{"id":101880,"date":"2026-07-01T20:36:10","date_gmt":"2026-07-01T20:36:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101880"},"modified":"2026-07-01T20:36:10","modified_gmt":"2026-07-01T20:36:10","slug":"stc15209-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15209-2018\/","title":{"rendered":"STC15209-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15209-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2018-03438-00
\n(Aprobado en Sala de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jhon Jairo V\u00e9lez Zapata contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n; siendo vinculados al tr\u00e1mite la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medell\u00edn y los intervinientes en el asunto penal seguido contra el actor. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Obrando en nombre propio, el accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la libertad, debido proceso y \u00abprincipio de favorabilidad\u00bb, supuestamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial acusada. <\/p>\n

2. Manifiesta, en resumen, que mediante providencia del 8 de agosto de 2017, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medell\u00edn le \u00absustituy\u00f3 la medida de aseguramiento consistente en detenci\u00f3n preventiva en centro carcelario por una no privativa de la libertad\u00bb y concedi\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena impuesta en la justicia ordinaria, \u00aben raz\u00f3n al principio de favorabilidad consagrado en el art\u00edculo 63 de la Ley 975 de 2005 y art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n\u00bb, decisi\u00f3n que fue apelada por la Fiscal\u00eda y la representante de las v\u00edctimas. <\/p>\n

Se\u00f1ala que la Sala de Casaci\u00f3n Penal revoc\u00f3 el pronunciamiento en cuesti\u00f3n el 23 de mayo de 2018, argumentando que no cumple con los requisitos que prev\u00e9 la Ley 1820 de 2016, en concordancia con el art\u00edculo 63 de la Ley 975 de 2005 y dem\u00e1s normas complementarias. <\/p>\n

3. Pide, en consecuencia, que se revoque la providencia cuestionada y se deje sin firme la dictada por el Tribunal de Medell\u00edn (f. 6). <\/p>\n

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n

2. El Procurador 348 Penal II indic\u00f3 que el amparo es improcedente porque la decisi\u00f3n cuestionada est\u00e1 \u00abplenamente ajustada a derecho\u00bb (f. 63). <\/p>\n

3. El Inpec solicit\u00f3 que se le desvinculara del presente asunto (f. 80). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si la Corporaci\u00f3n accionada vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por revocar la decisi\u00f3n de primer grado que sustituy\u00f3 al postulado Jhon Jairo V\u00e9lez Zapata la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en establecimiento carcelario por una no privativa de la libertad y concedi\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena impuesta en la justicia ordinaria. <\/p>\n

2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

3. La decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n

Efectuado el an\u00e1lisis pertinente a los argumentos de la queja constitucional y a las piezas procesales allegadas, la Sala establece que la decisi\u00f3n que por esta senda se cuestiona, no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla, comoquiera que obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable que impide la intervenci\u00f3n del juez excepcional. <\/p>\n

As\u00ed, la accionada comenz\u00f3 indicando que la Ley 1820 de 2016 invocada por el promotor no pod\u00eda aplicarse a los \u00abexmiembros de las AUC\u00bb porque esta normativa cobija \u00abexclusivamente\u2026conductas punibles perpetradas por vinculados directa o indirectamente con las FARC-EP y agentes del Estado\u00bb y que \u00aben pasada oportunidad esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 la posibilidad de amparar bajo las previsiones de la Ley 1820 de 2016 a exmilitantes de organizaciones criminales al margen de la ley distintas de las FARC-EP\u00bb. <\/p>\n

