{"id":101951,"date":"2026-07-01T20:59:21","date_gmt":"2026-07-01T20:59:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101951"},"modified":"2026-07-01T20:59:21","modified_gmt":"2026-07-01T20:59:21","slug":"stc15339-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15339-2018\/","title":{"rendered":"STC15339-2018"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC15339-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 25000-22-13-000-2018-00292-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo emanado de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la tutela entablada contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1. <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N PREVIA <\/p>\n

\u00a0
\nHabida cuenta que se estudiar\u00e1 la situaci\u00f3n de ni\u00f1os declarados en estado de adoptabilidad, la Sala advierte que como \u00abmedida de protecci\u00f3n de su intimidad\u00bb, es necesario ordenar que se suprima de toda futura publicaci\u00f3n el nombre de aquellos y el de sus familiares, as\u00ed como la \u00abinformaci\u00f3n que permita conocer su identidad\u00bb. En consecuencia, no se consignar\u00e1n detalles, con el fin antes aludido. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

La promotora, abuela de los menores, reclam\u00f3 la defensa de su \u00abderecho al debido proceso y familia\u00bb en procura de que \u00abse revoque la resoluci\u00f3n de declaratoria de Adoptabilidad\u00bb, as\u00ed como \u00abla sentencia de Homologaci\u00f3n de Adoptabilidad\u00bb y se \u00abrestablezcan los derechos de los menores y se ubiquen en medio Familiar bajo la Responsabilidad de su Abuela Materna\u00bb. <\/p>\n

Tales pedimentos fueron afincados, en lo medular, en que los imp\u00faberes fueron retirados del seno de su madre y encargados a quien aqu\u00ed acciona; sin embargo, \u00e9sta \u00abde manera voluntaria en busca de tener un cuidado y una protecci\u00f3n para sus menores los intern\u00f3\u00bb en una instituci\u00f3n \u00aben donde cancelaba mensualidad y estaba al pendiente de los menores\u00bb. As\u00ed, el equipo psicosocial adscrito a la Comisar\u00eda de Familia de la zona visit\u00f3 los \u00abinfantes\u00bb y encontr\u00f3 que \u00abno se est\u00e1 cancelando la cuota correspondiente a modalidad de protecci\u00f3n casa hogar para el sostenimiento, [y] remite a los menores a ex\u00e1menes sexol\u00f3gicos, m\u00e9dico legal a prevenci\u00f3n\u00bb; por lo que finalmente \u00abla entidad demandada dispone, que se modifique la medida de protecci\u00f3n (\u2026) para que en adelante permanezca en la modalidad de hogar sustituto\u00bb. <\/p>\n

Cont\u00f3 que fue emprendido el protocolo para determinar el \u00abestado de adoptabilidad\u00bb de aquellos, y en \u00e9l comprob\u00f3 que \u00abtiene un contrato de prestaci\u00f3n de servicios (\u2026) por lo cual demuestra un ingreso econ\u00f3mico para el sostenimiento de los menores\u00bb; \u00abque ella tiene vivienda en arriendo en un sector de buenas caracter\u00edsticas (\u2026) adem\u00e1s que la due\u00f1a del inmueble informa que dentro del tiempo que los antes mencionados han vivido en su residencia no se han escuchado malos tratos\u00bb; que en \u00abla certificaci\u00f3n hecha por la Asociaci\u00f3n de Padres de Familia de Hogares de Bienestar (\u2026) se encuentra que el periodo de participaci\u00f3n del menor (\u2026) y la menor (\u2026) se evidenci\u00f3 el cuidado permanente en casa de [ella] (\u2026) donde se demostr\u00f3 responsabilidad en el cuidado\u00bb; que en la \u00abvaloraci\u00f3n psicol\u00f3gica se encuentra que los menores a trav\u00e9s de esta modalidad demostraron afectividad por su abuela materna, lo cual demostrar\u00eda que ellos tienen un v\u00ednculo amigable con la misma, la cual podr\u00eda dar el cuidado pertinente\u00bb; y que realiz\u00f3 el \u00abcurso sobre derechos de la ni\u00f1ez seg\u00fan lo que se hab\u00eda solicitado por el I.C.B.F.\u00bb. <\/p>\n

