{"id":101891,"date":"2026-07-01T20:41:33","date_gmt":"2026-07-01T20:41:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101891"},"modified":"2026-07-01T20:41:33","modified_gmt":"2026-07-01T20:41:33","slug":"stc15222-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15222-2018\/","title":{"rendered":"STC15222-2018"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15222-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2018-03594-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Procede la Corte a desatar la tutela promovida por Rosa Cruz Moreno de Viveros contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali; extensiva al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2002-00796. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

Obtuvo un pr\u00e9stamo (a\u00f1o 1992) del Banco Central Hipotecario para la construcci\u00f3n de vivienda individual por valor de \u00ab$5\u2019265.210 obligaci\u00f3n No. 400011011082172 a 15 a\u00f1os con el sistema UPAC\u00bb. Tras la extinci\u00f3n de dicha compa\u00f1\u00eda el cr\u00e9dito fue cedido a Central de Inversiones S.A., y posteriormente a Covinoc en Sociedad CGA, en adelante no tuvo noticias de aqu\u00e9l. <\/p>\n

En el 2017, por un volante repartido por una \u00aboficina que ofrece servicios jur\u00eddicos sobre hipotecas\u00bb conoci\u00f3 que su casa ser\u00eda subastada el 22 de marzo de esa anualidad, por consiguiente, acudi\u00f3 un d\u00eda antes de la diligencia al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias e inst\u00f3 invalidar la acci\u00f3n de cobro tramitada en su contra por ausencia de \u00abreestructuraci\u00f3n\u00bb, a lo que accedi\u00f3 la autoridad en comento. Lo as\u00ed dirimido fue apelado por Aldrobandy Ortega Cuervo. <\/p>\n

Solo hasta el 25 de octubre de 2018 se enter\u00f3 que el interlocutorio que dispuso la finalizaci\u00f3n y archivo del juicio fue revocado por el superior, para en su lugar continuar con la litis. <\/p>\n

Eso la llev\u00f3 a cuestionarse \u00abd\u00f3nde quedaron los abonos y los pagos ordinarios y extraordinarios\u00bb efectuados a la entidad bancaria y \u00absi se aplic\u00f3 la (\u2026) reestructuraci\u00f3n de ley\u00bb. <\/p>\n

Adicion\u00f3 que, seg\u00fan Central de Inversiones S.A. el \u00faltimo \u00abcesionario\u00bb fue Covinoc en Sociedad CGA, por lo que concluy\u00f3 que Ortega Cuervo, actual acreedor, no tiene la calidad de tal. <\/p>\n

Insisti\u00f3 que vender su morada al mejor postor implica el despojo de una mujer de la tercera edad del lugar que le sirvi\u00f3 de hogar por 52 a\u00f1os. Agreg\u00f3, que abon\u00f3 $3\u2019750.000 a la deuda que tiene por impuestos del inmueble, y ello \u00abfren\u00f3 las medidas cautelares a que aduce\u00bb la providencia criticada. <\/p>\n

Los convocados enviaron reproducci\u00f3n de las piezas procesales involucradas en la s\u00faplica. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- Lo dictaminado por los jueces en el ejercicio de sus funciones es, por regla general, ajeno a la herramienta consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica; salvo, seg\u00fan la jurisprudencia, cuando sea arbitrario, producto de la mera liberalidad, de manera que se torne en \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, siempre que el afectado acuda dentro de un tiempo razonable y no tenga o haya desaprovechado otros remedios para conjurar el agravio. <\/p>\n

Adem\u00e1s, gozan de una discreta libertad para la hermen\u00e9utica del ordenamiento jur\u00eddico, por lo que no es del caso inmiscuirse en sus pronunciamientos, a no ser que con estos incurran en una desviaci\u00f3n notoria o grosera. <\/p>\n

