{"id":101899,"date":"2026-07-01T20:44:29","date_gmt":"2026-07-01T20:44:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101899"},"modified":"2026-07-01T20:44:29","modified_gmt":"2026-07-01T20:44:29","slug":"stc15237-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15237-2018\/","title":{"rendered":"STC15237-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15237-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03430-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Adalber Upegui Cruz contra el Juzgado \u00danico con Funci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Comit\u00e9 Operativo de Dejaci\u00f3n de Armas -CODA- del Ministerio de Defensa Nacional, la Oficina de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Direcci\u00f3n de Justicia Transicional de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, petici\u00f3n, defensa y libertad, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n

Solicit\u00f3, en consecuencia, que \u00abse acepte el cumplimiento de los ocho (8) a\u00f1os de pena alternativa a partir del momento de [su] postulaci\u00f3n como desmovilizado de las Autodefensas Unidades de Colombia en el a\u00f1o 2005 y no desde el 2011[,] cuando supuestamente [lo] postul\u00f3 el Gobierno Nacional a trav\u00e9s del Ministerio de Justicia y del Derecho, pues ello se debe a un error…\u00bb (folio 10). <\/p>\n

2.\tSon hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n

2.1.\tCon memorial de 4 de octubre de 2007 el Alto Comisionado para la Paz, acorde con \u00ablo establecido en el Decreto 3391 de 2006\u00bb, enlist\u00f3 al peticionario como postulado privado de la libertad, relacionado \u00abpor los miembros representantes de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 3 del Decreto 4760 de 2005\u00bb; y surtidas las etapas de rigor, con acto administrativo \u00abOFI11-1146-DJT-3100 de 2 de diciembre de 2011\u00bb, con radicaci\u00f3n de 21 de diciembre de ese a\u00f1o, el Ministerio de Justicia y del Derecho lo \u00abpostul\u00f3\u00bb como beneficiario del \u00abprocedimiento de que trata la Ley 975 de 2005\u00bb. <\/p>\n

2.2.\tContra el accionante y otros desmovilizados se adelant\u00f3 juicio penal bajo la egida de la norma referida a espacio, en la cual, con sentencia de 3 de julio de 2015, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 le impuso la pena alternativa de 8 a\u00f1os de prisi\u00f3n, al encontrarlo penalmente responsable \u00abde un concurso de delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, homicidio agravado, secuestro simple agravado, tortura en persona protegida, desplazamiento forzado, destrucci\u00f3n y apropiaci\u00f3n de bienes protegidos, actos de barbarie y violaci\u00f3n de habitaci\u00f3n ajena\u00bb. <\/p>\n

2.3.\tDecisi\u00f3n que, apelada por otros de los procesados, que no por el gestor, fue confirmada el 24 febrero 2016 por la Sala Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, remiti\u00e9ndose el diligenciamiento al juez encargado de vigilar la condena. <\/p>\n

2.4.\tEl 22 de diciembre de 2016 el Juzgado \u00danico con Funci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional neg\u00f3 la solicitud de \u00ablibertad a prueba por pena cumplida\u00bb que inco\u00f3 el quejoso; determinaci\u00f3n que el 3 de mayo de 2017 confirm\u00f3 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. Decisiones que, en sede de tutela, encontr\u00f3 razonables esta Corte mediante fallos de primera (STP22095-2017) y segunda instancia (STC2840-2018). <\/p>\n

2.6.\tEl 8 de agosto de 2018 el censor pidi\u00f3 al Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas que le informara de manera clara, concisa y oportuna qu\u00e9 significan las palabras \u00abpostular\u00bb y \u00abaceptar\u00bb. <\/p>\n

