{"id":101921,"date":"2026-07-01T20:50:38","date_gmt":"2026-07-01T20:50:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101921"},"modified":"2026-07-01T20:50:38","modified_gmt":"2026-07-01T20:50:38","slug":"stc15272-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15272-2018\/","title":{"rendered":"STC15272-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC15272-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 15001-22-13-000-2018-00541-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja el 18 de octubre de 2018, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Antonio Castellanos Avellaneda contra los Juzgados Segundo de Familia de esa ciudad y Segundo Promiscuo Municipal de Villa de Leyva, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Tom\u00e1s Castellanos Avellaneda y Diego Fernando Castillo Castellanos, as\u00ed como las partes e intervinientes en el liquidatorio n\u00ba 2016-00498. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tActuando en su propio nombre, el solicitante reclama, como mecanismo transitorio, la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la dignidad, vida, salud y debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas, al disponer la entrega de un inmueble a la adjudicataria, desconociendo sus derechos como poseedor. <\/p>\n

2. En s\u00edntesis, expuso que dentro del proceso de sucesi\u00f3n de Petra Elina de las Mercedes Rodr\u00edguez Castellanos, el Juzgado Segundo de Familia de Tunja adjudic\u00f3 a favor de Rosa Torres, el predio ubicado en la calle 13 n\u00ba 7-39\/49 de Villa de Leyva, sobre el cual, \u00abjunto con un hermano de nombre TOMAS CASTELLANOS y un sobrino que se llama DIEGO FERNANDO CASTILLO CASTELLANOS somos poseedores desde hace m\u00e1s de diez a\u00f1os de forma quieta, p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida\u00bb, y \u00abcon mi esposa permanente le hemos invertido en mejoras una suma superior a SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS (\u2026) con la finalidad de convertirlo en un hostal\u00bb. <\/p>\n

Indic\u00f3 que desde la oposici\u00f3n que presentara a la diligencia de secuestro que de dicho bien se realizara a trav\u00e9s de comisionado el 16 de marzo de 2017, se puso en conocimiento la falta de legitimaci\u00f3n de la heredera, ya que su reconocimiento no cumpl\u00eda las exigencias previstas en el art\u00edculo 10 de la Ley 75 de 1968, y que el inmueble hab\u00eda sido objeto de ventas parciales realizadas en 1963, 1986 y 1996, lo que no fue resuelto por el juzgado debido a que la interesada solicit\u00f3 levantar las medidas cautelares. <\/p>\n

Precis\u00f3 que para la entrega del bien que fuera adjudicado a Rosa Torres mediante providencia dictada por el Juzgado Segundo de Familia de Tunja el 24 de enero de 2018, \u00e9ste comision\u00f3 al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Villa de Leyva, y en la diligencia llevada a cabo el 26 de septiembre de la misma anualidad, se opuso aduciendo su calidad de poseedor, empero, la funcionaria \u00abfinalmente termina ordenando la entrega del inmueble, frente a lo cual le interpuso el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb cuya sustentaci\u00f3n luego present\u00f3 por no encontrase asistido de apoderado judicial, y suspendi\u00f3 la diligencia para el 5 de octubre de 2018. <\/p>\n

3. Pretende se ordene no continuar la diligencia de entrega del predio en cuesti\u00f3n \u00abhasta tanto no (sic) se haya resulto (sic) no s\u00f3lo el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, sino hasta que se defina el derecho que como poseedores tienen (\u2026)\u00bb, y \u00abse les restituya la posesi\u00f3n seg\u00fan lo permiten las normas existentes\u00bb (fls. 2 a 7, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

1. El Juez Segundo de Familia de Tunja inform\u00f3 que en la sucesi\u00f3n de Petra Elina de las Mercedes Rodr\u00edguez Castellanos, \u00abse reconoci\u00f3 como \u00fanica heredera a la se\u00f1ora ROSA TORRES SANCHEZ, en calidad de hermana paterna de la causante\u00bb, a quien \u00abse le adjudic\u00f3 la totalidad de la masa herencial seg\u00fan trabajo partitivo aprobado con sentencia de enero 24 de 2018\u00bb; que el ac\u00e1 querellante intervino en la sucesi\u00f3n como \u00abpresunto tercero poseedor, frente al secuestro del \u00fanico bien inmueble inventariado\u00bb, pero su oposici\u00f3n no se defini\u00f3 ya que la heredera pidi\u00f3 el levantamiento de la cautela, \u00aba lo cual este despacho accedi\u00f3 en la providencia de enero 24 de 2018\u00bb. <\/p>\n

