{"id":101972,"date":"2026-07-01T21:05:37","date_gmt":"2026-07-01T21:05:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101972"},"modified":"2026-07-01T21:05:37","modified_gmt":"2026-07-01T21:05:37","slug":"stc15362-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15362-2018\/","title":{"rendered":"STC15362-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC15362-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2018-00471-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 9 de octubre de 2018, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Evedith Manrique Aranda, contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial, Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y la Sala Plena del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- La gestora, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la \u00abestabilidad laboral reforzada\u00bb, \u00abm\u00ednimo vital\u00bb, trabajo, seguridad social, vida digna e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis lo siguiente: <\/p>\n

2.2.- Afirm\u00f3, que tiene 57 a\u00f1os de edad y 1.154,14 semanas cotizadas al sistema de pensiones, falt\u00e1ndole 145.86 semanas, por lo cual que sostiene que le quedan menos de tres a\u00f1os para cumplir las 1.300 requeridas, por lo tanto aduce tener la calidad de \u00abprepensionada\u00bb, adem\u00e1s, que se encuentra en tr\u00e1mite la \u00abcorrecci\u00f3n de historia laboral\u00bb del tiempo laborado en los a\u00f1os anteriores \u00abque no fue reportado al Instituto de Seguros o a Colpensiones, cuyo reporte se encuentra registrado en las Cajas o Fondos Territoriales del Departamento del Tolima, y los municipios de Alpujarra \u2013Tolima y de Ibagu\u00e9-, entidades donde labor[\u00f3] antes de 1996\u00bb. <\/p>\n

2.3.- Manifest\u00f3, que el Consejo Superior de la Judicatura adelant\u00f3 la convocatoria No. 22, mediante Acuerdo No. PSAA13-9939 de 2013 para la provisi\u00f3n de cargos de jueces y magistrados y como resultado de ello se defini\u00f3 la lista de elegibles para los jueces penales del circuito especializados, motivo por el cual ha elevado peticiones ante las autoridades recriminadas, en las cuales puso en conocimiento su situaci\u00f3n, y pidi\u00f3 no ofertar el cargo que ocupa, adem\u00e1s de no realizar el nombramiento en propiedad. <\/p>\n

2.4.- Se\u00f1al\u00f3, que a pesar de lo anterior, el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, en el mes de marzo del presente a\u00f1o public\u00f3 la vacante, y a trav\u00e9s de Acuerdo No. CSJHUA18-47 del 13 de julio de 2018, integr\u00f3 la lista de candidatos para proveer el cargo; por su parte el Tribunal Superior de dicho Distrito Judicial a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n No. 162 del 2 de agosto de 2018, neg\u00f3 la petici\u00f3n de la actora de estabilidad laboral reforzada y en su lugar design\u00f3 a \u00d3scar Hernando Garc\u00eda Ramos, como Juez Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Neiva, en propiedad, decisi\u00f3n que fue impugnada y confirmada. <\/p>\n

2.5.- Manifest\u00f3, que \u00abel salario que percib[e] como funcionaria de la Rama Judicial, es la \u00fanica fuente de ingreso con la que cuent[a], para [su] manutenci\u00f3n y la de [su] familia, ya que [tiene] a cargo a su hijo que estudia odontolog\u00eda en la Universidad Antonio Nari\u00f1o de Neiva y a [su] padre de 84 a\u00f1os de edad, quien [\u2026] en el mes de julio del a\u00f1o pasado sufri\u00f3 una isquemia cerebral quedando incapacitado, quien siempre ha dependido econ\u00f3micamente de [ella], de ah\u00ed que es beneficiario en salud\u00bb. <\/p>\n

2.6.- Por lo anterior, considera que \u00abse dan los presupuestos legales establecidos en el art\u00edculo 12 de la Ley 790 de 2002, precepto que conforme la norma la Corte lo explic\u00f3 constituye una clara expresi\u00f3n de la protecci\u00f3n de los derechos de las personas pr\u00f3ximas a pensionarse [\u2026]\u00bb. <\/p>\n

3.- Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, \u00abQue se revoque o suspenda la Resoluci\u00f3n No. 162 del 2 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, mediante la cual se me neg\u00f3 la protecci\u00f3n laboral reforzada derivada de mi calidad de prepensionable y design\u00f3 en propiedad al doctor \u00f3scar hernando garc\u00eda ramos y la Resoluci\u00f3n No. 241 del 5 de septiembre de 2018 que dispuso no reponer la anterior y en su lugar se disponga mantenerme en el cargo de juez Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Neiva \u2013Huila hasta que se profiera el acto administrativo que reconozca [su] pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, teniendo en cuenta que ostento la calidad de pre pensionada\u00bb. <\/p>\n