2.7.\tEl 21 de agosto \u00faltimo el despacho encargado de vigilar la pena atendi\u00f3 la solicitud referida a espacio, indic\u00e1ndole al censor que \u00absobre el hito para contabilizar el quantum [de] la pena alternativa, que es la fecha de postulaci\u00f3n, se puede consultar las siguientes decisiones Sala de Casaci\u00f3n Penal. Auto rad. 41215 del 5 de junio de 2013 M.P. Luis Guillermo Salazar Otero; auto rad. 43497 del 28 de agosto de 2014 M.P. Patricia Salazar Cuellar; auto rad. 43698 del 28 de agosto de 2014 M.P. Luis Guillermo Salazar Otero; y, auto rad. 44314 del 3 de septiembre de 2014 M.P. Gustavo Enrique Malo Fern\u00e1ndez, entre otras[;] y que como su petici\u00f3n corresponde absolverla a su defensor t\u00e9cnico[,] se le dar\u00e1 traslado de la misma\u00bb. <\/p>\n

2.8.\tEn sede tutela (folios 3, 4 y 9 a 11), el promotor cuestiona: <\/p>\n

2.8.1. La pena que se le impuso, porque en las sentencias de instancia los falladores lo \u00abcondenaron como comandante, y [el] era patrullero raso, por lo cual [le] debieron imponer la pena m\u00ednima, esto es, la de cinco (5) a\u00f1os [de] habla la ley\u00bb. <\/p>\n

2.8.2. Que todas las autoridades convocadas, erradamente, hayan tenido como su fecha de postulaci\u00f3n el 22 de diciembre de 2011, \u00abcuando [su] desmovilizaci\u00f3n fue colectiva a partir de la postulaci\u00f3n que hiciera el Comandante del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia el 22 de octubre de 2005, lo cual afecta el tiempo de cumplimiento de la pena alternativa, pues… ya [ha] purgado la totalidad de esos 8 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n

2.8.3. La falta de respuesta por parte del juez de ejecuci\u00f3n de penas, a su petici\u00f3n de 8 de agosto de 2018, pues, asever\u00f3, no ha sido atendida. <\/p>\n

3.\tEsta Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991 (folio 134). <\/p>\n

RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

1.\tLa Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 rog\u00f3 negar la salvaguarda \u00abante la inexistencia de violaci\u00f3n de derechos constitucionales del accionante\u00bb. <\/p>\n

Destac\u00f3 que el competente para atender la petici\u00f3n del 8 de agosto de 2018 es el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas, pues fue all\u00ed donde se radic\u00f3; y que la solicitud de amparo es temeraria porque el reclamante hab\u00eda presentado otras cuatro acciones del mismo linaje \u00abpor presunta vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales…, al considerar que se mantiene injustamente privado de la libertad al estar por cuenta del procedimiento especial de la Ley 975 de 2005\u00bb (folio 39). <\/p>\n

2.\tLa Fiscal\u00eda Sexta Delegada ante el Tribunal, de la Direcci\u00f3n de Justicia Transicional, pidi\u00f3 no acceder al amparo ante la ausencia de afectaci\u00f3n de garant\u00edas de primer grado, toda vez que \u00ablos t\u00e9rminos, \u201cpostular\u201d y \u201caceptar\u201d, pueden ser aclarados jur\u00eddicamente, por el representante de la defensa t\u00e9cnica\u00bb, sumado a que era el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas el competente para dar respuesta a la petici\u00f3n del tutelante (folios 46, 47, 167 y 168). <\/p>\n

3.\tLa Fiscal\u00eda Treinta y Siete Delegada ante el Tribunal solicit\u00f3 desestimar el resguardo por ausencia de conculcaci\u00f3n de derechos fundamentales, indic\u00f3 que el gestor est\u00e1 \u00abregistrado como postulado, de acuerdo a lo estipulado [en] la Ley 975 de 2005…\u00bb, y que corri\u00f3 traslado de la reclamaci\u00f3n a la Fiscal\u00eda aludida a espacio, \u00abpor ser la que investiga y documenta los hechos respecto al postulado… Upegui Cruz\u00bb (folio 49). <\/p>\n

4.\tEl Comit\u00e9 Operativo para la Dejaci\u00f3n de Armas CODA del Ministerio de Defensa exigi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional por no tener competencia para decidir sobre los derechos invocados, pues al tratarse de una desmovilizaci\u00f3n colectiva, no individual, la encargada de atender las s\u00faplicas del gestor es la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (folios 55 y 56). <\/p>\n