Indic\u00f3 que aprobada la partici\u00f3n, esa actuaci\u00f3n \u00abfue atacada por el apoderado judicial del presunto tercero poseedor aqu\u00ed accionante, por v\u00eda de nulidad procesal, la que fue rechazada con auto motivado de fecha abril 09 de 2018 (\u2026) por resultar extempor\u00e1nea, adem\u00e1s de no advertirse vicios de nulidad. Decisi\u00f3n frente a la cual se encuentra pendiente resolver un recurso de apelaci\u00f3n que en su oportunidad propuso el mismo incidentante, concedido con auto de mayo 03 de 2018\u00bb, y que mediante comisionado se est\u00e1 surtiendo la diligencia de entrega a la adjudicataria (fls. 83 y 84, ib\u00eddem). <\/p>\n

2. La Juez Segundo Promiscuo Municipal de Villa de Leyva, inform\u00f3 en detalle la actuaci\u00f3n adelantada como comisionada para la entrega del bien, y tras desestimar por infundadas las quejas dirigidas por supuestas \u00abirregularidades\u00bb a ella endilgadas en dicho diligenciamiento, concret\u00f3 que frente al rechazo de la oposici\u00f3n propuesta por el hoy tutelante, concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, y sin culminarse la diligencia que estaba prevista para el 5 de octubre de 2018, en esa fecha se remiti\u00f3 la documentaci\u00f3n completa para que el Tribunal resolviera en segunda instancia la inconformidad del se\u00f1or Castellanos Avellaneda. Se opuso a lo pretendido aduciendo no s\u00f3lo falta del requisito de subsidiariedad, sino tambi\u00e9n temeridad del actor (fls. 92 a 100, ib\u00edd.). <\/p>\n

SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Desestim\u00f3 el auxilio al encontrar que no cumple el requisito de la subsidiariedad, por cuanto \u00abla decisi\u00f3n desfavorable a la oposici\u00f3n que hiciera el actor dentro de la diligencia de entrega del inmueble (\u2026), fue objeto del recurso de apelaci\u00f3n (\u2026), circunstancia que se torna relevante, ya que tal medio de impugnaci\u00f3n a\u00fan se encuentra en tr\u00e1mite\u00bb, anotando que dicho asunto fue \u00abrecibido en la oficina de reparto el jueves 11 y repartido el 12 de octubre\u00bb. Sobre la orden para \u00ababstenerse de continuar con la diligencia de entrega\u00bb, dijo que ello depend\u00eda del efecto en que haya sido concedido el recurso de apelaci\u00f3n. Por \u00faltimo, dijo que no se configurada la temeridad del actor al plantear esta tutela, \u00aben tanto la situaci\u00f3n bajo estudio no es id\u00e9ntica en su contenido m\u00ednimo, al asunto que fue fallado en la que fuera interpuesta por su apoderado con radicado 2018-0351\u00bb (fls. 115 a 123, cd. 1). <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La present\u00f3 el promotor del resguardo sin exponer argumento adicional (fl. 136, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas, vulneraron los derechos fundamentales del accionante, al disponer y practicar la diligencia de entrega del inmueble adjudicado dentro del juicio sucesorio n\u00ba 2016-00498, desestimando la oposici\u00f3n que presentara como poseedor del mismo. <\/p>\n

2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n

La reiterada jurisprudencia de esta Corte ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n constitucional no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario profiera alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre otras en STC10752-2018, 21 ago. 2018, rad. 00356-01). <\/p>\n

Lo anterior por cuanto el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el desarrollo jurisprudencial que se ha venido dando, han precisado que solamente tiene cabida para proteger los derechos fundamentales que son objeto de vulneraci\u00f3n o amenaza, cuando el interesado carece de otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, pues dicha acci\u00f3n no es una herramienta sustitutiva o paralela de los dem\u00e1s instrumentos que ordinariamente consagra el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
\n3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

Del an\u00e1lisis efectuado a los argumentos de la presente queja constitucional, la informaci\u00f3n proporcionada por los funcionarios accionados y las piezas procesales adosadas al expediente, la Corte establece que el fallo desestimatorio del amparo ac\u00e1 implorado habr\u00e1 de ser confirmado, porque la situaci\u00f3n que motiva la inconformidad tra\u00edda por esta v\u00eda, se encuentra a\u00fan en tr\u00e1mite ante el juzgado accionado y en tal virtud la tutela no supera el gen\u00e9rico y esencial presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n

