{"id":101939,"date":"2026-07-01T20:55:02","date_gmt":"2026-07-01T20:55:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101939"},"modified":"2026-07-01T20:55:02","modified_gmt":"2026-07-01T20:55:02","slug":"stc15319-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15319-2018\/","title":{"rendered":"STC15319-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15319-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2018-00163-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintis\u00e9is de septiembre de dos mil dieciocho por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Marta, en acci\u00f3n de tutela promovida por Meyra Enieth Vacca Petruz contra el Juzgado Primero de Familia de Santa Marta, tr\u00e1mite al que fue vinculado el se\u00f1or Jose Francisco Fern\u00e1ndez. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

La accionante, solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y al m\u00ednimo vital, que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada en el marco de un proceso de levantamiento de afectaci\u00f3n a vivienda familiar que la accionante promovi\u00f3 contra Jos\u00e9 Francisco Fern\u00e1ndez, toda vez que neg\u00f3 la solicitud de extender el termino otorgado para la inscripci\u00f3n del levantamiento de afectaci\u00f3n a vivienda familiar y en consecuencia, declar\u00f3 extinguida la autorizaci\u00f3n emitida. <\/p>\n

Por consiguiente, solicita se ordene al juez dejar sin efectos la citada la providencia y la sentencia de 23 de abril de 2018 y de 4 de septiembre del mismo a\u00f1o. [Folio 6, c.1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. La accionante \tinici\u00f3 proceso de levantamiento de afectaci\u00f3n a \tvivienda familiar contra el se\u00f1or Jos\u00e9 Francisco \tFern\u00e1ndez, quien era su compa\u00f1ero permanente, por \tcuanto la uni\u00f3n entre ambos culmin\u00f3. <\/p>\n

2. El conocimiento \tdel asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero de Familia de \tSanta Marta, que luego del tr\u00e1mite respectivo, el \t20 \tde junio de 2017, profiri\u00f3 sentencia en la cual concedi\u00f3 \t\u00abla \tautorizaci\u00f3n judicial para \tel \tlevantamiento de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar\u00bb, \tpero otorg\u00f3 un plazo de 90 d\u00edas, para realizar las \tdiligencias tendientes a consolidar el pronunciamiento, so pena de \tque se extinguir\u00eda la misma. <\/p>\n

3. El 11 de \tdiciembre de 2017, la apoderada de la accionante solicit\u00f3 \tampliaci\u00f3n del citado t\u00e9rmino, toda vez que su \trepresentada no ten\u00eda los recursos econ\u00f3micos para \tmaterializar la determinaci\u00f3n y asimismo, tuvo que \ttrasladarse fuera de la ciudad para atender unos asuntos m\u00e9dicos. \t[Folio 1, c.2] <\/p>\n

4. Mediante prove\u00eddo \tdel 23 de abril de 2018, se neg\u00f3 la petici\u00f3n y en su \tlugar, se declar\u00f3 extinguida la autorizaci\u00f3n y \tterminado el proceso. [Folio 55, c1] <\/p>\n

5. Inconforme \tcon la decisi\u00f3n la accionante interpuso recurso de \treposici\u00f3n. \t[Folio 1, c.1] <\/p>\n

6. El \t3 de septiembre de 2018, el Juzgado dispuso no reponer el auto y \torden\u00f3 el archivo del expediente. [Folio \t61, c.2] <\/p>\n

7. En criterio de la peticionaria del amparo, las \tanteriores determinaciones vulneraron sus derechos fundamentales \tinvocados, toda vez, que el \tjuez neg\u00f3 la solicitud de extender el lapso de tiempo para la \tinscripci\u00f3n del levantamiento de afectaci\u00f3n a vivienda \tfamiliar y declar\u00f3 extinguida la autorizaci\u00f3n \tproferida en sentencia. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de instancia <\/p>\n

1. Por auto del 14 de septiembre de 2018, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Marta, admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, dispuso la vinculaci\u00f3n del se\u00f1or Jose Francisco Fern\u00e1ndez y orden\u00f3 correrles traslado para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 47, c.1] <\/p>\n

2. El Juzgado accionado aleg\u00f3 que la sentencia proferida, el auto de tramite posterior que dio por terminado el proceso y el que resuelve el recurso de reposici\u00f3n, no revisten arbitrariedad o capricho pues fueron producto de un razonamiento frente a los planteamientos y una valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos del plenario. [Folio 40, c.1] <\/p>\n