6.\tEl Juzgado Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional se\u00f1al\u00f3 que \u00abno se le ha vulnerado el derecho fundamental que alude el accionante, toda vez que… dio respuesta a la petici\u00f3n calendada el pasado 8 de agosto y recibida el 16 siguiente mediante el auto del 21 siguiente y al pronunciarse de fondo en el auto del 24 de octubre anterior\u00bb (folio 147). <\/p>\n

7.\tLa Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte solicit\u00f3 declarar improcedente la petici\u00f3n de amparo en su contra porque el quejoso \u00abno cuestiona la providencia proferida en segunda instancia dentro del tr\u00e1mite de justicia y paz, el 24 de febrero de 2016…, sino que… reclama porque el Juzgado \u00danico con Funci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Justicia y Paz no le ha dado respuesta a una petici\u00f3n de informaci\u00f3n que le dirigi\u00f3 el 8 de agosto del a\u00f1o en curso\u00bb (folios 180 y 181). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tConforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2.\tCon base en tales premisas, descendiendo al caso de autos, concluye la Corte que la solicitud de protecci\u00f3n est\u00e1 llamada al fracaso, con fundamento en las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n

2.1.\tEn cuanto al reclamo frente a la imposici\u00f3n de la condena en contra del accionante como responsable \u00abde un concurso de delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, homicidio agravado, secuestro simple agravado, tortura en persona protegida, desplazamiento forzado, destrucci\u00f3n y apropiaci\u00f3n de bienes protegidos, actos de barbarie y violaci\u00f3n de habitaci\u00f3n ajena\u00bb; el presente ruego constitucional es improcedente porque carece de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. <\/p>\n

Lo anterior, habida cuenta que el quejoso, por un lado, no apel\u00f3 la sentencia que dict\u00f3 el Tribunal acusado el 3 de julio de 2015, omitiendo exponer ante el fallador natural las inconformidades tra\u00eddas en esta salvaguarda; por otra parte, porque entre la fecha en que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte confirm\u00f3 esa decisi\u00f3n al desatar la alzada que contra la misma incoaron otros de los procesados (24 de febrero de 2016), con lo que cobr\u00f3 ejecutoria la pena impuesta, y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (19 de septiembre de 2018), transcurrieron m\u00e1s de dos a\u00f1os, super\u00e1ndose, por mucho, el lapso de seis meses que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n supralegal. <\/p>\n

Frente al necesario agotamiento previo de todos los recursos ordinarios y extraordinarios ante el juzgador natural con miras a la procedencia de esta acci\u00f3n supralegal, insistentemente se ha dicho que si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n

…es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n

Por otro lado, en lo tocante con el presupuesto de procedibilidad de la inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n

…si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n

2.2.\tRespecto a la alegaci\u00f3n seg\u00fan la cual todas las autoridades convocadas, erradamente tienen como su fecha de postulaci\u00f3n el 22 de diciembre de 2011, \u00abcuando [su] desmovilizaci\u00f3n fue colectiva a partir de la postulaci\u00f3n que hiciera el Comandante del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia el 22 de octubre de 2005, lo cual afecta el tiempo de cumplimiento de la pena alternativa, pues… ya [ha] purgado la totalidad de esos 8 a\u00f1os\u00bb; se advierte que esta Corporaci\u00f3n, en otras oportunidades, con ocasi\u00f3n de resguardos propuestos por el mismo accionante, se pronunci\u00f3 frente a esa situaci\u00f3n f\u00e1ctica, raz\u00f3n por la cual le est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

2.2.1. En efecto, en fallo de tutela de 1\u00ba de marzo de 2018 esta Sala confirm\u00f3 el dictado el 11 de diciembre de 2017 por su hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que encontr\u00f3 razonables los prove\u00eddos expedidos el 22 de diciembre de 2016 por el Juzgado \u00danico con Funci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, y el 3 de mayo de 2017 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, mediante los cuales, en su orden, se neg\u00f3 la solicitud de \u00ablibertad a prueba por pena cumplida\u00bb que inco\u00f3 el quejoso y se confirm\u00f3 esa determinaci\u00f3n, en los que se tuvo como punto de partida que su postulaci\u00f3n se produjo en el mes de diciembre de 2011 y no en la fecha aducida por \u00e9l. <\/p>\n

