{"id":101970,"date":"2026-07-01T21:05:16","date_gmt":"2026-07-01T21:05:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101970"},"modified":"2026-07-01T21:05:16","modified_gmt":"2026-07-01T21:05:16","slug":"stc15359-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15359-2018\/","title":{"rendered":"STC15359-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC15359-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2018-02120-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 4 de octubre de 2018 mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Rub\u00e9n Dar\u00edo Quijano Parra contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Guaduas. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, \u00abdefensa\u00bb, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abprincipio de favorabilidad en materia penal\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, seg\u00fan se desprende del libelo introductorio y las pruebas obrantes en el plenario, lo siguiente: <\/p>\n

2.1. El 10 de marzo de 2008 fue condenado a 214 meses de prisi\u00f3n por los punibles de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado y porte de armas de fuego de defensa personal. <\/p>\n

2.2. Afirm\u00f3, que \u00aben el momento [ha] cumplido 11 a\u00f1os 4 meses de condena f\u00edsica m\u00e1s las redenciones reconocidas de m\u00e1s de 40 meses, lo que claramente lleva a concluir que a la fecha [ha] pagado m\u00e1s de las 3\/5 partes de la pena impuesta y [su] conducta ha sido calificada como ejemplar\u00bb, circunstancia por la que, deprec\u00f3 la libertad condicional, pedimento que le fue negado mediante auto de 22 de febrero de 2018, determinaci\u00f3n ratificada el 27 de agosto hoga\u00f1o. <\/p>\n

2.3. Censur\u00f3, que \u00abexiste un garrafal desconocimiento de la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad en [su] caso, t\u00e9ngase en cuenta tal y como se dijo en la sentencia proferida en su momento por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, que las sanciones impuestas al suscrito ten\u00edan sustento en la Ley 600 de 2000, y al momento de dilucidar lo concerniente a los subrogados penales se estableci\u00f3 la aplicaci\u00f3n y an\u00e1lisis del art\u00edculo 64 de este estatuto. En ning\u00fan momento se analizaron los elementos establecidos en Ley 1121 de 2006, en especial lo atinente al art\u00edculo 26, la cual persisten las entidades encartadas en aplicar[le] en atenci\u00f3n a las conductas que llevaron a [su] condena, desconociendo que la conducta se cometi\u00f3 antes de la entrada en vigencia de dicha norma\u00bb. <\/p>\n

2.4. Refiri\u00f3, que \u00aben el caso sub examine, se cumplen los supuestos que permiten aplicar dicho principio pues: i) existe una sucesi\u00f3n de leyes en el tiempo. En materia de libertad condicional existe todo un elenco normativo que proh\u00edbe y consagra requisitos a efectos de conceder dicho subrogado. En efecto, la discusi\u00f3n se contrae a dilucidar si la Ley 890 de 2004 y la Ley 906 de 2004, normas que eliminan la prohibici\u00f3n de dicho beneficio, deben o no ser aplicadas al momento de analizar la petici\u00f3n presentada por el accionante; ii) sin duda la aplicaci\u00f3n de las Leyes 733 de 2002 y 1121 de 2006, en contraposici\u00f3n con las leyes 890 de 2004 y Ley 906 de 2004, aparejan consecuencias tan disimiles como la posibilidad de negar o conceder el subrogado de libertad condicional y; iii) por \u00faltimo, existe una permisibilidad de una disposici\u00f3n frente a la otra\u00bb. <\/p>\n

