{"id":101950,"date":"2026-07-01T20:59:10","date_gmt":"2026-07-01T20:59:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101950"},"modified":"2026-07-01T20:59:10","modified_gmt":"2026-07-01T20:59:10","slug":"stc15338-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15338-2018\/","title":{"rendered":"STC15338-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC15338-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02501-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 24 de octubre de 2018, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida, a trav\u00e9s de abogado, por V\u00edctor Julio Morales Pesca contra los Juzgados Ochenta y Seis Civil Municipal y Treinta y Tres Civil del Circuito, ambos de esta urbe. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- El reclamante depreca la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por los despachos encartados al interior del juicio ejecutivo que le entabl\u00f3 Luis Alfonso Mu\u00f1oz. <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3 afincando su descontento, grosso modo, lo siguiente: <\/p>\n

2.2.- Pese a haber realizado pagos por \u00abla suma de $941\u2019550.000,oo\u00bb, se le adelant\u00f3 el litigio sub lite en que el despacho municipal recriminado libr\u00f3 mandamiento de pago el d\u00eda 4 de marzo de 2015. <\/p>\n

2.3.- Trabada la litis propuso las excepciones perentorias de \u00abpago total de la obligaci\u00f3n\u00bb, \u00abfraude procesal\u00bb, \u00abineptitud de la obligaci\u00f3n\u00bb, \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n y cobro de lo no debido\u00bb y, a la vez, solicit\u00f3 el decreto de \u00abun[a] expertici[a] contable con el fin de que se estableciera la veracidad del pago por parte de los demandados\u00bb. <\/p>\n

2.4.- Si bien se decret\u00f3 esa probanza, tal devino desestimada \u00abtras indicar que la [perito que rindi\u00f3 la] misma no se encontraba en la lista de auxiliares pese a estar inscrita en la Lonja Nacional de Avaluadores Profesionales- Corpolonjas\u00bb. <\/p>\n

2.5.- Por ende, en la audiencia inicial surtida el 24 de agosto de 2016, se design\u00f3 a Juan Hernando M\u00e9ndez Palacios como perito contador, \u00abquien present\u00f3 un primer dictamen pericial el 25 de noviembre de 2016, mediante el cual dictamin\u00f3 que conforme a los abonos presentados [\u2026] se presentaba un saldo a favor de los demandados por valor de $535\u2019242.916.oo\u00bb, sin embargo, ulteriormente \u00abmodific\u00f3 sustancialmente [su trabajo], y determin\u00f3 que los demandados adeudan la suma de $24\u2019957.758.oo\u00bb lo que, en su criterio, denota un actuar poco diligente. <\/p>\n

2.6.- El juzgado municipal accionado dict\u00f3 sentencia calendada 16 de agosto de 2017, declarando \u00abprobada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de pago parcial y, en consecuencia, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n por la suma de $20\u2019851.548.92 m\u00e1s los intereses moratorios a partir del 19 de julio del a\u00f1o 2014\u00bb. <\/p>\n

2.7.- Tal determinaci\u00f3n, apelada como fue, devino confirmanda por la c\u00e9lula judicial del circuito enjuiciada en fallo de 27 de septiembre de hoga\u00f1o. <\/p>\n

2.8.- Pregona que \u00ablas decisiones adoptadas por los jueces de primera y segunda instancia incurrieron en una v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico [\u2026] comoquiera que pese a las irregularidades advertidas en el dictamen pericial realizado [\u2026] procedi[eron] a decidir con base en el mismo\u00bb. <\/p>\n

3.- Insta, conforme a lo relatado, se \u00abinvaliden o dejen sin ning\u00fan efecto las sentencias proferidas por los despachos encausados, y se ordene anular y rehacer el proceso, de modo que se pronuncie nuevamente teniendo en cuenta todas las pruebas\u00bb practicadas, y \u00abproceda a emitir nueva sentencia dentro del proceso\u00bb. <\/p>\n

4.- El presente asunto se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite mediante determinaci\u00f3n de 18 de octubre de 2018 (fol. 59, cdno. 1) y fue resuelto por providencia del d\u00eda 24 del mismo mes y a\u00f1o (fls. 83 a 88, idem). <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

El juez a quo acusado expres\u00f3, en breve, que \u00abcon fecha 16 de agosto de 2018, dict\u00f3 sentencia en la cual se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de pago parcial de la obligaci\u00f3n, decisi\u00f3n que se fundament\u00f3 ampliamente y se adopt\u00f3 cumpliendo a cabalidad las normas procesales y sin vulnerar derecho alguno del accionante\u00bb, contra la que el quejoso interpuso recurso de alzada, siendo confirmada la providencia impugnada el 27 de septiembre de esta anualidad (fls. 66 y 67, idem). <\/p>\n

