{"id":101942,"date":"2026-07-01T20:56:25","date_gmt":"2026-07-01T20:56:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101942"},"modified":"2026-07-01T20:56:25","modified_gmt":"2026-07-01T20:56:25","slug":"stc15330-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15330-2018\/","title":{"rendered":"STC15330-2018"},"content":{"rendered":"
Magistrado ponente <\/p>\n

STC15330-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2018-03238-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la tutela de Fernando Antonio Mart\u00ednez Rojas contra las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Superior de la Judicatura y Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Directamente, el promotor solicit\u00f3 que se le resguarden los derechos al debido proceso, buen nombre, defensa, \u201cpronta y cumplida administraci\u00f3n de justicia\u201d y \u201cpresunci\u00f3n de inocencia\u201d, revocando las sentencias que las accionadas emitieron en sus respectivas instancias el 16 de agosto de 2017 y 24 de abril de 2018 y, en subsidio, que la de segunda lo absuelva, en ambos casos por inexistencia de la falta disciplinaria y ordenando eliminar su anotaci\u00f3n en el Registro Nacional de Abogados. <\/p>\n

2. Refiri\u00f3 que en el ejecutivo quirografario que le sigui\u00f3 el Edificio Centro Empresarial Cien P.H. tuvo una \u201cirreconciliable controversia\u201d con el Juez Cincuenta y Seis Civil Municipal de Bogot\u00e1, quien favoreci\u00f3 a su contraparte en el tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, por lo que le puso de presente la incursi\u00f3n en prevaricato, lo que \u00e9ste replic\u00f3 enviando copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y al Consejo Superior de la Judicatura de la ciudad, mientras que \u00e9l lo denunci\u00f3 penalmente. <\/p>\n

Se quej\u00f3 que la actuaci\u00f3n surgida en la segunda entidad est\u00e1 viciada porque no pudo rendir versi\u00f3n libre debido a que el correo urbano lleg\u00f3 tarde y no hab\u00eda autorizado \u201cpreviamente y por escrito\u201d su notificaci\u00f3n electr\u00f3nica; adem\u00e1s, se bas\u00f3 en una compulsa insuficiente e inid\u00f3nea que apuntaba al irrespeto a la administraci\u00f3n de justicia, pero al absolver interrogatorio el juez afirm\u00f3 sin demostrarlo que derivaba de que \u00e9l le achac\u00f3 recibir dinero de la parte actora. <\/p>\n

Adem\u00e1s, los acusados ignoraron que el mismo funcionario afirm\u00f3 \u201cfalazmente\u201d que no objet\u00f3 las cuentas ni present\u00f3 liquidaci\u00f3n alternativa, \u201cse invent\u00f3 unos t\u00e9rminos procesales\u2026para que la parte actora subsanara sus yerros\u201d y fue \u201crenuente a comparecer\u201d al juicio disciplinario. <\/p>\n

Tambi\u00e9n, que no ponderaron su carencia de \u201canimus injuriandi\u201d, comoquiera que solo puso \u201cde presente la falta de imparcialidad del juez de conocimiento\u201d, ni que el art\u00edculo 32 de la Ley 1123 de 2007 condiciona la tipificaci\u00f3n a que \u201cla injuria o la acusaci\u00f3n sean temerarias\u201d, circunstancia que no se dio porque present\u00f3 reposici\u00f3n, ante la \u201csoberbia\u201d del servidor tuvo que \u201cexplicarle su comportamiento a la luz de las normas de derecho penal, no para injuriarlo sino para ilustrarlo\u2026Y coherentemente lo denunci[\u00f3] ante el competente\u201d y, a la final, el mismo y su contraparte le \u201cdieron la raz\u00f3n\u201d, lo cual lo libr\u00f3 \u201cde pagar millones de pesos\u201d <\/p>\n

INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

1. La Juez Cincuenta y Seis Civil Municipal destac\u00f3 que este no es un medio alternativo de guarda. Adem\u00e1s, inform\u00f3 que a partir de 14 de agosto de 2015 est\u00e1 al frente del Despacho, por lo que carece de elementos para pronunciarse sobre lo ocurrido previamente. <\/p>\n

