{"id":101947,"date":"2026-07-01T20:58:08","date_gmt":"2026-07-01T20:58:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101947"},"modified":"2026-07-01T20:58:08","modified_gmt":"2026-07-01T20:58:08","slug":"stc15335-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15335-2018\/","title":{"rendered":"STC15335-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC15335-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-00865-01.
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 12 de octubre de 2018 mediante la cual la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de dicha ciudad y el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Oficina de Control F\u00edsico de la Alcald\u00eda de Pereira, Confiar Cooperativa Financiera S.A., el Agente del Ministerio P\u00fablico y la Defensor\u00eda del Pueblo, ambas de la Regional Risaralda. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Demand\u00f3 el gestor la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y la \u00abdebida administraci\u00f3n de justicia\u00bb presuntamente vulnerados por las autoridades encartadas. <\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguientes: <\/p>\n

2.1. Que act\u00faa en la acci\u00f3n popular 2015-250, donde el Juzgado tutelado \u00abno aplica art 121 CGP, art 84 ley 472 de 1998, VULNERANDO LEY 472 DE 1998\u00bb <\/p>\n

2.1. Que en la precitada \u00abacci\u00f3n popular\u00bb, nunca se ha \u00abAPLICADO POR PARTE DEL JUEZ EL ART 5 LEY 472 DE 1998 Y SE TIPIFICA EL ART 84 LEY 472 DE 1998\u00bb. <\/p>\n

2.2. Que ha \u00abSOLICITADO VIGILANCIA JUDICIAL, REQUERIDO AL AQUO A FIN QUE CUMPLA LOS TERMINOS PERENTORIOS, EMPERO LA ACCION CONTINUA DETENIDA Y NADA PASA, PESE A QUE LA LEY 472 DE 1998, ART 5 LE ORDENA AL JUEZ IMPULSO OFICIOSO, SO PENA DE VIOLAR ART 84 LEY 472 DE 1998 EN ESTE TIPO DE ACCION DE RAIGAMBRE CONSTITUCIONAL Y DE TERMINOS PERENTORIOS QUE LE ORDENA LA LEY AL HOY TUTELADO\u00bb. <\/p>\n

2.3. Que ante el \u00abINMENSO LAPSO DE TIEMPO QUE HA ESTADO [su] ACCION POPULAR DETENIDA EN EL TIEMPO, PRESENTO TUTELA PARA QUE SE ORDENE DAR IMPULSO OFICIOSO A MI ACCION Y SE APLIQUE EL ART 84 LEY 472 DE 1998, MENIFESTANDO RESPETOSAMENTE QUE DE NO PROSPERAR MI ACCION, ME VERE OBLIGADO A PRESENTAR TUTELA CONTRA TUTELA, COMO ME LO PERMITE LA H CORTE CONSTITUCIONAL A FIN DE GARANTIZAR ARTS 5 Y 84 LEY 472 DE 1998 E IGUALMENTE UNA ACCION DE CUMPLIMIENTO Y TUTELA POR MORA Y RENUENCIA JUDICIAL, PUES LA LEY 472 DE 1998 LE ORDENA AL AQUO CUMPLIR TERMINOS PERENTORIOS\u00bb.
\n2.4. Que la \u00abTUTELADA MANDO DOCUMENTO A LA CORTE SUPREMA DICIENDO QUE SACA SENTENCIAS EN ESTRICTO ORDEN DE ENTRADA, LO QUE ES FALSO, PUES ACABA DE SACAR SENTENCIAS EN MIS A POPULARES 2015 71 Y 2015 72. OLVIDANDO LA REGLA QUE QUIEN ES PRIMERO EN EL TIEMPO ES PRIMERO EN EL DERECHO, ADEMAS DE HACER INCURRIR EN HERROR INDUCIDO A LA H CORTE SUPREMA DE JUSTICIA\u2026\u00bb. <\/p>\n

3. Pidi\u00f3, en consecuencia se ordene al Juzgado recriminado \u00abFALLAR [la] ACCION O DECLARASE IMPEDIDA Y REMITIR LA ACCION AL DESPACHO EN TURNO, PUES LLEVA MAS DE UN A\u00d1O Y NO HA PROFERIDO DECISI\u00d3N FINAL\u00bb, adicionalmente \u00abOrdenar a la tutelada que consigne un listado completo de todas las acciones o procesos que tenga para sentencia, indicando tipo de proceso, numero de radicado y fecha de ingreso para sentencia de cada proceso que este para decisi\u00f3n final, ESTO A FIN DE PROBAR LA MORA JUDICIAL DE LA TUTELADA\u00bb y, por \u00faltimo se le \u00abBRINDE COPIA FISICA DE TODO LO ACTUADO EN ESTA TUTELA, A FIN DE PRESENTAR DE SER NECESARIO TUTELA CONTRA TUTELA\u2026\u00bb (fl. 1 del Cdno 1). <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

