{"id":101882,"date":"2026-07-01T20:37:45","date_gmt":"2026-07-01T20:37:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101882"},"modified":"2026-07-01T20:37:45","modified_gmt":"2026-07-01T20:37:45","slug":"stc15211-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15211-2018\/","title":{"rendered":"STC15211-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15211-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03455-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Francisco Arturo Manotas Marim\u00f3n contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad; siendo vinculados al tr\u00e1mite las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario radicado n\u00ba 2016-00090. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl solicitante, actuando en su propio nombre, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n

Refiere que en dicho asunto, el citado profesional del derecho, luego de contestar la demanda, presentar excepciones e interponer un recurso, de manera inconsulta \u00abrenunci\u00f3 de forma arbitraria\u00bb a dicha impugnaci\u00f3n pese a que no se le hab\u00eda conferido facultad expresa para ello, lo cual fue admitido por el juez de la causa. <\/p>\n

Se\u00f1ala que en virtud de la anterior situaci\u00f3n instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela, en la que tambi\u00e9n solicit\u00f3 \u00abel levantamiento de las medidas cautelares impuestas al inmueble de matr\u00edcula n\u00ba 040521684\u00bb objeto de gravamen y \u00abse ordene la suspensi\u00f3n de la diligencia de remate fijada par a el d\u00eda 5 de diciembre de 2018 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Destaca que dicho asunto correspondi\u00f3 tramitarlo a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, magistrada Sonia Rodr\u00edguez Noriega, de quien cuestiona que no le notific\u00f3 el fallo proferido en primera instancia, vulner\u00e1ndose su derecho a recurrirlo y reiter\u00f3 las peticiones relacionadas con el juicio ejecutivo que se le sigue. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, pretende \u00abse decrete la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda tramitada y (\u2026) el fallo proferido por el honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, por la violaci\u00f3n ostensible al debido proceso por falta de notificaci\u00f3n (\u2026) que se notifique por el medio m\u00e1s expedito (\u2026)\u00bb (fls. 15 a 23).
\nRESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

1. El Tribunal Superior de Barranquilla, inform\u00f3 que el despacho de la magistrada Sonia Esther Rodr\u00edguez Noriega tramit\u00f3 la tutela cuestionada, la cual avoc\u00f3 el 23 de febrero de 2018 y dict\u00f3 fallo el 7 de marzo, declar\u00e1ndola improcedente. Aport\u00f3 copias de esos pronunciamientos, as\u00ed como de las gu\u00edas y constancias de notificaci\u00f3n de las actuaciones adelantadas (fl. 63). <\/p>\n

2. El Juez Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla, tras referirse a la actuaci\u00f3n adelantada por su despacho, pidi\u00f3 se declarara su improcedencia del amparo implorado (fl. 70).
\nCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde dilucidar si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, vulner\u00f3 las garant\u00edas fundamentales del quejoso por, supuestamente, omitir notificarlo del fallo de primera instancia proferido dentro de la tutela radicado n\u00ba 2018-00060, que promovi\u00f3 contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa misma ciudad. <\/p>\n

2.\tDe los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i)\u201cQue la cuesti\u00f3n que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional; (\u2026) (ii) Que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable;(\u2026) (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (\u2026) (iv) Que, trat\u00e1ndose de una irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (\u2026) (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible;(\u2026) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela (\u2026)\u00bb. (CC. Sentencias C-590 de 2005; SU-198 de 2013). <\/p>\n

Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n

Sobre el particular la Sala ha precisado que para su procedencia se requiere: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n

3.\tSoluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n

Conforme a la revisi\u00f3n de la documentaci\u00f3n adosada a la actuaci\u00f3n, no se advierte la circunstancia transgresora de los derechos fundamentales que se atribuyen a la enjuiciada; n\u00f3tese, esa corporaci\u00f3n mediante oficio n\u00ba 1208 de 23 de febrero de 2018 (fl. 32), dirigido a la direcci\u00f3n aportada por el actor, comunic\u00f3 la admisi\u00f3n de la tutela (la misma que se adjunta con la demanda); as\u00ed mismo, acredita la vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite del centro de servicios judiciales de los juzgados civiles de ejecuci\u00f3n, y finalmente, del n\u00ba 1575 de 7 de marzo (fl. 47) con el cual notific\u00f3 el fallo. <\/p>\n