2. El Magistrado Ponente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura pidi\u00f3 declarar la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para conocer las diligencias y, en caso de no aceptarse, propuso \u201ccolisi\u00f3n positiva\u201d, arguyendo que de acuerdo con las reglas de transici\u00f3n del Acto Legislativo 02 de 2015 y lo manifestado por la Corte Constitucional, mientras no se posesionen los Magistrados de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, los miembros de la <\/p>\n

Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no s\u00f3lo la funci\u00f3n jurisdiccional disciplinaria frente acciones constitucionales en los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 86 Superior, sino tambi\u00e9n, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela. <\/p>\n

Destac\u00f3 que los art\u00edculos 86 de la Carta Magna y 37 del Decreto 2591 de 1991 consagran una \u201ccompetencia a prevenci\u00f3n\u201d, sin que el Decreto 1983 de 2017 pueda alterarla, debiendo aplicarse la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad a su art\u00edculo 1\u00ba, numerales 2, 3, 4, 6, 8 y 10, pues seg\u00fan el literal a) del canon 152 de la Carta Pol\u00edtica tal modificaci\u00f3n s\u00f3lo procede mediante Leyes Estatutarias. <\/p>\n

Por otra parte, sostuvo que el querellante incurri\u00f3 en el comportamiento por el que se le sancion\u00f3, y destac\u00f3 que su fallo fue adoptado con base en una valoraci\u00f3n adecuada de las pruebas practicadas, respetando el debido proceso y la \u201cdoble instancia\u201d, por lo que la actual pretensi\u00f3n es acceder a una tercera no prevista por el legislador. <\/p>\n

3. El Juzgado Catorce Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 puso de presente que la censura no lo involucra. <\/p>\n

4. El apoderado constituido por la administradora del Edificio Empresarial Calle Cien P.H. puso de presente que esta no es parte en el tr\u00e1mite disciplinario ni tiene inter\u00e9s en este. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. En relaci\u00f3n con la r\u00e9plica del Honorable Magistrado Camilo Montoya Reyes, es preciso poner de presente que, en lo pertinente, el art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso aplicable a estos asuntos por remisi\u00f3n del 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 prescribe que <\/p>\n

Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenar\u00e1 remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitar\u00e1 que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional com\u00fan a ambos, al que enviar\u00e1 la actuaci\u00f3n. Estas decisiones no admiten recurso. El juez no podr\u00e1 declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional. El juez que reciba el expediente no podr\u00e1 declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales. <\/p>\n

De lo que emerge, en primer lugar, que la norma s\u00f3lo regula conflictos \u201cnegativos\u201d, es decir, cuando son los procesos son repelidos, por lo que independientemente de lo que esta Sala defina sobre este t\u00f3pico no puede conllevar que el pliego genitor y sus anexos se trasladen a la Corte Constitucional para que \u00e9sta dirima una disputa inexistente desde el punto de vista legal. <\/p>\n

Adicionalmente, si se admitiera que tal controversia pudiera plantearse, lo cierto es que de dicho precepto, la doctrina y la jurisprudencia que lo alimentan, palmariamente se advierte que colisiones as\u00ed s\u00f3lo pueden suscitarse entre juzgadores que atraen para s\u00ed el pleito, pero en este evento el Magistrado que insin\u00faa la colisi\u00f3n, no obstante ser miembro de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, no obra en calidad de vocero de esta autoridad con funciones \u201cconstitucionales\u201d sino como parte demandada, m\u00e1xime que fue el Ponente del prove\u00eddo atacado. <\/p>\n

En consecuencia, este breve examen se contrae a una presunta falta de facultad de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia para \u201ccontinuar\u201d conociendo esta disputa. <\/p>\n

Sobre lo que de entrada es preciso indicar que el Decreto 1983 de 2017 se encuentra plenamente vigente desde el 30 de noviembre de ese a\u00f1o cuando fue publicado, sin que haya sido suspendido ni mucho menos declarado inexequible como en su oportunidad tampoco sucedi\u00f3 con la mayor\u00eda de preceptos del 1382 de 2000 que lo precedi\u00f3, de similar rango, origen y contenido, conforme lo determin\u00f3 el 18 de julio de 2002 el Consejo de Estado. <\/p>\n

