{"id":101946,"date":"2026-07-01T20:57:59","date_gmt":"2026-07-01T20:57:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101946"},"modified":"2026-07-01T20:57:59","modified_gmt":"2026-07-01T20:57:59","slug":"stc15334-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15334-2018\/","title":{"rendered":"STC15334-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

STC15334-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0. 17001-22-13-000-2018-00218-01 <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 10 de octubre de 2018, mediante la cual la Sala de Decisi\u00f3n Civil-Familia de Conjueces del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por el doctor Pedro Antonio Montoya Jaramillo en contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales \u2013Sala de Gobierno y la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Manizales, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la EPS Sura, el \u00c1rea de Talento Humano de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Manizales y el Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al trabajo y \u00abdescanso remunerado\u00bb, presuntamente vulnerados por los acusados. <\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, los siguientes hechos: <\/p>\n

2.1. Que en raz\u00f3n de una enfermedad coronaria, fue intervenido quir\u00fargicamente el 22 de marzo del a\u00f1o que avanza, estando incapacitado desde dicha fecha hasta el 9 de mayo de los corrientes, periodo en que se encuentra la vacancia judicial de Semana Santa los d\u00edas 26 de marzo al 1\u00b0 de abril de 2018, tiempo que fue pagado en su integridad por la Administraci\u00f3n Judicial. <\/p>\n

2.2. Que recuperado de sus dolencias, al no poder disfrutar de su derecho a la \u00abvacancia de semana santa\u00bb por incapacidad, solicit\u00f3 al Tribunal Superior de Manizales le repusiera tal semana, petici\u00f3n que fue negada mediante Resoluci\u00f3n No. 061 del 28 de junio del a\u00f1o en curso. <\/p>\n

2.3. Que inconforme con la decisi\u00f3n, solicit\u00f3 el 24 de julio de 2018 al \u00e1rea de talento humano, mediante derecho de petici\u00f3n, le fueran reintegrados los dineros que por concepto de su incapacidad le pag\u00f3 la empresa Sura por el lapso de Semana Santa, bajo el argumento de tener derecho a esos d\u00edas de descanso remunerado, por lo tanto, tales emolumentos le corresponden a \u00e9l y no a la Administraci\u00f3n Judicial. <\/p>\n

2.4. Que mediante oficio DESAJMAO 18-3824 le fue negada la solicitud por no ser procedente al tenor del art\u00edculo 173 del C.S.T. que \u00abprev\u00e9 que no pueden pagarse los dominicales dobles cuando haya pago de indemnizaci\u00f3n por incapacidades; y en este caso, el suscrito no est\u00e1 reclamando dominicales sino el derecho al descanso remunerado de toda la semana santa\u00bb <\/p>\n

3. Pidi\u00f3, que se ordene, a la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Manizales \u00abque expida la correspondiente disponibilidad presupuestal para ante el Honorable Tribunal Superior de Manizales, para que este a su vez [le] reponga una semana de vacancia, esto es la correspondiente a la semana santa del lapso comprendido entre el 26 de marzo y el 1\u00ba de abril del a\u00f1o que transcurre. As\u00ed mismo, se ordene al Honorable Tribunal Superior de Manizales, que una vez reciba la disponibilidad presupuestal haga lo que le corresponda para que me reponga la aludida vacancia por una semana que podr\u00e1 correr del 19 al 25 de noviembre del a\u00f1o que avanza\u00bb, adem\u00e1s, se le ordene a la \u00abDirecci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de Manizales, me rembolse los dineros a ellos entregados por la empresa SURA, por concepto de mi incapacidad por un valor del 66,66%; durante el lapso 26 de marzo al 01 de abril del a\u00f1o que avanza, esto es, el lapso de la Semana Santa\u2026\u00bb (fls. 1-3 del Cdno 1). <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

El Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, manifestando que \u00abdentro de las funciones de los Consejos seccionales establecidas en el art\u00edculo 101 de la Ley 270 de 1996, NO es permitido atender o resolver asuntos financieros o de car\u00e1cter presupuestal, ya que esta Corporaci\u00f3n no es ordenadora del gasto, por cuanto dichas funciones se encuentran en cabeza de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Manizales tal y como lo especifica en el numeral 6 del art\u00edculo 103 de la citada ley\u00bb. <\/p>\n