En la referida sentencia de tutela de esta Sala se dej\u00f3 dicho que:
\n4. Analizada la disposici\u00f3n cuestionada (3 de mayo 2017), mediante la cual la Colegiatura querellada confirm\u00f3 la resoluci\u00f3n de primer grado y con la que se agot\u00f3 y resolvi\u00f3 de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate en esta sede, advierte la Sala que no se observa proceder constitutivo del defecto y sustantivo que el gestor le endilga y que amerite la intervenci\u00f3n del \u00abjuez constitucional\u00bb, dado que la postura adoptada en modo alguno luce caprichosa o antojadiza. <\/p>\n

En efecto, para emitir su providencia la colegiatura censurada, precis\u00f3 en primer lugar, que \u00abse ha entendido con fundamento en el inciso 4, art\u00edculo 29 de la ley 975 de 2005, que en aquellos eventos en que el postulado ha cumplido la pena alternativa y las condiciones impuestas en la sentencia, se le conceder\u00e1 el subrogado de la libertad a prueba por un t\u00e9rmino igual a la mitad de la referida pena\u00bb, pero que \u00abpara llegar a determinar el per\u00edodo de tiempo a partir del cual ha de entenderse la privaci\u00f3n de la libertad, resulta necesario tener en cuenta lo expresado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en aquellos eventos en los cuales se ha discutido acerca de la sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento empero, que para efectos de contabilizaci\u00f3n del referido t\u00e9rmino opera bajo las mismas condiciones. <\/p>\n

A continuaci\u00f3n, entonces, tras invocar la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, radicados 41215, 43497, 43698 y 44314, entre otros; as\u00ed como de la Corte Constitucional, esto es, la sentencia C-015 de 2014, concluy\u00f3 que \u00abel momento a partir del cual se ha de contabilizar el t\u00e9rmino de privaci\u00f3n de libertad para acceder a los beneficios sustanciales de la ley 975 de 2005, entre ello, la pena alternativa, la libertad a prueba y la sustituci\u00f3n de medida de aseguramiento, no es otro distinto que el de la postulaci\u00f3n o desde el momento en que ingrese a un establecimiento del INPEC si aquella oper\u00f3 primero\u00bb, y destac\u00f3 que \u00abla postulaci\u00f3n es un acto propio del Gobierno Nacional que no opera de manera autom\u00e1tica por el hecho de presentarse la desmovilizaci\u00f3n, pues requiere adem\u00e1s de esta \u00faltima, del cumplimiento de otros requisitos. S\u00f3lo hasta que ese proceso de verificaci\u00f3n se cumple, se produce el acto de postulaci\u00f3n a trav\u00e9s del cual el desmovilizado adquiere el status de postulado e ingresa al campo de la jurisdicci\u00f3n transicional\u00bb. <\/p>\n