El despacho del circuito recriminado asever\u00f3, en suma, que \u00abla defensa del accionante aport\u00f3 un dictamen pericial en donde se manifest\u00f3 que se hab\u00edan cancelado m\u00e1s de $900\u2019000.000 de pesos, a favor del demandante, sin embargo, este no fue tenido en cuenta y se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de un nuevo dictamen por parte de un auxiliar de la justicia, el cual, es cierto que incurri\u00f3 en un error, pero, dicho error no devino en la contabilizaci\u00f3n de las sumas entregadas por los demandados al demandante, sino en la aplicaci\u00f3n de los intereses, pues aplic\u00f3 inter\u00e9s civil, cuando lo correcto era aplicar inter\u00e9s comercial\u00bb y, por tanto, \u00abla primera instancia no lo tuvo en cuenta y aplic\u00f3 la prueba de confesi\u00f3n teniendo por probado que se hab\u00edan realizado el pago de $22\u2019000.000 de pesos, tal como se indic\u00f3 en los hechos de la demanda, quedando un saldo insoluto de $38\u2019000.000 de pesos\u00bb; puntualiz\u00f3 que \u00abcon la pres[en]taci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional se pretende darle validez a unos pagos que se efectuaron en los a\u00f1os 2011 y hasta antes del 18 de diciembre de 2013 (fecha de creaci\u00f3n de la letra de cambio) para que se tomen como abono a capital e intereses de una obligaci\u00f3n que naci\u00f3 a la vida jur\u00eddica como ya se dijo, solo hasta el 18 de diciembre de 2013, situaci\u00f3n que fue advertida por el perito, por el juez de primera instancia y por esta instancia, motivo por el cual solo se tuvieron en cuenta los pagos efectuados con posterioridad a la creaci\u00f3n de la letra de cambio y se confirm\u00f3 el recurso de alzada\u00bb (fls. 80 a 82, idem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Neg\u00f3 la protecci\u00f3n pedida afirmando, esencialmente, que el peticionario plantea \u00abuna diferencia de criterio acerca de la forma en la que el juez de segunda instancia analiz\u00f3 los medios de convicci\u00f3n en los que fundament\u00f3 su decisi\u00f3n, eventualidad para la cual no est\u00e1 prevista esta actuaci\u00f3n sumaria, siendo preciso a\u00f1adir que, contrario a lo aseverado por el accionante, el juzgador de primera grado desestim\u00f3 el dictamen pericial luego de verificarse que el auxiliar de la justicia hab\u00eda incurrido en error, pues aplic\u00f3 intereses legales cuando lo correcto era emplear el comercial, as\u00ed mismo, n\u00f3tese que con base la \u201ctarjeta cardex\u201d donde se relacionan una serie de abonos, de manera oficiosa procedi\u00f3 a efectuar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito arrojando como saldo insoluto adeudado la suma de $20\u2019821.548,91, monto por el cual finalmente se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n junto con los intereses de mora causados desde el 19 de junio de 2014\u00bb. <\/p>\n

Abund\u00f3, de inmediato, que \u00abel fallador de segundo grado al confirmar la sentencia dictada se\u00f1al\u00f3: \u201cdebe recordarse que la primera instancia al observar las inconsistencias que tuvo el dictamen … en la audiencia estableci\u00f3 c\u00f3mo deb\u00edan tenerse en cuenta los abonos y a partir de cu\u00e1ndo [se generaban] los correspondientes intereses, toda vez que con esto lo que hizo fue modificar el mandamiento de pago para todos los efectos de ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n…\u201d\u00bb; por tanto, realz\u00f3, \u00abqueda vedada la posibilidad de intervenci\u00f3n del juez de tutela en el asunto, a[u]n si la conclusi\u00f3n se comparte o no, pues no se detecta un yerro superlativo que lo amerite\u00bb (fls. 86 a 88, cdno. 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La interpuso el gestor esgrimiendo, en suma, a m\u00e1s de los argumentos expuestos en el libelo genitor, que \u00ab[t]anto al interior del proceso ordinario [sic] as\u00ed como en [la] decisi\u00f3n de primera instancia dentro de la acci\u00f3n de tutela de la referencia, las autoridades convocadas han desconocido la ostensible ilegalidad de la labor desempe\u00f1ada por parte de los demandantes del proceso ordinario quienes son prestamistas popularmente conocidos como \u201cgota a gota\u201d, pr\u00e1ctica que es ampliamente conocida y abiertamente ilegal comoquiera que en la misma realizan cobros excesivos, los cuales superan las tasas de inter\u00e9s m\u00e1ximas establecidas por el ordenamiento legal, conducta que se encuentra [\u2026] tipificada en el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo Penal colombiano y por tal raz\u00f3n dichas autoridades evadieron su obligaci\u00f3n de compulsar [sic] copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, para que la misma iniciar\u00e1 las investigaciones pertinentes\u00bb. <\/p>\n

