{"id":101945,"date":"2026-07-01T20:57:24","date_gmt":"2026-07-01T20:57:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101945"},"modified":"2026-07-01T20:57:24","modified_gmt":"2026-07-01T20:57:24","slug":"stc15333-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15333-2018\/","title":{"rendered":"STC15333-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC15333-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02206-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 3 de octubre de 2018 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 mediante la cual neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Diego Mauricio Ayala Torres contra la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1 y Cundinamarca, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Bogot\u00e1 y Cundinamarca, Compensar E. P. S. y la A. R. L. Compa\u00f1\u00eda de Seguros Positiva S. A. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El gestor, por intermedio de apoderado, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, salud, dignidad humana, seguridad social, vida digna, m\u00ednimo vital, \u00abestado de debilidad manifiesta\u00bb, trabajo, \u00abestabilidad laboral de incapacitados\u00bb y \u00abestabilidad laboral relativa o intermedia\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1. \tQue desde el 5 de octubre de 2006 y hasta el 21 de septiembre de 2018 desempe\u00f1\u00f3 el cargo de Asistente Administrativo Grado 7 en la entidad encartada del cual fue desvinculado dado el nombramiento en propiedad de conformidad con la lista de elegibles. <\/p>\n

2.2. Afirm\u00f3, que el 3 de marzo de 2014 empez\u00f3 a sufrir trauma en las manos y antebrazos conocido como \u00abtenosinovitis\u00bb y en el a\u00f1o 2015 se le diagnostic\u00f3 \u00abcervicodorsalgia, tumefacci\u00f3n y epicondilitis lateral\u00bb por lo que fue remitido a \u00abcalificaci\u00f3n de origen y restricciones laborales, electromiograf\u00eda y fisioterapia\u00bb. <\/p>\n

2.3. Adujo, que el 15 de marzo de 2016 solicit\u00f3 a la Coordinaci\u00f3n de Bienestar y Salud Ocupacional \u00ablas recomendaciones laborales puesto que de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 1\u00b0 de la Resoluci\u00f3n 1918 del 05 de junio de 2009, el costo de las evaluaciones m\u00e9dicas ocupacionales y de las pruebas o valoraciones complementarias que se requiere, son a cargo del empleador en su totalidad\u00bb frente a lo que el 7 de abril posterior, se le inform\u00f3 que \u00abse corr\u00eda traslado a la ARL para [su] intervenci\u00f3n [\u2026] mediante un examen ocupacional\u00bb y el d\u00eda 13 siguiente se le realiz\u00f3 un examen m\u00e9dico ocupacional aconsej\u00e1ndole \u00abcontinuar el proceso con la EPS\u00bb y seguir una serie de recomendaciones. <\/p>\n

2.4. Sostuvo, que el 25 de mayo de 2016 present\u00f3 derecho de petici\u00f3n ante el Presidente del Comit\u00e9 Paritario de Seguridad en el Trabajo para que \u00abpor su intermedio se pronunciara la ARL sobre [su] caso\u00bb recibiendo respuesta el 17 de junio posterior inform\u00e1ndole que \u00aben el expediente no exist\u00edan recomendaciones de tipo laboral tanto como de compensar como de la ARL\u00bb. <\/p>\n

2.5. Manifest\u00f3, que el 12 de febrero de 2018 elev\u00f3 petici\u00f3n ante la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura en el que inform\u00f3 \u00abtodas las anomal\u00edas presentadas en su condici\u00f3n m\u00e9dico-laboral y notifica su condici\u00f3n de padre cabeza de familia a cargo de una menor de edad en condici\u00f3n de discapacidad (autismo severo)\u00bb respecto al que el 21 de febrero hoga\u00f1o le respondieron \u00abhaci\u00e9ndole un recuento constitucional de los empleos del estado, sin resolver de fondo [su] solicitud planteada; por el contrario, manifestando que la situaci\u00f3n de [su] cliente la debe resolver el Director Ejecutivo Seccional\u00bb. <\/p>\n

2.6. Asever\u00f3, que el 17 de julio de los corrientes fue notificado del dictamen de la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Bogot\u00e1 y Cundinamarca en el que se confirm\u00f3 el origen de su enfermedad como laboral frente al que la ARL present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

2.7. Reproch\u00f3, que la autoridad encartada al proceder a efectuar el nombramiento en propiedad en el cargo que desempe\u00f1aba desconoci\u00f3 su \u00abcondici\u00f3n de invalidez de origen laboral\u00bb y \u00absu condici\u00f3n especial reforzada de padre cabeza de familia con menor a cargo en condici\u00f3n de discapacidad\u00bb. <\/p>\n

3. Solicit\u00f3, conforme a lo relatado, se amparen sus derechos fundamentales como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, en consecuencia, se ordene \u00abreintegrarlo a su cargo de Asistente Administrativo Grado 7, ocasionado con el despido sin justa causa y estando en su condici\u00f3n especial reforzada de discapacidad y padre cabeza de familia con hija menor de edad en condici\u00f3n de discapacidad (autismo severo)\u00bb que \u00abal momento del reintegro la entidad demandada [le] pague [\u2026] todos los salarios dejados de percibir y pague al sistema de seguridad social, los aportes correspondientes a [su] favor para cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte\u00bb (fls. 2-12). <\/p>\n

4. La acci\u00f3n de tutela fue radicada inicialmente ante el Juzgado Veintiocho Administrativo de Bogot\u00e1 el que mediante auto de 25 de septiembre de 2018 dispuso la remisi\u00f3n de las diligencias al Tribunal Superior del Distrito Judicial asumiendo el conocimiento la Sala Civil el d\u00eda 26 posterior y denegando el amparo el 3 de octubre hoga\u00f1o, determinaci\u00f3n frente a la que se interpuso la impugnaci\u00f3n que es objeto de estudio. <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

La Presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que el gestor \u00abpresent\u00f3 petici\u00f3n el 13 de febrero de 2018, en la que solicitaba fuera tenido en cuenta para los \u00faltimos nombramientos en propiedad para el cargo en comento, por cuanto se encontraba en proceso de calificaci\u00f3n de invalidez y ostentaba la calidad de padre de menor en condici\u00f3n de discapacidad\u00bb frente al cual \u00aby contrario a lo que el accionante expresa en su escrito de tutela, s\u00ed se le brind\u00f3 respuesta de fondo mediante oficio CSJBTO18-1344 del 21 de febrero posterior, en la que se le explic\u00f3 de la obligaci\u00f3n que como sala [les] impon\u00eda la Carta Pol\u00edtica y la Ley 270 de 1996; de remitir las listas de elegibles para el cubrimiento en propiedad de los cargos vacantes, dando prevalencia al m\u00e9rito, con la correspondiente explicaci\u00f3n de los tipos de provisi\u00f3n existentes y la inestabilidad que le rodea al personal que ocupa en provisionalidad un cargo de carrera\u00bb. <\/p>\n

Relev\u00f3, que \u00abde igual manera y frente a las situaciones administrativas que pueden ostentar los empleados en provisionalidad entre ellas la incapacidad m\u00e9dica; en dicho oficio, nos remitimos a lo expresado por el H. Consejo de Estado, Corporaci\u00f3n que se\u00f1al\u00f3 que dicha situaci\u00f3n no impide la remoci\u00f3n de un empleado en provisionalidad, cuando as\u00ed procede; en tanto la situaci\u00f3n de salud expuesta no era raz\u00f3n que permitiera suspender el env\u00edo y tr\u00e1mite de las listas\u00bb y de igual forma \u00abse le ilustr\u00f3 a cerca de los derechos y garant\u00edas constitucionales y legales que le asisten frente a la seguridad social integral a quienes quedan desvinculados de un cargo, espec\u00edficamente en cuanto a su protecci\u00f3n en salud y atenci\u00f3n m\u00e9dica\u00bb respuesta en la que \u00ab[dejaron] en claro que la decisi\u00f3n de los nombramientos y tr\u00e1mite de la lista de elegibles era responsabilidad exclusiva del Director Ejecutivo Seccional de Administraci\u00f3n Judicial, como nominador de la entidad\u00bb. <\/p>\n

Precis\u00f3, que \u00aben cuanto a la inconformidad del tutelante frente a su vinculaci\u00f3n con la DESAJ y los tr\u00e1mites adelantados para la calificaci\u00f3n de invalidez, no reside la competencia en esta Sala\u00bb. Solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite (fl. 151 y vuelto). <\/p>\n

Compensar E. P. S., sostuvo que \u00abno est\u00e1 facultada legalmente para proceder al reintegro laboral del actor con la Direcci\u00f3n Ejecutiva Secci\u00f3n de Administraci\u00f3n Judicial, en cuanto [\u2026] no maneja ning\u00fan tipo de relaci\u00f3n contractual con dicha entidad y por lo tanto no podr\u00eda [dar] tr\u00e1mite a dicha pretensi\u00f3n, por lo que no encontramos frente a un caso de falta de legitimidad en la causa por pasiva\u00bb am\u00e9n que \u00abni la vida ni la salud del accionante se encuentran en riesgo por conducta alguna de COMPENSAR EPS dado que el cubrimiento de los servicios se mantiene siempre y cuando el se\u00f1or DIEGO MAURICIO AYALA TORRES conserve vigente su afiliaci\u00f3n, en el presente caso actualmente activa, pero con probabilidades de suspensi\u00f3n en raz\u00f3n de la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral con su empleador, y que acarreara consecuentemente la p\u00e9rdida del v\u00ednculo contractual con esta EPS en caso de que el pr\u00f3ximo mes su empleador o el mismo usuario no efectu\u00e9 el pago de los aportes a su nombre\u00bb. Requiri\u00f3 que se deniegue la protecci\u00f3n implorada (fls. 160-164). <\/p>\n

El Secretario Principal de la Sala de Decisi\u00f3n No. 3 de la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Bogot\u00e1 y Cundinamarca, puso de presente que mediante dictamen No. 79900428-4352 de 6 de julio de 2018 calific\u00f3 \u00ablos diagn\u00f3sticos epicondilitis lateral y bilateral, tenosinovitis de estiloides radical [de quervain] izquierdo de origen enfermedad laboral\u00bb contra el que la A. R. L. Positiva interpuso recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n y que \u00aben los pr\u00f3ximos d\u00edas se verificar\u00e1 que los recursos se hayan presentado dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria y en caso de encontrarlos ajustados, se resolver\u00e1 el de reposici\u00f3n que de no accederse a las pretensiones del recurrente, se remitir\u00e1 el expediente a la Junta Nacional una vez la entidad responsable de pago (ARL POSITIVA) , acredite el pago de los honorarios a esa instancia, de conformidad con lo se\u00f1alado en el inciso 4 del art\u00edculo 2.2.5.1.41 del Decreto 1072 de 2015, que establece que la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez no remitir\u00e1 el expediente a la Junta Nacional si no se allega la consignaci\u00f3n de los honorarios de esta \u00faltima\u00bb. <\/p>\n

Resalt\u00f3, que \u00abla presente acci\u00f3n de tutela va encaminada a que se ordene a la empresa el reintegro laboral, as\u00ed como al pago de acreencias laborales, circunstancias ajenas a las competencias de las Juntas de Calificaci\u00f3n de Invalidez que no es otra que a trav\u00e9s de un procedimiento t\u00e9cnico especializado realizar una calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral, la determinaci\u00f3n del origen y la fecha de su estructuraci\u00f3n cuando sea el caso\u00bb. Pidi\u00f3, se le desvincule del presente asunto toda vez que \u00aben ning\u00fan momento ha vulnerado alg\u00fan derecho fundamental al se\u00f1or Ayala, pues los procedimientos se ajustan a lo dispuesto por el t\u00edtulo 5 del Decreto 1072 de 2015 y dem\u00e1s disposiciones legales vigentes\u00bb (fls. 165 y 166). <\/p>\n

