{"id":101876,"date":"2026-07-01T20:34:11","date_gmt":"2026-07-01T20:34:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101876"},"modified":"2026-07-01T20:34:11","modified_gmt":"2026-07-01T20:34:11","slug":"stc15203-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15203-2018\/","title":{"rendered":"STC15203-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC15203-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-02609-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Julio Cesar Gonz\u00e1lez Mina contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial, y los Juzgados Quince Civil del Circuito y Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito, todos de Cali, tr\u00e1mite al cual fueron citadas las partes e intervinientes en el ejecutivo hipotecario n\u00ba 2015-00601. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y a la vivienda, supuestamente vulnerados por las autoridades convocadas porque, en su criterio, resolvieron continuar la ejecuci\u00f3n n\u00ba 2015-00601, sin atender las disposiciones legales y los precedentes jurisprudenciales sobre la \u00abacreditaci\u00f3n de la reestructuraci\u00f3n de mi cr\u00e9dito hipotecario de vivienda al realizarse la reliquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

2. En s\u00edntesis expuso que en virtud a la tutela que resolvi\u00f3 esta Corporaci\u00f3n mediante sentencia STC3862-2015, se le orden\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, dejar sin efecto el fallo que profiri\u00f3 el 30 de junio de 2010 (que confirmaba parcialmente el dictado por el Juzgado Quince Civil del Circuito de esa ciudad), para que en su lugar resolver nuevamente la segunda instancia dentro del ejecutivo antes referido, pronunci\u00e1ndose sobre \u00abla exigibilidad de los instrumentos cambiarios otorgados antes de la vigencia de la ley 546 de 1999\u00bb. <\/p>\n

Inform\u00f3 que al volver a estudiar el asunto, con providencia del 24 de abril de 2015, el Tribunal \u00abest\u00e1 desconociendo [el] cr\u00e9dito de vivienda usada y la construcci\u00f3n de vivienda propia en la casa de ladrillo y adobe cubiertas con tejas de barro, en una CASA LOTE comprado en el a\u00f1o 1991, que est\u00e1 claramente incluido en el decreto 3760 del 25 de Septiembre de 2008\u00bb, ya que para ello adujo que \u00abninguno de los cr\u00e9ditos en ejecuci\u00f3n aparece destinado a la adquisici\u00f3n de vivienda a largo plazo\u00bb, y por tanto los excluy\u00f3 de los beneficios contemplados en la precitada Ley 546, \u00absalvo frente a la redenominaci\u00f3n del pagar\u00e9 suscrito en UPAC que se imponer al tenor del art\u00edculo 38 ib\u00eddem, el cual consagra que todas las obligaciones expresadas en esa unidad de valor se expresen en UVR\u00bb. <\/p>\n

Adujo que con dicha determinaci\u00f3n, el fallador de segundo grado incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defecto sustantivo, ya que \u00abse comprende f\u00e1cilmente, que aunque el decreto 3760\/2008, es muy posterior a la fecha en que se realiz\u00f3 el cr\u00e9dito hipotecario (17\/04\/1996), tiene en cuenta como cr\u00e9dito de Vivienda para persona naturales la Construcci\u00f3n de Vivienda propia, y el mejoramiento de la vivienda usada\u00bb, y agreg\u00f3 que la acci\u00f3n es oportuna en tanto que a\u00fan est\u00e1 pendiente la diligencia de remate del inmueble por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Cali. <\/p>\n

3. Pretende que se revoque la sentencia de segunda instancia proferida por la colegiatura acusada \u00abratificando la inejecutabilidad del auto de mandamiento de pago correspondiente al cr\u00e9dito pagar\u00e9 12380-5 (que sin existir REESTRUCTURACI\u00d3N (\u2026)\u00bb, y se ordene la aplicaci\u00f3n de los efectos jur\u00eddicos previstos en la Ley 546 de 1999 (fls. 1 a 24, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

1. El Juez Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, inform\u00f3 que la discusi\u00f3n al interior del proceso \u00abse ha tornado en relaci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, m\u00e1s no se ha discutido el tema de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n\u00bb, pues \u00e9ste ha sido abordado y resuelto por el Tribunal en cumplimiento al fallo de tutela proferido por esta Corte, y que como las actuaciones \u00abhan sido realizadas con la observancia de las normas sustanciales y procesales que regulan el proceso ejecutivo (\u2026), no se encuentran vulnerados los derechos fundamentales del accionante\u00bb (fl. 184, ib\u00eddem). <\/p>\n