2.- En s\u00edntesis, Cruz Moreno de Viveros se duele del prove\u00eddo de 26 de septiembre de 2018 dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que infirm\u00f3 el del a quo de \u00abdar por terminado el proceso por falta del requisito de reestructuraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

En esa oportunidad, el enjuiciado coligi\u00f3 que en el pleito compulsivo bajo estudio la \u00abausencia de prueba de la reestructuraci\u00f3n\u00bb carec\u00eda de la virtualidad perseguida por la peticionaria. Para ello acot\u00f3 <\/p>\n

[s]in embargo, en aplicaci\u00f3n de la misma jurisprudencia constitucional emitida en relaci\u00f3n con la materia, se establece que la decisi\u00f3n de instancia no puede ser mantenida, pues aunque claro resulta, en los par\u00e1metros trazados en l\u00edneas atr\u00e1s, que la reestructuraci\u00f3n es actual requisito de la ejecuci\u00f3n, tambi\u00e9n es cierto que \u201cla decisi\u00f3n de culminar el coercitivo por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito s\u00f3lo puede evitarse en caso de existir embargo de remanentes en contra de la deudora, por cuanto, al acaecer tal circunstancia, implica que cualquier intento de reestructuraci\u00f3n ser\u00eda f\u00fatil, pues en ese evento s\u00ed resulta evidente la poca solvencia de la obligada\u201d. (Resalta la Sala). <\/p>\n

En ese sentido, al desarrollar aquella postura, y con especial sujeci\u00f3n a los derroteros establecidos por la Sentencia SU-787 de 2012, ha sido insistente la Corte Suprema de Justicia, en precisar \u201cen punto de la verificaci\u00f3n de la capacidad de pago de los ejecutados, [\u2026], que aunque en los precedentes de esta Sala y del \u00f3rgano de cierre constitucional se ha puntualizado, que es deber del Juez del conocimiento analizar esa particular tem\u00e1tica en asuntos como el que hoy se censura, lo cierto es que dicha carga se circunscribe a la verificaci\u00f3n en el mismo proceso de la existencia de otros procesos ejecutivos en contra de los obligados, embargos fiscales, particulares o de remanentes, siempre y cuando, se reitera, en el litigio se tenga noticia de ello, los deudores hubiesen aceptado estar en alguno de los eventos descritos en l\u00edneas anteriores o en su defecto, la parte ejecutante, adose las pruebas pertinentes y conducentes para acreditar las circunstancias precedentes, lo que de contera, dar\u00eda al traste con el pretendido finiquito procesal [\u2026]\u201d. (Resalta la Sala). <\/p>\n

En ese entendido, atendiendo los postulados previamente referidos, aparece que la ausencia de prueba de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito base de esta ejecuci\u00f3n, en realidad no resulta determinante en este asunto. <\/p>\n

Y lo anterior es as\u00ed, debido a que aun cuando a la fecha de proferirse la decisi\u00f3n reprochada (10 de octubre de 2017, confirmada en prove\u00eddo de 6 de diciembre de 2017), no hab\u00eda constancia alguna en el expediente que acreditara la existencia de medidas cautelares adicionales a las decretadas por cuenta de este proceso sobre el bien inmueble perseguido -suceso \u00fanico que impedir\u00eda la procedencia de la terminaci\u00f3n pedida por los ejecutados- surge, de la documentaci\u00f3n arrimada por el ejecutante ante esta instancia -tenida como prueba de oficio, sin que la demandada realizara manifestaci\u00f3n alguna (Fl. 9-10 C. Tribunal)- que mediante Resoluci\u00f3n No. 4131.032.21.10810 de 14 de diciembre de 2017, se decret\u00f3, por parte de la Subdirecci\u00f3n de Tesorer\u00eda Municipal de la Alcald\u00eda de esta ciudad (Fls. 5-6 C. Tribunal) la existencia de una medida de embargo que recae sobre el bien inmueble que es objeto de este compulsivo (Folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 370-261823), lo cual, sin necesidad de m\u00e1s disquisiciones, inhibe la exigencia de la referida reestructuraci\u00f3n, pues hace evidente la falta de capacidad de endeudamiento de la interesada. <\/p>\n