Igualmente, precis\u00f3 que \u00abdel texto de la acci\u00f3n de tutela presentada, se puede apreciar que en ning\u00fan aparte, el accionado hace relaci\u00f3n a este Consejo Seccional dela Judicatura\u2026 y no se evidencia que por acci\u00f3n o por omisi\u00f3n este Consejo Seccional haya vulnerado o est\u00e9 vulnerando alg\u00fan derecho fundamental al doctor Pedro Antonio Montoya Jaramillo, por lo tanto, no se configura la legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. \u00bb(fls. 54 y 55 ibidem). <\/p>\n

Las dem\u00e1s partes e intervinientes guardaron silencio. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal neg\u00f3 el amparo al considerar que \u00abse debe tener en cuenta que la Corte Constitucional ha sido reiterada en manifestar que la Acci\u00f3n de Tutela no es la v\u00eda para el cobro de acreencias laborales, salvo que se pruebe que el accionante no tendr\u00eda acceso a otro mecanismo de defensa judicial para evitar la generaci\u00f3n de un perjuicio irremediable y que la eventual vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales est\u00e9 afectando su m\u00ednimo vital y el de su familia, situaci\u00f3n que no consideramos se d\u00e9 en este caso pues el Honorable Juez accionante, est\u00e1 recibiendo de manera puntual y normal el pago de sus salarios y prestaciones, as\u00ed mismo el monto de su salario est\u00e1 por encima del salario m\u00ednimo mensual legal vigente\u00bb. <\/p>\n

Resalt\u00f3, que \u00abdentro de las acciones consagradas por la v\u00eda jurisdiccional contencioso administrativa para la defensa de los derechos e intereses particulares y generales conculcados en la actividad de la administraci\u00f3n as\u00ed como para garantizar la supremac\u00eda del orden jur\u00eddico, se encuentran las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb. <\/p>\n

Y, concluy\u00f3 que \u00abla defensa de los derechos fundamentales cuya tutela impetra el accionante PEDRO ANTONIO MONTOYA JARAMILLO, puede ser ejercida a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, situaci\u00f3n que de tajo deslegitima la posibilidad de acudir a la v\u00eda escogida ya que la Constituci\u00f3n, la Ley y la Jurisprudencia aplicadas al caso sub examine, hacen improcedente este amparo. <\/p>\n

La posibilidad de esta acci\u00f3n en virtud del mecanismo transitorio, no fue invocado por el actor y de ninguna manera esta instancia de justicia avizora, pues ninguno de los requisitos que la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado para su pertinencia se develan para este asunto\u00bb (fls. 56 a 63 ibidem). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el accionante argumentando que \u00abni una silaba se dijo sobre la procedencia o no de mi petici\u00f3n principal relacionada con las pretensiones PRIMERA Y SEGUNDA atinentes a la defensa de mi derecho fundamental al TRABAJO y al DESCANSO REMUNERADO\u00bb. <\/p>\n

Sostuvo, tambi\u00e9n que \u00abante la posici\u00f3n que sumi\u00f3 la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial Seccional Manizales, de desconocer los mandatos de los art\u00edculos 15 y 16 del Decreto 1045 de 1978 y el art\u00edculo 49 del Decreto 1848 de 1969, se hace necesaria una decisi\u00f3n jurisprudencial de orden constitucional, a fin de que no se sigan desconociendo los derechos de los trabajadores \u00bb (fls. 67 y 68 ibidem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela fue instituida como una herramienta extraordinaria para el resguardo inmediato de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o de los particulares en aquellos eventos previstos en la ley; del mismo modo, ha definido que \u00absi bien la misma tiene un car\u00e1cter breve y sumario, no por eso pueden obviar quienes a ella acuden la debida demostraci\u00f3n de los hechos que invocan como generadores de la afectaci\u00f3n que alegan padecer, ya que a estos les incumbe esa comprobaci\u00f3n so pena de que decaiga el reclamo elevado por sustracci\u00f3n de materia\u00bb (CSJ STC 9 Dic. 2011, rad. N\u00b0. 02372-01). <\/p>\n