2.5. Sostuvo, que \u00aben este caso es evidente que se configura un defecto sustantivo respecto de las decisiones adoptadas por las entidades encartadas, en la medida en que las decisiones judiciales desconocieron las normas consagradas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el C\u00f3digo Penal y de Procedimiento Penal relativas a que la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se aplicar\u00e1 sin excepci\u00f3n, de preferencia, a la restrictiva o desfavorable, lo cual rige tambi\u00e9n para los condenados. Es as\u00ed como en el caso que nos ocupa es aplicable la Ley 890 de 2004, a efectos de estudiar la petici\u00f3n de libertad condicional en virtud del principio de favorabilidad, lo que implica la previa valoraci\u00f3n de la gravedad de la conducta punible, an\u00e1lisis que conlleva el contenido de la sentencia condenatoria, como presupuesto indispensable para que el juez conceda o no el subrogado, adem\u00e1s de tener en cuenta que en este momento [ha] cumplido pr\u00e1cticamente el 90% de la condena, teniendo siempre una conducta excelente\u00bb. <\/p>\n

2.6. Expuso, que \u00abel estudio efectuado debe complementarse con el hecho de que los jueces de conocimiento deben evaluar la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal, modificado por el art\u00edculo 30 de la Ley 1709 de 2014, en el que se establece que el juez previa valoraci\u00f3n de la conducta punible, conceder\u00e1 la libertad condicional a quien haya cumplido los siguientes requisitos: 1) que la pena impuesta sea privativa de la libertad: 2) que el condenado haya cumplido las 3\/5 partes de ella; 3) que su buena conducta en el sitio de reclusi\u00f3n permita colegir al funcionario judicial que es innecesario seguir ejecutando la pena y 4) que se demuestre arraigo familiar y social, en la medida en que le resulte m\u00e1s favorable\u00bb. <\/p>\n

2.7. Manifest\u00f3, que \u00abfrente al principio de la igualdad que se predica entre iguales, debe tenerse en cuenta que el se\u00f1or GERARDO VANEGAS VEL\u00c1SQUEZ, persona que fue condenada con [\u00e9l] por los mismos hechos, y al cual le fue impuesta una condena mayor a la [suya], fue beneficiario desde el a\u00f1o 2016 con el beneficio de la libertad condicional, por parte del Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, sin que medie una circunstancia diferente entre [ellos], por el contrario en este momento [tiene] m\u00e1s derecho al beneficio en atenci\u00f3n al cumplimiento f\u00edsico de un mayor porcentaje de la pena que [les] fue impuesta, sin que puedan existir 2 o m\u00e1s c\u00f3digos judiciales que puede diferir de la aplicaci\u00f3n en uno u otro caso, o ser\u00e1 que cada juez tiene un c\u00f3digo propio, desconociendo las directrices que la Ley y la jurisprudencia han trazado para generar uniformidad en las decisiones judiciales, evitando con ello un trato desigual entre los ciudadanos, premiando a unos y castigando a otros as\u00ed se encuentren en las mismas condiciones\u00bb. <\/p>\n

3. Pidi\u00f3, en consecuencia, se \u00abrevoquen las decisiones adoptadas por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Guaduas Cundinamarca el 22 de febrero de 2018, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca-Sala Penal el 27 de agosto de 2018, dentro del proceso No. 50001310700120080001100, decisiones que desconocieron [sus] derechos fundamentales consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Y como consecuencia de ello, se [le] conceda la libertad condicional\u00bb (fls. 1-12). <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

El juzgado cuestionado, inform\u00f3 que \u00abpor auto del 22 de febrero de 2018, neg\u00f3 dicho subrogado, atendiendo que uno de los delitos por el cual fue condenado RUB\u00c9N DAR\u00cdO QUIJANO PARRA es el de SECUESTRO EXTORSIVO AGRAVADO (hechos materializados desde el 20 de enero de 2007), circunstancia que impidi\u00f3 el reconocimiento de la libertad condicional, ello conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006\u00bb por lo que \u00aben virtud de la norma en cita la cual a la fecha se encuentra vigente, pues la misma no ha sido derogada, este Despacho Judicial por medio de la providencia se\u00f1alada, neg\u00f3 al condenado el subrogado de la libertad condicional por expresa prohibici\u00f3n legal, decisi\u00f3n que se sustent\u00f3 en argumentos razonables que eliminan cualquier viso de arbitrariedad que le haga perder legitimidad o su condici\u00f3n de verdadera decisi\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n