El Representante Legal de la Cooperativa Financiera (Confiar), aclar\u00f3 que dicha entidad \u00abno tiene ning\u00fan v\u00ednculo Administrativo, Comercial o Financiero con el Juzgado Segundo Civil del Circuito Pereira, motivo por el cual la Cooperativa se declara impedida para materializar u obligar a dicho juzgado a acatar lo ordenado por parte del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Civil-Familia Unitaria o por otra instancia Judicial\u00bb (fl. 8 ibidem). <\/p>\n

El Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, aclar\u00f3 que \u00abEl se\u00f1or Javier El\u00edas Id\u00e1rraga NO ha solicitado Vigilancia Judicial Administrativa del proceso mencionado en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira\u00bb. <\/p>\n

Y, concluy\u00f3 que \u00abefectivamente el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda en ning\u00fan momento ha vulnerado al Se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga ning\u00fan Derecho Constitucional Fundamental, LO QUE NECESARIAMENTE CONLLEVA A LA DESVINCULACI\u00d3N DE \u00c9STE COMO VINCULADO, EN LA PRESENTE LITIS\u00bb (fls. 12-13 ibidem). <\/p>\n

El Juzgado encartado remiti\u00f3 copia en cd de las actuaciones surtidas en la acci\u00f3n popular 2015-250 (fl. 14 \u2013 15 ibidem). <\/p>\n

El Director de Defensa Jur\u00eddica de la Alcald\u00eda de Pereira, manifest\u00f3 que \u00abEn las acciones que nos ocupan, el accionante solicita la nulidad de un auto contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira por la supuesta violaci\u00f3n al garant\u00edas procesales; se vincula al Municipio de Pereira y otros, a lo que se reitera, la entidad Territorial que represento no tiene injerencia alguna sobre la aplicaci\u00f3n de normas e interpretaci\u00f3n que se realice dentro de los despachos judiciales y en virtud del principio de autonom\u00eda judicial es exclusivamente el accionado quien debe pronunciarse sobre las distintas acciones de tutela promovidas por el ciudadano Arias Idarraga\u00bb. <\/p>\n

Y, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n \u00abde la presente acci\u00f3n de tutela (\u2026) toda vez que esta entidad territorial no tiene injerencia alguna respecto del asunto que solicita el accionante\u00bb (fls. 16-17 ibidem). <\/p>\n

El Procurador Regional de Risaralda, contest\u00f3 que \u00ab[\u2026] las acciones populares referenciadas no fueron promovidas por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Procuradur\u00eda Regional Risaralda, y por ello se nos ha comunicado el auto que admite la misma por parte del respectivo Juzgado de conocimiento, para que intervengamos en aquellos procesos que consideremos conveniente, donde se reitera se viene efectuando el respectivo reparto de las acciones populares entre los profesionales adscritos a la Procuradur\u00eda Regional Risaralda y Provincial de Pereira\u00bb. <\/p>\n

Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que \u00ab[\u2026] en la acci\u00f3n de tutela presentada, indica vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad y garant\u00edas procesales dentro de las acciones populares 2015-250\u00bb, lo que resulta una \u00abSituaci\u00f3n ajena a esta Agencia del Ministerio P\u00fablico, toda vez que nuestra intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, situaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por intermedio de la Procuradur\u00eda Regional y Provincial en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba, convocado previamente por el Juez con el fin de llegar a un acuerdo de voluntades, pues cabe resaltar que, de existir el mismo, no s\u00f3lo debe ser avalado por el juez, en el caso de encontrar que el proyecto de acuerdo no contiene vicios de ilegalidad, sino que ha de contar con la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, cuyo papel es el de proteger los derechos colectivos en juego, dada su funci\u00f3n de defensor de los intereses colectivos.\u00bb (Subrayado del texto – fl. 21 \u00cddem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal a quo neg\u00f3 la salvaguarda impetrada al considerar que \u00aben lo que toca con la pretensi\u00f3n principal del amparo, cual es la orden para que inmediatamente se profiera fallo o en su defecto se remita el negocio al despacho que le sigue en turno, en virtud de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C.G.P, es notorio la improcedencia del amparo\u00bb. <\/p>\n