Luego, resalt\u00f3 que en el sub examine, \u00abest\u00e1 demostrado que [el peticionario] se desmoviliz\u00f3 colectivamente el 22 de octubre de 2005 estando privado de la libertad. De igual modo, que el 4 de octubre de 2007 se entreg\u00f3 la lista de integrantes de la organizaci\u00f3n armada ilegal a la que pertenec\u00eda, esto es, del Bloque Tolima, al Alto Comisionado para la Paz por parte del m\u00e1ximo comandante correspondiente a Diego Jos\u00e9 Mart\u00ednez Goyeneche\u00bb y que, \u00abfue postulado por el Gobierno Nacional el 2 de diciembre de 2011, esto es, 4 a\u00f1os y 2 meses despu\u00e9s de la desmovilizaci\u00f3n, mediante escrito remitido por el Ministro del Interior a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Por tanto, de cara a dicha situaci\u00f3n f\u00e1ctica, encontr\u00f3 que \u00aba diferencia de lo expresado por el postulado y su defensor, no se han cumplido los ocho (8) a\u00f1os de privaci\u00f3n de la libertad en esta jurisdicci\u00f3n, pues ella ha de computarse a partir de la postulaci\u00f3n, para entender acreditado el cumplimiento del requisito objetivo\u00bb, y aclar\u00f3 que en el caso concreto, \u00absi bien el lapso comprendido entre la desmovilizaci\u00f3n y la postulaci\u00f3n es extenso, no puede colegirse sin mayor evidencia que ello sea producto de la desidia del Gobierno Nacional, pues no existe prueba dentro de la actuaci\u00f3n que as\u00ed permita inferirlo\u00bb, pues, \u00ab[n]inguna de las partes aport\u00f3 elementos materiales por los que pueda asegurarse que la postulaci\u00f3n de UPEGUI CRUZ fue archivada todo ese tiempo sin justificaci\u00f3n alguna. Por el contrario, lo que puede colegirse de ello es que el tr\u00e1mite se surti\u00f3 bajo los par\u00e1metros legales, esto es, que primero debi\u00f3 surtirse todo el estudio por el que se pudiera determinar que a la par de la desmovilizaci\u00f3n este postulado entreg\u00f3 informaci\u00f3n que, en la medida de sus posibilidades de cooperaci\u00f3n, contribuy\u00f3 al desmantelamiento de la organizaci\u00f3n armada ilegal a la cual perteneci\u00f3. S\u00f3lo una vez cumplidos estos requisitos la desmovilizaci\u00f3n resultaba apta para considerarse jur\u00eddicamente relevante, esto es, para obtener la postulaci\u00f3n. Cualquier otra insinuaci\u00f3n desborda el conocimiento de la Sala para convertirse en mera especulaci\u00f3n\u00bb… <\/p>\n

5. De tales elucidaciones, se observa que la autoridad acusada, contrario a lo afirmado por el querellante en el libelo genitor, profiri\u00f3 la providencia censurada con sustento en el examen que en forma conjunta, coherente y siguiendo los criterios de la sana cr\u00edtica realiz\u00f3 frente a las pruebas allegadas regular y oportunamente al proceso, con apoyo en las cuales adopt\u00f3 la determinaci\u00f3n que aqu\u00ed se cuestiona, am\u00e9n que la exposici\u00f3n de los motivos decisorios al efecto manifestados se guarecen en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el litigio planteado, la que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda, por lo que emerge di\u00e1fana la inviabilidad de la protecci\u00f3n extraordinaria exigida, en la medida en que no est\u00e1n demostradas las abiertas y evidentes circunstancias estructurantes del yerro judicial que pudieran abrir las puertas del \u00e9xito a la pretensi\u00f3n tutelar. <\/p>\n

Esto es, que para confirmar la providencia impugnada que le neg\u00f3 al peticionario \u00abla solicitud de libertad a prueba por pena alternativa cumplida\u00bb, determin\u00f3 que el momento a partir del cual ha de computarse el tiempo de privaci\u00f3n de la libertad establecido en la pena alternativa impuesta a los postulados a la ley de justicia y paz, -Ley 975 de 2005- para acceder a los beneficios sustanciales que dicho sistema de justicia transicional consagra, corresponde al de la fecha en que el Gobierno Nacional realice su postulaci\u00f3n, \u00absi ya estaba privado de la libertad\u00bb y, en caso contrario, desde el d\u00eda en que ingrese a un establecimiento reclusorio del INPEC, si la se\u00f1alada postulaci\u00f3n ocurri\u00f3 primero; y para el caso, comoquiera que el gestor se desmoviliz\u00f3 \u00abestando privado de la libertad\u00bb, y se estableci\u00f3 que \u00abfue postulado por el Gobierno Nacional el 2 de diciembre de 2011\u00bb, a la data en que se resolvi\u00f3 lo pertinente, a\u00fan no hab\u00eda cumplido \u00abla pena alternativa\u00bb, esto es, ocho (8) a\u00f1os de \u00abprivaci\u00f3n de la libertad\u00bb en esa jurisdicci\u00f3n, por lo que no hab\u00eda acreditado el requisito exigido para obtener el beneficio reclamado. Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que no se aport\u00f3 ning\u00fan medio de prueba que determinara que el lapso comprendido entre la desmovilizaci\u00f3n y la postulaci\u00f3n se deba a la desidia del Gobierno Nacional, sino que m\u00e1s bien se evidencia que el tr\u00e1mite se surti\u00f3 bajo los par\u00e1metros legales; hermen\u00e9utica respetable que se bas\u00f3, cardinalmente, la Ley 975 de 2005 \u2013art- 29- y en los precedentes del \u00d3rgano de cierre de la justicia especializada, as\u00ed como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda, todo lo cual no merece reproche a partir de la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo (STC2840-2018). <\/p>\n

