{"id":101878,"date":"2026-07-01T20:35:06","date_gmt":"2026-07-01T20:35:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101878"},"modified":"2026-07-01T20:35:06","modified_gmt":"2026-07-01T20:35:06","slug":"stc15205-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15205-2018\/","title":{"rendered":"STC15205-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC15205-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03582-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho). <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Eliana Fernanda Montenegro Rosero contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa promotora del amparo reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la vivienda digna, a la dignidad humana, al \u00abamparo a la familia\u00bb, al trabajo, al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la \u00absupremac\u00eda del derecho sustancial\u00bb, y, a \u00abla buena fe\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al confirmar la sentencia de primera instancia que accedi\u00f3 a lo pretendido dentro del proceso verbal de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que en su contra promovi\u00f3 Leasing Bancolombia. <\/p>\n

Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala Civil Familia, \u00abdej[ar] sin efecto la decisi\u00f3n judicial que se dict\u00f3 dentro del [referido juicio] del 27 de septiembre de 2018, (\u2026) ordenando que decida nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb (fl. 3). <\/p>\n

2.\tEn apoyo de su reclamo, aduce en compendio, que mediante escritura p\u00fablica No. 1521 del 27 de mayo de 2014, Leasing Bancolombia compr\u00f3 a Ruth Ayde\u00e9 Andrade de Bravo el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 240-238417; sin embargo, dicha vendedora antes de tal negocio le hab\u00eda prometido a \u00e9l en venta el bien por $95\u00b4000.000,oo, por lo que en virtud del mismo, termin\u00f3 recibiendo de la entidad financiera $23\u00b4750.200,oo m\u00e1s, monto \u00e9ste que, dice, acrecent\u00f3 la deuda por cuotas en mora que la entidad financiera le reclam\u00f3 como justificaci\u00f3n para el aludido juicio de restituci\u00f3n, pese a que, afirma, de haberse imputado tal exceso a la deuda cobrada, la mora alegada no se habr\u00eda presentado, y por ende, tampoco la causal para la devoluci\u00f3n del bien. <\/p>\n

Explica que en la demanda con que fue promovi\u00f3 el referido asunto, Leasing Bancolombia relat\u00f3 que por la aludida venta desembols\u00f3 \u00abla suma de $118\u00b4776.000,oo, pero [ella] no ten\u00eda por qu\u00e9 pagar esa suma de dinero, sino el equivalente al 80% tal como lo confiesa el representante legal de la parte actora [en ese proceso] a trav\u00e9s del interrogatorio de parte, que equivale a $95\u00b4020.800,oo\u00bb, de modo que, \u00abno tiene sentido que la locataria tenga que pagar un canon extraordinario de $23\u00b4750.2000,oo\u00bb, situaci\u00f3n que, dice, fue del todo desconocida por el Tribunal Superior de Pasto en la aludida sentencia de segundo grado, \u00abso pretexto de que ese acuerdo de voluntades entre particulares [la promesa de compraventa] jam\u00e1s se llev\u00f3 a cabo\u00bb, dejando de lado que \u00abhubo un pago en exceso\u00bb a la mentada entidad financiera \u00abque agrav\u00f3 la situaci\u00f3n de la locataria\u00bb. <\/p>\n

Se\u00f1ala que, contrario a lo considerado por la prenombrada Colegiatura, \u00abexiste v\u00ednculo entre la entidad demandante [en el proceso cuestionado] con la intermediaria que adelant\u00f3 todo ese proceso documental para llegar al contrato final de leasing\u00bb, proceso que, asegura, hizo parte de la etapa precontractual del precitado negocio jur\u00eddico, y que lleva a colegir, que \u00ablo pagado a la propietaria del inmueble, intermediaria y\/o inversionista de $23\u00b4755.200, se deben imputar a los c\u00e1nones de arrendamiento del contrato leasing habitacional. Eso significa que la demandada o locataria nunca incurri\u00f3 en mora\u00bb, situaci\u00f3n que en su criterio, le genera un perjuicio patrimonial considerable, y quebranta las prerrogativas superiores que solicita amparar (fls. 1 al 14). <\/p>\n

3.\tUna vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 15 de noviembre hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 70).
\nRESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

Al momento del registro del fallo no se hab\u00edan recibido pronunciamientos. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La \tacci\u00f3n de tutela, como regla general, no resulta viable \tinstaurarla contra las providencias o actuaciones judiciales, dado \tque no pertenece al entorno de la justicia constitucional interferir \ten el escenario de los procesos judiciales en curso o ya terminados, \tpara modificar o sustituir las determinaciones all\u00ed \tpronunciadas por los jueces naturales de las controversias, porque \tcon ello se quebrantar\u00edan los principios superiores de \tautonom\u00eda e independencia judicial consagrados en los \tart\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n

