{"id":101918,"date":"2026-07-01T20:49:40","date_gmt":"2026-07-01T20:49:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101918"},"modified":"2026-07-01T20:49:40","modified_gmt":"2026-07-01T20:49:40","slug":"stc15266-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15266-2018\/","title":{"rendered":"STC15266-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15266-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03433-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Germ\u00e1n Rodr\u00edguez G\u00f3ngora contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a al Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante, solicit\u00f3 el amparo del derecho al debido proceso, el cual estima vulnerado por las autoridades judiciales accionadas, quienes dentro del proceso de responsabilidad civil contractual que Usocoello promovi\u00f3 en su contra, lo condenaron al pago del 50% de los perjuicios que la referida entidad debi\u00f3 cancelar a un empleado que fue v\u00edctima de acoso laboral. <\/p>\n

Pretende, en consecuencia, que se deje sin efecto la referida determinaci\u00f3n, y en su lugar se le exonere de toda responsabilidad. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Dentro del proceso ordinario Laboral que Rodrigo Antonio Camacho Sandoval promovi\u00f3 en contra de la Asociaci\u00f3n de Usuarios del Distrito de Adecuaci\u00f3n de Tierras de los R\u00edos Coello y Cucuana \u2013 Usocoello y el accionante, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 emiti\u00f3 sentencia el 12 de mayo de 2012 a trav\u00e9s de la cual confirm\u00f3 la emitida en primer grado, donde se declar\u00f3 que el demandante hab\u00eda sido v\u00edctima de conductas de acoso laboral, por lo que dej\u00f3 sin efecto el despido de aquel, y orden\u00f3 a la empleadora pagar los salarios y prestaciones que aquel dej\u00f3 de recibir. <\/p>\n

2. En cumplimiento de lo anterior, la referida entidad cancel\u00f3 al trabajador la suma de $211\u2019020.311. <\/p>\n

3. En vista de lo anterior, Usocoello present\u00f3 en contra del aqu\u00ed accionante demanda para que se le declarara civilmente responsable por los perjuicios que su actuaci\u00f3n le gener\u00f3, pues fue aquel, como gerente general, quien declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato laboral que se hab\u00eda suscrito con Rodrigo Antonio Camacho Sandoval. Argument\u00f3 que de acuerdo con lo establecido por el juez laboral, fue el demandado el que ejerci\u00f3 acoso laboral sobre el trabajador. <\/p>\n

4. La demanda correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal, quien tras agotar todo el tr\u00e1mite pertinente, el 23 de agosto de 2017 emiti\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 la responsabilidad del administrador y lo conden\u00f3 al pago del 70% de las sumas que como consecuencia de su conducta, hab\u00eda cancelado la empresa demandante al trabajador despedido. <\/p>\n

5. Apelada la anterior decisi\u00f3n, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, la modific\u00f3 para reducir a 50% el porcentaje que deb\u00eda asumir el antiguo gerente de la instituci\u00f3n demandante. <\/p>\n

Uno de los integrantes de la Sala de Decisi\u00f3n manifest\u00f3 su disentimiento, pues en su criterio, al derivarse la responsabilidad de un contrato laboral, la controversia suscitada deb\u00eda resolverse por los jueces de esa especialidad. <\/p>\n

6. El demandado acude al amparo constitucional por estimar que la referida determinaci\u00f3n lesiona sus garant\u00edas fundamentales, pues adem\u00e1s de que los jueces de la especialidad civil no eran competentes para resolver el asunto, pues tal como lo manifest\u00f3 el Magistrado disidente del Tribunal la controversia era de car\u00e1cter laboral, los restantes integrantes de la Sala de Decisi\u00f3n pasaron por alto que de acuerdo con los estatutos de la entidad demandante, la \u00abacci\u00f3n de repetici\u00f3n\u00bb s\u00f3lo es procedente cuando el Comit\u00e9 de Convivencia de la instituci\u00f3n agotara una investigaci\u00f3n y estableciera que el pago de la indemnizaci\u00f3n que aquella tuvo que asumir obedeci\u00f3 a su conducta. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. Por auto de 8 de noviembre de 2018, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se dispuso la vinculaci\u00f3n de los intervinientes en el litigio y se orden\u00f3 correrles traslado para que ejercieran su derecho de defensa. <\/p>\n

