{"id":101937,"date":"2026-07-01T20:54:11","date_gmt":"2026-07-01T20:54:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101937"},"modified":"2026-07-01T20:54:11","modified_gmt":"2026-07-01T20:54:11","slug":"stc15309-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15309-2018\/","title":{"rendered":"STC15309-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15309-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03516-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por el menor Juan Jos\u00e9 Sep\u00falveda V\u00e9lez quien act\u00faa por intermedio de su progenitora Lina Marcela V\u00e9lez, contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, espec\u00edficamente, frente a la magistrada Martha Luc\u00eda Henao Quintero, con ocasi\u00f3n de la \u201csucesi\u00f3n intestada\u201d de V\u00edctor Abel Sep\u00falveda (q.e.p.d). <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

2. De lo consignado en el resguardo, se colige que ante el Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn, se tramit\u00f3 una solicitud de \u201cpartici\u00f3n adicional de la sucesi\u00f3n intestada\u201d del se\u00f1or V\u00edctor Abel Sep\u00falveda (q.e.p.d.), requerida por la heredera menor de edad Katherin Yesenia Sep\u00falveda Arias. <\/p>\n

Se\u00f1ala que present\u00f3 un incidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n de ese asunto, desestimado por el referido despacho en prove\u00eddo de 20 de marzo de 2018, decisi\u00f3n recurrida en apelaci\u00f3n, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de la alzada al tribunal fustigado. <\/p>\n

Esgrime que \u201c(\u2026) de manera coet\u00e1nea, el proceso sigui\u00f3 su marcha en primera instancia (\u2026)\u201d, por tal motivo, impetr\u00f3 objeci\u00f3n al \u201ctrabajo de partici\u00f3n\u201d all\u00ed presentado, \u201crechazada de plano\u201d por no haberse fundamentado en \u201crazones legales\u201d. <\/p>\n

Acota que en el comentado subex\u00e1mine se emiti\u00f3 sentencia aprobatoria de la \u201cpartici\u00f3n (\u2026) y contra ella, por expresa prohibici\u00f3n legal, no interpus[o] recurso de apelaci\u00f3n (\u2026)\u201d.
\nManifiesta que como consecuencia de lo anterior la corporaci\u00f3n convocada en aplicaci\u00f3n del inciso 10 del art\u00edculo 323 del C\u00f3digo General del Proceso1, declar\u00f3 desierta la alzada que se encontraba pendiente de zanjarse2 dentro del aludido litigio, determinaci\u00f3n atacada en reposici\u00f3n, zanjada desfavorablemente a los intereses del tutelante. <\/p>\n

Considera el actor que el colegiado querellado incurri\u00f3 en una \u201cv\u00eda de hecho\u201d, pues la sentencia emitida en el asunto bajo estudio no era susceptible de apelaci\u00f3n por disposici\u00f3n del numeral 2 del canon 509 ib\u00eddem3, por cuanto, si bien present\u00f3 una objeci\u00f3n al trabajo de partici\u00f3n, la misma fue rechazada de plano, por tanto, no se resolvi\u00f3 nada de fondo al respecto. <\/p>\n

3. Requiere, en concreto, se contin\u00fae con el tr\u00e1mite del remedio vertical incoado frente al prove\u00eddo que neg\u00f3 la memorada invalidez procesal. <\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n

Guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. \u00danicamente las determinaciones judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer en el correspondiente proceso. <\/p>\n