Subsidiariamente, \u00abque permitieran en cumplimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, ofertar inicialmente, las 39 vacantes del cargo de Juez Penal Especializado a nivel nacional, m\u00e1s a\u00fan cuando el n\u00famero total de integrantes del Registro de Elegibles como fue mencionado y puede verificarse en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, asciende a un n\u00famero total de 16 integrantes\u00bb, y que \u00abse ordene al Consejo Superior de la Judicatura, a trav\u00e9s de su presidente o quien haga sus veces, reubicar[la] en un cargo de igual o superior categor\u00eda al que [tiene] actualmente [\u2026]\u00bb (fls. 1-31, C. 1). <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS. <\/p>\n

La Directora de la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial, asever\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues las pretensiones est\u00e1n encaminadas a la revocatoria del nombramiento en propiedad del doctor \u00d3scar Hernando Garc\u00eda Ramos al cargo que ocupaba en provisionalidad, decisi\u00f3n que le compete al nominador, es decir, en este caso al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva; igualmente, manifiesta que no se ha incurrido en vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales rogados, en atenci\u00f3n a que la vinculaci\u00f3n en provisionalidad no le otorga derecho de estabilidad laboral como n\u00facleo esencial del derecho al trabajo. <\/p>\n

De otra parte, adujo que el \u00abret\u00e9n social fue reglamentado por el Gobierno Nacional en procesos de modernizaci\u00f3n de las entidades que integran la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico a trav\u00e9s de la ley 790 de 2002; situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica diferente al caso que nos ocupa, puesto que en el presente se trata de cardos correspondientes a la Rama Judicial, que no se encuentran en proceso de modernizaci\u00f3n o reestructuraci\u00f3n, sino en desarrollo normal de su provisi\u00f3n por los mecanismos legalmente previstos\u00bb (fls. 138-140, Ibidem). <\/p>\n

El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Huila, argument\u00f3 su contestaci\u00f3n en similares t\u00e9rminos, y se\u00f1al\u00f3 que la quejosa cuenta con otros medios para atacar los actos administrativos que reprocha, pues \u00abal estimar la accionante, que el accionado vulner\u00f3 de alguna manera los derechos reclamados, est\u00e1 en el deber de acudir a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, para atacar dichos actos y solicitar, como medida provisional la suspensi\u00f3n de los efectos de los mismos\u00bb (fls. 127-132, Idem). <\/p>\n

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas, y sostuvo que el nombramiento del Dr. \u00d3scar Hernando Garc\u00eda Ramos, cumpli\u00f3 con el procedimiento previsto por la convocatoria, adem\u00e1s que, frente a este asunto, la sentencia SU691 de 2017, resolvi\u00f3 unificar criterios, fijando las siguientes reglas, \u00ab[e]n primer lugar, las personas nombradas en cargos de libre nombramiento y remoci\u00f3n, no gozan de estabilidad laboral reforzada, por la naturaleza del cargo que desempe\u00f1an. Esta misma regla es, en principio, aplicable a las personas nombradas en provisionalidad. En segundo lugar, a juicio de la Sala Plena, a los cargos de provisionalidad o de libre nombramiento y remoci\u00f3n no le son aplicables reglas de prepensionados o de ret\u00e9n social, menos a\u00fan en el caso de profesiones liberales\u00bb. Por \u00faltimo, acot\u00f3 que la actora no aport\u00f3 elementos probatorios para que pueda colegirse la existencia de un real perjuicio irremediable, por lo cual pidi\u00f3 denegar el amparo por improcedente (fls. 120-125, Ibid.). <\/p>\n

El Procurador Judicial 171 Penal de Bogot\u00e1, manifest\u00f3 de un lado, que la tutelista puede acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa para atacar la Resoluci\u00f3n 162 de nombramiento de 2 de agosto de 2018, siendo ratificada el 5 de septiembre de este a\u00f1o, toda vez que all\u00ed se consagran las medidas cautelares contempladas en el art\u00edculo 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. De otro, sostuvo que en aras de salvaguardar el derecho a la seguridad social de la accionante, es pertinente concederle la segunda pretensi\u00f3n, \u00abpara que reubique en un cargo de igual categor\u00eda donde la accionante pueda cumplir con las semanas de cotizaci\u00f3n que le hacen falta para tener derecho a la pensi\u00f3n\u00bb (fl.156, Ib.). <\/p>\n