As\u00ed, a estas alturas, al no ser viable, en este caso, reclamar y exigir al acreedor la aplicaci\u00f3n de la reestructuraci\u00f3n a la obligaci\u00f3n materia de recaudo, se impone revocar el prove\u00eddo objeto de censura, para que en su lugar se siga adelante con la ejecuci\u00f3n, adoptando las decisiones que correspondan. <\/p>\n

N\u00f3tese que, no se divisa que lo zanjado por la fustigada merezca reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juzgador de amparo, pues su postura, a saber, la de no \u00abterminaci\u00f3n\u00bb de la controversia aun cuando falt\u00f3 demostrar la \u00abreestructuraci\u00f3n\u00bb de la prestaci\u00f3n cuyo recaudo se procura, por cuanto existe otro cautela que pesa sobre la garant\u00eda del hipotecario, tiene respaldo en lo sentado de anta\u00f1o por esta Corporaci\u00f3n. En la STC1551-2017, que se remonta al CSJ STC17838-2016, se dijo <\/p>\n

[s]i bien es cierto que relativamente a la \u00abrestructuraci\u00f3n\u00bb de cr\u00e9ditos de vivienda, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que \u00abcomo requisito esencial para promover el cobro compulsivo, en virtud de lo previsto por el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, esta Corte ha definido como obligatorio el cumplimiento de dicho presupuesto, por incumbir propiamente a la exigibilidad del t\u00edtulo, de modo que no consumar esa premisa impide la ejecuci\u00f3n, as\u00ed se trate de un nuevo acreedor\u00bb (CSJ STC945-2016, 4 feb. 2016, rad. 2015-02956-01), tambi\u00e9n lo es que la Corte Constitucional, en Sentencia SU-787 de 11 de octubre de 2012, ata\u00f1edero con el t\u00f3pico que se viene tratando, afirm\u00f3 que \u00ab[a]\u00fan con los anteriores ajustes en la l\u00ednea jurisprudencial, subsisten vac\u00edos, como, por ejemplo, el relacionado con los casos en los cuales exista embargo de remanentes. En ese evento, la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo iniciado por la entidad financiera no obra para beneficio del deudor conforme al objetivo de la ley, puesto que continuar\u00eda la ejecuci\u00f3n por la otra obligaci\u00f3n y si no puede pagar se rematar\u00e1 el bien y el efecto no habr\u00eda beneficiado al deudor y habr\u00eda perjudicado al acreedor financiero en beneficio de un tercero acreedor. En tales casos, es razonable que no proceda la reestructuraci\u00f3n si el deudor no obtiene una reestructuraci\u00f3n de la totalidad de sus obligaciones [En este sentido ver la Sentencia T-511 de 2001], CSJ STC15551-2017. <\/p>\n

Adicionalmente, <\/p>\n

es preciso que no haya otros procesos ejecutivos en contra del deudor, en los que se haya solicitado el embargo de remanentes. En tales casos, la obligaci\u00f3n, a\u00fan si se entendiera reestructurada se vuelve plenamente exigible. <\/p>\n