2. El Tribunal accionado, a trav\u00e9s del magistrado ponente de la decisi\u00f3n censurada, manifest\u00f3 que esa colegiatura profiri\u00f3 sentencia el 24 de abril de 2015 \u00abconforme a la orden de amparo\u00bb, puesto que \u00abse procedi\u00f3 a hacer nuevo an\u00e1lisis respecto de la exigibilidad de los t\u00edtulos materia de ejecuci\u00f3n a la luz de la Ley 546 de 1999\u00bb, sin que su resultado pueda tenerse por \u00abantojadizo o arbitrario\u00bb (fls. 187 y 188, ib\u00edd.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, al resolver la segunda instancia dentro del ejecutivo n\u00ba 2015-00601, vulner\u00f3 las prerrogativas superiores del demandante, al no haber declarado las consecuencias jur\u00eddicas previstas en la Ley 546 de 1999, respecto de los cr\u00e9ditos hipotecarios dirigidos a la \u00abconstrucci\u00f3n de vivienda propia de persona natural\u00bb que no fueron objeto de reestructuraci\u00f3n. <\/p>\n

2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n a lo expresado se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la concurrencia del juez del resguardo con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

Esto porque cuando el juez profiere una decisi\u00f3n trascendental en el proceso obedeciendo al capricho o a la arbitrariedad, queda desconectado del ordenamiento jur\u00eddico, tiende a causar agravio a alguno de los intervinientes e incluso a la propia administraci\u00f3n de justicia, y en esas condiciones la v\u00eda excepcional resulta id\u00f3nea para conjurar o prevenir el perjuicio. <\/p>\n

Realizado el an\u00e1lisis pertinente a los argumentos de la queja constitucional, de la informaci\u00f3n que arrojan las pertinentes piezas procesales allegadas al expediente, la Corte advierte que habr\u00e1 de negarse el amparo implorado, toda vez que la determinaci\u00f3n que la demandante censura, no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla, en tanto obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable. <\/p>\n

3.1. En efecto, para que la colegiatura acusada, mediante providencia del 24 de abril de 2015, determinara modificar la sentencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n en lugar de aplicar a los cr\u00e9ditos ejecutados y no reestructurados las consecuencias previstas en los art\u00edculos 40 a 42 de la Ley 546 de 1999, preliminarmente precis\u00f3 que era su deber \u00abrevisar el cumplimiento de los requisitos que dotan de m\u00e9rito ejecutivo al t\u00edtulo que se aporta como base de cobro (\u2026), incluso de manera oficiosa\u00bb, citando como soporte algunos pronunciamientos realizados por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

Enseguida adujo que para atender la orden de tutela emitida por esta Sala (STC3862-2015), consistente en \u00abpronunciarse nuevamente sobre la exigibilidad de \u201clos instrumentos cambiarios otorgados antes de la vigencia de la Ley 546 de 1999\u201d, se advierte que los pagar\u00e9s objeto de cobro cumplen con los requisitos generales y especiales establecidos en la ley comercial para su ejecuci\u00f3n\u00bb, ya que: <\/p>\n

\u00abEn efecto, los cartulares No. 12380-5 y No. 0226944, suscritos al 7 de enero de 1997 y el 26 de abril de 1999, respectivamente (Fl. 3-5 C.1), y el pagar\u00e9 No. 262091, suscrito el 7 de diciembre de 2000, que corresponde a una refinanciaci\u00f3n del primar instrumento en menci\u00f3n, re\u00fanen las condicionas establecidas en los art\u00edculos 621 y 709 (s.s.) del C. de Co., pues contienen la menci\u00f3n del derecho que en el titulo se incorpora, y la firma de quien lo crea, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, al nombre de la persona a quien deba hacerse el pago, la indicaci\u00f3n de ser pagadero a la orden o al portador, y la forma de vencimiento. <\/p>\n