3. Mediante sentencia proferida el 26 de septiembre del presente a\u00f1o la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Distrito de Santa Marta deneg\u00f3 el amparo solicitado por la accionante pues consider\u00f3 que la actora debi\u00f3 requerir la pr\u00f3rroga antes de su vencimiento, adicionalmente aclar\u00f3 que el juez tiene la posibilidad de otorgar plazo cuando lo considere necesario, en el evento de que no exista norma que disponga lo contrario. Concluy\u00f3 que la imposici\u00f3n del t\u00e9rmino, no fue emanado de ninguna disposici\u00f3n, sino que fue fijado por la funcionaria judicial, el cual pod\u00eda ser prorrogado, sin embargo, la actora debi\u00f3 requerirlo antes de su vencimiento. <\/p>\n

4. Inconforme con la decisi\u00f3n la accionante la impugn\u00f3. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Reiterado ha sido el criterio adoptado por la jurisprudencia respecto de la improcedencia, por regla general, de la acci\u00f3n de tutela en contra de providencias judiciales; por lo que solo en forma excepcional se ha admitido para atacarlas cuando con ellas se causa una evidente vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas constitucionales de las personas mediante el ejercicio arbitrario, caprichoso, infundado o rebelado de la actividad jurisdiccional. <\/p>\n

Una de las causas que justifican la procedencia del amparo contra las decisiones proferidas por los juzgadores, se configura cuando \u00e9stos se apartan de manera evidente de las normas sustanciales o procesales aplicables al caso, situaci\u00f3n que termina produciendo vulneraci\u00f3n de los derechos de quienes someten sus controversias a la resoluci\u00f3n de los funcionarios competentes. <\/p>\n

Ese desconocimiento de la ley adjetiva o procesal debe ser, sin embargo, un error trascendente que por tener una influencia directa en la determinaci\u00f3n de fondo que se emite, afecta de manera grave el debido proceso. <\/p>\n

2. En el presente asunto, como resultado del an\u00e1lisis de las providencias en contra de las que se dirigi\u00f3 el reclamo en tutela, esto es, la sentencia que concedi\u00f3 las pretensiones de levantar la afectaci\u00f3n a vivienda familiar, pero limit\u00f3 la vigencia de tal autorizaci\u00f3n a que se inscribiera en un plazo determinado y el prove\u00eddo por medio del cual se declar\u00f3 extinguida tal orden por no realizarse en dicho t\u00e9rmino, se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto las determinaciones que se tomaron en el caso son el resultado de un criterio que conlleva a una ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

En efecto, en el fallo el juzgado concedi\u00f3 \u00abautorizaci\u00f3n para realizar el levantamiento de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar\u00bb, pero otorg\u00f3 un plazo de 90 d\u00edas para que la accionante realizara las diligencias tendientes a consolidar el pronunciamiento, so pena de declarar extinguida la autorizaci\u00f3n; y ante el vencimiento de dicho t\u00e9rmino, como la tutelante no realiz\u00f3 acto alguno, el funcionario judicial declar\u00f3 extinguida su decisi\u00f3n y orden\u00f3 el archivo de la controversia. <\/p>\n

Determinaciones que desconocen el procedimiento establecido en la Ley 258 de 1996 para el levantamiento de la mencionada afectaci\u00f3n y a\u00fan m\u00e1s grave, imponen una sanci\u00f3n que el legislador no estableci\u00f3 en la norma referida, ni en alguna otra. <\/p>\n

Es as\u00ed, que el art\u00edculo 4 del citado ordenamiento establece que: <\/p>\n

Levantamiento de la afectaci\u00f3n. Ambos c\u00f3nyuges podr\u00e1n levantar en cualquier momento, de com\u00fan acuerdo y mediante escritura p\u00fablica sometida a registro, la afectaci\u00f3n a vivienda familiar. <\/p>\n

En todo caso podr\u00e1 levantarse la afectaci\u00f3n, a solicitud de uno de los c\u00f3nyuges, en virtud de providencia judicial en los siguientes eventos: <\/p>\n

2. Cuando la autoridad competente decrete la expropiaci\u00f3n del inmueble o el juez de ejecuciones fiscales declare la existencia de una obligaci\u00f3n tributaria o contribuci\u00f3n de car\u00e1cter p\u00fablico.
\n3. Cuando judicialmente se suspenda o prive de la patria potestad a uno de los c\u00f3nyuges.
\n4. Cuando judicialmente se declare la ausencia de cualquiera de los c\u00f3nyuges.
\n5. Cuando judicialmente se declare la incapacidad civil de uno de los c\u00f3nyuges.
\n6. Cuando se disuelva la sociedad conyugal por cualquiera de las causas previstas en la ley. <\/p>\n