Adicionalmente, la Sala de Casaci\u00f3n Penal expuso que \u00ab(\u2026) las disposiciones contenidas en las Leyes 975 de 2005 y 1820 de 2016 no se complementan\u2026pues una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica y teleol\u00f3gica de la \u00faltima normativa en menci\u00f3n permite concluir que no se encuentra destinada indiscriminadamente a todos los actores del conflicto, por cuanto el espectro amparado es espec\u00edfico: subversivos pertenecientes a las FARC-EP, con lo cual se excluye a integrantes de las autodefensas, bandas criminales o delincuencia com\u00fan (\u2026) Ante dicha distinci\u00f3n no es factible efectuar una interpretaci\u00f3n extensiva en beneficio de quienes no hacen parte del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n normativo, como equivocadamente lo sostienen el a quo y el defensor de JHON JAIRO V\u00c9LEZ ZAPATA, en su calidad de no recurrente, ni forzar una integraci\u00f3n jur\u00eddica, en la medida que cada compendio legislativo es independiente y tiene plenamente definidos sus receptores, institutos, fines y beneficios\u00bb. <\/p>\n

En cuanto al principio de favorabilidad, cuya aplicaci\u00f3n pretende el accionante, la Sala cuestionada se\u00f1al\u00f3: \u00ab(\u2026) Aunque la consecuencia \u00faltima de la sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento consagrada en el art\u00edculo 18A de la Ley 975 de 2005 y la libertad condicionada prevista en el art\u00edculo 35 de la Ley 1820 de 2016, es el restablecimiento de la libertad del beneficiado, lo cierto es que sus presupuestos no deben escindirse de la causa a la que pertenecen, dada la naturaleza divergente de cada una; de lo contrario ser\u00edan despojadas de la esencia o la funci\u00f3n asignada dentro del particular sistema que las regula\u2026Lo anterior, por cuanto se trata de preceptos que establecen tratamientos penales especiales diferenciados propios del engranaje al que hacen parte, conformando una estructura coherente dentro de la que contribuyen a alcanzar un prop\u00f3sito espec\u00edfico, por cuanto tienen finalidades impermutables\u00bb. <\/p>\n

Sobre la diferencia que existe entre los reg\u00edmenes mencionados y la imposibilidad de otorgar el beneficio deprecado por el actor, la Sala de Casaci\u00f3n Penal dijo: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) Si bien, el Magistrado con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas del Tribunal Superior de Medell\u00edn asegur\u00f3 que JHON JAIRO V\u00c9LEZ ZAPATA cumple el factor objetivo contemplado s\u00f3lo en el ordinal 1\u00b0 del art\u00edculo 18A de la Ley 975 de 2005, resulta desacertada tal conclusi\u00f3n, en la medida que no se re\u00fanen los presupuestos para dar paso a la favorabilidad y s\u00f3lo es posible arribar a dicha conclusi\u00f3n extrayendo los preceptos de su contexto, en un plano exclusivamente horizontal. <\/p>\n

El a quo dej\u00f3 de lado que la libertad condicionada no tiene un referente en la Ley 975 de 2005, tal como lo hab\u00eda destacado previamente la Sala al asegurar: \u00ab(\u2026) la figura de la libertad condicionada no est\u00e1 contenida en la Ley de Justicia y Paz mientras que s\u00ed hace parte de la Ley 1820 de 2016\u00bb (CSJ AP 2445-2017 del 19 de abril de 2017 rad. 49979), luego no se trata de normas reguladoras de institutos procesales an\u00e1logos. En otros t\u00e9rminos, las figuras jur\u00eddicas enfrentadas no se encuentran reguladas en las dos legislaciones, contrario a lo que se expuso en la audiencia del 8 de agosto de 2017. <\/p>\n

No se discute que los dos sistemas tienen como finalidad la terminaci\u00f3n del conflicto armado interno, para el logro de la reconciliaci\u00f3n y la paz nacional; sin embargo, ello no desdibuja que cada uno tiene sus autoridades, procedimientos, sanciones y mecanismos de implementaci\u00f3n que impiden ser entremezclados, so pena de vulnerar el principio de legalidad. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que en el marco de la Ley 975 de 2005, la detenci\u00f3n preventiva tiene como \u00fanico objetivo descontar la pena alternativa de 8 a\u00f1os que se impondr\u00eda al exparamilitar al finalizar el proceso regulado por la Ley de Justicia y Paz, mientras que con la Ley 1820 de 2016 se pretende dar prevalencia, entre otros tratamientos penales, a la excarcelaci\u00f3n de los insurgentes que se sometan a la Justicia Especial para la Paz. <\/p>\n