El se\u00f1or \u00d3scar Hernando Garc\u00eda Ramos, pidi\u00f3 declarar improcedente la acci\u00f3n de amparo, pues impedirle ocupar el cargo al que se postul\u00f3 le afectar\u00eda sus condiciones familiares, ya que es oriundo de ese departamento, est\u00e1 casado y tiene una beb\u00e9 de 7 meses, toda vez que super\u00f3 todas las fases del concurso. Inform\u00f3, que la convocante, \u00abdesde el a\u00f1o 2001 se encontraba vinculada en propiedad a la Rama Judicial como sustanciadora del Juzgado Once Civil Municipal de Ibagu\u00e9; sin embargo, tras varios a\u00f1os de laborar de forma ininterrumpida, en el a\u00f1o 2016 voluntariamente renunci\u00f3 a la posici\u00f3n privilegiada que le otorgaba la carrera administrativa, [\u2026]\u00bb, a sabiendas que en ese a\u00f1o ya se hab\u00eda hecho la convocatoria para ocupar los cargos de jueces y magistrados (fls. 150-152, Id.). <\/p>\n

Las se\u00f1oras Sandra Catalina Medina S\u00e1nchez y Nidia Ang\u00e9lica Carrero Torres, integrantes de la lista de elegibles pidieron negar las pretensiones, pues prevalece el m\u00e9rito frente al nombramiento en provisionalidad, adem\u00e1s, la experiencia y la profesi\u00f3n liberal le permite litigar y seguir cotizando al sistema de pensiones hasta alcanzar las semanas para adquirir el derecho a la pensi\u00f3n (fls. 157-159, Ibidem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal Constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abes claro que la peticionaria equivoc\u00f3 la ruta para censurar, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional, las aludidas determinaciones, las que valga resaltar, ostentan la naturaleza de actos administrativos ya que fueron proferidas en cumplimiento de las funciones administrativas que la ley le otorga al Consejo Superior y Seccional de la Judicatura, dentro de las cuales est\u00e1 precisamente la directriz del concurso de m\u00e9ritos y la conformaci\u00f3n de la lista de elegibles. Para el caso se expidieron los Acuerdos No. PSAA13-9939, y No. CSJHUA18-47 del 13 de julio de 2018, que integr\u00f3 la lista de candidatos para proveer el cargo y el Tribunal Superior de Neiva a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 162 del 2 de agosto de 2018 neg\u00f3 la petici\u00f3n de la actora de estabilidad laboral reforzada y en su lugar design\u00f3 a \u00d3scar Hernando Garc\u00eda Ramos, como Juez Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Neiva, en propiedad, decisi\u00f3n que fue impugnada y confirmada, de manera que el camino al que debe concurrir, no era otro diferente al de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa para exponer ante ella, los argumentos y la tesis propuestos en su demanda de amparo. Lo anterior por cuanto no es de recibo que, pretextando una tal vulneraci\u00f3n, intente trasladar una discusi\u00f3n propia de esa jurisdicci\u00f3n para que de manera inconsulta sea desatada por la v\u00eda constitucional\u00bb. <\/p>\n

Puntualiz\u00f3, que \u00ababundante ha sido la jurisprudencia constitucional al precisar la improcedencia de la acci\u00f3n, dado su car\u00e1cter residual y subsidiario, cuando se cuenta con otros mecanismos de defensa judicial id\u00f3neos y eficaces para plantear tales t\u00f3picos, de all\u00ed que si la libelista tiene a su haber el instrumento judicial apto, no resulta leg\u00edtimo crear alternativamente otra v\u00eda para tratar las discrepancias respecto de la decisi\u00f3n atacada, o en otras palabras, que el juez constitucional dirima una controversia que era del resorte del juez natural, pues ello no se compadece con la naturaleza y finalidades del mecanismo constitucional, que no son diferentes a denunciar la vulneraci\u00f3n y obtener el restablecimiento de los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n