El Director Ejecutivo Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1 y Cundinamarca expres\u00f3 que el motivo de la desvinculaci\u00f3n del accionante obedeci\u00f3 al nombramiento en propiedad en el cargo por \u00e9l desempe\u00f1ado as\u00ed mismo que \u00abno se cuenta con un dictamen de p\u00e9rdida de capacidad que infiera discapacidad y\/o invalidez del se\u00f1or Ayala Torres, como tampoco se evidencia en el expediente administrativo, soporte de que el ex-servidor, tuviese la calidad de padre cabeza de familia, como tampoco la allega al escrito de tutela\u00bb. <\/p>\n

Estim\u00f3, que \u00abno ha vulnerado, ni amenazado los derechos fundamentales se\u00f1alados por el accionante, puesto que en acatamiento de los mandatos constitucionales, como en el acuerdo, tantas veces mencionados, procedi\u00f3 a nombrar en propiedad a la se\u00f1ora Nohora Patricia P\u00e9rez D\u00edaz, quien se encontraba en la lista de elegibles para proveer el cargo que hasta la fecha ostentaba en provisionalidad el se\u00f1or Ayala Torres\u00bb. Inst\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela \u00abteniendo en cuenta que el requerimiento de la accionante fue atendido, configur\u00e1ndose as\u00ed un hecho superado\u00bb (fls. 167-169). <\/p>\n

Nohora Patricia P\u00e9rez D\u00edaz, quien fue la persona designada en propiedad en el cargo que desempe\u00f1aba el gestor en provisionalidad, luego de pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del libelo introductorio, manifest\u00f3 que \u00abcomo quiera que la parte actora, en este caso el se\u00f1or DIEGO MAURICIO AYALA TORRES, pretende continuar incorporado en el cargo de Asistente Administrativo Grado 7 de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1 y Cundinamarca con sede en el CAN, debo poner de presente que la suscrita tom\u00f3 posesi\u00f3n en propiedad de dicho cargo el de octubre del a\u00f1o 2018, consolid\u00e1ndose de esta manera los derechos adquiridos de quien este caso pas\u00f3 en carrera y, consum\u00e1ndose la desvinculaci\u00f3n del se\u00f1or DIEGO MAURICIO AYALA TORRES, por lo que a este no le asistir\u00eda ning\u00fan derecho frente a dicho cargo; ya si se considera que le corresponde alg\u00fan derecho al demandante, esto debe ser objeto de pronunciamiento por el empleador y no por la suscrita\u00bb. Suplic\u00f3 la negaci\u00f3n de la salvaguarda (fls. 202-208). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Relev\u00f3, que \u00abahora bien, aun dejando de lado lo anterior, es claro que "cuando un funcionario ocupa en provisionalidad un cargo de carrera, y es adem\u00e1s sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, como por ejemplo, madres o padres cabeza de familia, funcionarios que est\u00e1n pr\u00f3ximos a pensionarse o funcionarios que padecen discapacidad f\u00edsica, mental, visual o auditiva, 'concurre una relaci\u00f3n de dependencia intr\u00ednseca entre la permanencia en el empleo p\u00fablico y la garant\u00eda de sus derechos fundamentales, particularmente el m\u00ednimo vital y la igualdad de oportunidades"', caso en el cual "debe otorg\u00e1rseles un trato preferencial como acci\u00f3n afirmativa, antes de efectuar el nombramiento de quienes ocuparon los primeros puestos en la lista de elegibles del respectivo concurso de m\u00e9ritos, con el fin de garantizar el goce efectivo de sus derechos\u201d\u00bb de ah\u00ed que \u00abel ruego tuitivo proceda excepcionalmente "cuando se afecten derechos de personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta como consecuencia de su condici\u00f3n econ\u00f3mica, f\u00edsica o mental y, adicionalmente, en los casos en los cuales se predica el derecho a la estabilidad laboral reforzada", tal como lo aleg\u00f3 el actor en su escrito introductor\u00bb. <\/p>\n

Precis\u00f3, que \u00absobre el particular, la jurisprudencia asent\u00f3 que "una persona en situaci\u00f3n de debilidad manifiesta por deterioro en su estado de salud, ser\u00e1 titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada" prevista en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, cuando se hallen acreditadas las siguientes exigencias: "(i) se encuentre demostrado que padece de serios problemas de salud; (ii) cuando no haya una causal objetiva de desvinculaci\u00f3n; (iii) subsistan las causas que dieron origen a la relaci\u00f3n laboral; y (iv) el despido se haya hecho sin la autorizaci\u00f3n previa del inspector de trabajo\u201d\u00bb al margen que \u00abel afectado cuente "con una discapacidad declarada, certificada y cuantificada por una junta de calificaci\u00f3n m\u00e9dica'", y sin importar que la aludida discapacidad tenga el "car\u00e1cter de accidente, enfermedad profesional, o de origen com\u00fan, ni si es de car\u00e1cter transitorio o permanente\u201d\u00bb. <\/p>\n

Resalt\u00f3, que \u00absin embargo, adem\u00e1s que en este asunto no se acredit\u00f3 que la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo laboral haya acaecido con ocasi\u00f3n de la enfermedad del gestor -por el contrario, \u00e9ste afirm\u00f3 que obedeci\u00f3 a una causa objetiva cual fue el nombramiento en propiedad de quien se encontraba en la respectiva lista de elegibles-, lo cierto es que ninguno de los elementos de convicci\u00f3n recaudados en este tr\u00e1mite muestra que el tutelante ostentara una "condici\u00f3n especial reforzada de discapacitado [o fuera] padre cabeza de familia con hija menor de edad en condici\u00f3n de discapacidad", tal como lo invoca en el libelo genitor, sustentando as\u00ed el amparo constitucional que reclama\u00bb pues \u00abciertamente, los apartes de la historia cl\u00ednica aportados al plenario y el dictamen de la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez lo \u00fanico que evidencian es que el se\u00f1or Ayala Torres fue diagnosticado con una Epicondilitis bilateral y una Tenosinovitis de Quervain, ambas enfermedades calificadas en primera instancia como de origen laboral, sin que de all\u00ed se advierta que tales patolog\u00edas impliquen la condici\u00f3n de discapacidad alegada por el accionante, probanzas que mucho menos demuestran su situaci\u00f3n familiar -padre cabeza de familia-\u00bb. <\/p>\n

