:03:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101857"},"modified":"2026-07-01T19:03:59","modified_gmt":"2026-07-01T19:03:59","slug":"stc2965-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2965-2018\/","title":{"rendered":"STC2965-2018"},"content":{"rendered":"
\u2013\u2013
\nLUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2018-00003-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de marzo de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 24 de enero de 2018, por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la salvaguarda promovida por Eligio Antonio Tovio Arcia contra la Comisar\u00eda Primera de Familia y el Juzgado Primero Promiscuo de Familia, ambos de Facatativ\u00e1, con ocasi\u00f3n de la medida de protecci\u00f3n iniciada por Nancy Janneth Pulido Rueda frente al aqu\u00ed al actor. <\/p>\n

1.\tANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl promotor reclama la protecci\u00f3n de los derechos consagrados en los art\u00edculos 13, 25, 29 y 44, entre otros, supuestamente lesionados por las autoridades atacadas. <\/p>\n

2.\tComo fundamento de su reproche, asevera que su \u201cexpareja\u201d, Nancy Janneth Pulido, impuls\u00f3 en su contra el juicio materia de censura por violencia intrafamiliar, exponiendo \u201c(\u2026) que tuvo que salir de la casa [de Facatativ\u00e1] para evitar problemas y proteger a [la] hija [de los dos] (\u2026)\u201d; decurso donde se cometieron irregularidades de orden sustancial y procesal. <\/p>\n

Relata in extenso, no haber sido notificado debidamente de dicho tr\u00e1mite, pues la denunciante adujo que el aqu\u00ed tutelante se hallaba en Facatativ\u00e1 cuando sab\u00eda de su traslado a Medell\u00edn junto con su nueva pareja y sus otras descendientes. <\/p>\n

Sostiene que los m\u00faltiples oficios realizados para su enteramiento, as\u00ed como varios informes secretariales carecieron de firma y se agregaron al \u201c(\u2026) expediente presuntamente extempor\u00e1neamente (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Acota que el inmueble ubicado en Facatativ\u00e1, corresponde a \u201c(\u2026) un negocio de alquiler de catorce habitaciones, con garaje y recepci\u00f3n para atender a los clientes con pareja (\u2026), siendo maneja[do por] (\u2026) cada quien (\u2026) sus habitaciones, sus inquilinos y su libro de registro contable (\u2026)\u201d, cuesti\u00f3n no informada por la querellante en el asunto confutado. <\/p>\n

Anota que el 16 de septiembre de 2017, estando en Facatativ\u00e1, recibi\u00f3 un oficio de la comisar\u00eda accionada para comparecer al decurso, documento con errores en relaci\u00f3n con la fecha del citatorio y el n\u00famero del expediente. <\/p>\n

Agrega que su hija T. P. fue llamada en el tr\u00e1mite acusado para valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica, comunicaci\u00f3n donde se le indic\u00f3 la existencia de sanciones en caso de no comparecer. Acota que la menor tiene nueve a\u00f1os y no puede ser objeto de tales correctivos; adem\u00e1s, debi\u00f3 pedirse autorizaci\u00f3n al Ministerio P\u00fablico y enter\u00e1rsele al aqu\u00ed petente de esa actuaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando el maltrato se aleg\u00f3 respecto de Nancy Janneth y no de la ni\u00f1a. <\/p>\n

Esgrime que las copias de la actuaci\u00f3n le fueron suministradas tard\u00edamente, pues las solicit\u00f3 el 19 de septiembre y s\u00f3lo se le entregaron al d\u00eda siguiente. <\/p>\n