Asever\u00f3, que \u00ablas acciones ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, particularmente la de nulidad y restablecimiento del derecho, se ofrece como mecanismo id\u00f3neo para la consecuci\u00f3n de los fines perseguidos por la accionante, ya que prev\u00e9 la posibilidad de solicitar la suspensi\u00f3n de los efectos de la decisi\u00f3n cuestionada y la adopci\u00f3n de medidas cautelares, petici\u00f3n regulada en el art\u00edculo 229 y s.s. de la Ley 1437 de 2011 y que en virtud del art\u00edculo 233 ejusdem, puede resolverse incluso desde la admisi\u00f3n de la demanda\u00bb (fls. 162-181, Ibid.). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 la quejosa, alegando que \u00ab[p]reliminarmente debo reiterar que se encuentra plenamente demostrada la calidad de pre pensionada que actualmente ostento, la cual acredite con la prueba documental aportada con el escrito de tutela, como c\u00e9dula de ciudadan\u00eda y certificaci\u00f3n de Colpensiones, en los que se evidencia que tengo 57 a\u00f1os de edad y 1.154,14 semanas cotizadas al sistema de pensiones, sin tener en cuenta las semanas que no fueron reportadas por los fondos territoriales cunado me desempe\u00f1e en la administraci\u00f3n municipal, de las cuales ya realice la respectiva reclamaci\u00f3n y tr\u00e1mite de correcci\u00f3n de mi historia laboral de los a\u00f1os anterior, por tanto, itero tengo la calidad de prepensionada\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00aben lo que respecta el perjuicio irremediable, el cual no solo fue invocado, sino demostrado a trav\u00e9s de la prueba documental aportada al expediente de tutela, el cual es procedente en este caso, conforme lo previsto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que establece…" proceder\u00e1 cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable", el cual es concordante con lo establecido en numeral 1o del art\u00edculo 6o del Decreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La acci\u00f3n de tutela es aquella potestad que detenta toda persona para reclamar ante los jueces de la Rep\u00fablica, en todo momento y lugar, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos se encuentren vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica y, excepcionalmente, de particulares. <\/p>\n

2.- Observada la censura planteada resulta evidente que la reclamante considera que la vulneraci\u00f3n de sus intereses fundamentales, en \u00faltimas, emana de la decisi\u00f3n que tom\u00f3 la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el d\u00eda 5 de septiembre de 2018, ratificatoria de la de 2 de agosto de hoga\u00f1o, por medio de la cual se neg\u00f3 la petici\u00f3n elevada y se design\u00f3 a Oscar Hernando Garc\u00eda Ramos como Juez Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Neiva, cargo en que ella se ven\u00eda desempe\u00f1ando. <\/p>\n

3.- Obran como cardinales demostraciones que ata\u00f1en con el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, las siguientes: <\/p>\n

3.1.- Impresi\u00f3n de los \u00abdatos de la historia laboral\u00bb de la censora, tomados de la p\u00e1gina electr\u00f3nica del Fondo de Pensiones Colpensiones el d\u00eda 23 de agosto de 2018, dando cuenta que el \u00abtotal [de] semanas cotizadas\u00bb por la quejosa es de \u00ab1.154,14\u00bb (fls. 45-47, C. 1). <\/p>\n

3.2.- Plurales comunicaciones dirigidas por la actora al \u00abPresidente [del] Tribunal Superior de Neiva\u00bb, al \u00abPresidente Sala Administrativa [del] Consejo Seccional de la Judicatura de de Huila\u00bb, a la \u00abDirectora de la Unidad de Administraci\u00f3n de la Carrera Judicial\u00bb y a la \u00abPresidenta Sala Administrativa [del] Consejo Superior de la Judicatura\u00bb, solicit\u00e1ndoles se le \u00abreconozca y aplique la estabilidad laboral reforzada\u00bb en su condici\u00f3n de \u00abprepensionada\u00bb (fls. 57-68, Ibidem). <\/p>\n

3.3.- Historia cl\u00ednica del se\u00f1or Luis Alberto Mnrique Pe\u00f1a, quien aduce la querellante que es su progenitor (fls. 74-85, Ibid.). <\/p>\n

3.4.- Registro Civil de Nacimiento de Julian David Mart\u00ednez Manrique, hijo de la tutelista, y recibo de pago de la Universidad Antonio Nari\u00f1o de Neiva (fls. 88 y 89, Ib.). <\/p>\n