2. Estudiada la inconformidad planteada, surge que el quejoso, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad, considera que se incurri\u00f3 en defecto sustantivo, por cuanto el Tribunal querellado mediante resoluci\u00f3n No. 061 de 28 de junio de 2018 no accedi\u00f3 a concederle el \u00abderecho a la vacancia de Semana Santa, al tenor de lo reglado en los art\u00edculos 15 y 16 del Decreto 1054 de 1978 y el art\u00edculo 49 del Decreto 1848 de 1969\u00bb y la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de la Administraci\u00f3n Judicial de Manizales, que le neg\u00f3 mediante oficio DESAJMAO18-3824 de 23 de agosto pasado, el \u00abreembolso de los dineros que por concepto de incapacidad\u2026 le fue reintegrado por EPS SURA\u00bb. <\/p>\n

3. De las pruebas aportadas al presente tr\u00e1mite, resalta la Corte lo siguiente: <\/p>\n

3.1. Incapacidades expedidas al accionante dentro del periodo del 21 de marzo al 19 de abril de 2018 y del 20 de abril al 9 de mayo del a\u00f1o en curso (fls. 6 y 10 ibidem) <\/p>\n

3.2. Resoluci\u00f3n No. 061 del 28 de junio de 2018 expedida por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Manizales, en la cual le fue negado el disfrute de los d\u00edas de vacaciones, solicitado el 17 de mayo de esta anualidad (fls. 5 y 14 ibidem). <\/p>\n

3.3. Oficio No. DESAJMAO 18-3824 del 23 de agosto de 2018 proferido por la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de Manizales, por medio de la cual no le reconocen la remuneraci\u00f3n de los d\u00edas de incapacidad que coincide con la vacancia judicial, requerido el 24 de julio de 2018 (fls. 15 y 16 ibidem). <\/p>\n

4.- Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, cumple se\u00f1alar que la resoluci\u00f3n No. 061 de 28 de junio y el acto No. DESAJMAO18-3824 de 23 de agosto, ambos de 2018, mismos que persigue el quejoso se invaliden por esta senda excepcional a fin de que se le conceda por parte del Tribunal recriminado el \u00abderecho a la vacancia de Semana Santa\u00bb y por parte de la Direcci\u00f3n Ejecutiva cuestionada se le \u00abreembols[e] los dineros que por concepto de incapacidad\u2026 le fue reintegrado por EPS SURA\u00bb, est\u00e1n revestidos de la presunci\u00f3n de legalidad que asiste a todas las manifestaciones de la voluntad de la administraci\u00f3n, torn\u00e1ndolo entonces intangible para el juez de amparo ya que, para lo propio existen v\u00edas judiciales instituidas para pugnar por su decaimiento, seg\u00fan se desprende. <\/p>\n

4.1.- Ello impone, por ende, que el debate en torno a los mismos debi\u00f3 o ha de cumplirse ante los jueces competentes, a trav\u00e9s de la v\u00eda al efecto prevista en el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, senda en la que, con el miramiento del derecho al debido proceso y ante el funcionario natural, pudo o habr\u00e1 de plantear todos los argumentos que estime convenientes. <\/p>\n

4.2.- En estas condiciones, seg\u00fan lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2651 de 1991, se torna nugatorio el amparo demandado, ya que si la normatividad ha dado los instrumentos jur\u00eddicos para el resguardo de esas prerrogativas, como para el particular evento es la respectiva acci\u00f3n contencioso administrativa, e incluso la suspensi\u00f3n provisional que regula el art\u00edculo 230-3\u00ba de la Ley 1437 de 2011 o C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, hab\u00eda o debe recurrirse a ellos y no a la tutela, la que no ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces y tampoco para crear instancias adicionales a las existentes, sino que tiene el prop\u00f3sito claro, definido, estricto y especifico, que el propio precepto 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica indica, que no es otro diferente de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata y residual para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta Pol\u00edtica patria reconoce. <\/p>\n

