{"id":101916,"date":"2026-07-01T20:49:15","date_gmt":"2026-07-01T20:49:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101916"},"modified":"2026-07-01T20:49:15","modified_gmt":"2026-07-01T20:49:15","slug":"stc15259-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15259-2018\/","title":{"rendered":"STC15259-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15259-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03550-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Yesid Ardila Quiti\u00e1n contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado 22 Civil del Circuito de esta misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El promotor del resguardo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por las autoridades judiciales accionadas, por lo que pidi\u00f3 se ordene al Tribunal convocado \u00abrevocar la providencia del 31 de octubre de 2017\u2026\u00bb y, en su lugar, \u00abdeclare la nulidad de pleno derecho por p\u00e9rdida de competencia\u2026\u00bb. <\/p>\n

2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n

2.1. BBVA Colombia S.A. promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva en contra de Yesid Ardila Quiti\u00e1n y Maribel Rey Avenda\u00f1o, libr\u00e1ndose orden de apremio el 30 de enero de 2017, decisi\u00f3n enterada a los demandados en el mes de abril de esas calendas. <\/p>\n

2.2. A trav\u00e9s de sentencia de primero de agosto de 2018, el juzgado accionado orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n

2.3. Posteriormente, el 6 de agosto siguiente, la parte ejecutada solicit\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n, por vencimiento del t\u00e9rmino de que trata el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, que rechaz\u00f3 de plano el a quo con prove\u00eddo del 22 de agosto de esta anualidad, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el peticionario, siendo confirmada por el Tribunal querellado con auto del 31 de octubre de 2018. <\/p>\n

2.4. Critic\u00f3 el gestor del resguardo que \u00abel hito inicial para el computo de un a\u00f1o se contaba a partir del 20 de abril de 2017, fecha de la \u00faltima notificaci\u00f3n de la demandada\u00bb y no desde el 20 de abril de 2018, como err\u00f3neamente lo afirm\u00f3 el juez ad quem criticado, por lo que debi\u00f3 prosperar la petici\u00f3n invalidatoria que formul\u00f3. <\/p>\n

3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.
\nLA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1. El Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 destac\u00f3 que \u00ablo que pretende el accionante es que se declare por v\u00eda de tutela, que en el asunto se configur\u00f3 la nulidad establecida en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, sin embargo, tal pretensi\u00f3n resulta improcedente, pues sobre el particular ya existe pronunciamiento razonable y acorde con la jurisprudencia\u00bb. <\/p>\n

2. El Banco BBVA S.A. expres\u00f3 que \u00abno es posible acoger la petici\u00f3n constitucional elevada, dado que la postura del Tribunal se sustent\u00f3 en una interpretaci\u00f3n razonable sobre la inviabilidad de la p\u00e9rdida de competencia\u2026\u00bb. <\/p>\n

3. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que la decisi\u00f3n criticada \u00abfue emitida previa valorizaci\u00f3n que se hizo sobre el material probatorio\u2026, as\u00ed como tambi\u00e9n de las normas que rigen la materia\u2026\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

2. De all\u00ed que, en trat\u00e1ndose de tutela contra decisiones judiciales, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n

\u2026 el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n

As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n

3. Descendiendo al caso sub examine advierte la Corte que el estrado enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, porque para desestimar la alzada que formul\u00f3 el ejecutado Yesid Ardila Quiti\u00e1n contra el auto dictado el 22 de agosto de 2018, que rechaz\u00f3 de plano la nulidad que aquel plante\u00f3 con fundamento en el art\u00edculo 121 del estatuto procesal civil vigente, tuvo por acreditado que la \u00faltima notificaci\u00f3n de los demandados, esto es, la de Maribel Rey Avenda\u00f1o, se surti\u00f3 el 20 de abril de 2018, desconociendo que el acta que se expidi\u00f3 en constancia de dicho enteramiento, expresamente consagra que dicho acto se adelant\u00f3 el 20 de abril de 2017. <\/p>\n

En efecto, al resolver la apelaci\u00f3n, el Tribunal enjuiciado concluy\u00f3 que: <\/p>\n

\u2026 una vez se encontraba notificado el extremo pasivo, lo cual ocurri\u00f3 mediante notificaci\u00f3n personal de la otra ejecutada Maribel Rey Avenda\u00f1o, el 20 de abril de 2018, el a quo contaba con el periodo de un a\u00f1o para resolver la instancia, es decir, en este asunto hasta el 20 de abril de 2019, el cual era prorrogable hasta por un lapso no superior a 6 meses\u2026 <\/p>\n

Entonces, el lapso previsto en el ya citado art. 121 ib., no acaeci\u00f3, pues como se dijo, al momento en que se profiri\u00f3 la sentencia de primera instancia -01 de agosto de 2018- no hab\u00eda fenecido el t\u00e9rmino aludido\u2026 <\/p>\n

Entonces, evidente es que el estrado convocado, para negar la nulidad esgrimida por el quejoso y, con ello, confirmar la decisi\u00f3n objeto de la alzada, tuvo por demostrado un hecho que carece de soporte en el diligenciamiento (notificaci\u00f3n de Maribel Rey Avenda\u00f1o, el 20 de abril de 2018), con lo que incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, imponi\u00e9ndose la concesi\u00f3n del amparo. <\/p>\n

Sobre la procedencia del resguardo, en trat\u00e1ndose de falencias en la valoraci\u00f3n probatoria, ha dicho la Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n

\u2026 ha explicado la Sala que \u201c[u]no de los supuestos que estructura aquella [v\u00eda de hecho] es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u201d (CSJ STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00, reiterada en STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00522-01; y STC, 9 dic. 2014, rad. 2014-00210-01). <\/p>\n

4. Lo considerado impone conceder el resguardo rogado, por lo que se ordenar\u00e1 a la sede judicial acusada que tras dejar sin efecto la determinaci\u00f3n censurada, dicte una nueva decisi\u00f3n que atienda las consideraciones precedentes. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el resguardo al derecho al debido proceso de Yesid Ardila Quiti\u00e1n. En consecuencia, dispone: <\/p>\n

Primero: Ordenar a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, deje sin efecto el auto calendado 31 de octubre de 2018, mediante el cual resolvi\u00f3 la alzada formulada contra el dictado el 22 de agosto de los corrientes por el Juzgado 22 Civil del Circuito de esta misma ciudad. <\/p>\n

Segundo: Cumplido lo anterior y, en un t\u00e9rmino no superior a diez (10) d\u00edas, contado desde la misma data, emita una nueva providencia en la que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por Yesid Ardila Quiti\u00e1n, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n

La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aqu\u00e9l t\u00e9rmino. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

Comisi\u00f3n de servicios
\nLUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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