{"id":101886,"date":"2026-07-01T20:39:48","date_gmt":"2026-07-01T20:39:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101886"},"modified":"2026-07-01T20:39:48","modified_gmt":"2026-07-01T20:39:48","slug":"stc15214-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15214-2018\/","title":{"rendered":"STC15214-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15214-2018 <\/p>\n

(Aprobado en Sala de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Antonio Brahin O\u00f1ate contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena; tr\u00e1mite al que fueron vinculados los intervinientes en el juicio especial de restituci\u00f3n de tierras n\u00ba 2016-00053-00 (radicado interno 143-2017-02). <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Obrando en nombre propio, el accionante reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales al debido proceso y defensa, supuestamente vulneradas por la corporaci\u00f3n judicial acusada dentro del asunto antes mencionado. <\/p>\n

2. Manifiesta, en resumen, que la convocada incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho al negar su oposici\u00f3n, desconocer los derechos que le asisten sobre el predio denominado \u00abParcela n\u00ba 22\u00bb con una extensi\u00f3n de 25 hect\u00e1reas y declarar no probada su buena fe exenta de culpa, a pesar de que \u00absiempre actu[\u00f3] con transparencia, honestidad, rectitud y lealtad\u00bb. <\/p>\n

Afirma que el tribunal declar\u00f3 la nulidad de la compraventa que suscribi\u00f3 sobre el terreno \u00abaun cuando yo pagu\u00e9 el precio del predio vendido y adem\u00e1s cancel\u00e9 la obligaci\u00f3n contra\u00edda con el antiguo Incoder\u00bb. Agrega que la beneficiaria no tiene la calidad de v\u00edctima y que debe reconoc\u00e9rsele una compensaci\u00f3n, \u00abtoda vez que no pertenezco a ning\u00fan grupo al margen de la ley ni mucho menos me val\u00ed de estos grupos para comprar el predio, soy vecino de la zona y he vivido toda mi vida all\u00ed\u00bb. <\/p>\n

3. Pide, en consecuencia, que se revoque la sentencia de 31 de agosto de 2018, se le reconozca como comprador de buena fe exenta de culpa o, se le indemnice o pague la compensaci\u00f3n, bajo el entendido de que no cuenta con recursos econ\u00f3micos. <\/p>\n

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n

1. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas expuso que frente al fallo cuestionado procede el recurso de revisi\u00f3n (ff. 130 a 134). <\/p>\n

2. Una magistrada de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de Cartagena indic\u00f3 que durante el tr\u00e1mite qued\u00f3 demostrada \u00abla relaci\u00f3n inherente y causal entre el abandono forzado de los predios solicitados en restituci\u00f3n, as\u00ed como los hechos de violencia acaecidos en la zona y los supuestos de hecho consagrados por el art\u00edculo 3\u00ba ejusdem\u00bb (ff. 138 a 140). <\/p>\n

3. La Procuradora 22 de Restituci\u00f3n de Tierras adujo que si bien se respet\u00f3 el debido proceso en el asunto censurado, a la fecha no se han cumplido las \u00f3rdenes impartidas por el tribunal (ff, 143 a 151). <\/p>\n

4. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar dijo que envi\u00f3 el expediente al superior el 11 de octubre de 2017 (f. 165). <\/p>\n

5. El Comandante del Departamento de Polic\u00eda del Cesar y el Secretario General de la Polic\u00eda Nacional manifestaron que carecen de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y que no han violado las garant\u00edas del reclamante (ff. 168, 169, 172 y 173). <\/p>\n

6. El Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi-Direcci\u00f3n Territorial Cesar, se\u00f1al\u00f3 que no ha adelantado ninguna actuaci\u00f3n en el asunto que refiere el accionante (f. 176). <\/p>\n

7. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural adujo que el quejoso no ha surtido tr\u00e1mites en esa entidad y pidi\u00f3 que se le desvinculara (f. 178). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema \tjur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si la corporaci\u00f3n accionada vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por declarar no probada la buena fe exenta de culpa del promotor y no acoger la oposici\u00f3n que present\u00f3 sobre la finca llamada \u00abParcela n\u00ba 22\u00bb. <\/p>\n

2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

2.1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

2.2. Tampoco es posible acudir ante el juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio, aspecto sobre el cual ha dicho esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n (STC147-2017, reiterada en STC2397 de 22 feb. 2018). <\/p>\n

3. La decisi\u00f3n del Tribunal. <\/p>\n

Efectuado el an\u00e1lisis pertinente a los argumentos de la queja constitucional y a las piezas procesales allegadas, la Sala establece que la decisi\u00f3n que por esta senda se cuestiona, no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla, comoquiera que obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable que impide la intervenci\u00f3n del juez excepcional. <\/p>\n

De esta forma, el ad-quem analiz\u00f3 la situaci\u00f3n particular expuesta por el opositor Carlos Antonio Brahin O\u00f1ate y advirti\u00f3, con base en los medios de convicci\u00f3n recaudados, que \u00abno existe elemento probatorio alguno que permita controvertir lo afirmado por parte de los reclamantes, con relaci\u00f3n a que aprovech\u00e1ndose de contexto de violencia que amenazaba sus vidas y la de su n\u00facleo familiar, fueron despojados de su predio, aprovech\u00e1ndose de una venta informal de posesi\u00f3n\u00bb <\/p>\n