Expone que el 27 de septiembre de 2017, concurri\u00f3 a la comisar\u00eda a la diligencia de conciliaci\u00f3n y descargos; no obstante, se omiti\u00f3 dejar constancia de su \u201c(\u2026) \u00e1nimo conciliatorio (\u2026)\u201d, el cual expres\u00f3 ofreci\u00e9ndole a la presunta v\u00edctima y a su hija \u201c(\u2026) un apartamento (\u2026) para que \u00e9sta tuviera tranquilidad (\u2026) y no se expusiera a la menor a permanecer en un negocio de alquiler de habitaciones (\u2026)\u201d.
\nRealiz\u00f3 la anterior oferta porque crey\u00f3 estar \u201c(\u2026) en una audiencia por orden leg\u00edtima de autoridad competente y (\u2026) legal (\u2026)\u201d; sin embargo, la misma no cont\u00f3 \u201c(\u2026) con la asistencia o el apoyo profesional del grupo interdisciplinario psic\u00f3loga y trabajadora social y tampoco se evidencia el ofrecimiento de asistencia t\u00e9cnica de un defensor de oficio (\u2026)\u201d. <\/p>\n

A\u00f1ade que en esa oportunidad se dict\u00f3 el fallo correspondiente, declar\u00e1ndosele responsable de actos de violencia imputados e imponi\u00e9ndosele, entre otras cosas, no continuar en el inmueble ubicado en Facatativ\u00e1 \u2013a donde se dispuso el regreso de la querellante-, y abstenerse de presentarse en espacios donde se encuentre la v\u00edctima. <\/p>\n

Dicha decisi\u00f3n quebranta sus prerrogativas, por cuanto (i) no se recaudaron pruebas tales como las valoraciones psicol\u00f3gicas de los intervinientes y otras tendientes a demostrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las lesiones alegadas; (ii) no se tuvo en consideraci\u00f3n el peligro para la menor T. P. de continuar residiendo en el citado negocio; (iii) no fue atendida su denuncia por violencia intrafamiliar, as\u00ed como tampoco la noticia criminal formulada ante las falsedades aducidas por Nancy Janneth; (iv) se desconocieron sus derechos patrimoniales respecto del referido predio; y (v) se le impidi\u00f3 desplazarse libremente a lugares p\u00fablicos y privados. <\/p>\n

Aunque en esa diligencia tampoco se le inform\u00f3 de la procedencia y tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n contra las medidas adoptadas, present\u00f3 dicho recurso. <\/p>\n

Se\u00f1ala que antes de resolverse la alzada, la querellante, a trav\u00e9s de la Polic\u00eda Nacional, consigui\u00f3 regresar al edificio exigiendo la entrega completa de \u00e9ste, ocasi\u00f3n donde se le orden\u00f3 al censor suministrar las llaves de todos los cuartos y la administraci\u00f3n \u201c(\u2026) y recaudo del dinero (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El 2 de noviembre de 2017, el juzgado accionado confirm\u00f3 la providencia de primer grado; sin embargo, le indic\u00f3 al actor que deb\u00eda exponer la problem\u00e1tica del inmueble ante la Comisar\u00eda; empero, \u00e9sta \u201c(\u2026) agrav[\u00f3] la sanci\u00f3n, ya que entreg\u00f3 todo el edificio (\u2026), sitio donde permanece la menor y [su] expareja en horas de la noche y fines de semana atendiendo el negocio (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Advierte que la ni\u00f1a no goza de un ambiente sano, realiza distintas labores en el negocio mencionado y observa algunas de las c\u00e1maras ubicadas en \u00e9ste, todo lo cual \u201c(…) puede influir en su formaci\u00f3n sexual (\u2026)\u201d; no obstante, las autoridades accionadas omitieron tomar una decisi\u00f3n sobre el particular. <\/p>\n

Agrega que aun cuando autoriz\u00f3 a un tercero para que administrara los cuartos a \u00e9l asignados en el inmueble de Facatativ\u00e1, la all\u00e1 querellante no lo permiti\u00f3.
\nAfirma que le pidi\u00f3 al estrado atacado \u201c(\u2026) otra comisaria para que diera cumplimiento a su resuelve (\u2026)\u201d; sin embargo, no ha obtenido respuesta. <\/p>\n

Por \u00faltimo, sostiene no haber concurrido a la citaci\u00f3n realizada por la Comisar\u00eda para el 16 de noviembre de 2017 porque, seg\u00fan lo ordenado por esa misma entidad, no puede acercarse a Nancy Janneth (fl. 1 al 22, cdno. 1). <\/p>\n