7. Por cualquier justo motivo apreciado por el juez de familia para levantar la afectaci\u00f3n, a solicitud de un c\u00f3nyuge, del Ministerio P\u00fablico o de un tercero perjudicado o defraudado con la afectaci\u00f3n. (\u2026) <\/p>\n

Modificado por el art. 2, Ley 854 de 2003. La afectaci\u00f3n a vivienda familiar se extinguir\u00e1 de pleno derecho, sin necesidades de pronunciamiento judicial, por muerte real o presunta de uno o ambos c\u00f3nyuges. <\/p>\n

De lo que se desprende, que el levantamiento de la afectaci\u00f3n de vivienda familiar, puede hacerse: (i) de com\u00fan acuerdo por los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes, en cualquier momento, caso en el cual \u00e9stos tendr\u00e1n que elevar su pacto a escritura p\u00fablica sometida a registro; o (ii) por solicitud de uno de los esposos o compa\u00f1ero, en virtud de providencia judicial y de acuerdo a los eventos se\u00f1alados por el legislador; o (iii) de pleno derecho, por la muerte real o presunta de uno o ambos integrantes de la pareja. <\/p>\n

Sin embargo, la se\u00f1alada normatividad, en relaci\u00f3n al segundo de las formas se\u00f1aladas y que importan en este asunto, esto es, cuando se decreta la cancelaci\u00f3n por sentencia emitida por funcionario judicial, no establece que para que se consolide la misma deban realizarse otras diligencias, alg\u00fan plazo para llevarlas a cabo o que tal determinaci\u00f3n pueda declararse extinguida pasado el tiempo que disponga el juzgador. <\/p>\n

De ah\u00ed que el fallo que dispone la cancelaci\u00f3n, cobre ejecutoria de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 302 de C\u00f3digo General del Proceso y surta efectos a partir de ese momento para las partes. Diferente es, que para que sea oponible a terceros de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 258 de 1996, deba realizarse la inscripci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula del inmueble, lo que justamente debe ordenarse en la propia sentencia y librarse los respectivos oficios. <\/p>\n

3.1. Sin embargo, en el caso el juzgador, no dispuso el registro de su providencia y menos a\u00fan, se elaboraron los oficios con tal fin, por el contrario, indic\u00f3 que deb\u00edan realizarse otras diligencias tendientes a que su determinaci\u00f3n se consolidara, es decir, cre\u00f3 un tr\u00e1mite adicional al que estableci\u00f3 el legislador para levantar la afectaci\u00f3n y que ni siquiera determin\u00f3 con claridad, pues no se\u00f1al\u00f3 a la parte que diligencias o cargas eran las que quedaban pendientes; adem\u00e1s, fij\u00f3 un t\u00e9rmino judicial de noventa (90) d\u00edas para que se efectuaran las actividades. <\/p>\n

Lo que vulner\u00f3 el principio de legalidad del que debe estar revestidas las determinaciones judiciales, porque si bien de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del art\u00edculo 117 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00aba falta de t\u00e9rmino legal para un acto, el juez se\u00f1alar\u00e1 el que estime necesario para su realizaci\u00f3n de acuerdo con las circunstancias\u00bb, lo cierto es que en asunto, como se ha expuesto no exist\u00eda acto alguno que la parte debiera realizar para que la decisi\u00f3n quedara ejecutoriada y surtiera efectos, al margen que como ya se se\u00f1al\u00f3 su inscripci\u00f3n hace referencia es a la publicidad, necesaria para que sea oponible a terceros, pero no para que se consolidara la providencia. <\/p>\n

Por lo que no queda duda, del desconocimiento del Juzgador de lo establecido en la Ley 258 de 1996, que regula el levantamiento de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar, as\u00ed como que sus actuaciones no ajustaron a las previsiones de ese ordenamiento, con lo que vulner\u00f3 el derecho al debido proceso de la accionante. <\/p>\n

3.2. Pero a\u00fan m\u00e1s grave, es que el funcionario judicial accionado, una vez vencido el t\u00e9rmino judicial que hab\u00eda fijado para realizar las actividades que en su criterio faltaban y que no se\u00f1al\u00f3 cu\u00e1les eran, declar\u00f3 extinguida la autorizaci\u00f3n y dio por terminado el proceso. <\/p>\n

