{"id":101955,"date":"2026-07-01T21:00:29","date_gmt":"2026-07-01T21:00:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101955"},"modified":"2026-07-01T21:00:29","modified_gmt":"2026-07-01T21:00:29","slug":"stc15343-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15343-2018\/","title":{"rendered":"STC15343-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC15343-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-00890-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 17 de octubre de 2018, mediante la cual la Sala de Decisi\u00f3n Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por el se\u00f1or Mario Restrepo contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, vincul\u00e1ndose a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Defensor\u00eda del Pueblo, Regionales Risaralda. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial, dentro de la acci\u00f3n popular n. \u00ba 2018-0300-00. <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3, que el juez censurado \u00abde manera ilegal cree poder exigir requisitos NO contemplados en el art. 18 Ley 472\/98\u00bb. <\/p>\n

3. Pidi\u00f3, que (i) se admita \u00absin dilaci\u00f3n alguna [la] acci\u00f3n, pues cumpl[e] lo que [\u2026] ordena art. 8 Ley 472\/98\u00bb; (ii) \u00ab[s]e ordene aplicar las tutelas 6601 2213 000 2017 01042-01 L.A. Tolosa CSJ SCC, 66001 22 13 000 2018 00224 00 M.P. Claudia M. R\u00edos, 17001 22 13 000 2017 00421 Dr. Ariel Salazar CSJ SCC\u00bb; y (iii) que se aporte copia de esas sentencias a la tutela (fl. 1 cuad.1). <\/p>\n

3.- El 2 de octubre de 2018 el Tribunal Superior de Pereira avoc\u00f3 el conocimiento de la acci\u00f3n de tutela formulada y el 17 de octubre de 2018 profiri\u00f3 fallo de tutela en primera instancia, declarando improcedente el amparo, que fue impugnado por el se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga (ff. 4, 17-19, 23 cuad.1). <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

El Juzgado recriminado envi\u00f3 copias de lo pertinente de la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2018-00300-00 promovida por el se\u00f1or Mario Restrepo e informo que \u00abfrente al auto que rechaz\u00f3 la demanda, no fue interpuesto ning\u00fan recurso\u00bb (f. 7 cuad. 1). <\/p>\n

La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda se\u00f1al\u00f3 que era ajena a la vulneraci\u00f3n de los derechos del accionante, \u00abtoda vez que [su] intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, situaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada [\u2026] en el respectivo pacto de cumplimiento que para el efecto suscriba\u00bb (fl. 12 cuad. 1). <\/p>\n

El Procurador Judicial para Asuntos Civiles solicit\u00f3 al despacho que \u00abdebidamente evaluadas las razones para el rechazo, tenga en cuenta el criterio legal para la determinaci\u00f3n de competencias en el marco de las acciones populares, porque es posible hubiese una aplicaci\u00f3n o un entendimiento indebido del respectivo precepto, que pudiera traducirse en un compromiso al debido proceso, enmendable por la v\u00eda de la tutela\u00bb (ff. 15-16 cuad. 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal Constitucional, declar\u00f3 improcedente el amparo por subsidiariedad, al estimar que \u00abla demanda fue inadmitida (f. 13 y 20), para que el demandante aportara \u201cel lugar, la direcci\u00f3n f\u00edsica y electr\u00f3nica en la que recibir\u00e1 notificaciones personales\u201d y copias del libelo para traslado y archivo (f.9), requerimientos que, a juicio del Juzgado, fueron desacatados y, en consecuencia, la demanda fue rechazada mediante prove\u00eddo del 23 de abril de abril julio (sic) (f. 10); ese auto durante su t\u00e9rmino de ejecutoria, no fue recurrido\u00bb (fl. 17-19 cuad. 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga impugn\u00f3 el fallo de tutela sin manifestar las razones de su inconformidad y solicit\u00f3 que \u00abSE TENGA A LA ACCIONADA COMO A[LL]ANADA A LAS PRETENSIONES DE MI TUTELA, PUES NO RESPONDE MI ACCI\u00d3N DE TUTELA (fl. 23 cuad.1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

3. Del examen de las pruebas allegadas, la Corte encuentra, en lo concerniente con la queja constitucional, resaltar las siguientes: <\/p>\n

3.1. Escrito de acci\u00f3n popular presentada contra Audiofarma por el se\u00f1or Mario Restrepo (fl. 8 cuad.1). <\/p>\n