Ciertamente, al haber enfilado el ataque del accionante a la entrega del inmueble sobre el que dice asistirle derechos como poseedor, y por esta excepcional senda pretender que se suspenda su materializaci\u00f3n, observa la Sala que la improcedencia del resguardo surge en la medida en que se encuentra vigente la posibilidad de que por los cauces ordinarios se defina el punto que lo motiv\u00f3, pues los argumentos invocados, coinciden con los que elevara en sede de apelaci\u00f3n ante el superior jer\u00e1rquico de los accionados, en tanto la diligencia, iniciada el 26 de septiembre de 2018, se est\u00e1 surtiendo a trav\u00e9s de comisionado. <\/p>\n

En efecto, la Juez Promiscuo Municipal de Villa de Leyva da cuenta de que el auto mediante el cual rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n presentada por el se\u00f1or Castellanos Avellaneda, fue objeto de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, y toda vez que \u00abel despacho no repuso la decisi\u00f3n\u00bb, tras suspender la diligencia \u00able concedi\u00f3 un t\u00e9rmino adicional de 3 d\u00edas al recurrente para que con asesor\u00eda de su abogado complementara los argumentos del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, sin que a la fecha est\u00e9 acreditado que el Tribunal lo hubiera desatado, tal como lo asever\u00f3 el juzgador a-quo (fls. 92 a 100, ib\u00edd.), y lo ratificara el ad quem, quien inform\u00f3 que el asunto fue recibido el 11 de octubre de 2018 y repartido al d\u00eda siguiente (fl. 121, \u00eddem). <\/p>\n

Esto significa que el impedimento de procedibilidad de la tutela por subsidiariedad, en la modalidad de prematura, se muestra evidente, y en esas condiciones la tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues mientras est\u00e9n en curso los instrumentos ordinarios de defensa: \u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC6172-2015, 21 may. 2015, rad. 00163-01, reiterada, entre otras en STC11728-2018, 12 sep. 2018, rad. 2018-00351-01). <\/p>\n

En asuntos como el que se examina se reitera que mientras haya posibilidad al interior del proceso de discutir y resolver los puntos tra\u00eddos en tutela, \u00e9sta se torna improcedente ya que no puede reemplazar los senderos legales debidamente establecidos, en tanto no est\u00e1 estatuida como una instancia alterna a la ordinaria, y el juez excepcional no puede tenerse como un funcionario adicional de la actividad a cargo de quien, conforme a las competencias preestablecidas legalmente, est\u00e1 llamado a resolver el juicio. <\/p>\n

Al respecto se ha venido sosteniendo que el juez constitucional no puede arrogarse facultades que le corresponde decidir al ordinario, pues la tutela no se estableci\u00f3 \u00abpara sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb, y que \u00abmientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC12176-2018, 19 sept. 2018, rad. 00168-01, entre otras). <\/p>\n

4. De la tutela como mecanismo transitorio. <\/p>\n

Sobre la posibilidad de conceder el auxilio bajo esa modalidad para evitar un perjuicio irremediable, la Corte no encuentra que se hubieran configurado las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01).
\nLa no demostraci\u00f3n de afectaci\u00f3n grave y actual de las garant\u00edas superiores del demandante, se refuerza con lo que de manera espec\u00edfica se ha dicho sobre este tema, puesto que, \u00aben principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia de entrega no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u201d\u00bb (sentencia del 29 de noviembre de 2006, exp. 00079-01, reiterada el 22 de febrero de 2013, exp. 00302-00). <\/p>\n

De igual modo, esta Corporaci\u00f3n ha dicho en casos de similares contornos jur\u00eddicos al que ahora se examina, que \u00abla tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2009, exp. 1496-01, citada entre otras en STC6039-2017, 4 may. 2017, rad. 00050-01, y STC13471-2018, 17 oct. 2018, rad. 00205-01). <\/p>\n

5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n

Conforme a las apreciaciones precedentes, toda vez que la tutela implorada no satisface el presupuesto de la subsidiariedad, en tanto la acci\u00f3n se torna prematura porque las determinaciones cuestionadas a\u00fan se mantienen bajo el conocimiento y consecuente definici\u00f3n por parte del juzgador de instancia, se impone respaldar el fallo desestimatorio de primer grado, acotando que, como acaba de verse, tampoco procede el resguardo como mecanismo transitorio. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, con las precisiones dadas en precedencia. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC15272-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-22-13-000-2018-00541-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101921","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101921","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101921"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101921\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101921"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101921"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101921"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}