{"id":101866,"date":"2026-07-01T19:04:58","date_gmt":"2026-07-01T19:04:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101866"},"modified":"2026-07-01T19:04:58","modified_gmt":"2026-07-01T19:04:58","slug":"stc2980-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2980-2018\/","title":{"rendered":"STC2980-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2980-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-02214-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de marzo de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 25 de enero de 2018, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Janer Luis Arias Carmona contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del asunto penal adelantado frente al aqu\u00ed actor, con radicaci\u00f3n 2016-01005, por los delitos de secuestro extorsivo agravado en la modalidad de tentativa y tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de armas de fuego. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El accionante exige la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y libertad, presuntamente conculcados por la autoridad convocada. <\/p>\n

Mediante sentencia de 10 julio de 2009, del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Monter\u00eda, fue condenado a 240 meses de prisi\u00f3n por los punibles antes rese\u00f1ados; deneg\u00e1ndole la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria; determinaci\u00f3n confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad, el 12 de julio de 2010. <\/p>\n

Frente a esa negativa, insisti\u00f3 en la concesi\u00f3n del mencionado subrogado ante el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Sincelejo, requerimiento desestimado el 20 de diciembre de 2016, por expresa prohibici\u00f3n de los art\u00edculos 199 de la Ley 1098 de 2006 y 26 de la Ley 1121 de 2006. <\/p>\n

Respecto a ese prove\u00eddo promovi\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n; el primero, resuelto desfavorablemente el 31 de enero de 2017, y, el segundo, tambi\u00e9n decidido adversamente el 24 de agosto siguiente, por el ad quem. <\/p>\n

3. Aunque el accionante no formula ning\u00fan requerimiento en concreto, del ambiguo escrito genitor, se extrae que pretende le sea concedido el referido subrogado, pues afirma reunir los requisitos para ser favorecido con el mismo. <\/p>\n

1. Respuesta \t\tde \t\tlos accionados y vinculados <\/p>\n

El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Sincelejo, rese\u00f1\u00f3 que la decisi\u00f3n de negar lo solicitado por el actor, se fundament\u00f3 en lo se\u00f1alado en la Ley de Infancia y Adolescencia (fl. 148, vuelto). <\/p>\n

La Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad defendi\u00f3 su proceder, afirmando que obr\u00f3 conforme a lo previsto en la normativa antes referida, la cual impone la prohibici\u00f3n de otorgar mecanismos sustitutivos de la pena cuando el delito se comete contra menores de edad (fls. 142 a 147). <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 la protecci\u00f3n exigida, aduciendo no haber advertido <\/p>\n

\u201c(\u2026) ning\u00fan defecto material o sustantivo en los autos dictados por los despachos judiciales accionados, debido a que de conformidad con lo establecido en el C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia y la Ley 1121 de 2006, cuando se trata del delito de secuestro en contra [de] menores de edad, no procede ning\u00fan beneficio de reconocimiento jurisdiccional ni administrativo, salvo los eventos de colaboraci\u00f3n efectiva. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Es as\u00ed como, las decisiones reprochadas se fundamentaron en una norma jur\u00eddica expedida en el \u00e1mbito leg\u00edtimo de libertad de configuraci\u00f3n del legislador, que, adem\u00e1s, se ajusta al cometido constitucional de protecci\u00f3n prevalente del inter\u00e9s superior del menor (art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n), luego, mal se podr\u00eda afirmar que las autoridades demandadas actuaron arbitrariamente o que decidieron el asunto planteado haciendo abstracci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, pues lo que se advierte es una interpretaci\u00f3n del todo plausible. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Por lo tanto, la carga de cumplir con la totalidad de la pena impuesta deriva de la responsabilidad penal del accionante por el delito secuestro, no de la supuesta arbitrariedad de las autoridades accionadas (\u2026)\u201d (fls. 213 a 225). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