Arguy\u00f3, adem\u00e1s, que \u00ab[e]l a quo pese a que en el escrito de tutela se le indic\u00f3 el defecto f\u00e1ctico en que incurri\u00f3 en juez [de conocimiento], pasa por alto tal irregularidad y estima razonable la decisi\u00f3n adoptada por el mismo, desconociendo con ello la deficiente labor del perito, el cual alleg\u00f3 dos experticias con diferencias ostensibles, mismos que van en contra de una labor profesional y le restan credibilidad a las actuaciones por [\u00e9]l adelantadas, no obstante, [la] \u00faltim[a] de l[a]s expertici[a]s indicad[a]s fue tenid[a] en cuenta por parte del juez ordinario, quien en uso de su facultad de libertad de decisi\u00f3n y de formar sus raciocinios conforme a las pruebas obrantes en el proceso, tambi\u00e9n debe justificar de manera razonable tal decisi\u00f3n y, en ese sentido, incurri\u00f3, se repite, en un defecto f\u00e1ctico, en la medida que utiliz\u00f3 como sustento de su decisi\u00f3n un peritaje cuya producci\u00f3n y manejo tuvo bastantes irregularidades y pone en tela de duda [al] perito contador\u00bb (fls. 100 a 102, idem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio ius fundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal se indique que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la decisi\u00f3n que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, en SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Observada la censura planteada deviene evidente que el reclamante, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto f\u00e1ctico, enfila su inconformismo, en \u00faltimas, contra la sentencia ratificatoria de 27 de septiembre de 2018. <\/p>\n

3.- Obran como cardinales acreditaciones allegadas que ata\u00f1en con el preciso asunto que ahora concita la atenci\u00f3n de la Corte, las siguientes: <\/p>\n

3.1.- Acta de 16 de agosto de 2017, contentiva de la resolutiva de la sentencia dictada en tal fecha por el juzgado municipal accionado, en que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de fondo denominada \u00abpago parcial de la obligaci\u00f3n\u00bb y dispuso proseguir la ejecuci\u00f3n por la suma de $20\u2019821.549.92 m\u00e1s los r\u00e9ditos de mora (fls. 2 y 3, cdno. 1). <\/p>\n

3.2.- Documento p\u00fablico en que reposa la parte dispositiva de la providencia revalidatoria de 27 de septiembre de 2018, emitida por el despacho del circuito entutelado (fol. 5, idem). <\/p>\n

3.3.- Experticias rendidas en el sub examine (fls. 8 a 52, idem). <\/p>\n

3.4.- Sendos discos compactos que albergan las audiencias en que, en primer y segundo grados, se dictaron las \u00absentencias\u00bb de cada instancia (piezas procesales n\u00famero 77 y 78, idem). <\/p>\n

All\u00ed la c\u00e9lula judicial del circuito acusada, en la decisi\u00f3n de segundo grado adiada 27 de septiembre de hoga\u00f1o, entre otras reflexiones, puso de presente que \u00abel inconformismo contra la sentencia se da contra el dictamen del perito rendido, del cual la primera instancia le tuvo algunas observaciones, entre ellas, que los intereses que se hab\u00edan tomado no eran los que se deb\u00edan tener en cuenta por la clase de t\u00edtulo que se hab\u00eda aportado el proceso, y fue as\u00ed como tom\u00f3 algunas fechas como soporte o como inicio del cobro que se pretende, y a partir de ah\u00ed aplic\u00f3 la primera instancia los intereses comerciales y no los intereses civiles, y no se puede decir entonces que la obligaci\u00f3n que se est\u00e1 cobrando aparezca inicialmente por la suma de $600\u2019000.000,oo que haya podido subirse a m\u00e1s de $1000\u2019000.000,oo cuando efectivamente hubo abonos que se hicieron a la obligaci\u00f3n, que fueron reconocidos por la primera instancia, pero al hacerse ese cambio de intereses, de los civiles a los comerciales, se hizo imputando en primera medida los abonos a los intereses y en segunda medida los abonos a capital, por eso se determin\u00f3 la suma por la cual se deb\u00eda seguir adelante la ejecuci\u00f3n teniendo en cuenta, entre otras cosas, que el mandamiento de pago [\u2026] puede ser librado [\u2026] en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que [se] considera legal, esto es, en la forma en que el funcionario judicial considere legal\u00bb. <\/p>\n