2.2.2. As\u00ed mismo, en sentencia de tutela de 28 de junio de 2017, esta Sala neg\u00f3 el reclamo constitucional que plante\u00f3 el accionante, con similares argumentos a los aqu\u00ed tra\u00eddos, cuestionando el acto administrativo de 2 de diciembre de 2011, mediante el cual el Ministerio de Justicia y del Derecho lo postul\u00f3 como beneficiario del procedimiento de que trata la Ley 975 de 2005. <\/p>\n

3.- Ata\u00f1edero con el preciso motivo de reparo, cumple se\u00f1alar que el acto administrativo OFI11-1146-DJT-3100 de 2 de diciembre de 2011, mismo que persigue el quejoso se invalide por esta senda excepcional a fin de que la postulaci\u00f3n all\u00ed efectuada en punto de \u00e9l por parte de la cartera ministerial cuestionada se entienda realizada desde 2007 y no desde aquella anualidad, est\u00e1 revestido de la presunci\u00f3n de legalidad que asiste a todas las manifestaciones de la voluntad de la administraci\u00f3n, torn\u00e1ndolo entonces intangible para el juez de amparo, ya que para lo propio, existen v\u00edas judiciales instituidas para pugnar por su decaimiento, es decir, lograr su modificaci\u00f3n seg\u00fan se pretende. <\/p>\n

3.1.- Ello impone, por ende, que el debate en torno al mismo debi\u00f3 o ha de cumplirse ante los jueces competentes, a trav\u00e9s de la v\u00eda al efecto prevista en el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, senda en la que, con el miramiento del derecho al debido proceso y ante el funcionario natural, pudo o habr\u00e1 de plantear todos los argumentos que estime convenientes. <\/p>\n

3.2.- En estas condiciones, seg\u00fan lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2651 de 1991, se torna nugatorio el amparo demandado, ya que si la normatividad ha dado los instrumentos jur\u00eddicos para el resguardo de esas prerrogativas, como para el particular evento es la respectiva acci\u00f3n contencioso administrativa, e incluso la suspensi\u00f3n provisional que regula el art\u00edculo 230-3\u00b0 de la Ley 1437 de 2011 o C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, hab\u00eda o debe recurrirse a ellos y no a la tutela, la que no ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces ni para crear instancias adicionales a las existentes, sino que tiene el prop\u00f3sito claro, definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio precepto 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica indica, que no es otro diferente de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata y residual para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta reconoce (STC9298-2017). <\/p>\n

2.2.3. Se trata, entonces, de una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo, sin que las leves diferencias entre el inicial ruego y el presente tengan la virtud de alterar tal conclusi\u00f3n, ante la clara identidad de hechos, derechos y partes, supuesto frente al que reiteradamente ha dejado dicho la Corte que: <\/p>\n