2. La Asociaci\u00f3n de Usuarios del Distrito de Adecuaci\u00f3n de Tierras de los R\u00edos Coello y Cucuana \u2013 Usocoello intervino en el tr\u00e1mite para solicitar que se declare la improcedencia del resguardo, pues la controversia aqu\u00ed planteada, relacionada con la competencia de los jueces laborales para resolver el asunto, fue definida por la Sala Mixta del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 en providencia 13 de abril de 2016. Explic\u00f3 que radicada la demanda ante el juez civil, \u00e9ste estim\u00f3 pertinente remitirla a uno de la especialidad laboral, ultim\u00f3 que suscit\u00f3 conflicto negativo de competencia. En la decisi\u00f3n mencionada, el Tribunal estableci\u00f3 que la controversia planteada era de car\u00e1cter civil, y por tanto su conocimiento deb\u00eda ser asumido por el juez a quien inicialmente le fue repartida. <\/p>\n

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 manifest\u00f3 que el expediente contentivo del tr\u00e1mite cuestionado fue remitido al juez de primer grado, no obstante remiti\u00f3 el audio de la audiencia que se surti\u00f3 en segunda instancia. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

Los criterios que se han sostenido para identificar las causales de procedibilidad en esos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

2. En el asunto sub examine, aduce el reclamante que el Tribual de Ibagu\u00e9 vulner\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales, al confirmar la responsabilidad que se declar\u00f3 en su contra por parte del juez de primer grado, toda vez que no tuvo en cuenta que la controversia all\u00ed planteada deb\u00eda ser resuelta por la justicia laboral, y tampoco advirti\u00f3 que previo a adelantar actuaci\u00f3n judicial, el Comit\u00e9 de Convivencia de la entidad demandante deb\u00eda adelantar una investigaci\u00f3n interna tendiente a determinar su responsabilidad en el despido de Rodrigo Antonio Camacho. <\/p>\n

Sin embargo, verificada la actuaci\u00f3n, no es posible advertir la vulneraci\u00f3n de los derechos del reclamante, pues si bien su inconformidad se sustenta en el salvamento de voto que uno de los integrantes de la Sala accionada exterioriz\u00f3, lo cierto es que ese funcionario dej\u00f3 claro en su manifestaci\u00f3n que el debate en torno a la especialidad competente para conocer el asunto \u2013 civil o laboral \u2013, hab\u00eda sido zanjado en Sala Mixta de dicha Corporaci\u00f3n a trav\u00e9s de providencia emitida el 13 de abril de 2016, luego, improcedente se le tornaba desconocer lo all\u00ed resuelto. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, resulta claro que si una de las inconformidades del accionante gira en torno a la incompetencia de la especialidad civil para resolver el asunto en el que se le involucr\u00f3, la tutela resulta improcedente, pues tal situaci\u00f3n, como viene de verse, fue resuelta de anta\u00f1o, luego, si el demando ten\u00eda alguna reproche al respecto, debi\u00f3 acudir a la acci\u00f3n de tutela una vez se emiti\u00f3 la decisi\u00f3n respectiva por parte de la Sala Mixta del Tribunal y no esperar a que los jueces de esta especialidad resolvieran de manera definitiva las pretensiones que se elevaron en su contra. <\/p>\n

Dicha situaci\u00f3n, demuestra que el amparo, en torno a la incompetencia, no satisface el presupuesto de inmediatez que gobierna en este tipo de tr\u00e1mites, pues entre la expedici\u00f3n de la providencia que asign\u00f3 el asunto a la justicia civil y la solicitud de amparo, trascurrieron dos a\u00f1os y siete meses, t\u00e9rmino que supera el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales. <\/p>\n

Ahora bien, en torno a la segunda de las quejas presentadas por el actor, relacionada con que el Tribunal no advirti\u00f3 el condicionamiento contenido en los estatutos de la entidad demandante, seg\u00fan el cual la responsabilidad deb\u00eda ser previamente definida por el comit\u00e9 de convivencia de dicha instituci\u00f3n, de inmediato se observa su improcedencia, pues con independencia del acierto o no de las consideraciones del Tribunal, lo cierto es que dicha corporaci\u00f3n si emiti\u00f3 pronunciamiento al respecto. <\/p>\n