De igual forma, se aprecian las correspondientes gu\u00edas del correo oficial con sello de recibido (fls. 30 a 32), donde se relaciona el env\u00edo de cada una de las comunicaciones referidas, incluida la de la sentencia, sin que conste en ellas anotaci\u00f3n concreta que indique un posible estado fallido de la entrega. <\/p>\n

De otra parte, se agrega el aviso publicado por la secretar\u00eda de la Sala Civil Familia de esa colegiatura, en el que se notifica \u00ab(\u2026) a todos quienes tengan inter\u00e9s en la acci\u00f3n de tutela de primera instancia radicada bajo el n\u00ba T-00060-2018 (\u2026) la providencia de fecha 7 de marzo del 2018 (\u2026)\u00bb, con fecha de \u00e9se mismo d\u00eda (fl. 53); de suerte que, como se observa, qued\u00f3 demostrado que el tribunal cumpli\u00f3 con lo preceptuado en los art\u00edculos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991, que establecen la obligaci\u00f3n de notificar las providencias dictadas en sede constitucional por un medio expedito, lo que contrar\u00eda el reproche sobre el que se edifica la demanda, coligi\u00e9ndose que la queja en torno a ese espec\u00edfico punto se aviene claramente infundada. <\/p>\n

Por lo tanto, no se advierte un proceder que lleve a dispensar la protecci\u00f3n constitucional en los t\u00e9rminos reclamados por el promotor del amparo, m\u00e1xime si como demandante tambi\u00e9n le asist\u00eda el deber de mostrarse diligente frente al tr\u00e1mite impetrado, pues, si en gracia de discusi\u00f3n por alguna raz\u00f3n, en todo caso ajena a la magistratura acusada, no se hubiere enterado del fallo, le bastaba con estar atento y acercarse a la secretar\u00eda del tribunal para informarse del mismo, luego, no es posible predicar que lo alegado constitu\u00eda un comportamiento omisivo o negligente. <\/p>\n

En suma, lo anterior permite concluir que la circunstancia denunciada no ocurri\u00f3 tal como se comprob\u00f3, es decir, que s\u00ed se efectu\u00f3 en debida forma el enteramiento de la decisi\u00f3n cuestionada, motivo por el cual se negar\u00e1 el resguardo pues, como viene de puntualizarse, no se demostr\u00f3 vulneraci\u00f3n de derecho alguno. <\/p>\n

4.\tDe la temeridad. <\/p>\n

De otro lado, el fracaso del auxilio se refuerza dada la evidente actuaci\u00f3n temeraria respecto a las pretensiones relacionadas con el juicio ejecutivo radicado n\u00ba 2016-00090 en el que el aqu\u00ed tutelante funge como demandado, del que se derivan los cuestionamientos sobre la vulneraci\u00f3n del derecho de defensa, as\u00ed como de las presuntas irregularidades acaecidas en el mismo que se sigue en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla, aspectos que fueron debidamente agotados en la acci\u00f3n de tutela aqu\u00ed recriminada. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, como con la actual salvaguarda se reiteran los pedimentos en torno al compulsivo referenciado, se configura una equivalencia de acciones que estructuran el presupuesto de improcedencia que resalta el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, es decir, el uso abusivo e indebido de la tutela, concretado en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con lo anterior, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche\u00bb (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC 8 may. 2012, rad. 0017-01, STC 4 jul. 2013, rad. 0174-01 y, STC2103-2016, 25 feb. rad. 00294-00). <\/p>\n

Tambi\u00e9n, sobre el paralelismo de acciones constitucionales esta Corte ha dicho que:
\n\u00ab(\u2026) admitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 2012-00517-01 y STC-2015, 12 feb. rad. 00213-00). <\/p>\n

En definitiva, al estructurarse la circunstancia descrita, el resguardo solicitado resulta improcedente, sin que sea posible adoptar una determinaci\u00f3n de fondo sobre el asunto. <\/p>\n

5.\tConclusiones. <\/p>\n

Consecuencia de lo analizado, se impone la negativa de la salvaguarda porque: <\/p>\n

5.1.\tNo se present\u00f3 la consolidaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n de las prerrogativas invocadas conforme las evidencias allegadas a estas diligencias. <\/p>\n

5.2.\tResulta claro que las pretensiones expuestas en la tutela respecto al proceso ejecutivo que se adelanta ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla, guardan identidad con las que en esta oportunidad invoca, configur\u00e1ndose la temeridad frente a ese espec\u00edfico punto.
\nDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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