La Corte no observa \u201cexcepci\u00f3n de inconstitucionalidad\u201d alguna que declarar como lo pide el extremo citado, por cuanto aquel compendio trae meras pautas de reparto entre todos los juzgadores de esta jurisdicci\u00f3n, no por ello de menor observancia, las que en este caso se han observado cabalmente en armon\u00eda con el principio \u201ca prevenci\u00f3n\u201d, por cuanto el promotor dirigi\u00f3 este libelo a los \u201cHonorables Magistrados-Sala de Casaci\u00f3n Civil-Corte Suprema de Justicia\u201d y en esa medida lo radic\u00f3 en esta sede, circunstancia simple pero suficiente por la cual no habr\u00eda motivo para que se rehusara y enviara a otra juzgadora. <\/p>\n

En tal orden de ideas, es contradictorio alegar que las \u00fanicas disposiciones de \u201ccompetencia\u201d a tener en cuenta son las establecidas en los art\u00edculos 86 de la Constituci\u00f3n y 37 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto la fijan \u201ca prevenci\u00f3n\u201d en cualquier juez de la Rep\u00fablica, excepto en el caso de los medios de comunicaci\u00f3n, pero en \u00faltimas acogerse a los dictados del derogado Decreto 1382 de 2000 que en el caso de una guarda contra \u201c\u2026el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria\u201d contempla que \u201cser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, secci\u00f3n o subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00ba del presente decreto\u201d (inc. 2, num. 2, art. 1). <\/p>\n

Porque de no ser con base en este \u00faltimo canon de igual rango que el nuevo (1983), no podr\u00eda entenderse que el encartado reclame el caso para el Consejo Superior de la Judicatura, comoquiera que bien podr\u00eda ser cualquier otra \u201cautoridad\u201d la habilitada para ese fin \u201ca prevenci\u00f3n\u201d, sin que resulte un desprop\u00f3sito que sea la Corte Suprema como lo prev\u00e9 la nueva normatividad. <\/p>\n

En consecuencia, se desestimar\u00e1 la \u201cexcepci\u00f3n de inconstitucionalidad\u201d propuesta y no se resignar\u00e1 la facultad para conocer el litigio, como tampoco se suscitar\u00e1 conflicto por esta situaci\u00f3n. <\/p>\n

2. Este es un instrumento preferente y sumario mediante el que toda persona puede pedir que los jueces preserven garant\u00edas fundamentales violadas o amenazadas por los servidores p\u00fablicos, o por los particulares en los precisos eventos contemplados en el art\u00edculo 86 de la Carta Magna, destac\u00e1ndose como presupuestos esenciales la inmediatez y la residualidad. <\/p>\n

Atinente al primero de tales requisitos, cabe precisar que la custodia s\u00f3lo es procedente si se impetra en un plazo razonable que, en principio, ha sido fijado en un semestre, salvo que se justifique la demora, pues, concederla en cualquier momento atentar\u00eda contra la seguridad jur\u00eddica y los privilegios de los terceros, en tanto que premiar\u00eda la desidia del libelista, quien al dejar pasar el tiempo a ciencia y paciencia desdice de que en verdad haya sido lesionado por el obrar que denuncia. <\/p>\n

En torno a este t\u00f3pico, la Corporaci\u00f3n ha dicho que <\/p>\n

(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC291-2017). <\/p>\n

A tales postulados se suman los espec\u00edficos sobre resoluciones \u201cjudiciales\u201d, con venero en los defectos org\u00e1nico, procedimental absoluto, f\u00e1ctico y \u201csustantivo\u201d, as\u00ed como en error inducido, falta de motivaci\u00f3n, desconocimiento del \u201cprecedente\u201d o violaci\u00f3n directa de la norma fundante, seg\u00fan que, en su orden, el emisor carezca totalmente de competencia, obre radicalmente al margen del ritual previsto, no se base en las probanzas regularmente acopiadas, aplique las reglas en forma completamente alejada de sus previsiones, sea enga\u00f1ado por la actividad de \u201cterceros\u201d, omita analizar adecuadamente los hechos y disposiciones relevantes, ignore la doctrina que \u00e9l mismo, sus pares o superiores jer\u00e1rquicos han sentado en torno a lo debatido o contrar\u00ede frontalmente los dictados de la norma fundante. <\/p>\n