Relev\u00f3, que \u00abpretende el accionante que por v\u00eda de tutela le sea otorgado el subrogado de la libertad condicional, ello atendiendo que \u00e9ste muestra inconformidad con los criterios tenidos en cuenta por la Judicatura al negarle tal subrogado, asunto que fue resuelto mediante providencia de 22 de febrero de 2018, y el cual fue confirmado el 27 de agosto del mismo a\u00f1o en sede de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n

Las dem\u00e1s partes e intervinientes guardaron silencio. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00ablos autos proferidos en sede de ejecuci\u00f3n de penas objeto de reproche estuvieron precedidos del an\u00e1lisis serio y ponderado de la controversia planteada y de la aplicaci\u00f3n de las normas pertinentes. A partir de esos postulados, los despachos accionados concluyeron que no era procedente conceder la libertad condicional a favor de RUB\u00c9N DAR\u00cdO QUIJANO\u00bb razonamientos que \u00abse advierten ajustados a derecho, pues se encuentran fundamentados en las disposiciones legales y la jurisprudencia sobre la materia. As\u00ed, su contraste con el caso concreto permite a la Sala alcanzar la misma conclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Precis\u00f3, que \u00aben efecto, el Juzgado 2\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Guaduas en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000, modificado por el art\u00edculo 30 de la Ley 1709 de 2014, neg\u00f3 el subrogado de libertad condicional demandado, tras concluir que la conducta de secuestro extorsivo agravado por la que fue condenado RUB\u00c9N DAR\u00cdO QUIJANO se encuentra excluida de beneficios y subrogados por expresa disposici\u00f3n del art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006\u00bb, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Colegiatura encartada que \u00abindic\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Penal ha sostenido que el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006 y 32 de la Ley 1709 de 2014 son normas v\u00e1lidas y jur\u00eddicamente conciliables. Ello, en raz\u00f3n a que una proscribe la concesi\u00f3n de la libertad condicional a partir de supuestos de hecho concretos y, la otra, prev\u00e9 un presupuesto de car\u00e1cter general que habilita su concesi\u00f3n. (CSJ STP 1672-2015)\u00bb por lo que \u00abdichas disposiciones resultan conciliables, no es posible hablar de derogatoria t\u00e1cita. En efecto, la Sala ha se\u00f1alado que en virtud de los principios de legalidad y seguridad jur\u00eddica, un mismo asunto solamente puede ser regulado por una disposici\u00f3n normativa. Esto implica que sin perjuicio de la retroactividad y ultractividad aplicable en ciertos casos, un determinado tema debe regirse exclusivamente por la ley que se encuentre vigente\u00bb. <\/p>\n

Relev\u00f3, que \u00aben el presente asunto, se advierte de entrada que la Ley 1709 de 2014 no derog\u00f3 de manera expresa la prohibici\u00f3n de beneficios para los condenados por ciertos delitos consagrada en la Ley 1121 de 2006, pues la \u00fanica disposici\u00f3n que perdi\u00f3 vigencia por menci\u00f3n directa del art\u00edculo 107 de aquel cuerpo normativo, fue el canon 38 A del C\u00f3digo Penal, que reglaba la sustituci\u00f3n de la prisi\u00f3n por mecanismos de vigilancia electr\u00f3nica\u00bb situaci\u00f3n por la que \u00abes manifiesto que ambas normas regulan aspecto dis\u00edmiles y, por tanto, no procede la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad que demanda el actor. Se insiste, mientras el art\u00edculo 30 de la Ley 1709 de 2014 regula gen\u00e9ricamente el instituto de la libertad provisional, el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006 consagra su exclusi\u00f3n para unos casos espec\u00edficos: cuando la condena se haya producido por \u201cdelitos de terrorismo, financiaci\u00f3n de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsi\u00f3n y conexos\u201d\u00bb. <\/p>\n