El reclamante impugn\u00f3 se\u00f1alando que el ad quem constitucional efectu\u00f3 un an\u00e1lisis incompleto y legalista de las normas en que fundament\u00f3 la no concesi\u00f3n del amparo. Asimismo, destac\u00f3 una serie de falencias, de las cuales, a su juicio, adolece la providencia: <\/p>\n

\u201c(\u2026) i) el no haber resuelto de fondo el asunto planteado, porque no hubo explicaci\u00f3n sobre las razones para afirmar que no existe violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, o defecto sustantivo o insuficiente motivaci\u00f3n, ii) por no efectuar el control de convencionalidad y definir el [porqu\u00e9] considera que la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, no prevalecen en el derecho interno en el asunto planteado, cuando hay una contradicci\u00f3n latente entre el art\u00edculo 199 de la Ley 1098 de 2006 (\u2026) el art\u00edculo 26 de la [L]ey 1121 de 2006 y las normas ya definidas de los tratados internacionales mencionados, en cuanto se refiere a[l porqu\u00e9] de la exclusi\u00f3n de muchos delitos para que se les conceda el subrogado de libertad condicional, cuando la persona se encuentra debidamente rehabilitada socialmente, [y] iii) si se estima por las normas internacionales que la rehabilitaci\u00f3n social es la funci\u00f3n principal de la pena y adem\u00e1s, habida cuenta que tanto la Corte IDH como la Comisi\u00f3n IDH, han ense\u00f1ado que cualquier traba que se le ponga a la rehabilitaci\u00f3n del condenado va en contra del principio de dignidad humana, as\u00ed como tambi\u00e9n han explicado que la libertad condicional es un mecanismo, igualmente de rehabilitaci\u00f3n interno(\u2026)\u201d (sic) (fls. 233 a 236). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\t Janer Luis Arias Carmona, alega que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en v\u00eda de hecho al negarle el subrogado de libertad condicional, pese a reunir los requisitos para ser favorecido con el mismo. <\/p>\n

As\u00ed, el colegiado accionado, se\u00f1al\u00f3 que la concesi\u00f3n de la medida sustitutiva deprecada no era procedente, aun cuando el delito fue cometido en la modalidad de tentativa. Sobre ello acot\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) pretende el recurrente que esta judicatura avale su absurda teor\u00eda consistente en que la exclusi\u00f3n legal de beneficios y subrogados penales para el delito de secuestro extorsivo no opera para la tentativa de \u00e9ste.
\n\u201c(\u2026) No est\u00e1 de acuerdo la Sala con dicha postura, en el entendido que estamos en presencia de un dispositivo amplificador del tipo penal, creado por el legislador con el objeto de sancionar penalmente el comportamiento desplegado por el sujeto activo que no logr\u00f3 encajar directamente en el delito por circunstancias ajenas a su voluntad pero en el que dispuso todos los actos id\u00f3neos e inequ\u00edvocos para su consumaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Recu\u00e9rdesele al enjuiciado que \u00e9l junto a la banda criminal que orquest\u00f3 el secuestro de la menor (\u2026), organizaron y ejecutaron todos los actos para conseguir su fin delictivo, tales como los medios de transportes a utilizar, armas, radios de comunicaci\u00f3n, la inteligencia del lugar escogido para raptar a la v\u00edctima, el sitio donde iba a ser trasladada, la alimentaci\u00f3n que le dar\u00edan y la suma de dinero equivalente a 10 millones de pesos que iban a pedir de rescate, as\u00ed como la forma de repartici\u00f3n del dinero, pues tales circunstancias seg\u00fan la sentencia condenatoria dictada en su contra de fecha 10 de julio de 2009, emanada del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Monter\u00eda, se lograron probar, pues los procesados de forma precisa, clara y coherente explicaron todos estos pormenores en la indagaci\u00f3n ante Fiscal\u00eda. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Por lo tanto, no puede venir ahora el impugnante a figurar como redentor de los hechos fr\u00edamente planeados y ejecutados, los cuales no llegaron a su culminaci\u00f3n por la intervenci\u00f3n oportuna de la Polic\u00eda Nacional que frustr\u00f3 el fat\u00eddico desenlace del secuestro de la menor (\u2026), pero que en todo caso, no desaparece la ilicitud de la acci\u00f3n por no haberse ejecutado a plenitud el delito, al punto que el legislador estableci\u00f3 aunque en menor escala del delito consumado, sanci\u00f3n para ella\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a conducta aunque tentada, al tener la categor\u00eda de dispositivo amplificador del tipo como se explic\u00f3 en su oportunidad es sancionado penalmente, justamente porque no se puede[n] pasar por alto comportamientos criminosos como los que aqu\u00ed se desplegaron, que si no es por el actuar de un tercero o por circunstancias ajenas a la voluntad de los autores, hubiesen ocurrido (\u2026). <\/p>\n