De tal manera que la tutela exclusivamente se abre paso en los inusuales casos en que los falladores incurran en una protuberante trasgresi\u00f3n de la legislaci\u00f3n patria, es decir, \u201ccon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado[s] en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure[n] \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u201d (entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada STC1842-2017), lo que de suyo descarta divergencias meramente interpretativas, m\u00e1xime si \u00e9stas ata\u00f1en a la apreciaci\u00f3n de los medios suasorios, escenario en el que con mayor fuerza campean la independencia y autonom\u00eda que los art\u00edculos 228 y 230 \u00eddem reconocen a la judicatura. <\/p>\n

3. De conformidad con lo se\u00f1alado anteriormente, en lo concerniente a la supuesta indebida notificaci\u00f3n al libelista y con ello, su imposibilidad de asistir a la versi\u00f3n libre, la Corte observa que no se colma la prontitud que caracteriza este medio, por cuando habi\u00e9ndose realizado la audiencia de versi\u00f3n libre el 22 de septiembre de 2015, solo hasta ahora, 18 de octubre de 2010, es decir, pasados m\u00e1s de tres a\u00f1os, luego de finiquitadas las instancias, viene a reclamar por ello. <\/p>\n

Sobre este \u00faltimo \u00edtem, la Sala dijo recientemente que <\/p>\n

(…) no resulta admisible que s\u00f3lo ahora que el auto…es desfavorable a los intereses de la quejosa esta venga a proponer un examen panor\u00e1mico de todo el procedimiento seguido para intentar extraer que si los juzgadores y su contraparte hubiesen obrado de una u otra forma ella no habr\u00eda resultado perjudicada (STC3658-2018). <\/p>\n

4. Con todo, es preciso destacar que al examinar la requisitoria de nulidad que Mart\u00ednez Rojas propuso en la alzada, en la sentencia de 24 de abril de 2018 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura examin\u00f3 razonablemente el tema, poniendo de presente los aspectos de hecho y de derecho por los cuales estimaba que la vinculaci\u00f3n se realiz\u00f3 en debida forma y, por tanto, respaldaba el criterio del a quo. <\/p>\n

En tal sentido, dijo que si bien el telegrama fue enviado el 21 de septiembre de 2015 y al parecer fue entregado el 24 del mismo mes, la fecha programada fue comunicada al destinatario "con antelaci\u00f3n mayor a 24 horas" al correo electr\u00f3nico fmriuris@gmail.com que aparece sistem\u00e1ticamente en memoriales previamente allegados por el mismo en 2013 y 2015 a la ejecuci\u00f3n, de lo que "no se puede inferir otra cosa que autorizaci\u00f3n para el env\u00edo de notificaciones judiciales", como lo exige el art\u00edculo 72 de la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n

Por lo cual, <\/p>\n

(…) teniendo en cuenta el conocimiento del abogado sobre la existencia del presente proceso disciplinario, esta Corporaci\u00f3n concluye que el profesional del derecho Fernando Antonio Mart\u00ednez Rojas, fue notificado en debida forma, antes de la diligencia programada para el 22 de septiembre de 2015, antes de la misma y con el suficiente tiempo para prepararla m\u00e1xime si se tiene en cuenta la fecha de apertura de investigaci\u00f3n, as\u00ed como para solicitar su aplazamiento. <\/p>\n

Otro tanto puede apreciarse en relaci\u00f3n con la protesta por la aparente responsabilidad objetiva que se le habr\u00eda atribuido, en cuanto tras determinar que el comportamiento endilgado encuentra venero en el art\u00edculo 32 de la Ley 1123 de 2007 y explicar lo que constituye la injuria prevista en ella y c\u00f3mo la sanci\u00f3n procede cuando se demuestra la culpabilidad, partiendo de la incontrovertible presencia de escritos de 25 de abril y 8 de mayo de 2013 donde el acusado efectuaba imputaciones deshonrosas, en concreto de "prevaricato", la Sala Superior expres\u00f3 que <\/p>\n

Ante la inexistencia de fallo judicial en el cual se indique que los funcionarios judiciales cometieron alg\u00fan tipo de delito o falta, como lo asegur\u00f3 en sus escritos el profesional del derecho, por ejemplo al acusar al Juez Melquisedec Villanueva Echavarr\u00eda de prevaricador o de actuar de manera dolosa en sus determinaciones, esta Sala considera, se ha configurado el elemento subjetivo del tipo endilgado, al doctor Fernando Mart\u00ednez Rojas, esto es el animus injuriandi. Pues t\u00e9ngase en cuenta dichas afirmaciones no pueden verse sino como una apreciaci\u00f3n del encartado quien solo dos meses despu\u00e9s interpuso denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n