3.\tSuplica, en concreto, revocar las decisiones criticadas y exhortar al ICBF para que intervenga en relaci\u00f3n con los derechos de la menor y le admita visitarla (fls. 22 y 23, \u00eddem). <\/p>\n

1.\tLa comisar\u00eda convocada expres\u00f3 la imposibilidad de pronunciarse frente al resguardo impetrado, por cuanto <\/p>\n

\u201c(\u2026) el expediente se encuentra (\u2026) en el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Facatativ\u00e1, a quien correspondi\u00f3 por reparto para resolver en grado de consulta el incumplimiento del se\u00f1or Eligio Antonio Tovio Arcia a la medida de protecci\u00f3n impuesta (\u2026)\u201d (fl. 102, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tEl juzgado guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

El tribunal deneg\u00f3 la protecci\u00f3n impetrada por incumplir el presupuesto de subsidiariedad, pues el gestor no aleg\u00f3 al interior del decurso criticado las cuestiones esbozadas ante esta jurisdicci\u00f3n (fls. 107 al 114, cdno. 1). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

El actor impugn\u00f3 exponiendo los indicios graves que se desprenden de la actitud de los accionados al no contestar el libelo tutelar. <\/p>\n

Asever\u00f3 que si bien no adujo ante los funcionarios convocados algunas de las acusaciones aqu\u00ed ventiladas, \u00e9stos contaban con \u201cfacultad ultrapetita\u201d para resolverlas. <\/p>\n

Tras insistir en los defectos procesales cometidos en las diligencias censuradas, se\u00f1al\u00f3 la imposibilidad de ser responsable de violencia intrafamiliar porque para la fecha de los hechos enrostrados no resid\u00eda con la supuesta v\u00edctima (fls. 1 al 7, cdno. Corte). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tDelanteramente, es menester precisar, en reiterados pronunciamientos esta Corte ha insistido en censurar todo tipo de violencia que se ejerza contra la familia, la mujer, los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, contra las minor\u00edas, y en general; los grupos hist\u00f3ricamente discriminados.
\nLo anterior, en concordancia con diferentes instrumentos normativos dise\u00f1ados para proscribir ese tipo de comportamientos y dise\u00f1ar medidas de discriminaci\u00f3n positiva tendientes a eliminar las barreras que de una u otra manera puedan poner a determinadas personas o grupos poblacionales en posici\u00f3n de desventaja en los diferentes escenarios de la vida social. <\/p>\n

As\u00ed se ha estatuido, entre otros, en las Declaraciones Universal de los Derechos del Hombre y para la Eliminaci\u00f3n de la Violencia contra la Mujer, en las Convenciones de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Ni\u00f1o y las Interamericanas de Derechos Humanos y de \u201cBel\u00e9m do Par\u00e1\u201d. <\/p>\n

En el ordenamiento interno, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, introdujo varios c\u00e1nones aplicables a la materia, tales como los derechos a la igualdad, a la familia, la homogeneidad entre hombre y mujer y la protecci\u00f3n reforzada de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes; y personas mayores (arts. 13, 42, 43 y 441).
\nSe debe insistir en la necesidad de cultivar el respeto y la tolerancia, haci\u00e9ndose un vehemente llamado a todos los connacionales para que cesen ese tipo de conductas, con el prop\u00f3sito de construir una sociedad armoniosa, entendiendo esto como el fundamento de la democracia y la paz social y as\u00ed superar pac\u00edficamente los conflictos. <\/p>\n

2.\tExaminado el amparo se constata que el promotor reprocha (i) los presuntos desatinos procesales ocurridos en la actuaci\u00f3n denunciada, tales como los errores en oficios y citatorios, defectos en su notificaci\u00f3n y omisi\u00f3n en el recaudo de pruebas, entre otros; (ii) las medidas de protecci\u00f3n otorgadas en favor de Nancy Janneth Pulido Rueda; y (iii) el supuesto \u201cpeligro\u201d al cual se encuentra expuesta la menor Tovio Pulido. <\/p>\n