Con lo que aplic\u00f3 una sanci\u00f3n no dispuesta en la Ley y bajo presupuestos del incumplimiento de la parte en cargas procesales que desconoc\u00eda y que por tanto, no se configuraban, lo que limit\u00f3 las garant\u00edas de \u00e9sta. <\/p>\n

Sobre ese aspecto, no puede perderse de vista que las normas sancionatorias son de interpretaci\u00f3n restrictiva1 y no es posible extender su \u00e1mbito de acci\u00f3n a hip\u00f3tesis diferentes de las situaciones y circunstancias que el legislador consider\u00f3 ameritaban esa consecuencia desfavorable, ni tampoco es admisible desconocer el principio de legalidad de las sanciones consagrado en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, que hace parte del n\u00facleo esencial del derecho fundamental al debido proceso aplicable a \u00abtodas las actuaciones judiciales y administrativas\u00bb, conforme al cual no puede existir pena o sanci\u00f3n sin ley que la establezca y precise la infracci\u00f3n o comportamiento merecedor de la misma. <\/p>\n

En relaci\u00f3n al \u00faltimo postulado, la Corte Constitucional, en sentencia C-475 de 2004 se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

[…] En efecto, dicho principio [el de legalidad de las sanciones], que forma parte de las garant\u00edas integrantes de la noci\u00f3n de debido proceso, exige la determinaci\u00f3n precisa de las penas, castigos o sanciones que pueden ser impuestas por las autoridades en ejercicio del poner punitivo estatal. Su operancia no se restringe a los asuntos penales, sino que tiene plena validez \ten el campo de la actividad sancionatoria de la Administraci\u00f3n, toda vez que la misma Carta enuncia que "El debido proceso se aplicar\u00e1 a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas." (C.P art. 29). (…) el comportamiento sancionable\tdebe estar precisado inequ\u00edvocamente, como tambi\u00e9n la sanci\u00f3n correspondiente, a fin de garantizar el derecho al debido proceso a que alude el art\u00edculo 29 superior". (Resalta la Sala). <\/p>\n

Luego, el juzgador al aplicar una sanci\u00f3n que restrinja los derechos de alguna de las partes o los afecte seriamente, debe obrar con estricta sujeci\u00f3n a la ley y con la mayor cautela, moderaci\u00f3n y sensatez, pues la aplicaci\u00f3n injustificada de este castigo entra\u00f1a una restricci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en el que se encuentra contenida la garant\u00eda de la tutela jurisdiccional efectiva. <\/p>\n

Sin embargo, en el caso el funcionario judicial no actu\u00f3 de esa forma, por el contrario, aplic\u00f3 de manera autom\u00e1tica una sanci\u00f3n que adem\u00e1s de no estar dispuesta en alguna norma, no ten\u00eda sustento jur\u00eddico ni f\u00e1ctico, por lo que su determinaci\u00f3n es arbitraria y caprichosa, es especial, cuando pese a que se interpuso recurso de reposici\u00f3n contra esa determinaci\u00f3n, el funcionario de manera obstinada mantuvo su determinaci\u00f3n. <\/p>\n

4. Ahora bien, necesario es aclarar que si bien el legislador establece un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de seis (6) d\u00edas para utilizar la autorizaci\u00f3n de levantamiento de patrimonio de familia, vencido el cual se entender\u00e1 extinguida la misma (Art\u00edculo 681 CGP) y el art\u00edculo 18 de la Ley 70 de 1931, indica noventa (90) d\u00edas, para inscribir la providencia que autoriza su constituci\u00f3n, dichas normas no son, ni eran aplicables, al tr\u00e1mite de cancelaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n de vivienda familiar, pues son dos figuras distintas, que est\u00e1n reguladas en ordenamientos completamente diferentes y tienen finalidades distintas. <\/p>\n

Sobre este punto es fundamental resaltar las diferencias que entre \u00e9stas, se\u00f1al\u00f3 de manera resumida la Corte Constitucional en sentencia C-317 de as\u00ed: <\/p>\n

En conclusi\u00f3n, la Corte encuentra que a pesar de las semejanzas que existen entre las figuras del patrimonio de familia voluntario de propiedad plena de la Ley 70 de 1931, y la afectaci\u00f3n a vivienda familiar de la Ley 258 de 1996, las dos figuras de salvaguardia son independientes y aut\u00f3nomas. Mientras que la constituci\u00f3n de la afectaci\u00f3n de la Ley 258 de 1996, opera por ministerio de la ley con la inscripci\u00f3n del bien en la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos, la garant\u00eda del patrimonio de familia de la Ley 70 de 1931 se constituye de manera voluntaria o facultativa por tr\u00e1mite notarial y judicial. <\/p>\n