Refiri\u00f3, que \u00abesa petici\u00f3n es de, por lo menos, 11 meses atr\u00e1s, con lo que es claro que se rompe la regla de la inmediatez, propia de esta clase de actuaciones; ni siquiera la insistencia presentada el 27 de noviembre siguiente logra superar el mentado presupuesto (p\u00e1g. 183 del CD, f. 14), pues transcurrieron m\u00e1s de seis meses, que es el tiempo que se estima razonable para atacar por esta v\u00eda alguna actuaci\u00f3n y omisi\u00f3n judicial, sin que se exprese o pruebe raz\u00f3n alguna que hubiere impedido hacerlo antes\u2026\u00bb. <\/p>\n

Asimismo, declar\u00f3 \u00abimprocedentes las pretensiones que tienden a ordenarle al funcionario ii) informar en qu\u00e9 tutelas \u201cle minti\u00f3 a la Corte Suprema de Justicia, manifest\u00e1ndole que falla los procesos en estricto orden de llegada\u201d y aportar un listado completo de todos los procesos que tenga para sentencia para probar su mora judicial; primero, porque no reposa en el cartulario ninguna solicitud del accionante al juzgado en tales sentidos, con lo que vedada est\u00e1 la anticipada intervenci\u00f3n del juez de tutela; y segundo, por cuanto este especial remedio constitucional no est\u00e1 destinado a reemplazar los dem\u00e1s instrumentos que ofrece el ordenamiento jur\u00eddico, para que el actor obtenga la informaci\u00f3n que reclama\u00bb. <\/p>\n

Y, por \u00faltimo se\u00f1al\u00f3 que \u00abEs improcedente, tambi\u00e9n, cualquier pedimento frente al Consejo Seccional de la Judicatura porque no se acredit\u00f3, que antes de acudir a este amparo, se le hubiese elevado alguna solicitud a la aludida autoridad, la que adem\u00e1s inform\u00f3 que el accionante nunca ha gestionado vigilancia judicial sobre la acci\u00f3n popular de la referencia\u00bb (fls. 24-26 ibidem). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el accionante, pidiendo que \u00abEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA APORTE LAS PRUEBAS Q SOLICITE Y NO SOLO SE LIMITE A NO DECIR NADA DE LO PEDIDO, PUES REQUIERO PROBAR Q NUNCA HAN DADO TRAMITE A MI SOLICITUDES DE VIGILANCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS. PIDO APLICAR ART 121 CGP, TAL COMO DE OFICIO LO HA HECHO EL MAGISTRADO PONENTE DE MI TUTELA EN A POPULARES 2015 57, 2015 255, 2015 91 Y Q HOY SE NIEGA HACERLO. PIDO APLICAR MORA JUDICIAL COMO LO A ORDENADO LA CSJ SCC A ESTE MISMO DESPACHO\u2026\u00bb (fl. 33 ibidem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la orden contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2. Estudiada la inconformidad planteada, surge que el quejoso, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad, considera que se incurri\u00f3 en defecto procedimental, por cuanto el Juzgado querellado no \u00abaplica art 121 C.G.P., art 84 ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n

3. Del examen de las pruebas arrimadas, la Corte resalta lo siguiente:
\n3.1. Acci\u00f3n Popular 2015-00250-00 presentada por el aqu\u00ed accionante en contra de la Cooperativa Financiera (Confiar): <\/p>\n

3.2. Escrito de 26 de octubre de 2017, a trav\u00e9s del cual el actor solicita la aplicaci\u00f3n del \u00abart 84 ley 472\/98 y pierda competencia amparado art 121 CGP\u2026\u00bb (fl. 6 del Cdno Corte). <\/p>\n

3.3. Solicitud obrante en folio 7 ibidem, donde el tutelante pide se \u00abResuelva [su] memorial obrante folio # 137 fechado 26 de octubre \/2017 o [se] [ver\u00e1] obligado a tutelar [para] garantizar art 13 CN\u00bb. <\/p>\n

3.4. Providencia de 13 de noviembre de 2018, mediante la cual el Juzgado recriminado dio respuesta a las anteriores peticiones (fl. 8 ibidem). <\/p>\n