Y, agreg\u00f3 que \u00abning\u00fan medio de convicci\u00f3n se alleg\u00f3 a este tr\u00e1mite excepcional que permitiera inferir que las patolog\u00edas diagnosticadas al accionante revisten tal envergadura para considerarlo como un sujeto de especial protecci\u00f3n por encontrarse en una situaci\u00f3n de debilidad manifiesta\u00bb omisi\u00f3n que \u00abtrunca igualmente el \u00e9xito de la protecci\u00f3n implorada, pues la misma est\u00e1 supeditada a que \u201cla cuesti\u00f3n constitucional que se plantea, se encuentre probada de forma que no sea preciso, para la verificaci\u00f3n del derecho fundamental, llevar a cabo un esfuerzo probatorio que desborde las competencias y facultades del juez de tutela\u201d\u00bb (fls. 209-216). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el accionante, aduciendo que \u00abla acci\u00f3n de amparo en el presente radicado, no va dirigida a enervar la decisi\u00f3n administrativa de provisi\u00f3n del cargo, o, enti\u00e9ndase el acto administrativo a trav\u00e9s de la cual se provey\u00f3 de manera definitiva el cargo de asistente administrativo grado 07 en la Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativos de Bogot\u00e1, D. C., donde prestaba [sus] servicios; por lo que el control judicial de nulidad y restablecimiento del derecho no RESULTA ID\u00d3NEA y NI EFICAZ para la protecci\u00f3n de [sus] derechos fundamentales y [su] condici\u00f3n de funcionario p\u00fablico en provisionalidad con estabilidad intermedia\u00bb. <\/p>\n

Destac\u00f3, que \u00ablos derechos fundamentales, de los cuales solicit[a] el amparo constitucional, requieren una protecci\u00f3n inmediata, como mecanismo transitorio, misma que no puede irrogar la acci\u00f3n contencioso administrativa enarbolada por el A quo, pues basta con aludir que el procesamiento de dicha acci\u00f3n conlleva, a no dudarlo, un tiempo prolongado, mismo en el que se pueden concretar los riesgos para [\u00e9l], en condici\u00f3n de empleado con discapacidad en [sus] miembros superiores, y como alimentante y \u00fanico acudiente de [su] hija NATALY AYALA VELASCO quien padece, desde su nacimiento, DISCAPACIDAD MENTAL CONGNITIVA SEVERA consistente en AUTISMO, EPILEPSIA y RETRASO DEL DESARROLLO MOTOR, patolog\u00eda que la convierten en una menor de edad con discapacidad total, que para su manutenci\u00f3n no solo depende totalmente del aqu\u00ed accionante sino tambi\u00e9n de lo que percib[e] como salario por [su] trabajo\u00bb. <\/p>\n

Advirti\u00f3, que \u00absi bien se se\u00f1ala por el A quo, que la acci\u00f3n contenciosa administrativa contempla medidas cautelares, tambi\u00e9n es cierto que, aclarando que la acci\u00f3n de tutela no va dirigida contra el contenido del acto administrativo, conllevar\u00eda que previo a su formulaci\u00f3n deba cumplirse el requisito de procedibilidad de la conciliaci\u00f3n extrajudicial, la posterior formulaci\u00f3n de demanda, reparto, estudio, paso al despacho y decisi\u00f3n, que por lo m\u00ednimo conllevar\u00edan 6 meses hasta ser emitida alguna decisi\u00f3n al respecto, tiempo en el que, inexorablemente, se concretar\u00edan, sin dudarlo, los perjuicios que pretend[e] evitar con el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio, dado que en ese tiempo, sin empleo ni posibilidades de emplear[s]e dada [su] disminuci\u00f3n de la capacidad laboral, \u00bfC\u00f3mo podr\u00eda satisfacer las necesidades de [su] menor hija quien a diario requiere de pa\u00f1ales, atenci\u00f3n personalizada y permanente pagada a un tercero, su alimentaci\u00f3n y medicamentos especiales que no son cubiertos por la EPS, entre otros, que solo pued[e] sufragar con el salario devengado por [su] trabajo en la Rama Judicial? \u00bfD\u00f3nde podr\u00eda conseguir un empleo de manera inmediata para satisfacer ese sinn\u00famero de necesidades que, en no muy pocas ocasiones, supera [sus] posibilidades econ\u00f3micas y f\u00edsicas, cuando [fue] sacado de [su] trabajo sufriendo EPICONDILITIS LATERAL BILATERAL y TENOSINOVITIS DE ESTOIDES RADIAL (DE QUERVAIN) de ORIGEN LABORAL, que [lo] limitan para realizar trabajos con [sus] extremidades superiores y ni de conductor de taxi servir[\u00e1], pues no soport[a] ejercicios repetitivos) Lo cual sugiere y es prueba de que existe un verdadero perjuicio irremediable y es el que se quiere evitar, pues la vida de [su] hija discapacitada, se encuentra en peligro latente\u00bb. <\/p>\n