3.5.- Resoluci\u00f3n de 2 de agosto de 2018, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva -Sala Plena, por medio de la cual \u00abneg[\u00f3] la petici\u00f3n elevada por la Doctora evedith manrique aranda, actual juez penal del circuito especializado de extinci\u00f3n de dominio de neiva, pues de cara a una persona designada en provisionalidad, inaplicables resultan las reglas de prepensionados o de ret\u00e9n social\u00bb, y nombr\u00f3 en propiedad a \u00d3scar Hernando Garc\u00eda Ramos como Juez Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Neiva, determinaci\u00f3n que fue recurrida por la aqu\u00ed gestora (fls. 94-96, Ibidem). <\/p>\n

3.6.- Acto administrativo emitido por el tribunal antes aludido el 5 de septiembre de esta calenda, que mantuvo la anterior decisi\u00f3n (fls. 50-55, Idem). <\/p>\n

4.- En punto de asuntos como el presente, en que se reclama el reconocimiento del estatus de \u00abprepensionado\u00bb por parte de un servidor p\u00fablico que ocupaba un cargo en \u00abprovisionalidad\u00bb, como es la aspiraci\u00f3n que aqu\u00ed ventila la quejosa, cumple relievar que la Sala \u00faltimamente modific\u00f3 su criterio sobre el particular, tal como se ve reflejado en CSJ STC10542-2018, 29 ago. 2018, rad. 2018-02227-00, en el sentido que a continuaci\u00f3n, in extenso, pasa a verse: <\/p>\n

Sobre las personas que ocupan cargos en provisionalidad y est\u00e1n pr\u00f3ximas a cumplir los requisitos legales para acceder a la pensi\u00f3n de vejez, la Corte constitucional en sentencia T-186 de 2013, citada por esta Sala en STC11255 del 25 de agosto de 2014, expuso: \u00ab(\u2026) para determinados grupos de funcionarios, como madres y padres cabeza de familia, discapacitados o prepensionados, concurre una relaci\u00f3n de dependencia intr\u00ednseca entre la permanencia en el empleo p\u00fablico y la garant\u00eda de sus derechos fundamentales, particularmente el m\u00ednimo vital y la igualdad de oportunidades. De all\u00ed que se sostenga\u2026que la eficacia de esos derechos depende del reconocimiento de estabilidad laboral en aquellos casos, a trav\u00e9s de un ejercicio de ponderaci\u00f3n entre tales derechos y los principios que informan la carrera administrativa\u00bb. <\/p>\n

[\u2026] La Corte Constitucional en fallo de unificaci\u00f3n SU-691 de 23 de noviembre de 2017 al conocer varias acciones de tutela interpuestas por Procuradores Judiciales en provisionalidad, refiri\u00f3 lo siguiente[:] <\/p>\n

\u00ab(\u2026) A juicio de la Sala Plena de la Corte Constitucional, en los casos como los planteados en el presente asunto, se deben tener en cuenta las siguientes reglas: <\/p>\n

En segundo lugar, a juicio de la Sala Plena, a los cargos de provisionalidad o de libre nombramiento y remoci\u00f3n no le son aplicables reglas de prepensionados o de ret\u00e9n social, menos a\u00fan en el caso de profesiones liberales. <\/p>\n

Ahora bien, en tercer lugar, cuando en la relaci\u00f3n laboral una de las partes la conforma un sujeto especialmente protegido (inciso 2\u00ba del art\u00edculo 43 de la CP), como lo son las madres cabeza de familia que cumplen con los presupuestos establecidos en la sentencia SU-388 de 2005, puede llegar a reconoc\u00e9rseles la garant\u00eda de la estabilidad laboral reforzada, claro est\u00e1, mientras no exista una causal justificativa del retiro del servicio, dado que la protecci\u00f3n de la estabilidad laboral reforzada no debe confundirse con el otorgamiento de una inmunidad que exonere de las obligaciones a su cargo, desconozca principios superiores como el m\u00e9rito que funda el sistema de carrera o que la proteja frente a las medidas disciplinarias, fiscales o penales que eventualmente puedan ejercerse en su contra. De esta manera, la garant\u00eda constitucional se sustenta en las siguientes hip\u00f3tesis: 1. La terminaci\u00f3n de una vinculaci\u00f3n en provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser provista con una persona que gan\u00f3 el concurso, no desconoce los derechos de los servidores p\u00fablicos en provisionalidad, pues precisamente la estabilidad relativa que se le ha reconocido a quienes est\u00e1n vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un concurso p\u00fablico de m\u00e9ritos. 2. Sin embargo, cuando el servidor que debe ser desvinculado ostenta la calidad de mujer cabeza de familia, la entidad deber\u00e1 tener en cuenta dos situaciones antes de proceder a la desvinculaci\u00f3n: 2.1. Si cuenta con un margen de maniobra, reflejado en vacantes, para la provisi\u00f3n de empleos de carrera, en raz\u00f3n de la diferencia entre las plazas ofertadas y aquellas provistas mediante la correspondiente lista de elegibles, surge la obligaci\u00f3n de garantizar la estabilidad laboral tanto del ganador del concurso como del servidor p\u00fablico cabeza de familia. 2.2. Si no cuenta con margen de maniobra, la entidad debe generar los medios que permitan proteger a las madres cabeza de familia, con el prop\u00f3sito de que sean las \u00faltimas en ser desvinculadas de sus cargos, esto, por cuanto no gozan de un derecho indefinido a permanecer en el cargo de carrera\u00bb. <\/p>\n

