{"id":101932,"date":"2026-07-01T20:53:21","date_gmt":"2026-07-01T20:53:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101932"},"modified":"2026-07-01T20:53:21","modified_gmt":"2026-07-01T20:53:21","slug":"stc15300-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15300-2018\/","title":{"rendered":"STC15300-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15300-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2018-00389-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 9 de octubre de 2018, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la salvaguarda promovida por Jes\u00fas El\u00edas Ruiz Atehort\u00faa contra los Juzgados Octavo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n y Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n, ambos de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del compulsivo hipotecario iniciado por Edificio B\u00e9lgica Plaza P.H. frente al aqu\u00ed actor y Rosaura Londo\u00f1o Ruiz. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl promotor procura el amparo de los derechos al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales denunciadas. <\/p>\n

Acota que \u201c(\u2026) despu\u00e9s de pasar el tiempo (\u2026)\u201d, uno de sus hijos le advirti\u00f3 sobre la continuaci\u00f3n del litigio y como no hab\u00eda sido enterado de la enmienda se\u00f1alada, exigi\u00f3 la nulidad de la gesti\u00f3n surtida. <\/p>\n

Su pedimento fue negado el 2 de mayo de 2016 y aunque apel\u00f3 ese prove\u00eddo, el juzgado del circuito involucrado lo ratific\u00f3 el 1\u00ba de noviembre de 2017. <\/p>\n

Sostiene que los acusados quebrantaron sus garant\u00edas, dado que permitieron las irregularidades indicadas y, con ello, la fijaci\u00f3n de \u201c(\u2026) la subasta (\u2026) de [su] propiedad [para la cancelaci\u00f3n] de las cuotas de administraci\u00f3n adeudadas (\u2026)\u201d (fls. 146 y 147, cdno. 1).
\n3.\tPide, por tanto, anular el decurso desde la orden de remate del bien hipotecado (fl. 147, cdno. 1). <\/p>\n

1. Respuesta \t\tde \t\tlos accionados <\/p>\n

1.\tEl Juzgado Octavo de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Medell\u00edn se\u00f1al\u00f3 haber tramitado la nulidad invocada por el censor por su indebida notificaci\u00f3n, desestim\u00e1ndola el 12 de mayo de 2016, decisi\u00f3n ratificada por su superior. A\u00f1adi\u00f3 que en prove\u00eddo de 6 de abril de 2018, dispuso seguir adelante el coercitivo y surtir la almoneda del inmueble cautelado, hall\u00e1ndose el proceso, en este momento, \u201c(\u2026) en actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito (\u2026)\u201d (fl. 136, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tEl estrado del circuito advirti\u00f3 que remiti\u00f3 el juicio criticado a su hom\u00f3logo municipal, aqu\u00ed convocado, el 2 de noviembre de 2017 (fl. 135, cdno. 1). <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

El a quo constitucional deneg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, por cuanto el querellante no hizo uso de los medios de defensa a su alcance, como quiera que omiti\u00f3 formular excepciones de m\u00e9rito y aleg\u00f3 extempor\u00e1neamente la invalidez del asunto por los errores en su enteramiento (fls. 107 al 113, cdno. 1). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

El accionante impugn\u00f3 con argumentos an\u00e1logos a los referidos en el escrito introductor. Adicionalmente, anot\u00f3 que el tribunal no hizo \u201c(\u2026) un an\u00e1lisis claro en cuanto al proceso, para hacer un recuento de las [anomal\u00edas] invocadas (\u2026)\u201d (fl. 116, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tEl gestor cuestiona la negativa a la nulidad incoada por indebida notificaci\u00f3n en el juicio criticado, determinaci\u00f3n ratificada, en sede de apelaci\u00f3n, el 1\u00ba de noviembre de 2017. <\/p>\n

2.\t As\u00ed las cosas, se observa el incumplimiento del presupuesto de inmediatez, pues entre la providencia enunciada y la formulaci\u00f3n de esta salvaguarda -27 de septiembre de 2018- han transcurrido m\u00e1s de diez (10) meses, t\u00e9rmino que supera holgadamente el de seis (6) estimado por esta Corte como razonable para acudir a este mecanismo tempestivamente. <\/p>\n

Sobre lo discurrido esta Sala ha expresado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

En consecuencia, si el actor tard\u00f3 para presentar esta demanda, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular en la gesti\u00f3n denunciada, m\u00e1xime si no adujo motivos para justificar su demora. <\/p>\n

Debe indicarse que la exigencia del enunciado presupuesto tiene como finalidad evitar que la tutela se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica y en fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una transgresi\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n

Frente al tema, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

3.\tAhora, si el solicitante reprocha el auto de 6 de abril de 2018, donde se dispuso seguir adelante el compulsivo y rematar el inmueble hipotecado, la protecci\u00f3n desconoce el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n

Lo anotado porque enterado el actor del litigio, como as\u00ed lo acept\u00f3 en el escrito de tutela, debi\u00f3 concurrir al mismo y ejercer sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa; no obstante, guard\u00f3 silencio durante m\u00e1s de cinco (5) a\u00f1os, luego de los cuales aleg\u00f3 una invalidez por defectos en su notificaci\u00f3n, fallada desfavorablemente. <\/p>\n

Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican esta herramienta constitucional. <\/p>\n

En lo concerniente al citado presupuesto, esta Colegiatura ha sostenido: <\/p>\n

\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

4.\tSiguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

5.\tDe acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb11, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb12; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. Civil Sentencia \tde \ttutela \t2 \tde agosto de 2007, exp. 2007-00188-01; reiterada, entre otros \tpronunciamientos, 16 de mayo de 2013, exp. 00103-01.
\n2 \tCSJ \tSTC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00.
\n3 \tCSJ. STC de \t6 \tde julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de \t2011, exp. 2010-000380-01.
\n4 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n5 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n6 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n7 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n8 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n9 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n10 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n11 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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