{"id":101894,"date":"2026-07-01T20:42:30","date_gmt":"2026-07-01T20:42:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101894"},"modified":"2026-07-01T20:42:30","modified_gmt":"2026-07-01T20:42:30","slug":"stc15226-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15226-2018\/","title":{"rendered":"STC15226-2018"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15226-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2018-03551-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Resuelve la Corte la tutela de Mauricio Gustavo Perdig\u00f3n Puerto y Paola Cleves V\u00e9lez contra el Juzgado Civil del Circuito de Chocont\u00e1, extensiva a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, siendo vinculados los intervinientes en el pleito ordinario que a los mismos siguieron Mar\u00eda Bel\u00e9n Velandia de Ramos y otros, rad. 2013-00304. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Mediante apoderado, los promotores pidieron que se resguarde su derecho al debido proceso, ordenando finalizar la ejecuci\u00f3n que se les adelanta a continuaci\u00f3n de aquel pleito, desembargar los dineros cautelados y desembols\u00e1rselos. <\/p>\n

2. Refirieron que en sentencia de 23 de enero de 2017, modificada el 12 de julio del mismo a\u00f1o por el Tribunal, se anul\u00f3 la promesa de compraventa que suscribieron con su contraparte, y como restituciones mutuas se dispuso que \u00e9sta les reintegraran la parte del precio que le pagaron, indexado y con intereses, y que ellos les devolvieran los tres predios objeto de la misma, mandato \u00faltimo que satisficieron en mayo de este a\u00f1o, pero cuando requirieron la entrega del t\u00edtulo que por m\u00e1s de cien millones de pesos ($100.000.000) se constituy\u00f3 a su favor, el estrado acusado no accedi\u00f3 aduciendo que el asunto estaba en apelaci\u00f3n, invocando al efecto el inc. 2, num. 3, art. 323 del C.G.P., con lo incurri\u00f3 en una \u201cv\u00eda de hecho sustancial, pues lo que se encontraba en apelaci\u00f3n en ese momento era la entrega y no la sentencia proferida dentro del proceso, apelaci\u00f3n que a la postre fue desistida\u201d, negativa que persisti\u00f3 hasta que su contradictora embarg\u00f3 el dep\u00f3sito \u201cpor una obligaci\u00f3n que apenas si alcanza a los ocho millones ($8.000.000)\u201d por costas y frutos, valor \u00e9ste que \u201cya hace m\u00e1s de un mes\u201d consignaron reiterando la s\u00faplica principal, sin que a la fecha haya soluci\u00f3n. <\/p>\n

El Juez dijo que el asunto est\u00e1 al despacho desde el 20 de septiembre postrero para resolver la petici\u00f3n que anota el censor y otra de su contraparte, lo que har\u00e1 en el orden de ingreso de la encuadernaci\u00f3n y teniendo en cuenta el nivel de trabajo con que cuenta.
\nCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El amparo es un instrumento preferente y sumario con el que toda persona puede pedir que los jueces preserven sus garant\u00edas b\u00e1sicas conculcadas o amenazadas por los servidores p\u00fablicos, o por los particulares en los precisos eventos contemplados en el art\u00edculo 86 de la Carta Magna, cuyos presupuestos gen\u00e9ricos son inmediatez, subsidiaridad, importancia iusfundamental del debate, adecuada identificaci\u00f3n de los sucesos que seg\u00fan el actor le causan menoscabo y de las prebendas comprometidas, car\u00e1cter trascendente del desacierto y que no recaiga sobre lo definido en disputas de \u00edndole an\u00e1loga. <\/p>\n

Concerniente al segundo requisito, la Constituci\u00f3n prev\u00e9 que la guarda \u201csolo proceder\u00e1 cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial\u201d, precepto que reafirma el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, seg\u00fan el cual \u201c[l]a acci\u00f3n de tutela no proceder\u00e1: 1.\u00a0\u00a0Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u201d, cuesti\u00f3n que se explica en el marco de su car\u00e1cter singular, que inhibe al juzgador excepcional interferir en las \u201cresoluciones\u201d de los \u201cnaturales\u201d o reemplazar esos dispositivos comunes, so pena de convertir esta sede en una instancia adicional o paralela. <\/p>\n

A tales elementos se suman los espec\u00edficos sobre providencias \u201cjudiciales\u201d, con venero en los defectos org\u00e1nico, procedimental absoluto, f\u00e1ctico y \u201csustantivo\u201d, as\u00ed como en error inducido, falta de motivaci\u00f3n, desconocimiento del \u201cprecedente\u201d o violaci\u00f3n directa de la norma fundante, seg\u00fan que, en su orden, el emisor carezca totalmente de competencia, obre radicalmente al margen del ritual previsto, no se funde en las probanzas regularmente acopiadas, aplique las reglas completamente al margen de sus postulados, sea enga\u00f1ado por la actividad de terceros, omita examinar debidamente los hechos y disposiciones relevantes, ignore la doctrina que \u00e9l mismo, sus pares o superiores jer\u00e1rquicos han sentado en torno a lo debatido o contrar\u00ede frontalmente las previsiones de tal cat\u00e1logo b\u00e1sico. <\/p>\n