M\u00e1s adelante, agreg\u00f3 \u00ab(\u2026) los argumentos expuestos por parte del opositor carecen de sustento legal y l\u00f3gico, por cuanto existe documentaci\u00f3n suficiente en manos de las autoridades que ilustran el clima de violencia que imper\u00f3 en el Municipio de San Diego y en las zonas rurales aleda\u00f1as, para, fecha (sic) en que se consuma su ingreso a la propiedad del opositor\u2026por otro lado es importante se\u00f1alar que el se\u00f1or CARLOS ANTONIO BRHIN O\u00d1ATE cuando efectu\u00f3 negociaci\u00f3n sobre el predio objeto de la solicitud de restituci\u00f3n, sobre este reca\u00eda\u2026una prohibici\u00f3n de transferir el dominio o posesi\u00f3n sin autorizaci\u00f3n expresa y escrita por el INCORA, tal y como se observa en la anotaci\u00f3n del folio de matr\u00edcula inmobiliaria del inmueble, empero prefiri\u00f3 celebrar contrato de compraventa con un tercero, sin indagar por la rea situaci\u00f3n registral del predio\u00bb. <\/p>\n

Todo ello para concluir que \u00ab(\u2026) la prueba de la especial buena fe en estos casos requerida, no pod\u00eda limitarse a se\u00f1alar que se estudiaron los \u201ct\u00edtulos\u201d, sino que le reclamaba, sin atenuantes, comprobar que nunca estuvo en condiciones de conocer o suponer que hab\u00eda tras la venta de que aqu\u00ed se trataba, m\u00e1s precisamente, el hecho violento que determin\u00f3 la ulterior negociaci\u00f3n, pese a ello, lo que se encuentra en el expediente es que el opositor fue poco diligente en esa necesaria actividad de pesquisa, de modo que en condiciones como esas, no puede sino concluirse que la alegada buena fe exenta de culpa no fue demostrada (\u2026) en consecuencia, no tiene derecho a la compensaci\u00f3n de que trata a Ley 1448 de 2011\u00bb <\/p>\n

Conforme a lo que acaba de verse, la motivaci\u00f3n y la conclusi\u00f3n adoptada por la accionada no determina una v\u00eda de hecho susceptible de enmendarse por esta senda, en tanto realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n probatoria que la llev\u00f3 a la determinaci\u00f3n atacada, lo que descarta defecto sustantivo, f\u00e1ctico o de otra \u00edndole que amerite la intervenci\u00f3n del juez excepcional. <\/p>\n

En tales condiciones, se ha dicho que mientras las providencias cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la tutela, pues la sola divergencia conceptual no es fuente de la demanda de amparo, porque aunque se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador: \u00ab(\u2026) ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC2293-2018, 22 feb. 2018, rad. 2017-00427-01).
\nDe igual modo esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que en tales condiciones no es posible conceder la tutela ya que \u00e9sta no fue prevista: \u00abpara desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterada entre otras en STC6059-2018, 10 may. 2018, rad. 00667-01, y STC8553-2018, 5 jul. 2018, rad. 00124-01). <\/p>\n

En este orden, la Corte observa que los razonamientos contenidos en la decisi\u00f3n cuestionada hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis sustituyendo al funcionario de conocimiento como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n

4. De la tutela como mecanismo temporal para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

Finalmente, la protecci\u00f3n propuesta resulta inviable, adem\u00e1s, porque no se acredit\u00f3 la existencia de alguna situaci\u00f3n actual de urgencia o peligro que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, a\u00fan en forma transitoria, bajo la concepci\u00f3n de un da\u00f1o irreparable. En este sentido ha dicho la jurisprudencia que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) no es posible recurrir al amparo sin acreditar un perjuicio irremediable que autorice su utilizaci\u00f3n de manera transitoria, y en el caso, la accionante no demostr\u00f3 un da\u00f1o \u00abgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb, de ah\u00ed que no sea evidente un menoscabo tal que habilite al tutelante para ejercer el mecanismo excepcional (CSJ. STC 14 dic. 2011, reiterada en STC1806 de feb. 18 de 2016). <\/p>\n

Reafirma lo anterior, el hecho de que en la parte resolutiva del fallo que por esta v\u00eda se ataca, proferido por el Tribunal de Cartagena, se orden\u00f3 a la Direcci\u00f3n Territorial de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas Cesar-Guajira que \u00abcaracterice jur\u00eddica y socioecon\u00f3micamente a los opositores \u2026.CARLOS ANTONIO BRAHIN O\u00d1ATE\u00bb y, en el numeral s\u00e9ptimo de la misma sentencia se indic\u00f3 que \u00abcumplidas las anteriores \u00f3rdenes, se estudiar\u00e1 en post fallo si los opositores \u2026CARLOS ANTONIO BRAHIN O\u00d1ATE\u2026pueden ser beneficiarios de las medidas de atenci\u00f3n a ocupantes secundarios\u00bb; de ah\u00ed que actualmente existe un mecanismo al que puede acudir para exponer las situaciones particulares que presenta y procurar un resarcimiento, eso s\u00ed, con independencia del resultado de dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n

5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n

Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda y lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la corporaci\u00f3n censurada, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela; todo ello, aunado a que no prob\u00f3 un perjuicio irremediable. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

(Hoja de firmas corresponde al asunto n\u00ba 11001-02-03-000-2018-03460-00)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC15214-2018 (Aprobado en Sala de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Antonio Brahin O\u00f1ate contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101886","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101886","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101886"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101886\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101886"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101886"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101886"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}