{"id":101874,"date":"2026-07-01T20:33:19","date_gmt":"2026-07-01T20:33:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101874"},"modified":"2026-07-01T20:33:19","modified_gmt":"2026-07-01T20:33:19","slug":"stc15201-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15201-2018\/","title":{"rendered":"STC15201-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15201-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2018-03555-00
\n(Aprobado en Sala de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jacqueline Elena Alcina Galofre contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla; tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Juzgados Quinto de Familia y Diecis\u00e9is Civil del Circuito de esa ciudad, as\u00ed como los intervinientes en el juicio verbal n\u00ba 2016-00308. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Obrando en nombre propio, la accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, supuestamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial acusada dentro de la pertenencia que formul\u00f3 Carmen Cecilia Ortega de Pomar \u00aben contra de su propio hijo\u00bb Oswaldo Enrique Pomar Ortega.
\n2. Manifiesta, en resumen, que mediante sentencia de 17 de noviembre de 2017 el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Barranquilla neg\u00f3 la usucapi\u00f3n respecto del inmueble con matr\u00edcula n\u00ba 040-37802, pero fue revocada por el tribunal el 3 de julio de 2018, acogiendo en su lugar las pretensiones. Se\u00f1ala que acudi\u00f3 en casaci\u00f3n, pero el ad-quem no concedi\u00f3 ese recurso. <\/p>\n

Afirma que actualmente tramita la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que ten\u00eda con Oswaldo Enrique Pomar Ortega ante el Juzgado Quinto de Familia de Barranquilla, asunto en el que fue inventariado como \u00fanico bien el predio en menci\u00f3n, el cual fue secuestrado el 18 de septiembre de 2015 sin ning\u00fan tipo de oposici\u00f3n y a la fecha est\u00e1 por resolverse la objeci\u00f3n a la partici\u00f3n. <\/p>\n

Refiere que reside fuera del pa\u00eds y por ello no pudo hacerse parte en el pleito civil, en el que el demandado \u00abquiere hacerle fraude a la sociedad conyugal\u2026pues qued\u00f3 demostrado\u2026que el se\u00f1or Oswaldo Pomar Ortega tiene muy buenas relaciones con su se\u00f1ora madre Carmen Cecilia Ortega de Pomar\u00bb. <\/p>\n

3. Pide, en consecuencia, que se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia y se ordene dictar una nueva que valore en debida forma las pruebas o, en su defecto, que se le conceda el recurso de casaci\u00f3n que interpuso. <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1. La Juez Octava de Familia de Barranquilla relat\u00f3 el tr\u00e1mite surtido e indic\u00f3 que el proceso que origina la queja no se encuentra en ese despacho (f. 510). <\/p>\n

2. La magistrada del tribunal que actu\u00f3 como ponente de la decisi\u00f3n cuestionada manifest\u00f3 que la misma \u00abse encuentra ajustada a la legalidad, no se vislumbra arbitraria, ni mucho menos grosera ni vulneradora de las disposiciones legales; no se estructuran los requisitos indispensables para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, en virtud a que los derechos fundamentales invocados, al menos en esta instancia, se garantizaron legalmente\u00bb (ff. 515 y 516). <\/p>\n

1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la promotora est\u00e1 legitimada para cuestionar lo actuado en el juicio de pertenencia de Carmen Cecilia Ortega de Pomar contra Oswaldo Enrique Pomar Ortega y, de superarse lo anterior, si la corporaci\u00f3n cuestionada vulner\u00f3 las garant\u00edas esenciales denunciadas al revocar el fallo desestimatorio de primer grado. <\/p>\n

2. La legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de la especial naturaleza del resguardo constitucional, resulta claro que al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, tal cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva. <\/p>\n

En lo que a la primera modalidad se refiere, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que este mecanismo podr\u00e1 ser ejercido \u00aben todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n

Sobre el alcance jur\u00eddico de la disposici\u00f3n legal en cita, la jurisprudencia constitucional sostiene que: \u00abla legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (CC T-878\/07). <\/p>\n

Ahora, cuando se cuestiona una actuaci\u00f3n judicial, se ha entendido que s\u00f3lo puede acudir a este medio excepcional para debatirla quien funge como parte o tercero reconocido en la misma, pues: <\/p>\n

(\u2026) en punto de la trasgresi\u00f3n de los derechos fundamentales con ocasi\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial, es claro que quienes ostentan legitimaci\u00f3n en la causa para demandar el amparo superior, en principio, son aquellas personas, naturales o jur\u00eddicas, que intervinieron en el correspondiente proceso o que, siendo imperativa su vinculaci\u00f3n a \u00e9ste, no fueron citadas, de manera que, en principio, carecen de vocaci\u00f3n jur\u00eddica para activar la jurisdicci\u00f3n constitucional con el fin de cuestionar una actuaci\u00f3n judicial quienes no fueron parte en ella (CS. STC de 11 ago. 2011, exp, 00087 01, reiterada el 15 abr. 2016, STC4739). <\/p>\n

