{"id":101893,"date":"2026-07-01T20:42:08","date_gmt":"2026-07-01T20:42:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101893"},"modified":"2026-07-01T20:42:08","modified_gmt":"2026-07-01T20:42:08","slug":"stc15224-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15224-2018\/","title":{"rendered":"STC15224-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15224-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03452-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Se procede a decidir la tutela impetrada por Angiograf\u00eda de Occidente S.A. frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, integrada por los magistrados Ana Luz Escobar Lozano, Jorge Jaramillo Villarreal y C\u00e9sar Evaristo Le\u00f3n Vergara, con ocasi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n iniciada por Provicr\u00e9dito S.A., como mandataria de la Corporaci\u00f3n Comfenalco Valle Universidad Libre -Liquidada- contra la aqu\u00ed actora. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

2.\tEn apoyo de su reproche, se\u00f1ala que en un asunto compulsivo diferente al atacado, impulsado por ella frente a la Corporaci\u00f3n Comfenalco Valle Universidad Libre, el liquidador de \u00e9sta inform\u00f3 de la imposibilidad de continuar ese juicio, por cuanto esa entidad, \u201c(\u2026) estaba disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n desde el 8 de septiembre de 2015 (\u2026)\u201d; por tanto, el expediente se remiti\u00f3 a ese auxiliar de la justicia. <\/p>\n

Anota que con posterioridad y en otro litigio iniciado contra la citada Corporaci\u00f3n, se enter\u00f3 de la cancelaci\u00f3n de la personer\u00eda jur\u00eddica de \u00e9sta por parte del Departamento del Valle del Cauca, hecho por el cual se rechaz\u00f3 su libelo y se archivaron las actuaciones. <\/p>\n

Tan pronto como supo de la situaci\u00f3n expuesta, la aleg\u00f3 en el coercitivo materia de este auxilio; no obstante, ya se hab\u00eda fijado el 5 de octubre de 2017, para la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento. <\/p>\n

En esa diligencia invoc\u00f3 la nulidad del decurso por ausencia de capacidad de la demandante; empero, ello se resolvi\u00f3 negativamente. <\/p>\n

Indica que en dicha oportunidad tambi\u00e9n se emiti\u00f3 sentencia disponi\u00e9ndose la continuaci\u00f3n del recaudo. <\/p>\n

Apel\u00f3 esa decisi\u00f3n y, el tribunal, el 19 de septiembre de 2018, la modific\u00f3 para precisar <\/p>\n

\u201c(\u2026) que la orden de pago es a favor de la mandataria Provicr\u00e9dito S.A., seg\u00fan contrato de mandato conferido por la Corporaci\u00f3n Comfenalco Valle Universidad Libre (\u2026) que consta en escritura p\u00fablica n\u00famero 1727 del 23 de junio de 2016 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Con ese proceder se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, por cuanto estaba probada la inexistencia de la persona jur\u00eddica ejecutante para la \u00e9poca de formulaci\u00f3n del libelo y, en consecuencia, su ausencia de capacidad para ser parte. <\/p>\n

Agrega que se le ocasiona un perjuicio irremediable porque en el litigio le han sido retenidos m\u00e1s de $2.300.000.000 y ellos ser\u00e1n entregados a la activa, pese a su extinci\u00f3n y a no contar con \u201c(\u2026) un subrogatario legal, sustituto o sucesor procesal (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3.\tPide, por tanto, revocar el fallo criticado y disponer la emisi\u00f3n de otro \u201c(\u2026) que se adec\u00fae a la realidad de la informaci\u00f3n que reposa en el expediente (\u2026)\u201d. <\/p>\n

1. Respuesta \t\tdel accionado <\/p>\n

Relat\u00f3 los argumentos materia de la decisi\u00f3n confutada y adujo no haber cometido arbitrariedad alguna. <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\t\tRevisada la sentencia de 19 de septiembre de 2018, mediante la cual se modific\u00f3 y adicion\u00f3 la de primer grado para fijar el mandato compulsivo en favor de la mandataria Provicr\u00e9dito S.A. y disponer la entrega de los dineros cautelados a quien fungi\u00f3 como liquidador de la Corporaci\u00f3n Comfenalco Valle Universidad Libre, previni\u00e9ndose a la Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca para que vigile el proceso de \u201c(\u2026) liquidaci\u00f3n adicional (\u2026) [para] el pago de las acreencias reconocidas y calificadas con la prelaci\u00f3n legal de cr\u00e9ditos (\u2026)\u201d, no se observa arbitrariedad manifiesta lesiva de garant\u00edas sustanciales. <\/p>\n

