{"id":101865,"date":"2026-07-01T19:04:52","date_gmt":"2026-07-01T19:04:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101865"},"modified":"2026-07-01T19:04:52","modified_gmt":"2026-07-01T19:04:52","slug":"stc2979-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2979-2018\/","title":{"rendered":"STC2979-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2979-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-00019-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de marzo de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 8 de febrero de 2018, por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la salvaguarda promovida por Mateo Mesa Galeano contra el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular incoada por el aqu\u00ed actor frente a Bancolombia S.A. <\/p>\n

1.\tEl promotor reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente lesionadas por la autoridad jurisdiccional atacada. <\/p>\n

2.\tPara sustentar su reparo, asevera que el juzgado denunciado se neg\u00f3 a tramitar el decurso cuestionado con una \u201c(\u2026) figura llamada agotamiento de jurisdicci\u00f3n, lo cual no es correcto (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Advierte que esa decisi\u00f3n se sustent\u00f3 en haberse presentado otrora un juicio similar al censurado; no obstante, el ahora reprochado debe resolverse porque a\u00fan no existe un pronunciamiento favorable a sus intereses (fl. 1, cdno. 1). <\/p>\n

3.\tSuplica, en concreto, impulsar el juicio confutado (fl. 2, \u00eddem). <\/p>\n

1. Respuesta \t\tdel \t\taccionado y vinculados <\/p>\n

1.\tLa oficina judicial querellada expres\u00f3 que una vez fue inadmitida y subsanada la demanda objeto del pleito criticado, percibi\u00f3 \u201c(\u2026) que el se\u00f1or Cristian V\u00e1squez Arias ya hab\u00eda interpuesto la misma acci\u00f3n popular, (\u2026) [por tanto] declar\u00f3 el agotamiento de jurisdicci\u00f3n (\u2026)\u201d, providencia cuestionada mediante los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, desestimados en providencia de 16 de noviembre de 2017 (fl. 7, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tLos convocados guardaron silencio. <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

El tribunal deneg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada porque no hall\u00f3 arbitrariedad en la gesti\u00f3n del juzgado atacado (fls. 10 al 12, cdno. 1). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

El actor impugn\u00f3 sin exponer motivos de inconformidad (fl. 39, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tExaminado el amparo impetrado, se colige que el promotor ataca el prove\u00eddo de 8 de noviembre de 2017, mediante el cual se declar\u00f3 el agotamiento de la jurisdicci\u00f3n y, en consecuencia, se rechaz\u00f3 la demanda en el pleito censurado, pronunciamiento ratificado en sede de reposici\u00f3n el 16 de noviembre de 2017. <\/p>\n

2.\tEsta Corte, como en pasada oportunidad1, no estima irregular el proceder del despacho querellado, por cuanto la decisi\u00f3n confutada se sustent\u00f3 en una valoraci\u00f3n prudente de la jurisprudencia aplicable y de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica puesta bajo su conocimiento. <\/p>\n