As\u00ed mismo, se verifica que existen diferencias en cuanto al levantamiento de la inembargabilidad y la enajenaci\u00f3n del bien inmueble destinado a vivienda. Mientras que en la afectaci\u00f3n de vivienda familiar opera \u00e9sta con la mera voluntad de los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes mediante su consentimiento, en el patrimonio de familia cuando se tengan hijos, adem\u00e1s del consentimiento del c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente, se tiene que dar la autorizaci\u00f3n de los hijos menores por intermedio del curador. <\/p>\n

Del mismo modo, se comprueba que la afectaci\u00f3n de vivienda familiar se extingue por la muerte de uno de los c\u00f3nyuges, \u201csalvo que por justa causa los herederos menores que est\u00e9n habitando el inmueble soliciten al juez que la afectaci\u00f3n se mantenga por el tiempo que esta fuera necesaria (\u2026)\u201d, mientras que el patrimonio de familia voluntario de la Ley 70 permanece a favor del c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y de los hijos menores de edad que conforman el n\u00facleo familiar sin necesidad de autorizaci\u00f3n judicial, por ministerio de la ley. <\/p>\n

Por \u00faltimo, teniendo en cuenta la norma objeto del presente estudio de constitucionalidad, la afectaci\u00f3n de vivienda se constituye sin importar el valor del bien inmueble, mientras que en el caso del patrimonio de familia voluntario de propiedad plena se establece que el valor del bien no puede superar el monto de 250 salarios m\u00ednimos. Dicho valor ser\u00e1 determinante para constituir la salvaguardia en m\u00e1s de un bien inmueble cuando se trate del patrimonio de familia, siempre y cuando la suma del valor de los inmuebles que se constituyen como patrimonio no supere dicho monto. En la afectaci\u00f3n de vivienda la salvaguardia solo opera en un bien inmueble, el destinado a vivienda familiar. <\/p>\n

De lo anterior se infiere, que a pesar de sus similitudes, las dos figuras tienen una clara diferenciaci\u00f3n, lo que imposibilita que se aplique de manera anal\u00f3gica las reglas de una a la otra. <\/p>\n

5. De ah\u00ed, que al advertirse que la sanci\u00f3n impuesta por el juzgado accionado no tiene respaldo en la ley, ni tampoco f\u00e1cticamente, necesario se torna la concesi\u00f3n del amparo impetrado y se impone revocar la sentencia impugnada, para en su lugar, conceder el amparo a los derechos fundamentales a al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de la tutelante. <\/p>\n

En consecuencia, se dejar\u00e1 sin valor ni efecto el numeral segundo de la sentencia de 20 de junio de 2017 y el auto de 23 de abril de 2018, proferidos por el Juzgado Primero de Familia de Santa Marta, as\u00ed como todas aquellas providencias que se desprendan de esas decisiones, para en su lugar, ordenar a dicha autoridad judicial, que dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, realice las actuaciones que en derecho corresponde, esto es, ordene la inscripci\u00f3n de su determinaci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula del inmueble y la elaboraci\u00f3n de los respectivos oficios dirigidos a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y en su lugar CONCEDE el amparo invocado. En consecuencia, dispone: <\/p>\n

PRIMERO: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO el numeral segundo de la sentencia proferida el 20 de junio de 2017 y el auto de 23 de abril de 2018 por el Juzgado Primero de Familia de Santa Marta y todos los prove\u00eddos que de \u00e9stos dependan. <\/p>\n

SEGUNDO; ORDENAR al Juzgado Primero de Familia de Santa Marta, que dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, realice las actuaciones que en derecho corresponde, esto es, ordene la inscripci\u00f3n de su determinaci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula del inmueble y la elaboraci\u00f3n de los respectivos oficios dirigidos a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos. <\/p>\n

SEGUNDO: COMUN\u00cdQUESE telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Presidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tPrecept\u00faa el art\u00edculo 31 del C\u00f3digo \tCivil que \u00ablo favorable u odioso de una \tdisposici\u00f3n no se tomar\u00e1 en cuenta para ampliar \to restringir su interpretaci\u00f3n. La extensi\u00f3n que \tdeba darse a toda ley se determinar\u00e1 por su genuino \tsentido, y seg\u00fan las reglas de interpretaci\u00f3n \tprecedente\u00bb.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC15319-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2018-00163-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintis\u00e9is de septiembre de dos mil dieciocho por el Tribunal Superior de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101939","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101939","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101939"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101939\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101939"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101939"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101939"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}