Sin embargo, en los precisos casos en los que el funcionario judicial incurre en causal de procedencia del amparo, vale decir, cuando su obrar es arbitrario o caprichoso al punto que lesiona los derechos constitucionales fundamentales, puede intervenir el juez de tutela, \u00fanica y exclusivamente para retirar el acto generador de la violaci\u00f3n o amenaza de las mencionadas prerrogativas, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo.
\n2.\tEn el presente caso, Eliana Fernanda Montenegro Rosero censura, de manera puntual, que mediante sentencia del 27 de septiembre del presente a\u00f1o, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto hubiese mantenido \u00edntegramente la decisi\u00f3n que el 11 de abril de 2017 emiti\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, en el marco del proceso verbal de restituci\u00f3n de inmueble que en su contra promovi\u00f3 Leasing Bancolombia S.A., pues en su criterio, a aquella determinaci\u00f3n se lleg\u00f3 tras una indebida valoraci\u00f3n probatoria, porque no incurri\u00f3 en la mora en el pago de los c\u00e1nones del contrato de leasing habitacional que la entidad financiera aleg\u00f3 incumplido como sustento para la restituci\u00f3n, ya que el precio del bien objeto de ese negocio ten\u00eda un valor inferior al que le fue finalmente cobrado, y de haberse imputado esa diferencia de valor a la deuda, no se habr\u00eda presentado la mora y desaparec\u00eda la causal de restituci\u00f3n. <\/p>\n

3. Sin embargo, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, la Corte observa que la salvaguarda reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, si en cuenta se tiene que para arribar a la decisi\u00f3n criticada, la Colegiatura convocada, tras escuchar los alegatos de ambas partes y establecer la tem\u00e1tica que ser\u00eda objeto de estudio en la alzada, consider\u00f3 que el problema jur\u00eddico giraba en torno a determinar si hab\u00eda existido o no mora en el pago de los c\u00e1nones del contrato de leasing, y partiendo de ese marco, extrajo del prenombrado acuerdo de voluntades lo siguiente: <\/p>\n

\u00abLas condiciones generales de la locataria para el caso la se\u00f1ora Eliana Fernanda Montenegro autoriz\u00f3 y bajo su responsabilidad a la entidad demandante para pagar realizar los actos y celebrar los contratos relacionados con la adquisici\u00f3n del bien comprometido en el negocio, que adicionalmente el locatario ser\u00e1 responsable por la veracidad y autenticidad de toda informaci\u00f3n que suministra dentro del proceso de adquisici\u00f3n del inmueble, bajo ese entendido en pocas palabras y de acuerdo con lo estipulado en el contrato, la se\u00f1ora Eliana Fernanda Montenegro autoriz\u00f3 a leasing bancolombia a fin de que esta sociedad adquiriera un bien inmueble, para que una vez adquirido le sea entregado a la primeramente mencionada en calidad de locataria y como contraprestaci\u00f3n pagar\u00eda un canon mensual previamente estipulado con la opci\u00f3n de compra\u00bb. <\/p>\n

Hecha esa precisi\u00f3n, la Colegiatura accionada indic\u00f3 que uno de los motivos de la apelaci\u00f3n presentada por la accionante, consisti\u00f3 en que \u00abno se tuvo en cuenta lo estipulado en el contrato de promesa de compraventa, se\u00f1alando que de dicho documento se desprend\u00eda, seg\u00fan su criterio, que la parte demandante autoriz\u00f3 la intervenci\u00f3n de un tercero en la celebraci\u00f3n del contrato y adem\u00e1s que existe una diferencia entre el valor que se estipul\u00f3 en dicho convenio con el que aparece en la escritura p\u00fablica, diferencia que asciende a poco m\u00e1s de $23\u00b4000.000\u00bb, inconformidad similar a la que aqu\u00e9lla expone en este escenario, y respecto de la cual la mentada autoridad razon\u00f3: <\/p>\n

\u00abal respecto varias cosas hay que analizar en primer lugar el contrato de promesa de compraventa es un acto por medio del cual surge una prestaci\u00f3n particular, la cual consiste b\u00e1sicamente en que las partes suscriptoras de \u00e9l, se comprometen a no cosa diferente que llevar a cabo el convenio prometido, es decir una obligaci\u00f3n de hacer y no es traslaticio de dominio ni de caracter\u00edsticas similares. As\u00ed de la revisi\u00f3n del documento que aparece apoyo 65 de cuaderno principal se tiene que en efecto se trata de un contrato de promesa de compraventa el cual est\u00e1 suscrito entre la se\u00f1ora Ruth Andrade Bravo como promitente vendedora y el se\u00f1or Mario Fernando Ch\u00e1vez Galeano como promitente comprador, misma calidad con la que aparece la ahora demandada, all\u00ed se establece un valor de $95\u00b4000.000 para la adquisici\u00f3n del bien inmueble que est\u00e1 comprometido en este litigio, sin embargo como se ha manifestado aquel convenio lo \u00fanico que tiene en com\u00fan con la cuesti\u00f3n debatida en este proceso, es el bien inmueble objeto del mismo, la vendedora Ruth Andrade Bravo y a la se\u00f1ora Eliana Fernanda Montenegro Rosero, de d\u00f3nde es f\u00e1cil comprender que aquel contrato de promesa de compraventa jam\u00e1s se perfeccion\u00f3, es decir el acuerdo prometido nunca se llev\u00f3 a cabo\u00bb. <\/p>\n