[\u2026] Al revisar el asunto sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, se advierte la improcedencia del resguardo, dado que la accionante, quien ocupa el cargo de Juez Promiscuo Municipal de Surat\u00e1, en provisionalidad, (i) no demostr\u00f3 la calidad de madre cabeza de familia para ser sujeto especial de protecci\u00f3n; (ii) no prob\u00f3 que estuviera afectado su m\u00ednimo vital, (iii) tampoco le asiste el derecho de permanecer en el cargo por estar designada en provisionalidad. <\/p>\n

[\u2026] Sobre el primer punto, es del caso destacar que la reclamante no acredit\u00f3 los requisitos previstos por la Corte Constitucional en sentencia SU-388 de 2005 para ser tenida en cuenta como madre cabeza de familia; dicho precedente prev\u00e9: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) La Corte advierte que no toda mujer puede ser considerada como madre cabeza de familia por el s\u00f3lo hecho de que est\u00e9 a su cargo la direcci\u00f3n del hogar. En efecto, para tener dicha condici\u00f3n es presupuesto indispensable (i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de car\u00e1cter permanente; (iii) no s\u00f3lo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aqu\u00e9lla se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad f\u00edsica, sensorial, s\u00edquica o mental o, como es obvio, la muerte; (v) por \u00faltimo, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los dem\u00e1s miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar\u00bb. <\/p>\n

Al verificar las pruebas aportadas por la querellante se advierte que no son suficientes para para demostrar la calidad aducida, dado que si bien afirma que su progenitora depende econ\u00f3micamente de ella, aport\u00f3 a estas diligencias copia del acuerdo conciliatorio celebrado por esta \u00faltima, en el que el compa\u00f1ero permanente se comprometi\u00f3 a suministrar una cuota alimentaria; adem\u00e1s, comparten el mismo inmueble, lo que desvirt\u00faa la manifestaci\u00f3n inicial. <\/p>\n

Adicionalmente, los recibos y certificaciones de pago de matr\u00edcula por los estudios escolares y universitarios aportados por la quejosa no prueban que ella est\u00e9 a cargo de manera exclusiva de todas las obligaciones de su hijo de 17 a\u00f1os o que no cuenta con ning\u00fan tipo de apoyo para la crianza. <\/p>\n

[\u2026] No aparece acreditada, adem\u00e1s, una afectaci\u00f3n del m\u00ednimo vital de la accionante, debido a que tiene una vinculaci\u00f3n en la Rama Judicial por un lapso considerable y, por ende, una amplia experiencia profesional, al punto que en ejercicio de su profesi\u00f3n de abogada puede procurarse los medios para solventar sus necesidades esenciales. <\/p>\n

Dicho planteamiento fue empleado por el Tribunal para negar las peticiones de la reclamante tendientes a que no se efectuara el nombramiento del concursante que aspira al cargo de Juez Promiscuo Municipal de Surat\u00e1 o que se reubique en otro empleo similar, todo lo cual fue plasmado en la resoluci\u00f3n de Sala Plena n\u00ba 018 de 23 de julio de 2018 en la que se expuso que \u00abla peticionaria (nombrada en provisionalidad como juez) es abogada con amplia experiencia (inclusive estuvo vinculada en propiedad hasta el 30 de noviembre de 2017 como Auxiliar Judicial de la Corte Suprema de Justicia) y el ejercicio de su profesi\u00f3n no le frustrar\u00eda su expectativa pensional\u00bb (f. 90). <\/p>\n