5. Asimismo, se resalta que dentro de la \u00abacci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb, el interesado cuenta con la posibilidad de pedir la suspensi\u00f3n provisional como medida cautelar de los actos administrativos objeto de queja constitucional. <\/p>\n

En esta materia, la Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n

[e]s, entonces, en el escenario de la respectiva acci\u00f3n contencioso – administrativa que la actora puede invocar las razones aqu\u00ed planteadas, con miras a que el juez natural de la actividad de la administraci\u00f3n p\u00fablica tome la decisi\u00f3n que en derecho corresponda, am\u00e9n de que en esa instancia tambi\u00e9n pueda solicitarse la suspensi\u00f3n provisional, medida cautelar prevista en el c\u00f3digo contencioso administrativo contra los actos administrativos de contenido general o particular, siempre que se cumplan ciertos requisitos (arts. 152 y ss), y que de hallarse fundada es suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado\u201d (CSJ STC, 18 Oct. 2007, rad. 00321, reiterado entre otros, 26 Ago. 2011, rad. 00316, 23 Abr. y 10 May. 2012, rads. 00017 y 00049, respectivamente y5 Feb. 2014, rad. 2013-00547-01). <\/p>\n

6. Aunado lo anterior, sea del caso precisar que esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que por regla general la tutela no procede para exigir el pago de derechos econ\u00f3micos o de car\u00e1cter patrimonial, en raz\u00f3n a que el ordenamiento prev\u00e9 mecanismos espec\u00edficos para definir tales aspectos, por lo que la acci\u00f3n de tutela no se puede convertir en un mecanismo para satisfacer necesidades de esas caracter\u00edsticas, esto en lo que respecta al amparo deprecado para obtener el reembolso de los dineros entregados por parte de EPS SURA a la Direcci\u00f3n Seccional recriminada \u00abpor concepto de [\u2026] incapacidad por un valor del 66,66%; durante el lapso 26 de marzo al 01 de abril del a\u00f1o que avanza, esto es, el lapso de la Semana Santa\u00bb. <\/p>\n

Sobre el tema, esta colegiatura ha reiterado que: <\/p>\n

Este escenario constitucional no es el apropiado para realizar reclamaciones de linaje patrimonial y tampoco para obtener beneficios econ\u00f3micos; m\u00e1xime, si de las pruebas obrantes en el plenario no se infiere la ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervenci\u00f3n del juez de tutela o que ponga en peligro el m\u00ednimo vital del peticionario; mucho menos se evidencia que por las razones esbozadas en la demanda de amparo, se le impida continuar con sus estudios acad\u00e9micos. <\/p>\n

Al respecto, la Corte ha considerado que: [n]o se encuentra evidencia alguna que lleve al convencimiento de que las prerrogativas de la apelante se encuentran en inminente y grave riesgo, al punto de hacer imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional para que adopte medidas urgentes, pues se insiste, el legislador estableci\u00f3 un mecanismo expedito para contrarrestar los efectos nocivos que se le atribuyen a las resoluciones atacadas\u2026 Como lo observ\u00f3 el a quo, las s\u00faplicas expuestas en el libelo se centran en aspectos puramente econ\u00f3micos y hallan soporte en simples afirmaciones y temores\u2026 asuntos que escapan al resorte del tr\u00e1mite que ante \u00e9sta Corporaci\u00f3n se surte (CSJ STC, 14 Abr. 2011, Rad. 00343-01, reiterado entre otros, STC3231-2015, 11 mar, 2015 rad. 00162-01). <\/p>\n

7. De conformidad con lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo objeto de la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONZALVO
\nPresidente de la Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO STC15334-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 17001-22-13-000-2018-00218-01 Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 10 de octubre de 2018, mediante la cual la Sala de Decisi\u00f3n Civil-Familia de Conjueces del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales neg\u00f3 la acci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101946","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101946","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101946"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101946\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101946"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101946"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101946"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}