Enfatiz\u00f3, que \u00abcontrario a lo afirmado por el A quo, quien para despachar desfavorablemente el amparo, argumentando que no existe prueba que [s]e encuentre en una situaci\u00f3n de debilidad manifiesta, es apenas l\u00f3gico y perceptible con las pruebas allegadas con la demanda de tutela, mismas que se adjuntan al presente; que ante la existencia de dichas enfermedades en [sus] extremidades, y enfrentado al desempleo en el que se [l]e deja, qued[a] en evidente y grave estado de indefensi\u00f3n, pues con la edad de 39 a\u00f1os que [tiene] en la actualidad y dichas patolog\u00edas de origen laboral, no [l]e ser\u00e1 nada f\u00e1cil e incluso llegar\u00e1 al imposible de acceder a un trabajo, pues en el mercado laboral no es nada atractiva para emplear una persona con la novedad en sus DOS BRAZOS -EPICONDILITIS LATERAL – BILATERAL pues indefectiblemente lo incapacita, o mejor, ante tama\u00f1o de realidad, lo vuelve un discapacitado laboralmente, raz\u00f3n fundamental para que, quien [lo] hubiere evaluado y dictaminado la enfermedad, sea la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Bogot\u00e1 y Cundinamarca, t\u00edtulo que por razones obvias ostenta esa Corporaci\u00f3n, pues solo ella como instancia de cierre puede dar el veredicto sobre si un empleado sufre, o no, una enfermedad incapacitante para realizar una labor y si esa incapacidad lo invalida para seguir realizando una actividad laboral, y si ello ocurri\u00f3 como consecuencia de su labor\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, sostuvo que \u00abcierto es que, con la demanda de tutela no se alleg\u00f3 la prueba de [su] condici\u00f3n de padre de familia y de la situaci\u00f3n especial de discapacidad que padece [su] hija XXX; no obstante, dado que ello se convert\u00eda en elemento necesario para la demostraci\u00f3n de [su] condici\u00f3n como persona en estado de debilidad manifiesta y, en consecuencia, titular de una protecci\u00f3n reforzada, dada la discapacidad de [su] ni\u00f1a y ser la \u00fanica persona con que cuenta para lograr su congrua y especial subsistencia, de acuerdo a lo se\u00f1alado en los art\u00edculos 43, 44 y 47 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia; comedidamente, [s]e permit[e] disentir del A quo, cuando asegura no estar obligado a desbordarse en sus facultades y, parafrase\u00e1ndolo, por lo tanto no estaba obligado a ordenar pruebas a efecto de lograr la verificaci\u00f3n del derecho fundamental que se reclama. Pues debe recordarse que, en su condici\u00f3n de Juez Constitucional, ante la necesidad de garantizar los derechos de todo reclamante de amparo constitucional, estaba prevalecido de amplias facultades para, incluso, heber[lo] oficiado a efecto allegara prueba de la condici\u00f3n de padre y \u00fanico responsable de [su] hija, dada la libertad probatoria con que se ha dotado al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (fls. 252-261). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La acci\u00f3n de tutela es aquella potestad que detenta toda persona para reclamar ante los jueces de la Rep\u00fablica, en todo momento y lugar, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos se encuentren vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica y, excepcionalmente, de particulares. <\/p>\n

2. Observada la censura planteada resulta evidente que el reclamante considera que la vulneraci\u00f3n de sus intereses fundamentales, en \u00faltimas, emana de la Resoluci\u00f3n No. 7677 de 6 de septiembre de 2018 que tom\u00f3 la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1 y Cundinamarca, en el sentido de nombrar a Nohora Patricia P\u00e9rez D\u00edaz como Asistente Administrativo Grado 7 en propiedad, cargo en que \u00e9l se ven\u00eda desempe\u00f1ando. <\/p>\n

3. Obran como cardinales demostraciones que ata\u00f1en con el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, las siguientes: <\/p>\n

3.1. Comunicaci\u00f3n librada el 1\u00b0 de septiembre de 2017 por Compensar E. P. S. dirigida a Diego Mauricio Ayala Torres (aqu\u00ed accionante) en la que se le inform\u00f3 el diagn\u00f3stico a los padecimientos sufridos \u00abtenosinovitis de quervain izquierdo, epicondilitis media bilateral y epicondilitis lateral bilateral\u00bb, los cuales fueron calificados como de origen laboral y frente al cual la A. R. L. Positiva present\u00f3 su desacuerdo (fls. 87, 92 y 93 cuaderno tribunal). <\/p>\n

3.2. Petici\u00f3n de 12 de febrero de 2018 a trav\u00e9s de la cual el gestor solicit\u00f3 al Consejo Seccional de la Judicatura Bogot\u00e1 que \u00abteniendo en cuenta que pr\u00f3ximamente se realizar\u00e1n los nombramientos de la lista de elegibles, suplico ante usted se me tenga en cuenta para los \u00faltimos nombramientos, hasta que se me d\u00e9 el porcentaje de calificaci\u00f3n por invalidez\u00bb e inform\u00f3 que \u00absoy padre de una menor de edad con discapacidad (autismo) de la cual se encuentra a mi cargo\u00bb (fl. 94). <\/p>\n

3.3. Respuesta brindada por la Presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 el 21 de febrero hoga\u00f1o en la que se le puso de presente al querellante, en suma, que \u00ablos empleados en provisionalidad que se encuentran en incapacidad m\u00e9dica, no est\u00e1n amparados por fuero alguno de estabilidad en raz\u00f3n a que los fueros son de origen legal, es decir, deben estar expresamente contenidos en la ley. En ese entendido, la enfermedad no constituye causal para obviar lo ordenado en la Constituci\u00f3n Nacional y la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia frente al r\u00e9gimen de carrera, por lo que as\u00ed, el nominador se encuentra obligado a efectuar el respectivo nombramiento como resultado del concurso de m\u00e9ritos\u00bb. <\/p>\n

Precis\u00f3, que \u00abno debe confundirse el derecho que le asiste a toda persona de recibir atenci\u00f3n m\u00e9dica por parte de las entidades promotoras de salud, con el derecho de quien super\u00f3 un concurso de m\u00e9ritos, m\u00e1xime cuando la desvinculaci\u00f3n del empleado judicial nombrado en provisionalidad que se encuentra incapacitado, no es como consecuencia de la enfermedad, sino su retiro obedece a la obligaci\u00f3n constitucional y legal de nombrar a aquellas personas que superaron el concurso, en cumplimiento a lo dispuesto el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 132 y 167 de la Ley 270 de 1996\u00bb (fls. 95-98). <\/p>\n

3.4. Dictamen de determinaci\u00f3n de origen y\/o p\u00e9rdida de capacidad laboral y ocupacional rendido el 6 de julio de 2018 por la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Bogot\u00e1 y Cundinamarca en el que se determin\u00f3 que las enfermedades padecidas por el querellante son de origen laboral, determinaci\u00f3n frente a la que la A. R. L. Positiva formul\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n (fls. 113-116). <\/p>\n