A ello se suma que, conforme lo exige el art\u00edculo 488 del C. de P. C, dichos documentos incorporan obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo del ejecutado, y a favor de la entidad demandante, pues establecen el valor del capital mutuado, la forma de pago y el vencimiento de cada uno da los instalamentos mensuales pactados, as\u00ed como la facultad de acelerar el plazo\u00bb, y que \u00abde conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 554 del C. de P. C, especial para los procesos hipotecarios, fue allegada la primera copia da la escritura p\u00fablica No. 1365 de 27 de noviembre de 1996 (Fl. 18 vlto C. 1), mediante la cual se constituy\u00f3 hipoteca a favor de la entidad demandante sobre predio de propiedad da) ejecutado, y se anex\u00f3 el respectivo certificado de tradici\u00f3n del mismo (Fl. 21 C. 1)\u00bb. <\/p>\n

Refiriendo de nuevo a la orden de amparo dictada por esta Corte, dijo que \u00abrevisado el expediente -conforme se orden\u00f3 por el juez de tutela- se advierte que, efectivamente, la entidad acreedora no alleg\u00f3 documento alguno que evidenciara la reestructuraci\u00f3n referida por la ley 546 de 1969, en relaci\u00f3n con las obligaciones contenidas en los mentados instrumentos cambiarios\u00bb, sin embargo, dado el antedicho \u00abejercicio del deber oficioso que compete al juez del proceso ejecutivo incluso en segunda instancia, que se impone en este caso, dado que debe desatarse nuevamente la alzada (pues la sentencia previa debe declararse sin efecto alguno conforme a la orden de tutela)\u00bb, asever\u00f3 que \u00abla ausencia de tal prueba no trunca la ejecuci\u00f3n de los pagar\u00e9s antes mencionados, pues la aludida reestructuraci\u00f3n no aflora obligatoria en el caso de marras\u00bb. <\/p>\n

Para ello sostuvo que el an\u00e1lisis del expediente evidenciaba \u00abque aunque los dos primeros cartulares, aparecen suscritos con antelaci\u00f3n a la entrada en vigencia de la Ley 546 de 1999, lo cierto es que las obligaciones all\u00ed incorporadas no pueden ser objeto de los beneficios establecidos en la mencionada legislaci\u00f3n, incluidos aquellos previstos en su art\u00edculo 42, pues \u201cel texto de la Ley se\u00f1ala en sus art\u00edculos 40, 41 y 42, mediante los cuales se regul\u00f3 lo concerniente a la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, que estas medidas se aplicar\u00e1n \u00fanicamente a los cr\u00e9ditos que hubieren sido otorgados para financiar la adquisici\u00f3n de vivienda Individual a largo plazo, que cumplan con las condiciones que la propia ley exige\u201d (Corte Constitucional, Sentencia T-286 de 2006)\u00bb.
\nAunado a lo anterior dijo que de acuerdo a lo previsto en el art\u00edculo 17 de la citada Ley 546, para que un cr\u00e9dito sea calificado como de vivienda, deb\u00eda cumplir ciertos requisitos: \u00ab1. Estar destinados a la compra de vivienda nueva o usada o a la construcci\u00f3n de vivienda individual\u00bb; \u00ab2. Tener una tasa de inter\u00e9s remuneratoria, calculada sobre la UVR, que se cobrar\u00e1 en forma vencida y no podr\u00e1 capitalizarse. Dicha tasa de inter\u00e9s ser\u00e1 fija durante toda la vigencia del cr\u00e9dito, a menos que las partes acuerden una reducci\u00f3n de la misma y deber\u00e1n expresarse \u00fanica y exclusivamente en t\u00e9rminos de tasa anual efectiva\u00bb; \u00ab3. Tener un plazo para su amortizaci\u00f3n comprendido entre cinco (5) a\u00f1os como m\u00ednimo y treinta (30) a\u00f1os como m\u00e1ximo\u00bb, y \u00ab4. Estar garantizados con hipotecas de primer grado constituidas sobre las viviendas financiadas\u00bb, entre otros. <\/p>\n