De acuerdo con lo anterior y revisado el tr\u00e1mite surtido se establece que la accionante no est\u00e1 facultada para censurar en sede constitucional el litigio civil, ya que la actuaci\u00f3n all\u00ed desplegada s\u00f3lo le compete a las partes involucradas, condici\u00f3n que aquella no acredit\u00f3. <\/p>\n

N\u00f3tese que a pesar del intento de la reclamante en demostrar la legitimaci\u00f3n que le asiste para exigir la satisfacci\u00f3n de sus prerrogativas al anunciar la calidad de ex c\u00f3nyuge del demandado en la usucapi\u00f3n y la afectaci\u00f3n del inmueble dentro de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal contra aqu\u00e9l, la revisi\u00f3n de lo actuado permite constatar que las supuestas afectaciones denunciadas tienen su origen en decisiones judiciales que \u00fanicamente pueden ser controvertidas por quienes fueron parte en esa contienda, lo que impide analizar el fondo del asunto.
\n3. La razonabilidad del prove\u00eddo que no concedi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n

Efectuado el an\u00e1lisis pertinente a los argumentos de la queja constitucional y a las piezas procesales allegadas, la Sala establece que la decisi\u00f3n que dispuso no otorgar el recurso extraordinario referido, no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla, comoquiera que obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable que impide la intervenci\u00f3n del juez excepcional. <\/p>\n

En efecto, la accionada estim\u00f3 que \u00ab(\u2026) la sentencia impugnada es de aquellas contra las que procede el aludido recurso, por haberse dictado dentro de un proceso declarativo; sin embargo, se observa que quien interpone el aludido recurso extraordinario es la se\u00f1ora Jacqueline Alcina Galofre, quien en la diligencia de sustentaci\u00f3n y fallo celebrada por este cuerpo colegiado, se autodenomin\u00f3 tercera en su calidad de coadyuvante del demandado Oswaldo Enrique Pomar Ortega (\u2026) el coadyuvante, sin ser sustituto procesal de la parte que coadyuva, puede realizar todos los actos que normalmente \u00e9ste ejecuta, siempre y cuando no entre en contradicci\u00f3n con aqu\u00e9l, pues dado que el derecho en litigio no le pertenece, no puede disponer de \u00e9ste, ni mucho menos interponer recursos que el coadyuvado no desee\u00bb. <\/p>\n

M\u00e1s adelante, el ad-quem agreg\u00f3 \u00abal no pertenecerle a la se\u00f1ora Jacqueline Elena Alcina Galofre el derecho de litigio cuestionado, dado que \u00e9ste s\u00f3lo est\u00e1 determinado respecto de aquellos contra quienes produzca efectos jur\u00eddicos la sentencia que se profiri\u00f3 en este asunto, y no advertirse que el querer del demandado Oswaldo Enrique Pomar Ortega, haya sido oponerse a las pretensiones de la demanda, pues ning\u00fan mecanismo de defensa procur\u00f3 invocar, no obstante haber sido notificado por curador ad litem; la recurrente carece de legitimaci\u00f3n para impetrar, en beneficio del demandado el referido recurso extraordinario, en tanto es claro que su actuar se opone flagrantemente frente al desinteresado comportamiento que ha adoptado esa parte\u00bb <\/p>\n

Todo ello para concluir que \u00ab(\u2026) al no encontrarse acreditado el segundo presupuesto para conceder el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, sin duda resultaba innecesario el estudio de los dem\u00e1s requisitos por ser todos concurrentes, en virtud a que la falta de uno de ellos da al traste con la concesi\u00f3n del mismo; razones por las que se negar\u00e1 la concesi\u00f3n del medio de defensa impetrado\u00bb. <\/p>\n

Conforme a lo que acaba de verse, la motivaci\u00f3n adoptada por la accionada no determina una v\u00eda de hecho susceptible de enmendarse por esta senda, lo que descarta defecto sustantivo, f\u00e1ctico o de otra \u00edndole que amerite la intervenci\u00f3n del juez excepcional. <\/p>\n

En tales condiciones, se ha dicho que mientras las providencias cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la tutela, pues la sola divergencia conceptual no es fuente de la demanda de amparo, porque aunque se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador: \u00ab(\u2026) ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC2293-2018, 22 feb. 2018, rad. 2017-00427-01). <\/p>\n

En este orden, la Corte observa que los razonamientos contenidos en la decisi\u00f3n mencionada hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis sustituyendo al funcionario de conocimiento como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n

4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n

El amparo se negar\u00e1 porque la gestora carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa para cuestionar la actuaci\u00f3n surtida ante la autoridad judicial censurada y, adem\u00e1s, porque el auto que no otorg\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n fue motivado con un criterio razonable. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC15201-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2018-03555-00 (Aprobado en Sala de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jacqueline Elena Alcina Galofre contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101874","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101874","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101874"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101874\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101874"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101874"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101874"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}