Con todo, contrario a lo que ella esperaba, la Defensora de Familia competente \u00abdeclar\u00f3 a los menores (\u2026) en situaci\u00f3n de adoptabilidad y como medida de restablecimiento de derechos la adopci\u00f3n\u00bb, lo que ratific\u00f3 el Juzgado. <\/p>\n

Critic\u00f3 que \u00abel juez [no haya tenido] en cuenta todo lo que (\u2026) demostr\u00f3 sino que tan solo se permiti\u00f3 confirmar con las simples consideraciones de la Defensora de Familia\u00bb. <\/p>\n

Las autoridades involucradas defendieron su labor\u00edo. El Ministerio P\u00fablico exterioriz\u00f3 que no hab\u00eda prueba del contexto apremiante de los protegidos, as\u00ed como que no se les escuch\u00f3 en el juicio. <\/p>\n

El a quo deneg\u00f3 el amparo, tras avistar como razonable lo dirimido por el \u00abfuncionario judicial\u00bb y recalcar que <\/p>\n

(\u2026) despu\u00e9s de un escrutinio riguroso de las pruebas recaudadas en el proceso, en particular de las declaraciones rendidas por la progenitora y la abuela de los menores, de las que concluyeron cosas que, en una l\u00f3gica aceptable, jam\u00e1s podr\u00edan reprocharse de veleidosas, cuanto m\u00e1s si en pos de sus conclusiones, las autoridades administrativas hicieron notar que cuando la custodia de los ni\u00f1os fue asignada a la quejosa, \u00e9sta los dej\u00f3 al cuidado de una fundaci\u00f3n, en la que dej\u00f3 de proporcionar la cuota de $50.000 mensuales que se le ped\u00eda para su manutenci\u00f3n, adem\u00e1s de comportarse de forma distante con los menores durante las visitas, evidenciando que no exist\u00eda un verdadero inter\u00e9s por asumir el cuidado de sus nietos, algo cuya razonabilidad, en las condiciones del caso, descarta desde todo punto de vista esa veleidad que se atribuye en la tutela a esa decisi\u00f3n. <\/p>\n

Ahora, dice el Ministerio P\u00fablico que durante el proceso no se efectu\u00f3 la \u201centrevista\u201d contemplada en el art\u00edculo 26 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, impidiendo que los ni\u00f1os \u201ctuvieran la oportunidad de expresar su opini\u00f3n\u201d; m\u00e1s, analizado ese planteamiento, lo que observa el Tribunal es que, al margen de que el inciso segundo de dicho precepto no exige propiamente una \u201centrevista\u201d con los menores, sino que \u00e9stos tengan \u201cderecho a ser escuchados y sus opiniones\u201d sean \u201ctenidas en cuenta\u201d, lo cierto es que entre las \u201ct\u00e9cnicas utilizadas\u201d para elaborar los informes psicosociales de los menores, se encuentra la \u201centrevista con los evaluados\u201d (folio 217 de la tutela), la que, sumada a la \u201crevisi\u00f3n de la historia socio-familiar\u201d, el \u201can\u00e1lisis de la din\u00e1mica familiar\u201d y los \u201cseguimientos\u201d, sirvi\u00f3 de fundamente a la psic\u00f3loga y la trabajadora social de la Comisar\u00eda de Familia para establecer la \u201ccondici\u00f3n psicol\u00f3gica actual\u201d de los ni\u00f1os, de donde se sigue que, aunque no obra en el informe una transcripci\u00f3n literal de lo manifestado por \u00e9stos en la entrevista aludida, sus opiniones s\u00ed fueron valoradas dentro de las actuaciones, descartando esa falencia procesal a que hace referencia el representante del Ministerio P\u00fablico\u00bb. <\/p>\n