2. El auxilio se concreta en establecer si en el caso bajo estudio se menoscabaron las prerrogativas superiores de Juan Jos\u00e9 Sep\u00falveda V\u00e9lez, por haberse declarado desierta la apelaci\u00f3n presentada contra el auto que desestim\u00f3 el incidente de nulidad impetrado dentro del comentado sublite. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [C]omo se evidencia de las copias enviadas (\u2026) para decidir el recurso de apelaci\u00f3n (\u2026), [el interesado] alleg\u00f3 sendos escrito mediante los cuales objet\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n que present\u00f3 el auxiliar de la justicia designado (\u2026), que como prev\u00e9 el numeral 2 del art\u00edculo 509 del C.G. del P., la sentencia que aprob\u00f3 dicho trabajo no sea apelable, porque debe tenerse en cuenta que, si bien es cierto que en prove\u00eddo de 25 de [mayo de 2018], la jueza que viene conociendo el asunto, neg\u00f3 la apertura del incidente de objeci\u00f3n a la partici\u00f3n, tambi\u00e9n lo es que la disposici\u00f3n citada es clara al prescribir que no tiene apelaci\u00f3n el fallo aprobatorio del citado trabajo, cuando ninguna objeci\u00f3n se propone, y en este caso, es claro que se propuso, cosa diferente es que se haya rechazado de plano, decisi\u00f3n contra la cual el impugnante pudo interponer el recurso de apelaci\u00f3n en subsidio del de reposici\u00f3n que formul\u00f3; [empero], no lo hizo, como tampoco acudi\u00f3 a la alzada contra la sentencia que de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 321 inciso 1\u00b0 y 509 numerales 2 y 3 del C.G. del P., era procedente, omisiones que ahora pretende subsanar (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [As\u00ed], deb\u00eda darse aplicaci\u00f3n al inciso 10 del canon 323 del mismo estatuto, esto es, declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto que no decret\u00f3 la nulidad solicitada, porque el secretario del despacho (\u2026) a quo, inform\u00f3 que en el proceso se profiri\u00f3 sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n y no fue apelada (\u2026)\u201d. <\/p>\n

4. Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

El tribunal analiz\u00f3 acuciosamente que en el asunto bajo estudio era procedente declarar la deserci\u00f3n ahora criticada, por cuanto se daban los presupuestos establecidos en el inciso 10 del art\u00edculo 323 del Estatuto Adjetivo Civil, pues el apoderado del actor, no apel\u00f3 el fallo emitido en ese litigio, el cual, valga decir, era susceptible de atacar mediante ese remedio, por cuanto, al haberse presentado una oposici\u00f3n al trabajo de partici\u00f3n, independientemente si la misma se tramita o no, se habr\u00eda el paso para acudir a la segunda instancia. <\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n

5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7. <\/p>\n

5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6. Por los argumentos anteriores, el amparo deprecado ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por por el menor Juan Jos\u00e9 Sep\u00falveda V\u00e9lez quien act\u00faa por intermedio de su progenitora Lina Marcela V\u00e9lez, contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, espec\u00edficamente, frente a la magistrada Martha Luc\u00eda Henao Quintero, con ocasi\u00f3n de la \u201csucesi\u00f3n intestada\u201d de V\u00edctor Abel Sep\u00falveda (q.e.p.d). <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. Rem\u00edtase al juzgado de origen el expediente contentivo del litigio bajo estudio, allegado en calidad de pr\u00e9stamo. <\/p>\n

TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb12, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb13; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1 \t\u201c(\u2026) La \tcircunstancia de no haberse resuelto por el superior recursos de \tapelaci\u00f3n en el efecto devolutivo o diferido, no impedir\u00e1 \tque se dicte la sentencia. Si la que se profiera no fuere apelada, \tel secretario comunicar\u00e1 inmediatamente este hecho al \tsuperior por cualquier medio, sin necesidad de auto que lo ordene, \tpara que declare desiertos dichos recursos \t(\u2026)\u201d.
\n2 \tApelaci\u00f3n incoada contra el auto que neg\u00f3 la nulidad \tpor indebida notificaci\u00f3n.
\n3 \t\u201cSi \tninguna objeci\u00f3n se propone, el juez dictar\u00e1 sentencia \taprobatoria de la partici\u00f3n, la cual no es apelable\u201d.
\n4 \tCSJ. Civil. Sentencia de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n5 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n6 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n7 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n8 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n9 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n10 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n11 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n12 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n13 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n13<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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