3.\tSobre el primer reparo, tal como lo adujo el tribunal, el resguardo desconoce el presupuesto de subsidiariedad, pues el gestor, vinculado y llamado al tr\u00e1mite criticado, concurri\u00f3 al mismo el 27 de septiembre de 2017 a rendir descargos y nada dijo sobre las cuestiones procedimentales aqu\u00ed objetadas; incluso, su actitud pasiva permiti\u00f3 la continuaci\u00f3n de la diligencia, finalizada \u00e9sta con las medidas dictadas para salvaguardar a la v\u00edctima. <\/p>\n

Dicho silencio no pod\u00eda ser superado por la acotada \u201cfacultad ultrapetita\u201d que el actor estima tienen las entidades accionadas, pues, de un lado, ello habr\u00eda ido en contrav\u00eda del principio de imparcialidad que reviste la funci\u00f3n judicial y, de otro, aqu\u00e9l no se hallaba en ninguna circunstancia que le impidiera ejercer su defensa diligentemente. <\/p>\n

Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual. En torno a lo enunciado esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) conforme a lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2651 de 1991, se torna nugatorio el amparo constitucional demandado, ya que si la normatividad ha dado los instrumentos jur\u00eddicos para la protecci\u00f3n de [los] derechos, (\u2026) ha de recurrirse a ellos y no a la tutela, la que no ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces ni para crear instancias adicionales a las existentes, sino que tiene el prop\u00f3sito claro, definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica indica, que no es otro diferente de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta reconoce (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

4.\tEn cuanto a las medidas de protecci\u00f3n decretadas en el juicio denunciado, esta salvaguarda tampoco se abre paso porque no se encuentra en ellas arbitrariedad o desafuero lesivo de garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n

En efecto, se observa que la all\u00e1 quejosa aleg\u00f3 malos tratos por parte del tutelante cuando este regres\u00f3 al inmueble de la pareja, ubicado en Facatativ\u00e1. Esa situaci\u00f3n la oblig\u00f3 a dejar su lugar de residencia junto con su hija y a iniciar la querella materia de reparo. <\/p>\n

El ahora reclamante acudi\u00f3 a ese tr\u00e1mite y en lugar de desvirtuar las alegaciones de la v\u00edctima y exigir la recepci\u00f3n de las pruebas indicadas en esta tutela, pidi\u00f3 disculpas por sus actitudes y acept\u00f3 no ser conveniente la convivencia con aqu\u00e9lla, razones por las cuales la comisar\u00eda accionada declar\u00f3 al accionante responsable de los actos violentos aducidos y, en consecuencia, le impuso abstenerse de continuarlos y no concurrir a lugares p\u00fablicos o privados donde se encontrara su esposa; adem\u00e1s, entre otras cuestiones, orden\u00f3 el retorno de Nancy Janneth con su hija al predio de Facatativ\u00e1, <\/p>\n

\u201c(\u2026) [en el cual] no podr\u00e1 permanecer el se\u00f1or Eligio Antonio Tovio Arcia a quien igualmente se le indica no podr\u00e1 tener su lugar de residencia en el mismo edificio en el que estar\u00e1 su esposa e hija, atendiendo el inmueble (sic) es de la sociedad conyugal (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Dicha providencia fue apelada por el aqu\u00ed censor, con fundamento, en s\u00edntesis, (i) en relegarse el \u00e1nimo conciliatorio por \u00e9l ventilado, (ii) su calidad de v\u00edctima porque tambi\u00e9n denunci\u00f3 a la querellante inicial; (iii) el desconocimiento de la administraci\u00f3n del negocio familiar; y (iv) la supuesta violaci\u00f3n a la libre locomoci\u00f3n. <\/p>\n