Y fue as\u00ed, prosigui\u00f3, que se \u00abconsidero legal lo que se estaba estableciendo en la sentencia materia de la impugnaci\u00f3n, y as\u00ed fue como se dijo que se deb\u00eda continuar la ejecuci\u00f3n por la suma de $20\u2019821.549.91 por concepto de capital, junto con los intereses moratorios exigibles a partir del d\u00eda 19 de junio de 2014 [\u2026]. Entonces, se puede decir que verificada nuevamente la documental obrante en el expediente es claro que, como abonos a la obligaci\u00f3n, \u00fanicamente se pueden tener los pagos efectuados con posterioridad al d\u00eda 8 de marzo al 15 de mayo del a\u00f1o 2014, sumas de dinero que fueron canceladas por el demandado y las cuales no se encontraban relacionadas en la tarjeta kardex, que como fue una contabilidad bastante b\u00e1sica la que se llev\u00f3, se tuvo en cuenta por el despacho como la mejor opci\u00f3n para determinar a partir de cu\u00e1ndo se deb\u00edan tener en cuenta los abonos y cu\u00e1les eran los abonos que se deb\u00eda tener en cuenta\u00bb. <\/p>\n

A vuelta de lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que tocante con \u00abla queja invocada por el apelante, en cuanto a decir que Davivienda no certific\u00f3 los cheques y que estos eran esenciales para tener en cuenta los abonos, revisado el expediente y de manera especial [\u2026] la certificaci\u00f3n del banco [que] s\u00ed aparece, pero \u00e9sta no se tuvo en cuenta toda vez que los valores ah\u00ed relacionados son con anterioridad a la fecha de la emisi\u00f3n del t\u00edtulo objeto del proceso ejecutivo [\u2026], en donde aparecen los Cheques 75134-1, 75135-3, 75136-7, 75138-4 y 75139-8, los cuales se puede ver que son de creaci\u00f3n anterior a la fecha del t\u00edtulo valor base de la ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Y, pregon\u00f3, en punto del \u00abotro reparo, pues se dijo que el perito no fue preciso, que falt\u00f3 a la \u00e9tica profesional y al debido proceso, debe recordarse que la primera instancia al observar las inconsistencias que tuvo el dictamen, \u00e9l mismo en la audiencia estableci\u00f3 c\u00f3mo deb\u00edan tenerse en cuenta los abonos y a partir de cu\u00e1ndo se deb\u00edan tener en cuenta y los correspondientes intereses, toda vez que con esto lo que hizo fue modificar el mandamiento de pago [\u2026] para todos los efectos de ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

4.- Tocante con el cuestionamiento planteado en punto del fallo relacionado en el numeral inmediatamente anterior, se\u00f1\u00e1lase que contrario sensu a lo manifestado por el disconforme, tal no alberga anomal\u00eda que imponga, prima facie, la perentoria salvaguardia deprecada en la medida en que de la transcripci\u00f3n enantes vista, independientemente que la Corte la proh\u00edje en su totalidad por no ser este el escenario id\u00f3neo para lo propio, dimana que la exposici\u00f3n de los motivos decisorios manifestados se guarecen en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el litigio ejecutivo planteado, a m\u00e1s que los elementos de convicci\u00f3n fueron aquilatados conforme a las reglas probatorias. <\/p>\n

4.1.- Esto es, que del aquilatamiento de las demostraciones obrantes en el sub judice se evidenci\u00f3 que en virtud la existencia de pruebas documentales que daban cuenta de algunos pagos efectuados por el tutelista en fecha anterior a la de la creaci\u00f3n del t\u00edtulo valor base del recaudo, tales no se tuvieron en consideraci\u00f3n a la hora de estimarlos como descuentos de la suma adeudada, no obstante, por contrario, los que se realizaron con posterioridad a tal data s\u00ed se imputaron, primero a intereses y luego a capital, por lo cual al efecto se modific\u00f3 la suma reconocida en la orden de apremio. <\/p>\n

Adem\u00e1s, si bien se tuvo en cuenta la experticia rendida, lo propio no acaeci\u00f3 en lo puntualmente tocante con los r\u00e9ditos all\u00ed relacionados, dado que los mercantiles y no los civiles era los que hab\u00edan de reconocerse, como en efecto se hizo, hermen\u00e9utica respetable que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda, todo lo cual no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo. <\/p>\n

4.2.- Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de una parte, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01) y, de otra, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01). <\/p>\n

Cabe destacar, por dem\u00e1s, que en punto de la \u00abvaloraci\u00f3n probatoria\u00bb, la Sala ha acotado, entre m\u00faltiples decisiones, verbigracia, en CSJ STC, 24 jun. 2011, rad. 01225-00, que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, [se] ha dicho [\u2026], debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

5.- Seg\u00fan lo discurrido, se reafirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n materia de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC15338-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02501-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 24 de octubre de 2018, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101950","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101950","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101950"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101950\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101950"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101950"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101950"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}