2.\tEl tribunal adopt\u00f3 la determinaci\u00f3n comentada, con apoyo en el siguiente razonamiento: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]e iniciara de plano con el an\u00e1lisis al reparo denominado \u2018falta de legitimaci\u00f3n en la causa de la parte [activa] (\u2026)\u2019, fundada en que la \u2018Corporacion Comfenalco Valle Universidad Libre en Liquidaci\u00f3n\u2019 carec\u00eda de personer\u00eda jur\u00eddica a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cSin duda, est\u00e1 probado que la Corporaci\u00f3n Comfenalco Valle Universidad Libre, – en adelante la Corporaci\u00f3n – fue disuelta, liquidada y la Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca le cancel\u00f3 la personer\u00eda jur\u00eddica por medio de la Resoluci\u00f3n 183 de diciembre 29 de 2016 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cSignifica ello, que en efecto, en febrero 7 de 2017 cuando se present\u00f3 la demanda a la que contrae este proceso, dicha Corporaci\u00f3n hab\u00eda dejado de ser persona jur\u00eddica, sujeto de derechos y obligaciones, esto es, que carecer\u00eda de capacidad para ser parte (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cNo obstante ello y pese a la confecci\u00f3n de la demanda que parecer\u00eda hacer entender que la demandante es la Corporaci\u00f3n, los anexos del libelo, en especial el contrato de mandato contenido en la Escritura P\u00fablica N\u00b0 1727 de junio 23 de 2016 de la Notar\u00eda 5 de Cali, permite colegir que quien impetra la ejecuci\u00f3n lo hace en virtud de ese mandato, de suerte que la extinci\u00f3n de la personer\u00eda jur\u00eddica de la Corporaci\u00f3n, no afecta al proceso, porque un entendimiento adecuado de la demanda, indica que quien ejecuta no es dicho ente extinto sino, en su nombre, el mandatario que constituy\u00f3 antes de desaparecer del mundo jur\u00eddico, conforme a las prescripciones de la legislaci\u00f3n civil, art\u00edculos 2142, 2143, 2150, 2158 y 2195 y de procedimiento civil, art\u00edculo 75 CGP; mandatario que goza de capacidad para ser parte, de personalidad jur\u00eddica, y capacidad para comparecer al proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cSe tiene que, el liquidador, previendo la extinci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica de 1a Corporaci\u00f3n y ante la existencia de cr\u00e9ditos a favor de la Corporaci\u00f3n hasta por $13.155.931.251 seg\u00fan el inventario respectivo, procede a convenir el mandato con precisas instrucciones, entre otras, de recaudo de cartera por la v\u00eda judicial \u2013 cl\u00e1usula primera (fl. 7 vto.) – aun despu\u00e9s de su liquidaci\u00f2n absoluta (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cSe trata entonces de un mandato para ejecutarse despu\u00e9s de la extinci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n, con el objeto de recuperar y cobrar cartera de la misma, por lo que su ejecuci\u00f3n beneficia a aquella y a los acreedores insolutos de la liquidaci\u00f3n, mandato al que se refiere el art\u00edculo 2195 del C\u00f3digo Civil, que establece: \u2018No se extingue por la muerte del mandante el mandato destinado a ejecutarse despu\u00e9s de ella. Los herederos suceden en este caso en los derechos y obligaciones del mandante\u2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEsa disposici\u00f3n del mandato se armoniza con lo dispuesto por el art\u00edculo 27 de la Ley 1429 de 2010, que establece: \u2018Cuando despu\u00e9s de terminado el proceso de liquidaci\u00f3n voluntaria, aparezcan nuevos bienes de la sociedad, o cuando el liquidador haya dejado de adjudicar bienes inventariados, habr\u00e1 lugar a una adjudicaci\u00f3n adicional (…)\u2019. Esta norma es aplicable a la liquidaci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n, en t\u00e9rminos de lo dispuesto en el art\u00edculo 58 del Decreto 1088 de 1991 [-se podr\u00e1n aplicar las normas previstas en los Cap\u00edtulos IX y X del C\u00f3digo de Comercio, en todo aqu\u00e9llo que sea compatible con la naturaleza del proceso aplicable a las instituciones sin \u00e1nimo de lucro-], por consiguiente, los efectos despu\u00e9s de la liquidaci\u00f3n del mandato de marras, consagra beneficios para los acreedores de la Corporaci\u00f3n en general (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cY de su literalidad se extrae que el mandato tambi\u00e9n integra las normas del CGP concernientes al apoderamiento – art. 75, que introdujo a la ritualidad civil, la novedad consistente en que: \u2018(\u2026) podr\u00e1 otorgarse poder a una persona jur\u00eddica cuyo objeto social principal sea la prestaci\u00f3n de servicios jur\u00eddicos. En este evento, podr\u00e1 actuar en el proceso cualquier profesional del derecho inscrito en su certificado de existencia y representaci\u00f3n legal. Lo anterior, sin perjuicio de que la persona jur\u00eddica pueda otorgar o sustituir el poder a otros abogados ajenos a la firma. Las C\u00e1maras de Comercio deber\u00e1n proceder al registro de que trata este inciso\u2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]s patente que se actu\u00f3 conforme a esa disposici\u00f3n, pues el objeto social de Provicr\u00e9dito S.A., seg\u00fan su certificado de existencia y representaci\u00f3n legal (\u2026) contempla \u2018La recuperaci\u00f3n de cartera, cobros