{"id":101896,"date":"2026-07-01T20:43:10","date_gmt":"2026-07-01T20:43:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101896"},"modified":"2026-07-01T20:43:10","modified_gmt":"2026-07-01T20:43:10","slug":"stc15228-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15228-2018\/","title":{"rendered":"STC15228-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

STC15228-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03599-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Se procede a decidir la tutela impetrada por Eduardo Noriega Ortiz frente a la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, integrada por el magistrado Antonio Boh\u00f3rquez Orduz, con ocasi\u00f3n de la sucesi\u00f3n de Leonor Patricia Giraldo Gonz\u00e1lez. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante procura la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por el colegiado convocado.
\n2.\tEn sustento de su reparo, asegura que dentro del asunto cuestionado, impulsado por los hijos de la causante, Mauricio Elberto y Laura Sof\u00eda Noriega Ortiz, en la audiencia de inventarios y aval\u00faos, \u00e9stos invocaron como pasivos \u201c(\u2026) las compensaciones que la sociedad conyugal debe (\u2026) producto de la venta de bienes (\u2026)\u201d y de ciertas cuotas de la Sociedad Giraldo Gonz\u00e1lez e Hijos Ltda. de propiedad de la fallecida. <\/p>\n

Para acreditar dicha partida, esos herederos aportaron varias escrituras p\u00fablicas relativas a los supuestos activos adquiridos por Leonor Patricia Giraldo Gonz\u00e1lez (q.e.p.d.) antes del matrimonio contra\u00eddo con el aqu\u00ed tutelante y vendidos en vigencia de \u00e9ste. <\/p>\n

Objet\u00f3 tal inclusi\u00f3n en su calidad de c\u00f3nyuge sobreviviente porque algunos predios nunca pertenecieron a la occisa y otros estaban doblemente referidos en los instrumentos enunciados y, respecto de las acciones, adujo la falta de elementos de convicci\u00f3n sobre la existencia de mismas. <\/p>\n

El a quo acogi\u00f3 sus manifestaciones y excluy\u00f3 lo se\u00f1alado de la masa sucesoral; empero, el tribunal el 10 de septiembre de 2018, al definir la apelaci\u00f3n incoada, en ese aspecto, por los hermanos Noriega Ortiz, revoc\u00f3 esa decisi\u00f3n para declarar infundadas sus objeciones y mantener las nombradas compensaciones en el haber de la sucesi\u00f3n. <\/p>\n

El accionado incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, toda vez que resolvi\u00f3 \u201c(\u2026) sin pruebas que no hacen parte del acervo probatorio (sic) o fueron allegadas y se les dio una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea \u2018al omitir una valoraci\u00f3n integral de las mismas\u2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

1. Respuesta \t\tdel accionado <\/p>\n

Guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\t\tNo se observa arbitrariedad lesiva de garant\u00edas sustanciales en el prove\u00eddo de 10 de septiembre de 2018, donde el colegiado atacado revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de 21 de noviembre de 2017, en cuanto a las compensaciones aducidas por los herederos de Leonor Patricia Giraldo Gonz\u00e1lez (q.e.p.d.). <\/p>\n

2.\tConforme a la determinaci\u00f3n refutada, tanto los hijos de la fallecida como su esposo pretendieron la inclusi\u00f3n de m\u00faltiples activos y pasivos. <\/p>\n

En punto a las compensaciones rese\u00f1adas, se observa que los descendientes de la occisa buscaron el ingreso de \u00e9stas a los pasivos, en los siguientes t\u00e9rminos:
\n\u201c(\u2026) 1. Partida No. 1: valor de la venta del bien identificado, con el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 300-10432, del 29 de diciembre de 1998, suma que asciende a $8.900.000 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c2. Partida No. 2: valor de la venta del bien identificado con el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 300-0104602, del 26 de diciembre de 1994, suma que asciende a $4.000.000 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c3. Partida No. 3: valor de la venta del bien identificado con el n\u00famero predial 010302370030901, del 30 de marzo de 2001, suma que asciende a $35.000.000 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c4. Partida No. 4: valor de la venta del bien identificado con el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 300-161272, del 02 de mayo de 1990, suma que asciende a $10.700.000 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c5. Partida No. 5: valor de la venta del bien identificado con el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 300-11910, del 30 de diciembre de 2010, suma que asciende a $31.000.000 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c7. Partida No. 7: valor de la venta del bien identificado con el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 300-0004769, del 14 de junio de 2000, suma que asciende a $11.500.000 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c8. Partida No. 8: 30 cuotas o acciones que eran de propiedad de la SOCIEDAD GIRALDO GONZ\u00c1LEZ E HIJOS LTDA., adquiridas cuando la causante era soltera. Adem\u00e1s, 16 cuotas de la sociedad en menci\u00f3n, que le correspondi\u00f3 a la causante de la herencia adicional que se hizo de su padre EL\u00cd GIRALDO. Las 46 acciones mencionadas pertenec\u00edan a la causante, pero luego fueron vendidas e ingresadas a la sociedad conyugal. Esa partida tiene un valor de $100.000.000 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El censor objet\u00f3 dichas \u201cpartidas\u201d porque, seg\u00fan sostuvo, no exist\u00eda soporte para probar que el producto de las enajenaciones de los bienes relacionados ingres\u00f3 al haber social, argumentaci\u00f3n acogida por la juez de primer grado. <\/p>\n