4. Analizado el rese\u00f1ado tr\u00e1mite, advierte la Sala que en el presente asunto resulta claro que el motivo de descontento expresado por el peticionario que dio origen a la presente queja constitucional, referente a la no contestaci\u00f3n de la solicitud de 26 de octubre de 2017 reiterada el 27 de noviembre de la misma anualidad, referente a que se \u00abaplique art\u00edculo 84 Ley 472\/98 y art 121 C.G.P\u00bb, ya fue superado, conforme se evidencia en prove\u00eddo de 13 de noviembre de 2018, a trav\u00e9s del cual el despacho recriminado dio respuesta a esta y otras m\u00e1s peticiones elevadas por el actor, deriv\u00e1ndose as\u00ed, de esta manera, que la reclamaci\u00f3n que enfila el suplicante no tiene sentido, en consecuencia, la tutela perdi\u00f3 eficacia frente a la censura propuesta. <\/p>\n

5. Tocante con la figura que viene de memorarse, esta Corporaci\u00f3n tuvo ocasi\u00f3n de se\u00f1alar que la tutela pierde su fuerza:
\n\u00ab[B]ien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, se pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. Ante este panorama, el juzgador no puede m\u00e1s que declarar la carencia de objeto de la actuaci\u00f3n constitucional (CSJ STC 21 jun. 2012, Rad. 00121-01 reiterada en CSJ STC077-2018 Ene. 18 de 2018, rad. 2017-00252-01). <\/p>\n

En un asunto similar la Corte precis\u00f3 que:
\nel pedimento que origin\u00f3 la actual formulaci\u00f3n ya fue definido mediante prove\u00eddo de 8 de marzo de la cursante anualidad, habida cuenta que el aludido auto desat\u00f3 el recurso vertical interpuesto contra la resoluci\u00f3n dictada en primera instancia el 20 de junio de 2013, advierte la Corte que el motivo que gener\u00f3 la presentaci\u00f3n de la tutela materia de decisi\u00f3n ha desaparecido; luego el m\u00f3vil de la lamentaci\u00f3n del actor ya constituye un \u00abhecho superado\u00bb y, en consecuencia, la acci\u00f3n de amparo perdi\u00f3 eficacia y raz\u00f3n de ser frente a esa censura (STC2913-2016, 10 mar. 2016, rad. 2016-00434-00, reiterada en CSJ STC5134-2018 Abr. 19 de 2018, rad. 2018-00870-00). <\/p>\n

6. Ahora bien, concerniente con la presunta vulneraci\u00f3n de la prerrogativa establecida por el art\u00edculo 13 de la Carta Pol\u00edtica, ha de se\u00f1alarse que no est\u00e1 demostrado que en iguales condiciones a las descritas en esta salvaguarda, la autoridad judicial encartada haya impartido un trato diferente en favor de otras personas, sin que la sola manifestaci\u00f3n especulativa del accionante, constituya argumento suficiente para dispensar el amparo. <\/p>\n

Frente a ese t\u00f3pico, esta Sala expres\u00f3: <\/p>\n

(\u2026) Ahora, se duele el impugnante del trato desigual [otorgado a \u00e9l por los querellados]; empero, no acredit\u00f3 el aspecto relacional con el fin de efectuar el test de razonabilidad en la diferenciaci\u00f3n dispensada por las accionadas, exigencia que cobra relevancia cuando se demanda la protecci\u00f3n del derecho a la igualdad, puesto que con el prop\u00f3sito de determinar su desconocimiento, resulta necesario confrontar los casos concretos en los cuales las autoridades convocadas hayan actuado de manera diferente frente a situaciones semejantes a las que se encuentra inmerso el actor constitucional (\u2026) (CSJ, STC, 18 oct. 2013, rad. 2013-00446-01, reiterada, entre otras, en STC6924-2017 18 may. 2017 rad. 2017-00443-01 ). <\/p>\n

7. Ahora bien, en lo que respecta al \u00ablistado completo de todas las acciones o procesos que tenga para sentencia…\u00bb y la vigilancia administrativa, el accionante de insistir en ello, deber\u00e1 dirigirse a las autoridades competentes, dado el car\u00e1cter residual de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n

8. Finalmente, en cuanto al pedimento atinente a que se le \u00abbrinde copia f\u00edsica de todo lo actuado\u00bb, se ordenar\u00e1 que por secretar\u00eda y a costa del interesado expida la reproducci\u00f3n de las piezas procesales solicitadas. <\/p>\n

9. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC15335-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-00865-01. (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 12 de octubre de 2018 mediante la cual la Sala Civil \u2013 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101947","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101947","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101947"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101947\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101947"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101947"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101947"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}