Frente al punto, la Sala Civil Familia del Tribunal de Ibagu\u00e9 manifest\u00f3: <\/p>\n

\u00abBien se sabe que los estatutos de una asociaci\u00f3n son el reglamento o normativa que ha sido pactada entre los vinculados como la que regir\u00e1 con fuerza legal y obligatoriedad el cumplimiento de los actos dirigidos a la consecuci\u00f3n de su objeto, lineamientos que deben estar vigentes para cuando los actos se cumplan, de donde se sigue que si los estatutos introducen una precisa regla para actuar, \u00e9sta ha de cumplirse desde el momento en que empieza a regir y en contrario, si una de tales reglas es eliminada de dicho ordenamiento, todas las actuaciones quedan afectadas por ella cualesquiera que sean las consecuencias jur\u00eddicas a que conduzca tal medida. <\/p>\n

Al respecto obra en el plenario certificaci\u00f3n expedida por el secretario operativo de la junta directiva de la Asociaci\u00f3n de Usuarios del Distrito de Adecuaci\u00f3n de Tierras de los R\u00edos Coello y Cucuana, Usocoello, le\u00edda en el folio 255 del cuaderno uno, donde da a conocer que \u201c\u2026 El Comit\u00e9 de convivencia de que trata la proposici\u00f3n No. 5 aprobada en la asamblea 37 del 20 de marzo de 2003, no fue elegido por la Asamblea General de Usuarios de USOCOELLO\u201d y, \u201cpor el contrario, en la asamblea 53 del 22 de marzo de 2013 en el an\u00e1lisis del punto siete del orden del d\u00eda aprobado, referente a la designaci\u00f3n del Comit\u00e9 de Convivencia de la asamblea, de acuerdo a la proposici\u00f3n No. 5 aprobada en la asamblea 37 de marzo 20 de 2003, la decisi\u00f3n final por mayor\u00eda de votos, fue excluir o eliminar de la citada proposici\u00f3n el nombramiento o designaci\u00f3n del Comit\u00e9 de Convivencia por parte de la asamblea\u201d; certificado expedido a los 12 d\u00edas del mes de agosto 2016, acta 37 de cuya copia se conoce el contenido en los folios del 185 al 187 del cuaderno principal, proposici\u00f3n que sujetaba a \u201c\u2026 que en lo sucesivo el ente administrativo o junta directiva del per\u00edodo correspondiente que por sus actuaciones administrativas ocasione al distrito demandas laborales-denuncias u otras erogaciones, en donde tenga que pagar por indemnizaciones, sentencias u otras, se debe repetir contra ellos para que responda con su propio peculio por los hechos, previa demostraci\u00f3n de la falta mediante investigaci\u00f3n por el Comit\u00e9 de Convivencia que nombre la asamblea\u201d. <\/p>\n

Documentos a partir de los cuales se hacen las siguientes deducciones: (i) El 20 de marzo de 2003 y en la asamblea n\u00famero 37, se cre\u00f3 la regla de investigaci\u00f3n previa para iniciar procesos de responsabilidad contra los integrantes del \u201cEnte administrativo o junta directiva\u201d que provocaran condenas judiciales contra la asociaci\u00f3n de usuarios de Usocoello. (ii) En la misma fecha se dispuso crear el Comit\u00e9 de Convivencia por parte de la Asamblea General. (iii) Para el 22 de marzo de 2013 en la asamblea 53, el Comit\u00e9 de Convivencia a\u00fan no se hab\u00eda designado por parte de la Asamblea General. (iv) En dicha asamblea se aprob\u00f3 excluir o eliminar el nombramiento o designaci\u00f3n del Comit\u00e9 de Convivencia por parte de la Asamblea General. Deducciones de las cuales se concluye que la regla de investigaci\u00f3n previa a iniciar procesos de responsabilidad contra los integrantes del \u201cEnte administrativo o junta directiva\u201d que provoquen condenas judiciales contra Usocoello se encuentra vigente, lo que aparece eliminado o excluido de esa normativa, es la designaci\u00f3n por parte de la Asamblea General del \u00f3rgano investigativo llamado Comit\u00e9 de Convivencia, sin que se haya se\u00f1alado el \u00f3rgano que ha de reemplazarlo en esa labor. <\/p>\n