Por lo anterior, no se evidencia una situaci\u00f3n de urgencia o peligro que amerite la adopci\u00f3n de una medida especial de protecci\u00f3n, bajo la tesis de configurarse un perjuicio irremediable, sobre lo cual ha dicho la jurisprudencia: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) no es posible recurrir al amparo sin acreditar un perjuicio irremediable que autorice su utilizaci\u00f3n de manera transitoria, y en el caso, la accionante no demostr\u00f3 un da\u00f1o \u00abgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb, de ah\u00ed que no sea evidente un menoscabo tal que habilite al tutelante para ejercer el mecanismo excepcional\u00bb (CSJ. STC 14 dic. 2011, reiterada en STC1806 de feb. 18 de 2016). <\/p>\n

[\u2026] Finalmente, al estar vinculada la convocante en provisionalidad no le asiste el derecho a permanecer en el cargo que ejerce bajo el \u00fanico supuesto de estar pr\u00f3xima a reunir los requisitos para pensionarse, lo cual fue claramente se\u00f1alado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-691 de 2017, citada anteriormente, en la que se expuso: \u00ab(\u2026) las personas nombradas en cargos de libre nombramiento y remoci\u00f3n, no gozan de estabilidad laboral reforzada, por la naturaleza del cargo que desempe\u00f1an. Esta misma regla es, en principio, aplicable a las personas nombradas en provisionalidad\u2026 En segundo lugar, a juicio de la Sala Plena, a los cargos de provisionalidad o de libre nombramiento y remoci\u00f3n no le son aplicables reglas de prepensionados o de ret\u00e9n social, menos a\u00fan en el caso de profesiones liberales.(resalta la Sala). <\/p>\n

4.1.- De las acreditaciones obrantes en el sub lite, se advierte que la tutelista: <\/p>\n

4.1.1.- A la fecha de radicaci\u00f3n del presente amparo constitucional, tiene 57 a\u00f1os, 7 meses y 18 d\u00edas de vida. <\/p>\n

4.1.3.- Ha prestado sus servicios en la Rama Judicial desde el 1\u00ba de mayo de 2001, y \u00faltimamente ven\u00eda ocupando el cargo de Jueza Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Neiva. <\/p>\n

4.1.4.- Aport\u00f3 historia cl\u00ednica de su progenitor, y certificaci\u00f3n de afiliaci\u00f3n como beneficiario. <\/p>\n

4.2.- De cara a lo anterior, y particularmente a la novel postura de la Sala sobre la tem\u00e1tica que ahora se analiza, misma a la que se acude por cuanto resolvi\u00f3 acerca de un asunto con aristas similares al presente, cabe se\u00f1alar que el amparo instado ha de ser denegado conforme a los par\u00e1metros jurisprudenciales establecidos en el aludido fallo SU-691 de 2017 de la Corte Constitucional. <\/p>\n

Ello, comoquiera que la gestora, primeramente, no demostr\u00f3 ser \u00abmadre cabeza de familia\u00bb para ser sujeto especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n

En segundo orden, no prob\u00f3 que estuviera afectado su \u00abm\u00ednimo vital\u00bb en tanto que \u00abtiene una vinculaci\u00f3n en la Rama Judicial por un lapso considerable y, por ende, una amplia experiencia profesional, al punto que en ejercicio de su profesi\u00f3n de abogada puede procurarse los medios para solventar sus necesidades esenciales\u00bb (Cfr. CSJ STC10542-2018). <\/p>\n

Y, en tercer lugar, tampoco le asiste el derecho de permanecer en el cargo por estar designada en \u00abprovisionalidad\u00bb, habida cuenta que \u00aba los cargos de provisionalidad o de libre nombramiento y remoci\u00f3n no le son aplicables reglas de prepensionados o de ret\u00e9n social, menos a\u00fan en el caso de profesiones liberales\u00bb (Cfr. SU-691 de 2017). <\/p>\n

4.3.- Por todo lo anterior, seg\u00fan se entender\u00e1, el petitum de la actora no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, se ratificar el fallo objeto de la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC15362-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2018-00471-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 9 de octubre de 2018, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101972","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101972","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101972"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101972\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101972"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101972"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101972"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}