\u201c(\u2026) [Por otra parte, conforme a lo dicho por la jurisprudencia constitucional] la exclusi\u00f3n de beneficios y subrogados contenid[a] en la normatividad cuestionada, no es un capricho del legislador, fue dise\u00f1ada para prevenir, investigar y sancionar los delitos de terrorismo, secuestro y extorsi\u00f3n, en sus diversas modalidades, mediante la adopci\u00f3n de un conjunto de medidas, de diversa naturaleza (preventivas, represivas, econ\u00f3micas, etc.) encaminadas todas ellas a combatir estos delitos que causan un elevado impacto social. Su contenido se ajusta perfectamente a los fines perseguidos por el legislador, en la medida en que pretende disuadir a todos aquellos que deseen perpetrar tales cr\u00edmenes (\u2026)\u201d. (fls. 116 a 127). <\/p>\n

Por otra parte, precis\u00f3 que el beneficio tampoco pod\u00eda ser concedido, por la inviabilidad de ser aplicado a los infractores de las normas que regulan el punible de secuestro, m\u00e1s a\u00fan cuando la v\u00edctima era una menor de edad, por expresa prohibici\u00f3n del numeral 5 del art\u00edculo 199 del C\u00f3digo de Infancia y adolescencia. Al respecto, adujo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) La aplicaci\u00f3n realizada por el juez de primera instancia al art\u00edculo 199 de la Ley 1098 de 2006 cuando se\u00f1al\u00f3 los numerales 6o y 8o para el caso concreto, resulta ajustada a las prohibiciones que para el delito que se le atribuy\u00f3 al acusado estableci\u00f3 el legislador, pues en el caso del numeral 6o que hace referencia a la sustituci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena del art\u00edculo 461 de la Ley 906 de 2004, no puede entenderse cosa distinta que el juez a – quo quiso decir que este tipo de delitos y m\u00e1s cuando se cometen contra menores de edad, no admite beneficio alguno (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [D]e igual modo, el numeral 5o [del art\u00edculo 199 del C\u00f3digo de Infancia y adolescencia] encaja perfectamente al presente asunto, pues el mismo dispone que contra dichos delitos en el que se encuentra el de "secuestro", cometidos contra ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, no proceder\u00e1 [el referenciado subrogado] (\u2026)\u201d(fls. 116 a 127). <\/p>\n

3. Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no refulge v\u00eda de hecho; el tribunal atacado efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n que le llev\u00f3 a la determinaci\u00f3n reprochada y se encuentra acorde con la jurisprudencia emitida en casos an\u00e1logos, a saber: <\/p>\n

\u201c(\u2026) La permisi\u00f3n de la libertad frente a las conductas punibles establecidas en el art\u00edculo 199 de la Ley 1098 de 2006 pone en riesgo la integridad f\u00edsica y mental de los menores, distanci\u00e1ndose del deber que asiste a los funcionarios judiciales de adoptar medidas en aras de su protecci\u00f3n y seguridad. <\/p>\n