\u2026\u201ccu\u00e1ndo ocurre la temeridad (\u2026) conlleva a examinar si el posterior amparo es igual al primero, vale decir, si entre ambos existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n de \u00e9ste obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u2026 De acuerdo con lo anotado y tras confrontar lo expresado en el actual libelo con lo consignado en el fallo proferido el 30 de abril de 2010 por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del expediente 2010-0039-01, debe concluirse innegablemente que con esta solicitud la actora incurri\u00f3 en conducta temeraria\u2026 sin que tenga incidencia que la gestora haya ampliado el listado de garant\u00edas presuntamente transgredidas y las pretensiones perseguidas en uno y otro resguardo, e intentado modificar el planteamiento de los hechos\u201d (prove\u00eddo de 2 de febrero de 2012, exp. 00622-01), ni que \u201cla segunda tutela se hubiese dirigido adem\u00e1s contra el Juez Cuarto Civil Municipal de Descongesti\u00f3n\u201d (providencia de 11 de septiembre de 2009, exp. 01280-01, sub l\u00edneas fuera de texto) (Se resalt\u00f3 – CSJ STC, 23 may. 2013, rad. 2013-00643-01; reiterada, entre muchas otras, en STC1228-2015, 12 feb., rad. 2014-00789-01; y STC4958-2018, 19 abr., rad. 2017-00448-02).
\nEl derecho procesal como una herramienta de acci\u00f3n, en aras de la resoluci\u00f3n de los conflictos jur\u00eddicos, establece las ritualidades del proceso en cada una de sus etapas y la forma en que deben concluir, adicion\u00e1ndole en caso de inconformidad de una de las partes, la posibilidad de acudir a otra instancia con las impugnaciones respectivas; pero cuando son omitidas esas r\u00e9plicas, o usadas sin atender las cargas propicias para su cabal efecto, no pueden pretender los interesados mantener el ejercicio obstinado de nuevas acciones para justificar el propio descuido. <\/p>\n

En casos que guardan similitud con el de ahora, esta Corporaci\u00f3n ha considerado que: <\/p>\n

Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u2026 <\/p>\n

Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; reiterada, entre otras, en STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n

2.3.\tPor \u00faltimo, en punto al cuestionamiento dirigido contra el Juzgado \u00danico con Funci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, cimentado en la falta de pronunciamiento frente a la petici\u00f3n que el gestor le plante\u00f3 con escrito fechado 8 de agosto de 2018, encuentra la Sala que la protecci\u00f3n rogada debe negarse por carencia de objeto, como quiera que del informe allegado por esa sede judicial se desprende que, al momento de la interposici\u00f3n del amparo (19 de septiembre de 2018), ya hab\u00eda expedido el auto del 21 de agosto \u00faltimo indic\u00e1ndole al censor, al respecto, que \u00absobre el hito para contabilizar el quantum [de] la pena alternativa, que es la fecha de postulaci\u00f3n, se puede consultar las siguientes decisiones Sala de Casaci\u00f3n Penal. Auto rad. 41215 del 5 de junio de 2013 M.P. Luis Guillermo Salazar Otero; auto rad. 43497 del 28 de agosto de 2014 M.P. Patricia Salazar Cuellar; auto rad. 43698 del 28 de agosto de 2014 M.P. Luis Guillermo Salazar Otero; y, auto rad. 44314 del 3 de septiembre de 2014 M.P. Gustavo Enrique Malo Fern\u00e1ndez, entre otras[;] y que como su petici\u00f3n corresponde absolverla a su defensor t\u00e9cnico[,] se le dar\u00e1 traslado de la misma\u00bb. <\/p>\n

De suerte que desde antes de la formulaci\u00f3n del reclamo constitucional, se repite, la omisi\u00f3n en la cual el accionante hizo consistir el desconocimiento de sus derechos de primer grado dej\u00f3 de tener vigencia, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo y, por tanto, la decisi\u00f3n que pudiese adoptar el juez constitucional en el caso actual resultar\u00eda a todas luces inocua y contraria al objetivo de esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n

Precisamente, la referida figura ha sido definida como: <\/p>\n

…el evento en el cual ha desaparecido el supuesto de hecho que motiv\u00f3 la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, circunstancia que torna improcedente la decisi\u00f3n del juez constitucional por carencia de objeto, por lo que en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con una circunstancia que en el pasado se configur\u00f3 pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presenta caracter\u00edstica diferentes a las iniciales (CSJ STC, 13 abr. 2010, rad. 2010-00135-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 30 ag. 2012, rad. 2012-00268-01). <\/p>\n

3.\tLo consignado impone negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

Comisi\u00f3n de servicios
\nLUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15237-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03430-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Adalber Upegui Cruz contra el Juzgado \u00danico con Funci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de Sentencias […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101899","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101899","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101899"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101899\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101899"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101899"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101899"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}