3.5. Oficio DESAJBOO18-386 de 21 de septiembre hoga\u00f1o mediante el que el Director Ejecutivo Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1 y Cundinamarca le inform\u00f3 al actor que \u00abmediante Acuerdo CSJBTA18-4 del 31 de enero de 2017, proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, fue enviada la lista de candidatos para proveer los cargos de asistentes administrativos grado 7 en propiedad\u00bb por lo que \u00abfue nombrada en propiedad la candidata de la respectiva lista, se\u00f1ora NOHORA PATRICIA P\u00c9REZ D\u00cdAZ, quien se posesionar\u00e1 a partir del primero de octubre de 2018\u00bb as\u00ed las cosas \u00abusted desempe\u00f1ar\u00e1 el cargo de asistente administrativo grado 7 hasta el treinta (30) de septiembre del presente a\u00f1o, raz\u00f3n por la cual, solicito hacer entrega de los asuntos a su cargo a la Coordinadora de la Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativos, asimismo realizar la entrega en el \u00c1rea de Talento Humano del carn\u00e9 que lo identifica como servidor judicial y tramitar ante el almac\u00e9n general el paz y salvo de los elementos devolutivos a su cargo\u00bb (fl. 117). <\/p>\n

3.6. Registro civil de la menor XXX hija del accionante, certificaciones m\u00e9dicas e historia cl\u00ednica que dan cuenta de los quebrantos que ella sufre (fls. 236-240). <\/p>\n

3.7. Declaraci\u00f3n juramentada rendida el 9 de octubre de 2018 por Martha Stella Torres Rojas en la que manifest\u00f3 que \u00aben [su] calidad de madre del se\u00f1or DIEGO MAURICIO AYALA TORRES [\u2026] tiene una hija de nombre XXX de 15 a\u00f1os de edad, la cual depende econ\u00f3micamente de los ingresos de [su] hijo por motivos de su salud, ya que ella no trabaja, no recibe ning\u00fan tipo de ingresos de ninguna entidad ni p\u00fablica, ni privada, no recibe pensi\u00f3n ni renta alguna\u00bb (fl. 241). <\/p>\n

3.8. Declaraci\u00f3n extrajuicio realizada el d\u00eda 10 del mes y a\u00f1o referenciados anteriormente, por Yudi Jasbleidi Velasco Amador en la que depuso que es la madre de la adolescente XXX quien \u00abpresenta discapacidad permanente dada por diagnostico medico de: autismo, retraso del desarrollo motor y depende econ\u00f3micamente de su padre el se\u00f1or DIEGO MAURICIO AYALA TORRES, ya que es \u00e9l la persona encargada de brindarle el sustento y bienestar general. Por lo tanto \u00e9l es responsable de sufragar los gastos de vivienda, manutenci\u00f3n, educaci\u00f3n y salud\u00bb (fl. 242). <\/p>\n

3.9. Consulta en la Base de Datos \u00danica de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, en la que se evidencia que el gestor, su hija y la madre se encuentran afiliados a la E. P. S. Compensar (fls. 3-5 cuaderno Corte). <\/p>\n

4. En punto de asuntos como el presente, en que se reclama el reconocimiento de la \u00abestabilidad laboral\u00bb por parte de un servidor p\u00fablico que ocupaba un cargo en \u00abprovisionalidad\u00bb, como es la aspiraci\u00f3n que aqu\u00ed ventila el quejoso, cumple relievar que la Sala \u00faltimamente modific\u00f3 su criterio sobre el particular, tal como se ve reflejado en CSJ STC10542-2018, 29 ago. 2018, rad. 2018-02227-00, citada en CSJ STC12033-2018, Sep. 18 de 2018, rad. 2018-01826-00, en el sentido que a continuaci\u00f3n, in extenso, pasa a verse:
\nSobre las personas que ocupan cargos en provisionalidad y est\u00e1n pr\u00f3ximas a cumplir los requisitos legales para acceder a la pensi\u00f3n de vejez, la Corte constitucional en sentencia T-186 de 2013, citada por esta Sala en STC11255 del 25 de agosto de 2014, expuso: \u00ab(\u2026) para determinados grupos de funcionarios, como madres y padres cabeza de familia, discapacitados o prepensionados, concurre una relaci\u00f3n de dependencia intr\u00ednseca entre la permanencia en el empleo p\u00fablico y la garant\u00eda de sus derechos fundamentales, particularmente el m\u00ednimo vital y la igualdad de oportunidades. De all\u00ed que se sostenga\u2026que la eficacia de esos derechos depende del reconocimiento de estabilidad laboral en aquellos casos, a trav\u00e9s de un ejercicio de ponderaci\u00f3n entre tales derechos y los principios que informan la carrera administrativa\u00bb. <\/p>\n

[\u2026] La Corte Constitucional en fallo de unificaci\u00f3n SU-691 de 23 de noviembre de 2017 al conocer varias acciones de tutela interpuestas por Procuradores Judiciales en provisionalidad, refiri\u00f3 lo siguiente[:]
\n\u00ab(\u2026) A juicio de la Sala Plena de la Corte Constitucional, en los casos como los planteados en el presente asunto, se deben tener en cuenta las siguientes reglas: <\/p>\n

En primer lugar, las personas nombradas en cargos de libre nombramiento y remoci\u00f3n, no gozan de estabilidad laboral reforzada, por la naturaleza del cargo que desempe\u00f1an. Esta misma regla es, en principio, aplicable a las personas nombradas en provisionalidad. <\/p>\n

En segundo lugar, a juicio de la Sala Plena, a los cargos de provisionalidad o de libre nombramiento y remoci\u00f3n no le son aplicables reglas de prepensionados o de ret\u00e9n social, menos a\u00fan en el caso de profesiones liberales. <\/p>\n