judiciales, (\u2026) Asesor\u00eda Jur\u00eddica (\u2026)\u2019, entre otros servicios estrictamente jur\u00eddicos; y quien funge de apoderada judicial en este caso, est\u00e1 inscrita en dicho certificado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cAs\u00ed las cosas, es claro que quien demanda en este asunto es la sociedad Provicr\u00e9dito S.A., en su condici\u00f3n de mandataria de la extinta Corporaci\u00f3n Comfenalco Valle Universidad Libre, y en esos t\u00e9rminos ha de entenderse expedido el auto ejecutivo, m\u00e1s a\u00fan si tenemos en cuenta que trat\u00e1ndose del cobro de obligaciones que fueron contra\u00eddas en su momento a favor de esta \u00faltima que siguen produciendo efectos, resulta irrelevante si dicha entidad fue liquidada y desapareci\u00f3 del mundo jur\u00eddico, pues la existencia de esas obligaciones no pende de la existencia de la Corporaci\u00f3n liquidada (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cPor tanto, la comparecencia de Provicr\u00e9dito en el proceso, es llanamente a modo de mandataria, al punto que el dinero que se recaude debe ser destinado para una liquidaci\u00f3n adicional, como lo establece el art. 27 de la Ley 1429 de 2010, atr\u00e1s extractado, el liquidador que adelant\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n proceda a cancelar las acreencias reconocidas y calificadas seg\u00fan la prelaci\u00f3n legal, pues en este punto ha de inaplicarse lo pactado en la cl\u00e1usula primera final del contrato de mandato pues no pueden los contratantes modificar el orden legal de prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cConforme a lo expuesto, se enerva el reparo que se denomin\u00f3 \u2018falta de legitimaci\u00f3n en la causa de la parte [activa] (\u2026)\u2019, porque parte del equivocado entendimiento de que quien demanda es la Corporaci\u00f3n, cuando jur\u00eddica y materialmente la ejecuci\u00f3n es impetrada por el mandatario Provicr\u00e9dito S.A., en ejercicio de un mandato otorgado por aquella a trav\u00e9s de su liquidador para ejecutarse despu\u00e9s de que ocurra la liquidaci\u00f3n y que no se extingu\u00eda con ese hecho pues en esa forma fue contratado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cLo hasta aqu\u00ed expuesto implica que se cumple el presupuesto procesal de capacidad para ser parte, que no hay objeci\u00f3n a la legitimaci\u00f3n en la causa porque formula la demanda quien funge como mandatario del que fuera acreedor de la obligaci\u00f3n y la contradice el deudor, esto es, son quienes tienen inter\u00e9s en la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial debatida en el proceso, adem\u00e1s no hay objeci\u00f3n a la competencia del juez, a la demanda ni a la capacidad de comparecer al proceso, ni tampoco se observa configurada causal de nulidad que invalide lo actuado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Enseguida, el tribunal defini\u00f3 lo concerniente a las excepciones invocadas por la tutelante, all\u00ed demandada, y, en punto a la compensaci\u00f3n aducida respecto de la deuda que no pudo cobrar mediante el asunto ejecutivo otrora incoado por ella y rechazado ante la extinci\u00f3n de la ejecutada – Corporaci\u00f3n Comfenalco Valle Universidad Libre-, expres\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) En el caso concreto, la parte demandada se limit\u00f3 a enunciar la existencia de un proceso ejecutivo que adelanta en el Juzgado 4 Civil del Circuito de Cali, sin que hubiera aportado dentro del t\u00e9rmino que la ley procesal permite, prueba alguna de la obligaci\u00f3n a cargo de la Corporaci\u00f3n respecto de la cual operar\u00eda la compensaci\u00f3n, y en las alegaciones de esta instancia manifiesta que ese proceso se dio por terminado por la inexistencia de la entidad demandada.- Por consiguiente, se desconocen los t\u00e9rminos de la obligaci\u00f3n a favor de Angiograf\u00eda de Occidente S.A., su monto, su exigibilidad, su liquidez y en consecuencia no puede operar en esos t\u00e9rminos abstractos aquel modo de extinci\u00f3n de las obligaciones (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cMas aun, con ocasi\u00f3n de otro proceso ejecutivo que le correspondi\u00f3 conocer a esta sala de decisi\u00f3n, donde funge como demandada la aqu\u00ed demandante, se plante\u00f3 el precedente horizontal seg\u00fan el cual, por efecto de la liquidaci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n, sus acreedores deben comparecer al proceso liquidatorio para que en la medida de lo posible se les pague[n] sus cr\u00e9dito[s] a prorrata de los bienes con que se cuente para tal efecto (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cDesde esa perspectiva y para la liquidaci\u00f3n adicional que deber\u00e1 hacer el liquidador de la Corporaci\u00f3n, no es viable jur\u00eddicamente atender la petici\u00f3n de compensaci\u00f3n que eleva Angiograf\u00eda de Occidente S.A., porque el dinero que llegare a recaudarse en este proceso debe destinarlo el liquidador, al pago de las obligaciones en la forma pactada en el contrato de mandato y bajo las pautas de la liquidaci\u00f3n adicional que establece el art. 27 de la Ley 1429 de 2010 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3.\tLas elucubraciones citadas no contienen desafuero lesivo de garant\u00edas sustanciales. <\/p>\n