Expuso, que \u00aben tales condiciones, acudiendo al criterio sobre aplicaci\u00f3n preferente de la norma especial sobre la general, es claro que la \u00faltima de tales disposiciones es la llamada a regular la solicitud elevada por el demandante ante el funcionario de ejecuci\u00f3n de penas, quien encontr\u00f3 que se configuraban las condiciones que proh\u00edben la concesi\u00f3n del subrogado pretendido\u00bb pues \u00abel principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n jurisdiccional -art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica- impide al juez constitucional inmiscuirse en providencias como las controvertidas, las cuales adquieren ejecutoria, s\u00f3lo porque el demandante no las comparte o tiene una comprensi\u00f3n diversa\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, sostuvo que \u00abrespecto de la alegada violaci\u00f3n del art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en tanto su coprocesado fue favorecido con la medida pretendida, se advierte que la concesi\u00f3n o no de la libertad condicional a un condenado es dependiente de sus circunstancias particulares asociadas a su participaci\u00f3n en el delito o al comportamiento en reclusi\u00f3n, por lo que no es acertado por regla general demandar que la decisi\u00f3n que favoreci\u00f3 a uno de los coprocesados deba extenderse a los dem\u00e1s en virtud del principio de igualdad\u00bb (fls. 63-72).
\nLA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el actor, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y aduciendo, en s\u00edntesis, que \u00aben el fallo impugnado se hace referencia exclusiva respecto de la solicitud y decisiones atacadas, sin embargo, nada se dice de los argumentos demostrativos de la violaci\u00f3n que fueron expuestos en la acci\u00f3n de tutela\u00bb pues \u00abnada se dijo en el fallo frente al desconocimiento de la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad en [su] caso, t\u00e9ngase en cuenta tal y como se dijo en la sentencia proferida en su momento por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, que las sanciones impuestas al suscrito ten\u00edan sustento en la Ley 600 de 2000, y al momento de dilucidar lo concerniente a los subrogados penales se estableci\u00f3 la aplicaci\u00f3n y an\u00e1lisis del art\u00edculo 64 de este estatuto. En ning\u00fan momento se analizaron los elementos establecidos en Ley 1121 de 2006, en especial lo atinente al art\u00edculo 26, la cual persisten las entidades encartadas en aplicar[le] en atenci\u00f3n a las conductas que llevaron a [su] condena, desconociendo que la conducta se cometi\u00f3 antes de la entrada en vigencia de dicha norma. Porque se insiste en realizar un an\u00e1lisis de la Ley 1121 de 2006 y de la Ley 1709 de 2014, cuando se reitera que los subrogados para el caso que nos ocupa corresponden a los contenidos en la Ley 600 de 2000, pues la conducta fue cometida antes de la entrada en vigencia de la Ley 1121 de 2006, es decir, que se [le] hace m\u00e1s gravosa la sanci\u00f3n, y se [le] aplica una norma que entr\u00f3 en vigencia con posterioridad, para el efecto de los subrogados\u00bb (fls. 76-79). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2. Observada la inconformidad planteada, surge que gestor, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto sustantivo y procedimental, enfila su reproche frente al auto de 27 de agosto de 2018 confirmatorio del proferido el 22 de febrero anterior, a trav\u00e9s del cual se le neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la libertad condicional. <\/p>\n

3. Del examen de las pruebas arrimadas, observa la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente: <\/p>\n

3.1. Prove\u00eddo de 22 de febrero de 2018 mediante el que el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Guaduas (Cundinamarca) neg\u00f3 \u00abpor expresa prohibici\u00f3n legal la libertad condicional en favor de RUB\u00c9N DAR\u00cdO QUIJANO PARRA\u00bb (fls. 56 vuelto-58 cuaderno 1). <\/p>\n