Para finalizar indicando que las explicaciones dadas por el abogado s\u00f3lo podr\u00edan tenerse en cuenta "si realmente justificaran su actuar, en el sentido por ejemplo de que se hubiese comprobado el delito que se acusa se ha cometido", lo que a rengl\u00f3n seguido estableci\u00f3 que no se dio, argumentos que dejan sin apoyo las alegaciones en relaci\u00f3n con la supuesta inobservancia de la actuaci\u00f3n del funcionario que a juicio del censor habr\u00eda quedado demostrada en los t\u00e9rminos en que la reproch\u00f3 y que originaron la investigaci\u00f3n a que se ha hecho alusi\u00f3n. <\/p>\n

Igualmente, se refiri\u00f3 a la presunta falta de idoneidad de las copias expedidas para el fin sancionatorio que finalmente se les dio, explicando que <\/p>\n

(…) tambi\u00e9n asegur\u00f3 el apelante, que no se analiz\u00f3 la compulsa de copias de conformidad con el art\u00edculo 69 de la Ley 1123 de 2007, seg\u00fan el cual el follador de instancia, ante quejas falsas y temerarias, referidas a hechos irrelevantes o de imposible ocurrencia deber\u00e1 inhibirse. Pues bien, este argumento tampoco ser\u00e1 acogido por esta Sala, por cuantos (sic) es clara la raz\u00f3n por la cual el funcionario judicial a cargo del proceso ejecutivo singular radicado NO. 2006-0754 compuls\u00f3 copias, y dicha orden conten\u00eda todos los elementos necesarios para realizar la apertura de la investigaci\u00f3n y dar tr\u00e1mite al proceso disciplinario, como en efecto se hizo. <\/p>\n

Semejantes reflexiones, como se dijera en CSJ STC, 9 oct. 2013, exp. 2013-279-01, reiterada STC5749-2015, si se rese\u00f1an y en algunos casos se trascriben a pesar de "…que las partes [las] conocen suficientemente, [es] para dejar claro que, en lo pertinente, contienen razonamientos que ac\u00e1 no pueden sustituirse", toda vez que vierten un pensamiento plausible en torno a la configuraci\u00f3n de la responsabilidad disciplinaria del procesado Fernando Antonio Mart\u00ednez Rojas por haber tipificado el tipo previsto en el art\u00edculo 32 de la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n

De tal forma que aunque en gracia de discusi\u00f3n pudiera ensayarse una hermen\u00e9utica distinta, como la que propone el precursor, conforme a la cual la citaci\u00f3n que se le hizo no era id\u00f3nea porque no pod\u00eda predicarse que hubiese autorizado ser notificado al correo electr\u00f3nico que suministr\u00f3 en la ejecuci\u00f3n; que las copias que se compulsaron por s\u00ed solas no eran suficiente fundamento para condenarlo; que en vez de tener en cuenta que no existe sanci\u00f3n penal al juez que justificara su imputaci\u00f3n debi\u00f3 estudiarse directamente el proceder del otrora Juez Cincuenta y Seis y, en esa misma direcci\u00f3n, que el mismo no pudo acreditar su afirmaci\u00f3n de que le hab\u00eda endilgado recibir dinero de la parte ejecutante, etc., no es esta la oportunidad para ese ejercicio, pues se ha dicho hasta la saciedad que este medio no fue dise\u00f1ado para imponer un pensamiento sino para remediar los descarr\u00edos superlativos en que incurren los "jueces ordinarios" en la ex\u00e9gesis del ordenamiento y su subsunci\u00f3n a los casos que rit\u00faan, que por ning\u00fan lado se ven aqu\u00ed, toda vez que plausiblemente establecieron satisfechos los elementos para imponer la sanci\u00f3n. <\/p>\n

5. As\u00ed las cosas, se negar\u00e1 el amparo deprecado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela de Fernando Antonio Mart\u00ednez Rojas contra las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Superior de la Judicatura y Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente a los interesados lo resuelto en esta providencia y, de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Magistrado ponente STC15330-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2018-03238-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la tutela de Fernando Antonio Mart\u00ednez Rojas contra las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Superior de la Judicatura y Seccional de la Judicatura […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101942","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101942","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101942"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101942\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101942"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101942"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101942"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}