Advirti\u00f3 que en el caso examinado \u00abpese al tratamiento dado a las obligaciones por la entidad adora y a la menci\u00f3n efectuada en las instrucciones para el diligenciamiento del tercer pagar\u00e9 en ejecuci\u00f3n (\u2026), surge claro del certificado de tradici\u00f3n y libertad del bien hipotecado en favor de la acreedora (con matr\u00edcula No. 370-356534), as\u00ed como, de la escritura de hipoteca correspondiente (\u2026), que dicho predio fue adquirido por el ahora ejecutado casi cinco a\u00f1os antes de la suscripci\u00f3n de los mencionados t\u00edtulos y de la referida hipoteca, por compra que le hiciere a Esteban Calvo Morales mediante Escritura P\u00fablica de 10 de mayo de 1991 (anotaci\u00f3n No. 3)\u00bb. <\/p>\n

A lo que agreg\u00f3 que \u00abla celebraci\u00f3n de la compraventa, refleja que aunque los cr\u00e9ditos en ejecuci\u00f3n gozan de garant\u00eda hipotecaria, su creaci\u00f3n se produjo para cuando la vivienda que soport\u00f3 el gravamen ya llevaba buen tiempo en el patrimonio del ejecutado, de donde se puede colegir que, habi\u00e9ndose celebrado cada negocio en forma posterior a la adquisici\u00f3n del inmueble, el dinero mutuado no estaba destinado a financiar la misma, siendo este el criterio que resulta imperativo para la aplicaci\u00f3n de la aludida normativa (Ley 546\/99). Tampoco aflora del plenario que a\u00fan de considerarse como vivienda de inter\u00e9s social, el cr\u00e9dito se hubiera destinado a su mejoramiento o remodelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Se apoy\u00f3 para lo anterior en lo que sobre el particular contempla la sentencia T-286\/06, seg\u00fan la cual \u00abla caracter\u00edstica fundamental de los cr\u00e9ditos de vivienda no es el plazo o la forma en que el mismo se haya pactado, esto es en UPAC o en pesos, ni mucho menos el hecho de que el cr\u00e9dito taya sido garantizado con una hipoteca. En efecto, la nota determinante de un cr\u00e9dito de vivienda es la destinaci\u00f3n del mismo, esto es, que el pr\u00e9stamo se haya destinado a la adquisici\u00f3n o financiaci\u00f3n de una unidad de vivienda. As\u00ed las cosas, esta se convierte en la \u00fanica hip\u00f3tesis en la cual es posible exigir la aplicaci\u00f3n de los beneficios consagrados en la Ley 546 de 1999\u00bb. <\/p>\n

Y volviendo sobre el fallo de tutela emanado de esta Sala, reiter\u00f3 que \u00abel anterior discernimiento no emerge para soslayar la orden dada en el fallo tutelar, sino a consecuencia de la verificaci\u00f3n oficiosa obligada para la Sala en relaci\u00f3n con las condiciones que permiten seguir con la ejecuci\u00f3n, y de la postura que se ha impuesto por la misma en no pocas ocasiones, respecto a las condiciones reclamadas por la citada ley, para considerar un cr\u00e9dito bancario como de aquellos destinados a vivienda y, por tanto, pasible de las prerrogativas consagradas en la misma\u00bb. <\/p>\n

Concluyendo entonces que \u00abninguno de los cr\u00e9ditos en ejecuci\u00f3n aparece destinado a la adquisici\u00f3n de vivienda a largo plazo, y a que en este caso queda relevada la aplicaci\u00f3n de la Ley 546 de 1999\u00bb, encontr\u00f3 que le asist\u00eda raz\u00f3n al recurrente en cuanto a la \u00abredenominaci\u00f3n del pagar\u00e9 suscrito en UPAC\u00bb, ya que \u00abal tenor del art\u00edculo 38 ib\u00eddem (\u2026) todas las obligaciones expresadas en esa unidad de valor se expresen en UVR\u00bb, y ello porque \u00ablos pagar\u00e9s Nos. 226944 y No. 262091, fueron suscritos en pesos, por lo cual, atendiendo la literalidad de los mismos, se concluye, sin asomo de duda, que como alega la parte recurrente, su cobro debe adelantarse en pesos y no proced\u00eda su redenominaci\u00f3n en UVR, conforme se hizo en la demanda y se acept\u00f3 en el mandamiento de pago\u00bb, y menos cuando no se produjo consentimiento de parte del deudor pues en tales condiciones no proced\u00eda la \u00abmodificaci\u00f3n unilateral de las condiciones pactadas entre las partes, que, adem\u00e1s de desconocer la literalidad de los documentos, pasa por alto el principio de la buena fe, el respeto por los actos propios, la confianza leg\u00edtima\u00bb. <\/p>\n