3.2. Determinaci\u00f3n de 27 de agosto hoga\u00f1o a trav\u00e9s de la cual la Colegiatura querellada confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, al estimar que \u00aben el presente caso, solicita el sentenciado se realice la verificaci\u00f3n de los presupuestos de la libertad condicional a partir de lo previsto en el art\u00edculo 32 de la Ley 1709 de 2014, en consonancia con el art\u00edculo 107 ib\u00eddem que \u201cderog\u00f3 t\u00e1citamente\u201d el contenido normativo del art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006, pues afirma que la primera de ellas le resulta m\u00e1s favorable, al no contemplar una prohibici\u00f3n para conceder el subrogado penal frente al delito de secuestro extorsivo, como si lo plantea la segunda de aquellas\u00bb frente a lo cual sostuvo que \u00abanalizada la propuesta del recurrente, debe advertir la Sala que no es posible acceder a la petici\u00f3n elevada por Rub\u00e9n Dar\u00edo Quijano Parra por la pot\u00edsima raz\u00f3n que el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006 \u2013norma aplicable para la \u00e9poca de los hechos- no ha sido derogada expresa o t\u00e1citamente por el art\u00edculo 32 de la Ley 1709 de 2014, y en tal sentido, la prohibici\u00f3n de la se\u00f1alada normatividad a\u00fan sigue vigente\u00bb. <\/p>\n

Para lo anterior, tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal y la Corte Constitucional resultando factible concluir que \u00abel art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006 no fue derogada por la Ley 1709 de 2014 como equivocadamente lo afirma el sentenciado para solicitar la libertad condicional, pues lo cierto es que las dos disposiciones coexisten, y por tal motivo, es necesario que el juez de ejecuci\u00f3n de penas verifique la procedencia del subrogado orientando su an\u00e1lisis, inicialmente, al r\u00e9gimen de excepciones dispuesto en la primera de las normas referenciadas\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00aben el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala y como acertadamente lo expuso el a quo, se tiene que Rub\u00e9n Dar\u00edo Quijano Parra fue condenado por el delito de secuestro agravado, y como quiera que se trat\u00f3 de un punible de ejecuci\u00f3n permanente que inici\u00f3 el 18 de diciembre de 2006 y perdur\u00f3 hasta el 20 de enero de 2017, la prohibici\u00f3n del art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006 que entr\u00f3 a regir desde el 29 de diciembre de esa anualidad, se le hace extensiva al sentenciado, de modo que no le es posible acceder a la libertad condicional que depreca\u00bb (fls. 59 vuelto-62). <\/p>\n

4. En cuanto concierne con el rebate planteado en punto del pronunciamiento proferido el 27 de agosto de 2018, ha de se\u00f1alarse que contrario sensu a lo manifestado por el disconforme, aquel no alberga anomal\u00eda que imponga, prima facie, la perentoria salvaguardia deprecada, respecto de la v\u00eda procesal para obtener la anulaci\u00f3n de la providencia que le fue desfavorable, en tanto que de la transcripci\u00f3n enantes vista, independientemente que la Corte la proh\u00edje por no ser este el escenario id\u00f3neo para lo propio, la exposici\u00f3n de los motivos decisorios manifestados se funda en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el asunto. <\/p>\n

4.1. En efecto, el ad quem encartado, para confirmar la determinaci\u00f3n impugnada y denegar la concesi\u00f3n de la \u00ablibertad condicional\u00bb tuvo en cuenta que, si bien, el gestor ha cumplido las 3\/5 partes de la pena impuesta, lo cierto es que, de conformidad con la Ley 1121 de 2006 norma que sigue vigente y coexiste con la Ley 1709 de 2014, y resulta aplicable al sub judice, es prohibido otorgar tal beneficio cuando la conducta sancionada se encuentra dentro de las enlistadas en el art\u00edculo 26 del referido canon, para lo cual es del caso resaltar que el quejoso fue condenado, entre otros, por el delito de secuestro extorsivo, punible taxativamente excluido para la concesi\u00f3n de subrogados por lo que no se encuentra cumplido el requisito o aspecto subjetivo que exige una previa valoraci\u00f3n de la conducta punible, evidenci\u00e1ndose el alto reproche social al delito cometido por el gestor. <\/p>\n