El tribunal, al definir la alzada planteada por los herederos, revoc\u00f3 esa determinaci\u00f3n, por cuanto:
\n\u201c(\u2026) [E]l inciso tercero del numeral 2 del art\u00edculo 501 del C\u00f3digo General del Proceso indica respecto de las \u2018compensaciones debidas por la masa social a cualquiera de los c\u00f3nyuges\u2019 que \u2018se aplicar\u00e1 lo dispuesto en el inciso anterior\u2019, y en el inciso remitido aparece que, en cuanto a compensaciones se incluir\u00e1n las que el c\u00f3nyuge obligado relacione por s\u00ed mismo y las que \u00e9ste, a pesar de no haberlas denunciado, las \u2018acepte expresamente\u2019, m\u00e1s las aportaciones de bienes propios hechas ab initio en las capitulaciones matrimoniales. Hasta ah\u00ed ley\u00f3 el se\u00f1or juez. Pero ocurre que el inciso termina diciendo: \u2018En los dem\u00e1s casos se proceder\u00e1 conforme dispone el numeral siguiente\u2019, lo cual es indicativo de que en los dem\u00e1s casos \u00a1el tema se sujeta a las pruebas! No otro es el tema del numeral siguiente. Y, en este caso, al acudir a las pruebas esgrimidas por los herederos, \u00bfqu\u00e9 resulta?: que est\u00e1 demostrado que exist\u00edan esos bienes, que esos bienes eran propios, que fueron vendidos en vigencia de la sociedad conyugal, que no fueron subrogados por otros. \u00bfEra necesario, como exigi\u00f3 el se\u00f1or juez, demostrar que esos dineros entraron a las arcas de la sociedad conyugal y del destino que se les dio una vez ello ocurri\u00f3? De que los dineros fueron recibidos, las pruebas son las respectivas escrituras (\u2026). En consecuencia, las objeciones atinentes a las ocho partidas incluidas a t\u00edtulo de compensaciones, que la sociedad conyugal debe a la causante, producto de la venta de bienes propios, no ten\u00edan vocaci\u00f3n de prosperidad, por lo cual la determinaci\u00f3n del se\u00f1or juez ha de revocarse y estas partidas se mantienen inc\u00f3lumes en el inventario (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3.\tLa providencia citada no luce irregular o lesiva de prerrogativas constitucionales, pues, de un lado, se observa que el promotor ninguna discusi\u00f3n enfil\u00f3 en el litigio en relaci\u00f3n con el m\u00e9rito demostrativo de las escrituras p\u00fablicas allegadas, en torno al n\u00famero de bienes propios de la causante o a sus transferencias, por lo cual no pod\u00eda reclamar un pronunciamiento sobre ese aspecto del tribunal. <\/p>\n

Y de otro, se constata que tras una valoraci\u00f3n puntual de dichos instrumentos, el colegiado concluy\u00f3 que los activos de la fallecida s\u00ed fueron adquiridos antes del matrimonio con el promotor y vendidos en vigencia del mismo; as\u00ed como que el producto de tales transferencias ingres\u00f3 a la sociedad conyugal. <\/p>\n

Aun cuando no se acogiera \u00edntegramente el discernimiento del convocado, resulta inviable predicar las anomal\u00edas alegadas, por cuanto \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

Se destaca, la apreciaci\u00f3n de las probanzas, se caracteriza por ser un acto aut\u00f3nomo del juez natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual <\/p>\n

\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

4.\tSiguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, donde dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

4.1.\t Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

5. De acuerdo con lo discurrido, la salvaguarda impetrada ser\u00e1 desestimada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO:\tNEGAR la tutela solicitada por Eduardo Noriega Ortiz frente a la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, integrada por el magistrado Antonio Boh\u00f3rquez Orduz, con ocasi\u00f3n de la sucesi\u00f3n de Leonor Patricia Giraldo Gonz\u00e1lez.
\nSEGUNDO:\tNotif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

TERCERO:\tSi este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb10, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb11; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. STC de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n2 \tCSJ. STC de 25 \tde enero de 2012, exp. 2011-02659-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n3 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n7 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n8 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n9 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a308. <\/p>\n

11 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA STC15228-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03599-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) Se procede a decidir la tutela impetrada por Eduardo Noriega Ortiz frente a la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101896","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101896","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101896"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101896\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101896"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101896"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101896"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}