El 1\u00b0 de noviembre de 2017, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Facatativ\u00e1 confirm\u00f3 las medidas reprochadas indicando que no hubo ning\u00fan acuerdo, pues la lesionada quer\u00eda regresar a su residencia y obtener el desalojo del peticionario. Asimismo, acot\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) revisado el tr\u00e1mite procesal, es dable se\u00f1alar que mediante auto del 25 de septiembre de 2017 le fue otorgada medida provisional al apelante en la que se le orden\u00f3 a la se\u00f1ora Nancy Janneth Pulido Rueda abstenerse de realizar actos de violencia en su contra (\u2026) [; sin embargo,] recaudadas las pruebas, la Comisar\u00eda (\u2026) di[o] cr\u00e9dito a lo se\u00f1alado por la solicitante inicial y no a lo manifestado por el se\u00f1or Eligio Antonio Tovio Arcia, quien no logr\u00f3 demostrar su condici\u00f3n de v\u00edctima (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEn lo referente al (\u2026) reparo relacionado con que la orden que se le dio al apelante de no ingresar a ning\u00fan sitio p\u00fablico o privado donde (\u2026) se encuentre la se\u00f1ora Nancy Janneth (\u2026) viola su derecho a la libre locomoci\u00f3n, vale indicar que tal decisi\u00f3n no trasgrede sus derechos fundamentales. Ello es as\u00ed en primer lugar [porque] (\u2026) tal limitaci\u00f3n se encuentra expresamente prevista en el literal b) del art\u00edculo 5 de la Ley 294 de 1996, lo cual permite su aplicaci\u00f3n y, en segundo lugar, en tanto no se le impuso ninguna medida que impida su circulaci\u00f3n por la totalidad del territorio nacional o incluso la salida del pa\u00eds (\u2026)\u201d.
\n\u201cFinalmente, respecto a (\u2026) [lo] tocante con que la Comisar\u00eda (\u2026) ten\u00eda conocimiento de que el se\u00f1or (\u2026) Tovio Arcia resid\u00eda en una de las habitaciones del inmueble ubicado en (\u2026) [Facatativ\u00e1] y sin embargo orden\u00f3 que la se\u00f1ora Nancy Janneth (\u2026) y la ni\u00f1a (\u2026) Tovio Arcia regresaran a dicho inmueble sin tener en cuenta que en el edificio existen 13 habitaciones (\u2026) que son administradas por \u00e9l, vale precisar que procesalmente tal situaci\u00f3n no estaba demostrada. A la anterior conclusi\u00f3n se llega una vez revisada la totalidad del expediente, pues ninguno de los intervinientes se\u00f1al\u00f3 que el inmueble que habitaban fuese un edificio en el que se alquilaran habitaciones (\u2026), hecho que fue puesto en conocimiento una vez se interpuso el recurso (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cPor lo anterior no se puede endilgar a la funcionaria de primera instancia el desconocimiento de una circunstancia que no fue puesta en conocimiento (\u2026). Por ello, se insta al recurrente para que ponga [de] presente [la] situaci\u00f3n en la Comisar\u00eda Primera de Familia de Facatativ\u00e1, con el fin de que sea esa autoridad administrativa quien tome las decisiones necesarias para atender dicha problem\u00e1tica (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Se reitera, entonces, las medidas decretadas en favor de la v\u00edctima estuvieron suficientemente respaldadas en lo ocurrido en el decurso y sin desconocerse las afirmaciones de los intervinientes. <\/p>\n

La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

5.\tAuscultado lo anterior, se memora que el solicitante igualmente reprocha lo concerniente a la administraci\u00f3n del rese\u00f1ado inmueble, pues en \u00e9ste existen catorce (14) habitaciones destinadas a su alquiler y cada uno de los c\u00f3nyuges, seg\u00fan se expres\u00f3, recauda la mitad de dicho negocio. <\/p>\n

Como se desprende de la providencia del juzgado acusado, al censor le correspond\u00eda acudir ante la comisar\u00eda querellada para dilucidar lo relativo al manejo del dinero percibido por el concepto indicado; no obstante, nada obra en el paginario que demuestre tal actividad, lo cual le impide a esta Corporaci\u00f3n efectuar un pronunciamiento sobre el particular. <\/p>\n

Esta Corte en casos an\u00e1logos, ha manifestado que si no hay elementos probatorios de las aserciones de los tutelantes, <\/p>\n