Siendo as\u00ed las cosas, sin que exista el \u00f3rgano de investigaci\u00f3n creado por la Asamblea General y denominado \u201cComit\u00e9 de Convivencia\u201d y sin que tampoco se conozca hoy, cu\u00e1l es el organismo que debe designarlo, ya que qued\u00f3 excluido o eliminado el nombramiento o designaci\u00f3n por parte de la Asamblea General, es de concluirse que la regla all\u00e1 creada, a pesar de su vigencia, no ha tenido desarrollo, por ende, cuando la demanda se interpuso, el 5 de mayo de 2015, exigir tal requisito era irreal pues a \u00e9ste no se le hab\u00eda dado ejecuci\u00f3n. Y lo m\u00e1s relevante, de acuerdo con los estatutos de Usocoello aportados al proceso, el Gerente General es el m\u00e1ximo ejecutivo de la asociaci\u00f3n seg\u00fan lo define el art\u00edculo 43, sin que haga parte de la junta directiva tal cual lo se\u00f1ala el art\u00edculo 30 de aquel estatuto, de ah\u00ed que el demandado no se encuentra conformando el grupo para el cual se refiri\u00f3 la investigaci\u00f3n previa y obligatoria en la proposici\u00f3n aprobada en la asamblea 37 y modificada en la 53 como atr\u00e1s se anot\u00f3. De ah\u00ed que el reparo blandido contra la sentencia de primera instancia, por las razones aqu\u00ed explanadas, no puede abrirse paso\u00bb <\/p>\n

3. Visto lo anterior, la decisi\u00f3n adoptada, como se precis\u00f3, no se evidencia infundada ni irrazonable, pues se sustent\u00f3 en las pruebas obrantes en el juicio. Por tanto, es incontestable que no transgrede los derechos fundamentales del accionante, y en ese orden, es palmario que la pretensi\u00f3n de este se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo desacuerdo frente a la valoraci\u00f3n de las pruebas, lo cual, naturalmente excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, dada la naturaleza residual de este mecanismo. <\/p>\n

En ese orden, el amparo invocado es improcedente, desde que no se autoriza por esa v\u00eda, revocar decisiones proferidas v\u00e1lidamente con respeto de las garant\u00edas procesales de los interesados en ellas, cuando so pretexto de la posible incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho, se pretende hacer valer el criterio del tutelante sobre el consignado en su decisi\u00f3n por el juez natural, am\u00e9n de proponer una evaluaci\u00f3n probatoria distinta de aquella realizada sin llegar al l\u00edmite de la arbitrariedad o de la ilegalidad, en ejercicio de la autonom\u00eda que en tal tarea se le reconoce al juzgador. <\/p>\n

Sobre el particular, se ha definido en la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) [E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb.1 <\/p>\n

4. Como ninguna de las condiciones se\u00f1aladas, que configurar\u00edan v\u00eda de hecho por error en el juicio de valoraci\u00f3n de los medios de prueba se advierten en la apreciaci\u00f3n de los juzgadores accionados, no puede la Corte interferir en la labor que acometi\u00f3 con respaldo en la independencia reconocida por la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

En ning\u00fan momento la tutela puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les ha asignado competencia para resolver las controversias judiciales, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar el texto constitucional. <\/p>\n

5. Las anteriores razones se estiman suficientes para denegar el amparo invocado, por lo que as\u00ed se dispondr\u00e1 en la parte resolutiva de esta providencia. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tSentencias de tutela de 24 de junio de 2004, exp. \t00142-01; 27 de junio de 2007, exp. 00911-00; 3 de noviembre de \t2009, exp. 01371-01; 16 de junio de 2011, exp. 01192-00; 25 de enero \tde 2012, exp. 00001-00, entre otras.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC15266-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03433-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Germ\u00e1n Rodr\u00edguez G\u00f3ngora contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101918","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101918","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101918"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101918\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101918"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101918"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101918"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}