Ahora bien, en tercer lugar, cuando en la relaci\u00f3n laboral una de las partes la conforma un sujeto especialmente protegido (inciso 2\u00ba del art\u00edculo 43 de la CP), como lo son las madres cabeza de familia que cumplen con los presupuestos establecidos en la sentencia SU-388 de 2005, puede llegar a reconoc\u00e9rseles la garant\u00eda de la estabilidad laboral reforzada, claro est\u00e1, mientras no exista una causal justificativa del retiro del servicio, dado que la protecci\u00f3n de la estabilidad laboral reforzada no debe confundirse con el otorgamiento de una inmunidad que exonere de las obligaciones a su cargo, desconozca principios superiores como el m\u00e9rito que funda el sistema de carrera o que la proteja frente a las medidas disciplinarias, fiscales o penales que eventualmente puedan ejercerse en su contra. De esta manera, la garant\u00eda constitucional se sustenta en las siguientes hip\u00f3tesis: 1. La terminaci\u00f3n de una vinculaci\u00f3n en provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser provista con una persona que gan\u00f3 el concurso, no desconoce los derechos de los servidores p\u00fablicos en provisionalidad, pues precisamente la estabilidad relativa que se le ha reconocido a quienes est\u00e1n vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un concurso p\u00fablico de m\u00e9ritos. 2. Sin embargo, cuando el servidor que debe ser desvinculado ostenta la calidad de mujer cabeza de familia, la entidad deber\u00e1 tener en cuenta dos situaciones antes de proceder a la desvinculaci\u00f3n:
\n2.1. Si cuenta con un margen de maniobra, reflejado en vacantes, para la provisi\u00f3n de empleos de carrera, en raz\u00f3n de la diferencia entre las plazas ofertadas y aquellas provistas mediante la correspondiente lista de elegibles, surge la obligaci\u00f3n de garantizar la estabilidad laboral tanto del ganador del concurso como del servidor p\u00fablico cabeza de familia. 2.2. Si no cuenta con margen de maniobra, la entidad debe generar los medios que permitan proteger a las madres cabeza de familia, con el prop\u00f3sito de que sean las \u00faltimas en ser desvinculadas de sus cargos, esto, por cuanto no gozan de un derecho indefinido a permanecer en el cargo de carrera\u00bb. <\/p>\n

[\u2026] Al revisar el asunto sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, se advierte la improcedencia del resguardo, dado que la accionante, quien ocupa el cargo de Juez Promiscuo Municipal de Surat\u00e1, en provisionalidad, (i) no demostr\u00f3 la calidad de madre cabeza de familia para ser sujeto especial de protecci\u00f3n; (ii) no prob\u00f3 que estuviera afectado su m\u00ednimo vital, (iii) tampoco le asiste el derecho de permanecer en el cargo por estar designada en provisionalidad. <\/p>\n

[\u2026] Sobre el primer punto, es del caso destacar que la reclamante no acredit\u00f3 los requisitos previstos por la Corte Constitucional en sentencia SU-388 de 2005 para ser tenida en cuenta como madre cabeza de familia; dicho precedente prev\u00e9: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) La Corte advierte que no toda mujer puede ser considerada como madre cabeza de familia por el s\u00f3lo hecho de que est\u00e9 a su cargo la direcci\u00f3n del hogar. En efecto, para tener dicha condici\u00f3n es presupuesto indispensable (i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de car\u00e1cter permanente; (iii) no s\u00f3lo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aqu\u00e9lla se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad f\u00edsica, sensorial, s\u00edquica o mental o, como es obvio, la muerte; (v) por \u00faltimo, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los dem\u00e1s miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar\u00bb. <\/p>\n

Al verificar las pruebas aportadas por la querellante se advierte que no son suficientes para para demostrar la calidad aducida, dado que si bien afirma que su progenitora depende econ\u00f3micamente de ella, aport\u00f3 a estas diligencias copia del acuerdo conciliatorio celebrado por esta \u00faltima, en el que el compa\u00f1ero permanente se comprometi\u00f3 a suministrar una cuota alimentaria; adem\u00e1s, comparten el mismo inmueble, lo que desvirt\u00faa la manifestaci\u00f3n inicial. <\/p>\n

Adicionalmente, los recibos y certificaciones de pago de matr\u00edcula por los estudios escolares y universitarios aportados por la quejosa no prueban que ella est\u00e9 a cargo de manera exclusiva de todas las obligaciones de su hijo de 17 a\u00f1os o que no cuenta con ning\u00fan tipo de apoyo para la crianza. <\/p>\n

[\u2026] No aparece acreditada, adem\u00e1s, una afectaci\u00f3n del m\u00ednimo vital de la accionante, debido a que tiene una vinculaci\u00f3n en la Rama Judicial por un lapso considerable y, por ende, una amplia experiencia profesional, al punto que en ejercicio de su profesi\u00f3n de abogada puede procurarse los medios para solventar sus necesidades esenciales. <\/p>\n

Dicho planteamiento fue empleado por el Tribunal para negar las peticiones de la reclamante tendientes a que no se efectuara el nombramiento del concursante que aspira al cargo de Juez Promiscuo Municipal de Surat\u00e1 o que se reubique en otro empleo similar, todo lo cual fue plasmado en la resoluci\u00f3n de Sala Plena n\u00ba 018 de 23 de julio de 2018 en la que se expuso que \u00abla peticionaria (nombrada en provisionalidad como juez) es abogada con amplia experiencia (inclusive estuvo vinculada en propiedad hasta el 30 de noviembre de 2017 como Auxiliar Judicial de la Corte Suprema de Justicia) y el ejercicio de su profesi\u00f3n no le frustrar\u00eda su expectativa pensional\u00bb (f. 90). <\/p>\n

Por lo anterior, no se evidencia una situaci\u00f3n de urgencia o peligro que amerite la adopci\u00f3n de una medida especial de protecci\u00f3n, bajo la tesis de configurarse un perjuicio irremediable, sobre lo cual ha dicho la jurisprudencia: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) no es posible recurrir al amparo sin acreditar un perjuicio irremediable que autorice su utilizaci\u00f3n de manera transitoria, y en el caso, la accionante no demostr\u00f3 un da\u00f1o \u00abgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb, de ah\u00ed que no sea evidente un menoscabo tal que habilite al tutelante para ejercer el mecanismo excepcional\u00bb (CSJ. STC 14 dic. 2011, reiterada en STC1806 de feb. 18 de 2016). <\/p>\n