Frente a un caso similar, la Sala manifest\u00f3: <\/p>\n

En efecto, el colegiado enjuiciado coincidi\u00f3 con el a-quo en denegar la libertad condicional pretendida, en tanto, verific\u00f3 que el interesado no deb\u00eda ser favorecido con la misma, pues en definitiva no cumpl\u00eda con una de las exigencias del legislador, esto es, que en su caso concreto la negativa gir\u00f3 en torno a la valoraci\u00f3n previa de la conducta punible, frente a lo cual dijo que el aqu\u00ed gestor \u201cincurri\u00f3 en un delito que le hace un potencial da\u00f1o a nuestra sociedad, en tanto, fue capturado por enviar estupefacientes al vecino pa\u00eds de Panam\u00e1\u201d, am\u00e9n que realiz\u00f3 un an\u00e1lisis de otros factores que influyen en la decisi\u00f3n que debe tomar el fallador, y resolvi\u00f3 que no cumple con los requisitos previstos por la ley. <\/p>\n

Hizo \u00e9nfasis que la determinaci\u00f3n ten\u00eda sustento no solo en la gravedad del delito por el cual fue condenado el recurrente, es decir, tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes, sino tambi\u00e9n, por el impacto que su conducta produjo no solo en la sociedad colombiana, sino en el exterior (CSJ STC3319-2018 Mar. 8 de 2018, rad. 2017-02102-01). <\/p>\n

4.2. Aunado a lo anterior, advierte la Sala que en el presente asunto, tal como lo sostuvo el juzgador constitucional de primera instancia, no viable tener en cuenta el principio de favorabilidad deprecado por el actor comoquiera que la Ley 1121 de 2006, se itera, est\u00e1 \u00abvigente\u00bb pues no fue derogada t\u00e1cita ni expl\u00edcitamente por la Ley 1709 de 2014 y es la que ha de regular el sub judice toda vez que es la norma especial que prevalece sobre la general am\u00e9n que, dada la fecha de ocurrencia de los hechos por los cuales fue condenado, es la aplicable. <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal, en un asunto que mutatis mutandis guarda similitud con el ahora auscultado, denot\u00f3 que <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

Entonces, cuando de un mismo instituto jur\u00eddico se trata, no es acertado que se pretenda aplicar las disposiciones m\u00e1s favorables de la norma anterior y la vigente, pues se correr\u00eda el riesgo de transformar el sentido de dicho instituto, invadiendo en tal escenario, la esfera de competencia del Congreso como hacedor de la ley (CSJ STP11556-2018 Sep. 4 de 2018, rad. 100088).
\n5. As\u00ed las cosas, la decisi\u00f3n cuestionada no luce caprichosa, todo lo cual no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n

(\u2026) que al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u201d. (CSJ STC, 20 sep. 2012, rad. 2012-00245-01 <\/p>\n

Igualmente, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que:
\n[E]l juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 7 mar. 2008, rad. 00514-01, reiterada, entre otros, en STC9884-2015 30 jul. 2015 rad. 01562-00 <\/p>\n

Adem\u00e1s, sobre el particular ha reiterado la Corte, que: <\/p>\n

[E]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado …\u201d (Sent. del 11 de mayo de 2001, exp. 0183), situaci\u00f3n que como qued\u00f3 visto, no se avizora en el sub judice (CSJ STC de 22 de febrero de 2008, exp. 2007-03702-01, reiterada en STC7985-2015). <\/p>\n

6. Consecuentemente con lo discurrido, se impone la ratificaci\u00f3n del objeto de la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC15359-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2018-02120-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 4 de octubre de 2018 mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101970","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101970","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101970"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101970\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101970"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101970"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101970"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}