Ese desenlace fue repelido por la gestora. Reafirm\u00f3, en s\u00edntesis, lo dicho desde el comienzo. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Bien \tpronto se avizora la revocatoria del veredicto proferido en la sede \tprecedente, toda vez que auscultado el del Juez de Familia al \tdesatar la \u00abhomologaci\u00f3n\u00bb, \ten verdad se advierten deficiencias en la \u00abvaloraci\u00f3n \tprobatoria\u00bb \ty, por lo tanto, en la \u00abmotivaci\u00f3n \tde la providencia\u00bb, \tlo que necesariamente provoca la intromisi\u00f3n constitucional; \tm\u00e1xime cuando est\u00e1n involucrados los intereses y el \tbienestar de dos menores de edad, lo que imprime relieve al \tconflicto. <\/p>\n

La Corte, sobre el rito que genera este escrutinio, ha ense\u00f1ado que <\/p>\n

(\u2026) en el marco del proceso de homologaci\u00f3n, la funci\u00f3n de control de legalidad de la resoluci\u00f3n de adoptabilidad va m\u00e1s all\u00e1 de la verificaci\u00f3n del cumplimiento de los requisitos formales del procedimiento administrativo. Es as\u00ed, que con presentarse la oposici\u00f3n por parte de los padres o de los familiares o con el incumplimiento de los t\u00e9rminos por parte de las autoridades administrativas competentes, el asunto merece la mayor consideraci\u00f3n y adecuado escrutinio de la autoridad judicial con el fin de que exista claridad sobre la real garant\u00eda de los derechos fundamentales del ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente involucrado y de su inter\u00e9s superior\u00bb. <\/p>\n

Tal postura fue reiterada en la Sentencia T-1042 de 2010, en la cual se dijo que el objetivo de la \u00abhomologaci\u00f3n\u00bb es revisar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales del debido proceso durante la \u00abactuaci\u00f3n administrativa\u00bb, por lo que se constituye como \u00abun mecanismo de protecci\u00f3n eficaz para que las personas afectadas por una resoluci\u00f3n de adoptabilidad recobren sus derechos mediante la solicitud de terminaci\u00f3n de sus efectos, acreditando que las circunstancias que ocasionaron tal situaci\u00f3n se han superado y que razonadamente se puede deducir que no se repetir\u00e1n\u00bb. (CSJ STC 3548-2018). <\/p>\n

2. En \tel sub \texamine, \tel Juzgado cuestionado luego de resumir lo ocurrido y explicar el \tmarco normativo aplicable, procedi\u00f3 a destrabar la \t\u00abhomologaci\u00f3n\u00bb, \trecordando que <\/p>\n

[e]n el caso materia de an\u00e1lisis, tenemos que la Comisar\u00eda de Familia (\u2026), teniendo en cuenta la verificaci\u00f3n de garant\u00eda de derechos realizada por el equipo interdisciplinar de acuerdo a la larga permanencia de los ni\u00f1os (\u2026) en la modalidad Casa Hogar CFV, mediante providencia de fecha 23 de mayo de 2017, decidi\u00f3 abrir proceso administrativo de restablecimiento de derechos a favor de los ni\u00f1os (\u2026), como medida de protecci\u00f3n provisional estableci\u00f3 su custodia, tenencia y cuidado personal en la Corporaci\u00f3n (\u2026) en modalidad de casa hogar, orden\u00f3 la publicaci\u00f3n de su fotograf\u00eda en el espacio televisivo del ICBF transmitido en la TV nacional, inform\u00f3 a las se\u00f1oras [madre y abuela] que deber\u00edan asistir al curso pedag\u00f3gico sobre los derechos de la ni\u00f1ez que se dicta en la Defensor\u00eda del Pueblo (\u2026) y les advirti\u00f3 que su incumplimiento de las obligaciones impuestas tendr\u00eda sanci\u00f3n; orden\u00f3 al equipo psicosocial realizar visita domiciliaria a la [abuela] con el fin de establecer sus condiciones habitacionales y relacionales permitiendo garantizar los derechos del menor de edad, inform\u00f3 a la [madre] que deber\u00eda acudir a valorizaci\u00f3n pos psiquiatr\u00eda y fij\u00f3 fecha para descargos de [las anteriores dos personas]. (\u2026). <\/p>\n