[\u2026] Finalmente, al estar vinculada la convocante en provisionalidad no le asiste el derecho a permanecer en el cargo que ejerce bajo el \u00fanico supuesto de estar pr\u00f3xima a reunir los requisitos para pensionarse, lo cual fue claramente se\u00f1alado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-691 de 2017, citada anteriormente, en la que se expuso: \u00ab(\u2026) las personas nombradas en cargos de libre nombramiento y remoci\u00f3n, no gozan de estabilidad laboral reforzada, por la naturaleza del cargo que desempe\u00f1an. Esta misma regla es, en principio, aplicable a las personas nombradas en provisionalidad\u2026 En segundo lugar, a juicio de la Sala Plena, a los cargos de provisionalidad o de libre nombramiento y remoci\u00f3n no le son aplicables reglas de prepensionados o de ret\u00e9n social, menos a\u00fan en el caso de profesiones liberales.(resalta la Sala). <\/p>\n

4.1. De las acreditaciones obrantes en el sub lite, se advierte que Diego Mauricio Ayala Torres: <\/p>\n

4.1.1. Padece una serie de quebrantos de salud que en primera instancia fueron calificados como de origen laboral por parte de la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Bogot\u00e1 y Cundinamarca, determinaci\u00f3n que no se encuentra en firme dados los recursos presentados por la A. R. L. Positiva. <\/p>\n

4.1.2. Tanto \u00e9l, como su hija y la madre de la menor est\u00e1n afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud a Compensar E. P. S., los dos adultos como cotizantes y la adolescente como beneficiaria. <\/p>\n

4.1.3. La progenitora de la menor se encuentra actualmente empleada y la abuela de la menor devenga una pensi\u00f3n. <\/p>\n

4.1.4. Su hija sufre \u00abautismo infantil y epilepsia\u00bb. <\/p>\n

4.2. De cara a lo anterior, y particularmente a la novel postura de la Sala sobre la tem\u00e1tica que ahora se analiza, misma a la que se acude por cuanto resolvi\u00f3 acerca de un asunto con aristas similares al presente am\u00e9n que las pruebas aportadas ante esta instancia constitucional no pudieron ser cabalmente controvertidas por los accionados, cabe se\u00f1alar que el amparo instado ha de ser denegado conforme a los par\u00e1metros jurisprudenciales establecidos en el aludido fallo SU-691 de 2017 de la Corte Constitucional. <\/p>\n

Ello, comoquiera que el gestor, primeramente, no demostr\u00f3 ser \u00abpadre cabeza de familia\u00bb para ser sujeto especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n

En segundo orden, no prob\u00f3 que estuviera afectado su \u00abm\u00ednimo vital\u00bb en tanto que no alleg\u00f3 elemento probatorio alguno que diera cuenta de las afirmaciones expuestas comoquiera que la madre de la menor se encuentra laborando y en cumplimiento del deber de solidaridad ha de colaborar con la manutenci\u00f3n de su hija aunado a que no efectu\u00f3 relato alguno en relaci\u00f3n con sus gastos o la necesidad de solventarse econ\u00f3micamente (Cfr. CSJ STC10542-2018). <\/p>\n

En tercer lugar, en relaci\u00f3n con sus quebrantos de salud, cumple relevar que su situaci\u00f3n a\u00fan no se encuentra definida por cuanto el dictamen rendido por la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Bogot\u00e1 y Cundinamarca fue objeto de recursos por parte de la A. R. L. Positiva circunstancia por la que cuenta con los mecanismos id\u00f3neos para, en dado caso, acceder a la pensi\u00f3n de invalidez y de esa manera encontrar protecci\u00f3n a las prerrogativas que considera lesionadas am\u00e9n que actualmente se encuentra afiliado a la E. P. S. Compensar por lo que cuenta con la prestaci\u00f3n de los servicios de salud que requiere. <\/p>\n

5. Con todo, cabe destacar que, si el querellante enfila su reproche contra el acto administrativo mediante el cual se design\u00f3 a la persona en propiedad en el cargo que \u00e9l ocupaba en provisionalidad, seg\u00fan lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2651 de 1991, de igual manera se torna nugatorio el amparo demandado, ya que si la normatividad ha dado los instrumentos jur\u00eddicos para el resguardo de esas prerrogativas, como para el particular evento es la respectiva acci\u00f3n contencioso administrativa, e incluso la suspensi\u00f3n provisional que regula el art\u00edculo 230-3\u00b0 de la Ley 1437 de 2011 o C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, debe recurrirse a ellos y no a la tutela, la que no ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces y tampoco para crear instancias adicionales a las existentes, sino que tiene el prop\u00f3sito claro, definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio precepto 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica indica, que no es otro diferente de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata y residual para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta reconoce. <\/p>\n

Repetidamente la Corte ha dicho sobre el particular, desde tiempo atr\u00e1s, que:
\n[L]a acci\u00f3n de tutela es un mecanismo extraordinario, instituido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que estos se tornen ineficaces y el amparo sea utilizado como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irreparable. <\/p>\n

An\u00e1logamente y en consonancia con la regla anterior, se ha predicado tambi\u00e9n que esta acci\u00f3n constitucional no procede, en principio, contra actos de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto, al igual que contra actos administrativos de car\u00e1cter particular y concreto, habida cuenta que su control de legalidad est\u00e1 atribuido a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, a trav\u00e9s de las acciones pertinentes (CSJ STC, 5 oct. 2010, rad. 00087-01; citada, entre otras, en STC, 20 sep. 2013, rad. 00371-01 y en CSJ STC7679-2018 Jun. 14 de 2018, rad. 2018-00187-01). <\/p>\n

6. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC15333-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02206-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 3 de octubre de 2018 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101945","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101945","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101945"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101945\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101945"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101945"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101945"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}