Es claro entonces que con la aplicaci\u00f3n del t\u00e9rmino consagrado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 35 de la Ley 1820 de 2016, se afecta la estructura del esquema previsto en la Ley 975 de 2005, pues aqu\u00e9l hace parte de la regulaci\u00f3n de una figura jur\u00eddica dise\u00f1ada conforme los rasgos estructurales de la Justicia Especial para la Paz, no as\u00ed de Justicia y Paz (\u2026) <\/p>\n

Finalmente, resulta de vital importancia destacar que el Magistrado de primera instancia tampoco estaba facultado para sustituir la ley llamada a regular la situaci\u00f3n espec\u00edfica, mediante la aplicaci\u00f3n de una norma jur\u00eddica que en la pr\u00e1ctica nunca ha existido y que emana de la combinaci\u00f3n selectiva de varios requisitos pertenecientes a distintas regulaciones -el factor objetivo consagrado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 35 de la Ley 1820 de 2016 y las dem\u00e1s exigencias del art\u00edculo 18A de la Ley 975 de 2005-. <\/p>\n

Ello, por cuanto se encuentra proscrita la ley tercia, sin que sea v\u00e1lido invocar, so pretexto, la favorabilidad, porque en materia de sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento, bajo la \u00e9gida de la Ley de Justicia y Paz, as\u00ed como de libertad condicionada, contemplada por la Justicia Especial para la Paz, las condiciones que se exigen para el otorgamiento de uno y otro instituto en concreto forman una unidad que no es posible escindir para crear una tercera disposici\u00f3n que de manera forzada se adapte a la singularidad del caso. <\/p>\n

En consecuencia, salta a la vista la incorrecci\u00f3n de la decisi\u00f3n adoptada en la primera instancia, pues desde el 16 de agosto de 2011, d\u00eda en que JHON JAIRO V\u00c9LEZ ZAPATA fue postulado por el Gobierno Nacional a recibir los beneficios de la legislaci\u00f3n transicional prevista en la Ley 975 de 2005, a la fecha, no han transcurrido 8 a\u00f1os, luego no pod\u00eda declararse cumplida la primera exigencia del art\u00edculo 18A de la Ley 975 de 2005, pues todav\u00eda no se ha satisfecho el presupuesto temporal exigido por la norma para decretar la aludida sustituci\u00f3n. <\/p>\n

Corolario, se revocar\u00e1 parcialmente el auto recurrido y, en su lugar, se dispondr\u00e1 la captura de JHON JAIRO V\u00c9LEZ ZAPATA para que contin\u00fae cumpliendo con la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva que fue impuesta el 19 de septiembre de 2013 y \u00abadicionada\u00bb el 11 de mayo de 2017\u00bb. <\/p>\n

Conforme a lo que acaba de verse, la motivaci\u00f3n adoptada por la accionada no determina una v\u00eda de hecho susceptible de enmendarse por esta senda, lo que descarta defecto sustantivo, f\u00e1ctico o de otra \u00edndole que amerite la intervenci\u00f3n del juez excepcional. <\/p>\n

En tales condiciones, se ha dicho que mientras las providencias cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la tutela, pues la sola divergencia conceptual no es fuente de la demanda de amparo, porque aunque se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador: \u00ab(\u2026) ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC2293-2018, 22 feb. 2018, rad. 2017-00427-01). <\/p>\n

En este orden, la Corte observa que los razonamientos contenidos en la decisi\u00f3n cuestionada hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis sustituyendo al funcionario de conocimiento como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n

4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n

Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda y lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la corporaci\u00f3n censurada, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por un medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC15209-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2018-03438-00 (Aprobado en Sala de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jhon Jairo V\u00e9lez Zapata contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n; siendo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101880","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101880","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101880"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101880\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101880"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101880"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101880"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}