3.2. Auto del 12 de abril de 2018, notificado por estado del d\u00eda siguiente, que inadmiti\u00f3 la acci\u00f3n popular, como quiera que \u00ab[e]n atenci\u00f3n a lo se\u00f1alado en el literal f) del art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con el numeral 10 del art\u00edculo 82 del C\u00f3digo General del Proceso, el actor deber\u00e1 suministrar el lugar, la direcci\u00f3n f\u00edsica y electr\u00f3nica en la que recibir\u00e1 notificaciones personales\u00bb. Adem\u00e1s, se le requiri\u00f3 al gestor que aportara copia de la demanda para el traslado y para el archivo del Juzgado (fl. 9 cuad. 1). <\/p>\n

3.3. Memorial del promotor del 16 de abril de 2018, corrigiendo la demanda y manifestando que \u00absu direcci\u00f3n es Medell\u00edn Casa 13, Mz 10 sector san Javier comuna 3, no tengo correo electr\u00f3nico y la Ley 472 de 1998 no me lo exi[g]e [\u2026]. No aporto copia de la demanda, pues el art. 18 ley especial 472 de 1998, no [lo] impone. [\u2026] presento reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n de no admitir mi acci\u00f3n\u00bb (fl. 40 cuad. 1). <\/p>\n

3.4. Prove\u00eddo del 24 de abril de 2018, notificado por auto del d\u00eda siguiente, que rechaz\u00f3 la acci\u00f3n constitucional por no haber cumplido el promotor la totalidad de lo requerido; se le precis\u00f3 que \u00abninguna norma permite interponer recursos a futuro\u00bb (fl. 40 cuad. 1). <\/p>\n

3.5 Impresi\u00f3n del estado del proceso en el Sistema de Consulta de Procesos de la Rama Judicial, en el que no aparece registrado la interposici\u00f3n de recurso contra el auto de rechazo (fl. 32 cuad. 1). <\/p>\n

4. Analizado el rese\u00f1ado tr\u00e1mite, la Sala advierte que la concesi\u00f3n de la salvaguarda tutelar deprecada en el particular asunto no puede salir avante, comoquiera que el apelante, seg\u00fan se desprende de las probanzas allegadas no es sujeto procesal en el tr\u00e1mite sub examine, esto es, que no detenta condici\u00f3n sustancial o adjetiva dentro del mismo, que posibilite la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales se\u00f1alados en el escrito genitor; de ah\u00ed que adolezca de legitimaci\u00f3n en la causa para accionar, en tanto que no se entiende c\u00f3mo puede verse afectado en sus derechos con las actuaciones enjuiciadas, las cuales, \u00fanicamente, est\u00e1n dirigidas a regular la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los contradictores litigiosos, dentro de los que no se halla, it\u00e9rase, el peticionario. Por tanto, deviene inane la solicitud de resguardo por \u00e9l planteada. <\/p>\n

En un asunto que guarda simetr\u00eda con el aqu\u00ed abordado, la Corte tuvo ocasi\u00f3n de se\u00f1alar que: <\/p>\n

[E]n el promotor del amparo debe existir un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, trat\u00e1ndose de violaciones derivadas de actuaciones judiciales, radica en cabeza de quienes conforman alguno de los extremos de la litis o fueron tenidos o reconocidos como intervinientes. <\/p>\n

[\u2026] En el sub lite, es claro el fracaso de la salvaguarda porque del relato del [tutelista] y de las evidencias adosadas a este expediente, emerge que \u00e9l no particip\u00f3 en el pleito denunciado en ninguna de las dos se\u00f1aladas calidades, luego es incontrovertible que carece de legitimaci\u00f3n para reprochar por esta v\u00eda las decisiones all\u00ed adoptadas (CSJ STC, 14 nov. 2013, rad. 02643-00, reiterada en CSJ STC21436-2017 dic. 14 de 2017, rad. 2017-03445-00 y en CSJ STC4001-2018 Mar. 22 de 2018, rad. 2018-00041-01). <\/p>\n

5. De conformidad con lo discurrido, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n materia de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC15343-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-00890-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 17 de octubre de 2018, mediante la cual la Sala de Decisi\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101955","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101955","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101955"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101955\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101955"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101955"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101955"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}