\u201c(\u2026) resulta inviable otorgar la protecci\u00f3n deprecada, pues seg\u00fan lo establece la regla 164 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a este tr\u00e1mite por remisi\u00f3n del canon 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, \u201c(\u2026) [t]oda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cSobre la posibilidad de allegar pruebas, la Corte Constitucional sostuvo que \u00e9sta \u201c(\u2026) debe ejercerse dentro de las etapas contentivas del proceso de tutela y no fuera de \u00e9ste. Como garant\u00eda del derecho de defensa, los interesados tienen la facultad de acudir al tr\u00e1mite y aportar todos aquellos elementos que consideren pertinentes para demostrar sus afirmaciones, as\u00ed como controvertir aquellos que le son contrarios a sus intereses3 (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

Es preciso destacar que de las pruebas adosadas se extrae la pr\u00e1ctica de una diligencia de entrega del bien ubicado en Facatativ\u00e1, a la se\u00f1ora Nancy Janneth el 3 de noviembre de 2017, actuaci\u00f3n realizada en presencia del accionante, quien voluntariamente suministr\u00f3 las llaves que ten\u00eda en su poder. <\/p>\n

En esa ocasi\u00f3n la comisar\u00eda les record\u00f3 a las partes la existencia de una citaci\u00f3n para el 16 de noviembre siguiente, con el fin de \u201c(\u2026) adelantar la audiencia correspondiente al posible incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n por parte del se\u00f1or Eligio y lo [referente] a la administraci\u00f3n del inmueble (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Como el mismo tutelante lo manifest\u00f3 en este decurso, se rehus\u00f3 a asistir en la fecha anotada. Ello demuestra que aqu\u00e9l no ha acudido al escenario natural a exponer su posici\u00f3n en cuanto a la administraci\u00f3n del mencionado negocio, cuesti\u00f3n que, se insiste, le impide a esta jurisdicci\u00f3n intervenir. <\/p>\n

En este punto, es del caso relievar que la acusaci\u00f3n frente al juzgado, consistente en no haber resuelto lo atinente al cambio de comisaria deprecado por el memorialista, tampoco se abre paso, pues dicho despacho acredit\u00f3 que mediante prove\u00eddo de 9 de noviembre de 2017, le se\u00f1al\u00f3 al peticionario su ausencia de competencia para tomar una decisi\u00f3n al respecto y esa determinaci\u00f3n no fue recurrida por el gestor.
\n6.\tEn lo concerniente al \u201cindicio grave\u201d cuya aplicaci\u00f3n reclama el querellante frente a los acusados, se le pone de presente la imposibilidad de emplear tal figura, por cuanto, de un lado, la comisar\u00eda justific\u00f3 la omisi\u00f3n de respuesta a este amparo al no contar con el expediente objeto de queja y, de otro, dado que si bien el juzgado atacado guard\u00f3 silencio, en el plenario obra copia de sus actuaciones, material demostrativo que de manera alguna podr\u00eda desconocerse en este escenario. <\/p>\n

7.\tAhora, aunque los ataques elevados por el petente en relaci\u00f3n con los derechos de su hija menor no se encuentran acreditados, esta Corte estima necesario exhortar al ente administrativo denunciado para que proceda a investigar las circunstancias en las cuales se halla la ni\u00f1a en el lugar donde reside, todo ello para dilucidar el supuesto \u201cpeligro\u201d al cual est\u00e1 expuesta, seg\u00fan su progenitor. <\/p>\n

Se resalta igualmente, que si el actor pretende obtener la fijaci\u00f3n de visitas respecto de su descendiente, nada le impide iniciar el proceso correspondiente. <\/p>\n

8.\tResta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El convenio citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, consagra: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

E, igualmente, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19696, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7. <\/p>\n

9.\tDe acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada, sin perjuicio de la exhortaci\u00f3n dispuesta para la comisaria acusada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

TERCERO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nAusencia justificada <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

En lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. <\/p>\n

Particularmente, en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja constitucional, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos que permita concluir que las disposiciones de la \u00faltima han sido quebrantadas, pues all\u00ed si se habilita el ejercicio del aludido control. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagadas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas, ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

Dicho an\u00e1lisis de consonancia que plantea el ponente entre las acciones u omisiones del accionado y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, no se inscribe, en todo caso, en una categor\u00eda superior al examen de constitucionalidad difuso que realiza el juzgador en la acci\u00f3n de tutela, sino que queda subsumido dentro de \u00e9ste. <\/p>\n

La raz\u00f3n de lo anterior reside en que, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional8, los tratados internacionales de derechos humanos que, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 93 de la Carta Magna prevalecen en el orden interno, no tienen mayor jerarqu\u00eda normativa que el texto superior en virtud del principio de supremac\u00eda constitucional consagrado en el art\u00edculo 4\u00ba ib\u00eddem, conforme al cual "La Constituci\u00f3n es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales". <\/p>\n

De ah\u00ed que la Corte Constitucional haya sostenido que la violaci\u00f3n de normas que integran el bloque de constitucionalidad, como le son los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, \u00abse resuelve en \u00faltimas en una violaci\u00f3n del Estatuto Superior\u00bb (CC, C-578-1995), y que las disposiciones de la citada Convenci\u00f3n Americana no se aplican de manera directa en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, pues \u00abla integraci\u00f3n normativa debe partir de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica, teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica de la Carta Pol\u00edtica en su conjunto\u00bb (CC,C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009). <\/p>\n

Adicionalmente y en cuanto al efecto vinculante de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se\u00f1al\u00f3 que \u00abs\u00f3lo obligan al Estado colombiano cuando \u00e9ste ha sido parte en el respectivo proceso\u00bb, en tanto fuera de esos puntuales casos, la jurisprudencia de ese \u00f3rgano cumple el papel de \u00abun criterio hermen\u00e9utico relevante que deber\u00e1 ser considerado en cada caso\u00bb, el cual tambi\u00e9n debe ser objeto de armonizaci\u00f3n con el precedente constitucional vinculante (CC,C-500-2014). <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala al hacer cualquier tipo de pronunciamiento sobre el control de convencionalidad en lugar de insertar en las decisiones de tutela afirmaciones gen\u00e9ricas en torno de ese concepto, que lo \u00fanico que revelan es la ausencia de un estudio serio, riguroso y detallado sobre la aplicabilidad del mismo, su alcance e implicaciones. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado
\n1 \t\u201c(\u2026) \tArt. \t13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibir\u00e1n \tla misma protecci\u00f3n y trato de las autoridades y gozar\u00e1n \tde los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna \tdiscriminaci\u00f3n por razones de sexo, raza, origen nacional o \tfamiliar, lengua, religi\u00f3n, opini\u00f3n pol\u00edtica o \tfilos\u00f3fica\u201d.
\n\u201cEl \tEstado promover\u00e1 las condiciones para que la igualdad sea \treal y efectiva y adoptar\u00e1 medidas en favor de grupos \tdiscriminados o marginados\u201d. \t<\/p>\n