Una vez practicadas las pruebas, realizados los informes y dict\u00e1menes periciales, mediante Resoluciones (\u2026) de fecha 17 de noviembre de 2017 la Comisar\u00eda de Familia (\u2026), debidamente motivada y fundamentada, revis\u00f3 los antecedentes, hechos, pretensiones, la actuaci\u00f3n procesal, consider\u00f3 analiz\u00f3 (sic) las pruebas, consider\u00f3 y resolvi\u00f3 declarar en situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos a los ni\u00f1os (\u2026), confirm\u00f3 como medida de restablecimiento de derechos su permanencia en modalidad casa hogar, orden\u00f3 enviar las diligencias al ICBF (\u2026) y suspendi\u00f3 las visitas y de (sic) comunicaci\u00f3n de [la l\u00ednea familiar ascendente) con los ni\u00f1os. <\/p>\n

Luego, cont\u00f3, que en conocimiento de la \u00abautoridad administrativa pertinente\u00bb, \u00e9sta los declar\u00f3 \u00aben situaci\u00f3n de adoptabilidad\u00bb, orden\u00f3 \u00abcomo media de restablecimiento de derechos, la adopci\u00f3n\u00bb, as\u00ed como ratific\u00f3 y mantuvo \u00abla medida de restablecimiento de derechos de ubicaci\u00f3n en Hogar Sustituto a favor de los ni\u00f1os (\u2026) hasta tanto sean entregados a sus padres adoptantes\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, aprob\u00f3 \u00abel fallo proferido en audiencia celebrada el 15 de marzo de 2018\u00bb, con apoyo en que <\/p>\n

(\u2026) vemos que tanto la Comisaria De Familia (\u2026), como el Defensor de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (\u2026) cumplieron a cabalidad con el tr\u00e1mite establecido por la Ley de la Infancia y la Adolescencia, acataron las normas constitucional y legales del debido proceso propias para \u00e9sta actuaci\u00f3n, respetaron el derecho de defensa, atendieron el inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os decretando, practicando y analizando todas las pruebas obrantes al proceso y finalmente, impusieron las medidas que consideraron necesarias para el efectivo restablecimiento de los derechos [los ni\u00f1os] y as\u00ed restaurar su dignidad e integridad como ni\u00f1os y su capacidad para ejercer efectivamente sus derechos vulnerados, al carcer su progenitora y abuela materna, de calidades para lograr un \u00f3ptimo desarrollo f\u00edsico, psicomotor, mental, intelectual, emocional, afectivo y asegurar su formaci\u00f3n integral de acuerdo a los dict\u00e1menes e informes obrantes en el expediente. <\/p>\n