Para la Sala, las conclusiones del estrado denunciado son razonables, de su lectura, prima facie, no se aprecia v\u00eda de hecho o atropello, pues el accionado elabor\u00f3 una juiciosa interpretaci\u00f3n que le llev\u00f3 a adoptar la postura hoy criticada. Ciertamente, aqu\u00e9l mantuvo la finalizaci\u00f3n del decurso se\u00f1alando: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]i un proceso se adelanta por los mismos supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos y ya fue decidido por la jurisdicci\u00f3n y la sentencia se encuentra debidamente ejecutoriada, se dar\u00eda sin lugar a dudas un agotamiento de jurisdicci\u00f3n. Y precisamente ese fue el querer del legislador al instituir la mencionada figura, a fin de evitar darle tr\u00e1mite a una acci\u00f3n cuando ya hubo un pronunciamiento sobre un mismo objeto y causa pretend\u00ed (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cMediante sentencia del 11 de septiembre de 2012, la Sala Plena del Consejo de Estado unific\u00f3 la jurisprudencia adopt\u00f3 un nuevo pronunciamiento sobre el agotamiento de jurisdicci\u00f3n en esta clase de acciones y sobre sus correspondientes consecuencias. As\u00ed dijo: \u2018(…) En aquellos supuestos en que se est\u00e9 ante demandas de acci\u00f3n popular en las cuales se persigan las mismas pretensiones, est\u00e9n basadas en la misma causa petendi y dirigida contra iguales demandados, lo que procede es dar aplicaci\u00f3n a la figura del agotamiento de jurisdicci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Por auto del 25 de octubre del presente a\u00f1o el Juzgado procedi\u00f3 a inadmitir la presente Acci\u00f3n Popular por lo siguiente: \u20181. Debe determinarse contra quien va dirigida la acci\u00f3n. Lo anterior por cuanto al inicio de la demanda se indica que es contra BANCOLOMBIA y al mencionar en la parte final la accionada menciona que es BANCO DAVIVIENDA\u2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cA trav\u00e9s de memorial que reposa a folio 12 del expediente, se tiene que el demandante indica: \u2018(…) Consigno que la entidad demandada es BANCOLOMBIA domiciliada en Santa Rosa de Cabal\u2019. De esta correcci\u00f3n claramente se extracta que la accionada es BANCOLOMBIA de esta ciudad (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cComo se dej\u00f3 plasmado en la constancia obrante a folio 13 del expediente, el se\u00f1or UNER AUGUSTO BECERRA inici\u00f3 en este mismo despacho ACCI\u00d3N POPULAR contra BANCOLOMBIA de la ciudad, la cual fue decidida en sentencia del 13 de enero de 2016 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEsta nueva demanda tiene como prop\u00f3sito la protecci\u00f3n de ciertos derechos e intereses colectivos que tienen su origen en la misma causa y cuyas pretensiones persiguen el mismo fin que en la anterior Acci\u00f3n Popular, lo que significa como bien lo adujo el Juzgado, que la demanda debe ser rechazada por agotamiento de jurisdicci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.
\n3.\tResta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El convenio citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, dispone: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

E, igualmente, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

4.\tDe acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nAusencia justificada <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

En lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. <\/p>\n

Particularmente, en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja constitucional, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos que permita concluir que las disposiciones de la \u00faltima han sido quebrantadas, pues all\u00ed si se habilita el ejercicio del aludido control. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagadas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas, ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

Dicho an\u00e1lisis de consonancia que plantea el ponente entre las acciones u omisiones del accionado y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, no se inscribe, en todo caso, en una categor\u00eda superior al examen de constitucionalidad difuso que realiza el juzgador en la acci\u00f3n de tutela, sino que queda subsumido dentro de \u00e9ste. <\/p>\n

La raz\u00f3n de lo anterior reside en que, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional6, los tratados internacionales de derechos humanos que, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 93 de la Carta Magna prevalecen en el orden interno, no tienen mayor jerarqu\u00eda normativa que el texto superior en virtud del principio de supremac\u00eda constitucional consagrado en el art\u00edculo 4\u00ba ib\u00eddem, conforme al cual "La Constituci\u00f3n es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales". <\/p>\n

De ah\u00ed que la Corte Constitucional haya sostenido que la violaci\u00f3n de normas que integran el bloque de constitucionalidad, como le son los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, \u00abse resuelve en \u00faltimas en una violaci\u00f3n del Estatuto Superior\u00bb (CC, C-578-1995), y que las disposiciones de la citada Convenci\u00f3n Americana no se aplican de manera directa en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, pues \u00abla integraci\u00f3n normativa debe partir de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica, teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica de la Carta Pol\u00edtica en su conjunto\u00bb (CC,C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009). <\/p>\n

Adicionalmente y en cuanto al efecto vinculante de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se\u00f1al\u00f3 que \u00abs\u00f3lo obligan al Estado colombiano cuando \u00e9ste ha sido parte en el respectivo proceso\u00bb, en tanto fuera de esos puntuales casos, la jurisprudencia de ese \u00f3rgano cumple el papel de \u00abun criterio hermen\u00e9utico relevante que deber\u00e1 ser considerado en cada caso\u00bb, el cual tambi\u00e9n debe ser objeto de armonizaci\u00f3n con el precedente constitucional vinculante (CC,C-500-2014). <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala al hacer cualquier tipo de pronunciamiento sobre el control de convencionalidad en lugar de insertar en las decisiones de tutela afirmaciones gen\u00e9ricas en torno de ese concepto, que lo \u00fanico que revelan es la ausencia de un estudio serio, riguroso y detallado sobre la aplicabilidad del mismo, su alcance e implicaciones. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ, \tCivil. Sentencia STC4107 de 22 de marzo de 2017, exp. \t66001-22-13-000-2017-00062-01.
\n2 \tCSJ. \tSTC de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n3 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tSentencias C-225-1995, C-028-2006, C-35 5-2006 y C-488-2009 entre \totras.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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