Hip\u00f3tesis que comenz\u00f3 a explicar en seguida, al considerar que: <\/p>\n

\u00abas\u00ed, de la comparaci\u00f3n entre el documento que aparece 65 del cuaderno principal y la escritura p\u00fablica de compraventa obrante folio 68 se extracta que el bien inmueble del que trat\u00f3 el contrato de promesa de compraventa, no fue vendido a quienes aparecen como promitentes compradores, sino a Leasing Bancolombia S.A., adem\u00e1s dicho negocio tampoco se llev\u00f3 a cabo en la fecha prometida, que era el 22 de abril de 2014, sino el 27 de mayo de dicho a\u00f1o, en adici\u00f3n tambi\u00e9n existe una diferencia entre el precio del inmueble en el contrato de promesa de compraventa, puesto que all\u00ed se dice que asciende a $95\u00b4000.000, mientras que en la escritura p\u00fablica de adquisici\u00f3n del predio aparece por $118\u00b4776.000,oo, <\/p>\n

An\u00e1lisis realizado con sustento en el estudio de los medios de convicci\u00f3n obrantes en las diligencias, y que le permiti\u00f3 colegir: <\/p>\n

\u00abdicha Promesa de compraventa, como prueba documental que aparece en el plenario, \u00fanicamente demuestra la existencia de un acuerdo de voluntades que jam\u00e1s se llev\u00f3 a cabo, puesto que fue suscrito por unas partes y bajo unos t\u00e9rminos que no coinciden integralmente con quienes finalmente llevaron a cabo el negocio de adquisici\u00f3n de bien inmueble, de all\u00ed que no pueda ser tenido en cuenta para adoptar las decisiones de este asunto y mucho menos derivar de \u00e9l los efectos jur\u00eddicos que el apoderado demandado pretende, puesto que entre uno y otro instrumento no aparece relaci\u00f3n que vinculen en sus efectos a Leasing Bancolombia S.A. <\/p>\n

De esa inferencia, extrajo para los efectos de la inconformidad expuesta en la alzada, que <\/p>\n

\u00abno puede ser de recibo que la diferencia del precio que aparece en la promesa de compraventa, en relaci\u00f3n con el reportado en la escritura p\u00fablica, sea atribuida como parte de pago de los c\u00e1nones de arrendamiento en mora, puesto que se insiste, Leasing Bancolombia S.A. nada tuvo que ver con el acuerdo precontractual, y menos a\u00fan puede decirse el negocio de adquisici\u00f3n del inmueble haya sido una consecuencia de aquella. <\/p>\n

Por lo dem\u00e1s, en lo que s\u00ed existe coincidencia es entre el precio que se pact\u00f3 en escritura p\u00fablica por la adquisici\u00f3n del inmueble y que fue pagado por Leasing Bancolombia S.A. con el que aparece en el contrato que sirve de base para este proceso, puesto que en ambos documentos claramente aparece que el valor del inmueble objeto material de acuerdos es de $118\u00b4776.000, los dos suscritos por los integrantes de esta Litis, y por ende con efectos jur\u00eddicos exigibles a ellos\u00bb (CD. fl. 58) <\/p>\n

4. De lo expuesto se colige, entonces, que no se logr\u00f3 demostrar dentro del asunto objeto de debate constitucional, que el precio del inmueble establecido en el contrato de promesa de compraventa, tuviera relaci\u00f3n alguna con el que finalmente se pag\u00f3 por parte de Leasing Bancolombia S.A. para la compra del mismo, ni con el monto de la obligaci\u00f3n plasmada en el contrato de leasing que se aleg\u00f3 incumplido por la aqu\u00ed interesada, pues seg\u00fan una atendible interpretaci\u00f3n de las pruebas del juicio, se trat\u00f3 de negocios jur\u00eddicos sin relaci\u00f3n, inferencia que llev\u00f3 al Tribunal de Pasto a concluir, que el a quo no incurri\u00f3 en error \u00aben la apreciaci\u00f3n de las pruebas, dando al traste con el argumento de reproche que en tal sentido hab\u00eda expuesto el alzadista\u00bb. <\/p>\n

5. As\u00ed las cosas, no cabe duda para la Sala que en el contenido de la decisi\u00f3n criticada quedaron expuestos los motivos por los cuales el Cuerpo Colegiado criticado ratific\u00f3 lo determinado por el juez cognoscente, los cuales se observan obtenidos de una atendible interpretaci\u00f3n de la normatividad sustancial que rige el caso puesto a consideraci\u00f3n, en consonancia con un acertado entendimiento de los medios de convicci\u00f3n obrantes en el juicio, situaci\u00f3n que excluye la intervenci\u00f3n del juez de tutela para modificar lo decidido, m\u00e1xime cuando la sola divergencia conceptual no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues, como ha sostenido invariablemente esta Corte, <\/p>\n

\u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, STC1385-2018). <\/p>\n

As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb, y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n

6.\tCorolario de lo expuesto, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 de desestimarse la salvaguarda reclamada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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