\u201c(\u2026) \tArt. \t42. La familia es el n\u00facleo fundamental de la sociedad. Se \tconstituye por v\u00ednculos naturales o jur\u00eddicos, por la \tdecisi\u00f3n libre de un hombre y una mujer de contraer \tmatrimonio o por la voluntad responsable de conformarla\u201d.
\n\u201cEl \tEstado y la sociedad garantizan la protecci\u00f3n integral de la \tfamilia. La ley podr\u00e1 determinar el patrimonio familiar \tinalienable e inembargable\u201d.
\n\u201cLa \thonra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables\u201d.
\n\u201cLas \trelaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes \tde la pareja y en el respeto rec\u00edproco entre todos sus \tintegrantes\u201d.
\n\u201cCualquier \tforma de violencia en la familia se considera destructiva de su \tarmon\u00eda y unidad, y ser\u00e1 sancionada conforme a la \tley\u201d.
\n\u201cLos \thijos habidos en el matrimonio o fuera de \u00e9l, adoptados o \tprocreados naturalmente o con asistencia cient\u00edfica, tienen \tiguales derechos y deberes. La ley reglamentar\u00e1 la \tprogenitura responsable\u201d.
\n\u201cLa \tpareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el n\u00famero \tde sus hijos, y deber\u00e1 sostenerlos y educarlos mientras sean \tmenores o impedidos\u201d.
\n\u201cLas \tformas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los \tdeberes y derechos de los c\u00f3nyuges, su separaci\u00f3n y la \tdisoluci\u00f3n del v\u00ednculo, se rigen por la ley civil\u201d.
\n\u201cLos \tmatrimonios religiosos tendr\u00e1n efectos civiles en los \tt\u00e9rminos que establezca la ley\u201d.
\n\u201cLos \tefectos civiles de todo matrimonio cesar\u00e1n por divorcio con \tarreglo a la ley civil\u201d.
\n\u201cTambi\u00e9n \ttendr\u00e1n efectos civiles las sentencias de nulidad de los \tmatrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva \treligi\u00f3n, en los t\u00e9rminos que establezca la ley\u201d.
\n\u201cLa \tley determinar\u00e1 lo relativo al estado civil de las personas y \tlos consiguientes derechos y deberes (\u2026)\u201d.
\n\u201c(\u2026) \tArt. \t43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La \tmujer no podr\u00e1
\nser \tsometida a ninguna clase de discriminaci\u00f3n. Durante el \tembarazo y despu\u00e9s del parto gozar\u00e1 de especial \tasistencia y protecci\u00f3n del Estado, y recibir\u00e1 de este \tsubsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o \tdesamparada\u201d.
\n\u201cEl \tEstado apoyar\u00e1 de manera especial a la mujer cabeza de \tfamilia (\u2026)\u201d.
\n\u201c(\u2026) \tArt. \t44. Son derechos fundamentales de los ni\u00f1os: la vida, la \tintegridad f\u00edsica, la salud y la seguridad social, la \talimentaci\u00f3n equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una \tfamilia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educaci\u00f3n \ty la cultura, la recreaci\u00f3n y la libre expresi\u00f3n de su \topini\u00f3n. Ser\u00e1n protegidos contra toda forma de \tabandono, violencia f\u00edsica o moral, secuestro, venta, abuso \tsexual, explotaci\u00f3n laboral o econ\u00f3mica y trabajos \triesgosos. Gozar\u00e1n tambi\u00e9n de los dem\u00e1s \tderechos consagrados en la Constituci\u00f3n, en las leyes y en \tlos tratados internacionales ratificados por Colombia\u201d.
\n\u201cLa \tfamilia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de \tasistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo \tarm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. \tCualquier persona puede exigir de la autoridad competente su \tcumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u201d.
\n\u201cLos \tderechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los \tdem\u00e1s (\u2026)\u201d.
\n\u201c(\u2026) \tArt. \t45. El adolescente tiene derecho a la protecci\u00f3n y a la \tformaci\u00f3n integral\u201d.
\n\u201cEl \tEstado y la sociedad garantizan la participaci\u00f3n activa de \tlos j\u00f3venes en los organismos p\u00fablicos y privados que \ttengan a cargo la protecci\u00f3n, educaci\u00f3n y progreso de \tla juventud (\u2026)\u201d.
\n2 \tCSJ. STC \tde 13 \tde marzo de 2013, \texp. 52001-22-13-000-2013-00011-01.
\n3 \tCorte Constitucional. Auto 309 de 11 de diciembre de 2013.
\n4 \tCSJ, \tSTC5621 \t \tde 26 abril de 2017, \texp. 25000-22-13-000-2016-00318-01
\n5 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n6 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n7 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n8 \tSentencias C-225-1995, C-028-2006, C-35 5-2006 y C-488-2009 entre \totras.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u2013\u2013 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2018-00003-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de marzo de dos mil dieciocho (2018) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 24 de enero de 2018, por la Sala Civil \u2013 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101857","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101857","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101857"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101857\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101857"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101857"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101857"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}