2. Por otra parte, la Corte recuerda que el retraso injustificado en la adopci\u00f3n de decisiones o en el cumplimiento de actuaciones irroga una afrenta al \u201cdebido proceso\u201d de las partes, por cuanto \u00e9ste se alimenta de principios tales como la duraci\u00f3n razonable de los \u201cpleitos\u201d, la econom\u00eda, la celeridad, la tutela judicial efectiva y el acceso material a la administraci\u00f3n de justicia, que sin duda sufren detrimento por la falta de respuesta. <\/p>\n

Por supuesto que conforme se ha dejado incoado con el adjetivo \u201cinjustificado\u201d, no todas las demoras merecen reproche, sino aquellas que se originan en una conducta desidiosa o ap\u00e1tica, es decir, no cuando derivan de circunstancias objetiva y razonablemente soportadas. <\/p>\n

Sobre este t\u00f3pico la Sala ha predicado que <\/p>\n

(..) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u201d (CSJ STC, 19 sept. 2008, exp. 2008-01138-00, citada el 29 de abril de 2011, exp. 2011-00094-01). <\/p>\n

2. En el anterior orden de ideas, es claro que la custodia no se abre camino en lo atinente a la cr\u00edtica que los gestores hacen a la negativa de 25 de junio de 2018 de desembolsarle los dineros, respaldada en que se encontraba apelada por la misma parte la orden de entrega de los terrenos objeto del contrato anulado, por cuanto no formularon el recurso de reposici\u00f3n que contempla el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual procede, \u201c\u00a0Salvo norma en contrario\u201d, que aqu\u00ed no existe, \u201ccontra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen\u201d. <\/p>\n

Omisi\u00f3n en la que reincidieron en relaci\u00f3n con el prove\u00eddo de 10 de septiembre pasado, en el que al tiempo que el encartado libr\u00f3 mandamiento de pago por dos millones quinientos treinta y siete mil setecientos treinta pesos ($2.537.730) por concepto de costas, m\u00e1s intereses civiles legales, nuevamente neg\u00f3 sendas \u201cinsistencias\u201d en el desembolso y en el fraccionamiento, al tiempo que decret\u00f3 el embargo y retenci\u00f3n de los dineros a favor de los actuales quejosos hasta el monto de cinco millones de pesos ($5.000.000). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, no es dable admitir que por medio de este tr\u00e1mite se solucione una tem\u00e1tica que correspond\u00eda dirimir al fallador que conoce el litigio, en escenarios procesales que Mauricio Gustavo Perdig\u00f3n Puerto y Paola Cleves V\u00e9lez no suscitaron oportunamente, pues ya se dijo y ahora se reitera esta v\u00eda preferente no fue concebida como un elemento sustitutivo de los establecidos por la ley para manifestar la oposici\u00f3n y que los disconformes desaprovecharon como consecuencia de su incuria. <\/p>\n

Con todo, es claro que el 17 de septiembre los mismos libelistas depositaron a \u00f3rdenes del Juzgado la suma de ocho millones de pesos ($8.000.000) con el anhelo de saldar la deuda y, por otra parte, de recibir el t\u00edtulo que fue constituido para reintegrarles la parte del precio que dieron de la fallida compraventa, y en tal medida en esa calenda pidieron la devoluci\u00f3n, en tanto que su oponente pidi\u00f3 adicionar la providencia compulsiva para incluir en ella \u201cla condena ordenada por el Despacho en sentencia de primer y segunda instancia por la suma de $7.770.508\u201d, prop\u00f3sito para el que el expediente est\u00e1 al despacho desde el 20 de ese periodo, siendo lo cierto que al d\u00eda de hoy, es decir, pasados m\u00e1s de dos meses, no se ha producido definici\u00f3n alguna del acusado. <\/p>\n

Frente a lo cual lo \u00fanico que expresa es que se pronunciar\u00e1 una vez llegue el turno correspondiente, conforme a la carga laboral que tiene, lo que en s\u00ed mismo no constituye una excusa atendible porque no alega ni demuestra ninguna situaci\u00f3n impeditiva que le impida cumplir los dictados del inciso primero del art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso, conforme al cual \u201c[e]n las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia los jueces y los magistrados deber\u00e1n dictar los autos en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas\u2026, contados desde que el expediente pase al despacho para tal fin\u201d. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, es ostensible que el denunciado excedi\u00f3 el plazo legal, sin que exprese y demuestre un descargo de entidad suficiente para disculparla, lo que conlleva que se fulmine la protecci\u00f3n implorada para disponer que en un lapso m\u00e1ximo de tres (3) d\u00edas a partir de que sea enterado, se pronuncie, si a\u00fan no lo hubiese hecho. <\/p>\n

Por supuesto que la manera en que dar\u00e1 soluci\u00f3n al memorial de los censores no podr\u00e1 ser dictada aqu\u00ed, pues ser\u00eda invadir la esfera de autonom\u00eda e independencia de que est\u00e1 dotado, fin para el que no est\u00e1 concebido esta custodia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONCEDE la tutela de Mauricio Gustavo Perdig\u00f3n Puerto y Paola Cleves, conminando al Juez Civil del Circuito de Chocont\u00e1 a que en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas contados desde que sea notificado de este fallo desate la solicitud de entrega del t\u00edtulo judicial, si a\u00fan no lo ha hecho. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente a los interesados lo resuelto en esta providencia y, de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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