3.2. Tras revisar la motivaci\u00f3n y conclusi\u00f3n a que lleg\u00f3 el Tribunal accionado, oportuno resulta traer a colaci\u00f3n lo que en un caso de similares contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos resolvi\u00f3 esta Sala, al sostener que: <\/p>\n

\u00abIndependientemente de que la Sala comparta o no los argumentos expuestos por el juez de la causa en la providencia por medio de la cual deneg\u00f3 la nulidad constitucional invocada por el tutelante, por falta de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, es claro que en este asunto no resulta viable su aplicaci\u00f3n, en la medida en que de un minucioso an\u00e1lisis al folio de matr\u00edcula correspondiente al bien hipotecado \u2013 No. 370-7644-, puede concluirse que el cr\u00e9dito objeto del cobro compulsivo que aqu\u00ed se cuestiona, no fue destinado a la adquisici\u00f3n de vivienda. <\/p>\n

En efecto, es evidente que el actor adquiri\u00f3 el predio en litigio desde el mes de marzo de 1980, mediante compraventa que le hiciera a Bayardo Bello Fern\u00e1ndez, seg\u00fan escritura p\u00fablica No. 1775 de la Notar\u00eda 2\u00aa del C\u00edrculo de Cali y s\u00f3lo el 30 de septiembre de 1996, esto es, 16 a\u00f1os despu\u00e9s, suscribi\u00f3 la obligaci\u00f3n cuyo recaudo se persigue, garantiz\u00e1ndola mediante hipoteca abierta de cuant\u00eda indeterminada. <\/p>\n

Lo anterior, deja en evidencia que no fue para compra de vivienda que el tutelante solicit\u00f3 el mutuo por el que se le ejecut\u00f3 y por ende, inviable se torna, se insiste, la aplicaci\u00f3n de la normatividad y jurisprudencia que invoca en su demanda de amparo. <\/p>\n

(\u2026) De suerte, que la decisi\u00f3n del sentenciador tutelado de denegar la nulidad de la actuaci\u00f3n, en este puntual caso, no vulnera las garant\u00edas fundamentales invocadas por el promotor de la queja, porque su cr\u00e9dito no ten\u00eda como destinaci\u00f3n la adquisici\u00f3n de vivienda y por ende, no le eran aplicables las exigencias previstas en la Ley 546 de 1999 ni la jurisprudencia de la Corte Constitucional, destinadas a garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna, tal como de vieja data lo ha explicado esa Corporaci\u00f3n (\u2026)\u00bb (CSJ STC11063-2015, 20 ago. 2015, rad. 00206-02, citada y reiterada en STC5335-2016, 28 abr. 2016, rad. 00654-00). <\/p>\n

3.3. Conforme a lo que acaba de verse, la solicitud de amparo elevada por el se\u00f1or Gonz\u00e1lez Mina no resulta viable, porque la actuaci\u00f3n de la autoridad convocada no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, pues la resoluci\u00f3n cuestionada no revela arbitrariedad o desmesura, sino una divergencia conceptual que por su razonabilidad no es fuente de la salvaguarda. <\/p>\n

En ese orden, la Corte reitera que comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador: \u00abello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC2293-2018, 22 feb. 2018, rad. 2017-00427-01). <\/p>\n

De igual modo ha sostenido que \u00abs\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC. 24. jun. 2004, rad. 00142-01, reiterada en STC12188-2018, 19 sept. 2018, rad. 00411-01, entre otras). <\/p>\n

4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n

En las circunstancias descritas, por cuanto la providencia criticada no se torna arbitraria ni caprichosa y por tanto no configura desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional senda, se negar\u00e1 el auxilio implorado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela impetrada por Julio Cesar Gonz\u00e1lez Mina. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

(Hoja de firmas correspondiente al fallo de tutela n\u00ba 11001-02-03-000-2018-02609-00)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC15203-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-02609-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Julio Cesar Gonz\u00e1lez Mina contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial, y los Juzgados Quince Civil del Circuito y Primero de Ejecuci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101876","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101876","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101876"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101876\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101876"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101876"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101876"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}