Y complementa <\/p>\n

[p]arejamente, surge que falt\u00f3 esclarecimiento para dar cuerpo a las razones que dieron soporte a las conclusiones a que se arrib\u00f3 en la providencia recriminada, si no se olvida que se dejaron de efectuar los expresos pronunciamientos que eran del caso en torno a los par\u00e1metros jurisprudenciales atr\u00e1s evidenciados, referentes a las excepciones de \u00abterminaci\u00f3n\u00bb de los juicios \u00abejecutivos hipotecarios por falta de reestructuraci\u00f3n\u00bb, lo que implicaba, tras ponderar las demostraciones obrantes, aducir cu\u00e1l es el m\u00f3vil por el que en el sub examine no hab\u00eda lugar a ser atendidos los precedentes que regulan lo concerniente a la salvedad de terminaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos reales que regula la Ley 546 de 1999 por \u00abfalta de reestructuraci\u00f3n\u00bb, cuando existen embargos por la jurisdicci\u00f3n coactiva a favor de la Secretar\u00eda de Hacienda Distrital de Barranquilla que pesan sobre uno de los inmuebles objeto de garant\u00eda, lo que no puede pasarse por alto, puesto que de la mano de esa dejaci\u00f3n devino su gesti\u00f3n ayuna de la explicaci\u00f3n que era de esperar para indicar la cognici\u00f3n que dio pie para confirmar el auto apelado, proceder tal que luce ajeno al deber de impartir cumplida justicia. <\/p>\n

De eso modo, salta de bulto la razonabilidad de la decisi\u00f3n, m\u00e1xime si en cuenta se tiene que: i) corroborado el certificado de tradici\u00f3n y libertad 370-261823, anejo al escrito primigenio, se evidenci\u00f3 que en la anotaci\u00f3n No. 11, consta el embargo de jurisdicci\u00f3n coactiva que sirvi\u00f3 de b\u00e1culo a la determinaci\u00f3n debatida por esta senda excepcional\u00edsima y ii) la libelista asegur\u00f3 en ese documento que efectu\u00f3 un \u00ababono a la deuda\u00bb no as\u00ed la cancelaci\u00f3n total, ni el levantamiento de dicha \u00abcautela\u00bb. <\/p>\n

3.- Ahora, lo relativo a las presuntas irregularidades en la \u00abcesi\u00f3n\u00bb que oper\u00f3 en favor de Ortega Cuervo ha de ventilarse ante el director de la causa, quien es el primer llamado a pronunciarse sobre ese \u00edtem. V\u00e9ase que no exigirlo as\u00ed, ser\u00eda tanto como admitir que el iudex constitucional puede reemplazar al del escenario natural y no se olvide que <\/p>\n

(\u2026) la justicia constitucional no es remedio de \u00faltima hora para buscar el rescate de oportunidades defensivas dilapidadas, ya que la tutela es eminentemente subsidiaria, esto es, procedente cuando no se tiene o no se ha tenido otra posibilidad judicial de resguardo, y como se ha reiterado por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00eda el fruto de su propia incuria (\u2026) (CSJ STC, STC2216-2017, reiterada en STC-2832-2018). <\/p>\n

4.- Finalmente, es de anotar que la almoneda es consecuencia de lo resuelto en las etapas pertinentes de la lid atacada, por ende, no puede per se tildarse de conculcadora de derechos fundamentales. <\/p>\n

Esta Corporaci\u00f3n ha asegurado que el instrumento supralegal
\n(\u2026) no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales. (CSJ STC, 28 oct. 2009, rad. 01496-01; reiterada en STC, 6 feb. 2013, rad. 2012-01950-01). <\/p>\n

As\u00ed mismo, se frustra su concesi\u00f3n de forma transitoria, ya que se tiene por averiguado que <\/p>\n

(\u2026) \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia de entrega no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019 (sentencia de tutela de 29 de noviembre de 2006, Exp. No. 8001-2213-000-2006-00079-01). (CSJ STC, 13 may. 2011, rad. 00119-01). <\/p>\n

5.- Colof\u00f3n de lo anterior, es que no se acceder\u00e1 al auxilio rogado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR el resguardo pedido por Rosa Cruz Moreno de Viveros, por lo explicado. <\/p>\n

Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes, y, de no impugnarse, oportunamente rem\u00edtase el infolio a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC15222-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2018-03594-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Procede la Corte a desatar la tutela promovida por Rosa Cruz Moreno de Viveros contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101891","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101891","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101891"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101891\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101891"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101891"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101891"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}