En \u00e9ste orden de ideas, se concluye que la actuaci\u00f3n administrativa atendi\u00f3 el inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os (\u2026) ya que se demostr\u00f3 plenamente que se les violaron sus derechos por lo que se orden\u00f3 su restauraci\u00f3n y si bien es cierto, los ni\u00f1os tienen derecho a tener y crecer en el seno de la familia, tambi\u00e9n lo es que pueden ser separados cuando \u00e9sta no garantiza las condiciones para la realizaci\u00f3n y el ejercicio de sus derechos, como en el caso de estudio, y cierto es que cuenta con la progenitora y la abuela materna, tambi\u00e9n lo es, que con las pruebas testimoniales de parte (progenitora) y terceros (abuela materna), y documentales (pericias e informes psicosociales referidos), se establece que ninguno de ellos est\u00e1 en capacidad de brindarles la protecci\u00f3n que requieren en estos momentos los ni\u00f1os, si por el contrario con la medida impuesta por el ente de instancia administrativo, se garantiza todos los derechos fundamentales de los ni\u00f1os, adem\u00e1s se cumplieron cabalmente las etapas procesales, se practicaron las pruebas, se les notificaron las providencias, y se tom\u00f3 la medida que considero (sic) necesaria, oportuna y convincente para el efectivo restablecimiento de los derechos de los ni\u00f1os, por consiguiente, la oposici\u00f3n no est\u00e1 llamada a prosperar, debi\u00e9ndose homologar la Resoluci\u00f3n de declaratoria de adoptabilidad de que fueron sujetos los ni\u00f1os (\u2026). <\/p>\n

Con ese panorama, no resulta sencillo afirmar que lo zanjado se muestra comprensible por cuanto, en verdad, el Estrado encartado no hizo alusi\u00f3n, desde su perspectiva, a los medios de convicci\u00f3n que alleg\u00f3 la libelista al tr\u00e1mite administrativo con el prop\u00f3sito de acreditar su \u00abcapacidad\u00bb para custodiar y cuidar de los infantes involucrados. <\/p>\n

Tambi\u00e9n, es imposible, de la lectura de los \u00abconsiderandos\u00bb, entender cu\u00e1les son los motivos concretos por los cuales debe mantenerse la declaratoria de adoptabilidad pluricitada. N\u00f3tese que se refiere a \u00abpruebas testimoniales de parte y terceros\u00bb, y a \u00abpruebas documentales\u00bb, pero no fueron analizadas de forma individual y, posteriormente, en conjunto, lo que se muestra inadmisible ya que la quejosa no pudo divisar la \u00abraz\u00f3n de la decisi\u00f3n\u00bb y ello conculca sin lugar a dudas el derecho al debido proceso. <\/p>\n

No se pierda de vista que \u00abla carencia de sustentaci\u00f3n del juez [\u2026] ciertamente impide a las partes conocer los reales alcances del respectivo pronunciamiento y su grado de convicci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, (\u2026), se requiere de mayor carga argumentativa del operador judicial para respaldar las conclusiones sobre el punto en cuesti\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 10 ago. 2011, rad. 00168-02; reiterada, entre otras decisiones, en CSJ STC5152-2014, 29 de abr. 2015, rad. 2015-00153-01). <\/p>\n

Adicionalmente, esta Corte ha sido enf\u00e1tica en que <\/p>\n

(\u2026) la motivaci\u00f3n de las [providencias judiciales] constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir, \u2018(\u2026) la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. [\u2026] \u2018la funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas. La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo\u2019 sentencia de 22 de mayo de 2003, Exp. 00526-01. (CSJ STC5650-2017). <\/p>\n

Basten tales raciocinios para proceder como se indic\u00f3. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, resuelve REVOCAR el fallo de primer grado, para, en su lugar, CONCEDER el resguardo reclamado. <\/p>\n

En consecuencia, se deja sin valor y efecto el prove\u00eddo de 8 de junio de 2018, para que el Juzgado de Familia involucrado en este radicado, en el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas contados desde la comunicaci\u00f3n respectiva, destrabe una vez m\u00e1s el t\u00f3pico con observancia de lo ense\u00f1ado. <\/p>\n

Se ordena eliminar de toda divulgaci\u00f3n ulterior la informaci\u00f3n que pueda permitir la identificaci\u00f3n de las partes implicadas en este tr\u00e1mite, como garant\u00eda de la intimidad de los menores. <\/p>\n

Notif\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC15339-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba. 25000-22-13-000-2018-00292-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo emanado de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la tutela entablada contra el Instituto Colombiano de Bienestar […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101951","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101951","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101951"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101951\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101951"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101951"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101951"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}