El tribunal explicit\u00f3, en detalle, los motivos por los cuales s\u00ed hall\u00f3 capacidad e inter\u00e9s en el extremo activo, dado que el mismo lo integr\u00f3 Provicr\u00e9dito S.A., pero como mandataria de la extinta Corporaci\u00f3n Comfenalco Valle Universidad Libre, quien a trav\u00e9s de su liquidador y antes de extinguirse, le otorg\u00f3 poder a aqu\u00e9lla para recaudar los valores adeudados, necesarios para satisfacer las obligaciones pendientes. El pago de tales deudas, por supuesto, puede realizarse en virtud de una liquidaci\u00f3n adicional, como razonadamente lo estim\u00f3 el accionado. <\/p>\n

Aun cuando no se acogiera \u00edntegramente el discernimiento del convocado, resulta inviable predicar las anomal\u00edas alegadas, por cuanto \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

4.\tSiguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, donde dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19693, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

4.1.\t Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

5. De acuerdo con lo discurrido, la salvaguarda impetrada ser\u00e1 desestimada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO:\tNEGAR la tutela solicitada por Angiograf\u00eda de Occidente S.A. frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, integrada por los magistrados Ana Luz Escobar Lozano, Jorge Jaramillo Villarreal y C\u00e9sar Evaristo Le\u00f3n Vergara, con ocasi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n iniciada por Provicr\u00e9dito S.A., como mandatario de la Corporaci\u00f3n Comfenalco Valle Universidad Libre -Liquidada- contra la aqu\u00ed actora. <\/p>\n

SEGUNDO:\tNotif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. STC de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n2 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n3 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n4 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n5 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n6 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n7 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n8 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC15224-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03452-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) Se procede a decidir la tutela impetrada por Angiograf\u00eda de Occidente S.A. frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101893","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101893","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101893"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101893\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101893"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101893"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101893"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}