\u201c(\u2026) La prohibici\u00f3n de tal gracia, de otro lado, permite enviar un mensaje contundente a la sociedad, a la familia y al Estado de que la vida, la dignidad y la integridad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes son bienes, como ya se dijo, de superior y mayor jerarqu\u00eda que deben ser tutelados con especial consideraci\u00f3n y en el sentido de que las violencias de g\u00e9nero no son \u201cdelitos de bajo impacto\u201d, sino, por el contrario, delitos de alt\u00edsimo impacto pues atentan contra la posibilidad de construir un proyecto democr\u00e1tico de convivencia, de inclusi\u00f3n y de ejercicio real de los derechos de nuestra infancia y adolescencia.\u00a0 <\/p>\n

\u201c(\u2026) La prohibici\u00f3n de conceder el beneficio de libertad, adem\u00e1s, se acompasa con instrumentos internacionales suscritos por el Estado colombiano en esta materia, a partir de los cuales surge imperativo la protecci\u00f3n especial que se debe brindar a los menores, especialmente cuando son v\u00edctimas de delitos. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Adem\u00e1s, est\u00e1 a tono con el pre\u00e1mbulo, as\u00ed como con los art\u00edculos 1, 2 y 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, pues resquebrajar\u00eda la efectividad de los derechos de los menores y rompe la funci\u00f3n otorgada a las autoridades de no proteger adecuadamente sus derechos y libertades. Adicionalmente, tiene en cuenta que por ser las v\u00edctimas personas menores de edad, requieren un an\u00e1lisis sobre la igualdad material para, seg\u00fan el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, protegerlas de forma especial, atendiendo sus condiciones de inferioridad (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

Asimismo, conviene referir que con relaci\u00f3n al principio pro infans la Corte Constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) As\u00ed, no s\u00f3lo en el \u00e1mbito nacional, sino tambi\u00e9n en el internacional se ha dado cabida, atendiendo ese inter\u00e9s superior del menor ampliamente reconocido, al denominado principio pro infans, acentuado por la jurisprudencia de esta corporaci\u00f3n al considerarlo un instrumento jur\u00eddico valioso para la ponderaci\u00f3n de derechos de rango constitucional, frente a eventuales tensiones, debiendo escogerse la interpretaci\u00f3n que brinde la mayor protecci\u00f3n a los derechos de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes2. <\/p>\n

(\u2026) [E]l inter\u00e9s superior del menor y la aplicaci\u00f3n del principio pro infans deben sopesarse frente a otras garant\u00edas de los intervinientes, dando prelaci\u00f3n a los primeros, dada su preponderancia constitucional y el estado de vulnerabilidad y debilidad manifiesta en la que se encuentran los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes v\u00edctimas de delitos atroces. <\/p>\n

(\u2026) As\u00ed, resulta evidente el querer de todos los pueblos de dar prelaci\u00f3n siempre al inter\u00e9s del menor, a\u00fan frente a otras garant\u00edas propias del proceso penal, sin que ello implique desconocer los derechos fundamentales del presunto agresor y de otros intervinientes (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

5. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n

Por el contrario, se observa que las decisiones atacadas se adec\u00faan a lo preceptuado en su art\u00edculo 19, el cual establece: \u201c(\u2026) Todo ni\u00f1o tiene derecho a las medidas de protecci\u00f3n que su condici\u00f3n de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado (\u2026)\u201d. Del mismo modo, las decisiones adoptadas guarda sinton\u00eda con el principio de inter\u00e9s superior del menor, consagrado en el canon 3 de la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o6, en virtud del cual todas las decisiones respecto de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, que tomen las instituciones p\u00fablicas, entre las que se hallan las autoridades jurisdiccionales, deben garantizar el m\u00e1ximo bienestar posible para \u00e9stos. <\/p>\n

El amparo de este principio es de tal jerarqu\u00eda, que cualquier otro derecho o garant\u00eda debe ceder frente al imperio de \u00e9ste. As\u00ed las cosas, aun cuando se reconozca la existencia de disposiciones internacionales en materia de rehabilitaci\u00f3n del condenado, en el evento de una tensi\u00f3n entre \u00e9stas y las normas que protegen las prerrogativas de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, la ponderaci\u00f3n declina, indefectiblemente, hacia la salvaguarda de \u00e9stas \u00faltimas. <\/p>\n

Los instrumentos internacionales citados resultan aplicables por virtud del art\u00edculo 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Adem\u00e1s, el canon 93 ej\u00fasdem, dispone: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno. <\/p>\n

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, complementariamente, la regla 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8. <\/p>\n

6. Por los anteriores argumentos, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO:\tCONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO:\tNotif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nAusencia justificada <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

En lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. <\/p>\n

Particularmente, en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja constitucional, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos que permita concluir que las disposiciones de la \u00faltima han sido quebrantadas, pues all\u00ed si se habilita el ejercicio del aludido control. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagadas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas, ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

Dicho an\u00e1lisis de consonancia que plantea el ponente entre las acciones u omisiones del accionado y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, no se inscribe, en todo caso, en una categor\u00eda superior al examen de constitucionalidad difuso que realiza el juzgador en la acci\u00f3n de tutela, sino que queda subsumido dentro de \u00e9ste. <\/p>\n

La raz\u00f3n de lo anterior reside en que, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional9, los tratados internacionales de derechos humanos que, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 93 de la Carta Magna prevalecen en el orden interno, no tienen mayor jerarqu\u00eda normativa que el texto superior en virtud del principio de supremac\u00eda constitucional consagrado en el art\u00edculo 4\u00ba ib\u00eddem, conforme al cual "La Constituci\u00f3n es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales". <\/p>\n

De ah\u00ed que la Corte Constitucional haya sostenido que la violaci\u00f3n de normas que integran el bloque de constitucionalidad, como le son los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, \u00abse resuelve en \u00faltimas en una violaci\u00f3n del Estatuto Superior\u00bb (CC, C-578-1995), y que las disposiciones de la citada Convenci\u00f3n Americana no se aplican de manera directa en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, pues \u00abla integraci\u00f3n normativa debe partir de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica, teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica de la Carta Pol\u00edtica en su conjunto\u00bb (CC,C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009). <\/p>\n

Adicionalmente y en cuanto al efecto vinculante de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se\u00f1al\u00f3 que \u00abs\u00f3lo obligan al Estado colombiano cuando \u00e9ste ha sido parte en el respectivo proceso\u00bb, en tanto fuera de esos puntuales casos, la jurisprudencia de ese \u00f3rgano cumple el papel de \u00abun criterio hermen\u00e9utico relevante que deber\u00e1 ser considerado en cada caso\u00bb, el cual tambi\u00e9n debe ser objeto de armonizaci\u00f3n con el precedente constitucional vinculante (CC,C-500-2014). <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala al hacer cualquier tipo de pronunciamiento sobre el control de convencionalidad en lugar de insertar en las decisiones de tutela afirmaciones gen\u00e9ricas en torno de ese concepto, que lo \u00fanico que revelan es la ausencia de un estudio serio, riguroso y detallado sobre la aplicabilidad del mismo, su alcance e implicaciones. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ, \tSala Penal, sentencia de 30 \tde mayo de 2012, rad. 37668.
\n2 \tCfr. Sentencias T-117 de 2013, T-078 de 2010 y T-593 de 2009.
\n3 \tCorte \tConstitucional, Sentencia C-177 de 2014.
\n4 \tCSJ. \tCivil. Sentencia de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n5 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n6 \tAdoptada \tpor \tla\u00a0Asamblea \tGeneral de las Naciones Unidas\u00a0el\u00a020 \tde noviembre\u00a0de\u00a01989 \ty ratificada en Colombia por la Ley 12 de 1991.
\n7 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n8 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n9 \tSentencias C-225-1995, C-028-2006, C-35 5-2006 y C-488-2009 entre \totras.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC2980-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-02214-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de marzo de dos mil dieciocho (2018) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 25 de enero de 2018, por la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101866","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101866","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101866"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101866\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101866"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101866"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101866"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}