{"id":101981,"date":"2026-07-01T21:07:26","date_gmt":"2026-07-01T21:07:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101981"},"modified":"2026-07-01T21:07:26","modified_gmt":"2026-07-01T21:07:26","slug":"stc15381-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15381-2018\/","title":{"rendered":"STC15381-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC15381-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0. 05001-22-10-000-2018-00195-01 <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 26 de octubre de 2018, mediante la cual la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Janette Fr\u00edas Isaza contra el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Edgar Orlando Fr\u00edas Cardona y todas las partes e intervinientes en el proceso de filiaci\u00f3n extramatrimonial por \u00e9l promovido contra los herederos determinados e indeterminados de Rafael Antonio Fr\u00edas \u00c1lvarez (q. e. p. d.) (radicado 2016-00531-00). <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La gestora, por intermedio de apoderado, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada dentro del referido juicio. <\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1. En el asunto de marras, efectu\u00f3 el allanamiento \u00aba la pretensi\u00f3n de la declaraci\u00f3n de la filiaci\u00f3n\u00bb bajo el entendido que \u00abhab\u00eda operado el fen\u00f3meno de caducidad respecto de los efectos patrimoniales tal y como lo indica la Ley 75 de 1968 en su art\u00edculo 10\u00b0, por lo que dicha declaraci\u00f3n no era objeto de discusi\u00f3n para [su] representada\u00bb. <\/p>\n

2.2. Sostuvo, que el 25 de enero de 2018 se dict\u00f3 sentencia que accedi\u00f3 a las pretensiones, determinaci\u00f3n que \u00abse fund\u00f3 en prueba documental con contenido de experticias gen\u00e9ticas emitido por el laboratorio de gen\u00e9tica GENES, realizada el 11 de enero de 2001, la cual arroj\u00f3 una inclusi\u00f3n de la probabilidad de la paternidad del 99.99999% -fracci\u00f3n peri\u00f3dica pura- que no fue objeto de oposici\u00f3n por la parte demandada siempre que no existe negativa alguna frente al derecho a tener una identidad depositada en el estado civil y a conocer su origen biol\u00f3gico, por ende, no existi\u00f3 oposici\u00f3n a la declaraci\u00f3n de la filiaci\u00f3n reclamada por el demandante\u00bb. <\/p>\n

2.3. Censur\u00f3, que \u00abel juez titular del despacho judicial accionado acept\u00f3 la veracidad del documento, pero de manera arbitraria e ilegal existiendo caducidad de la acci\u00f3n de patrimonio y con la obligaci\u00f3n de consagrar dicha caducidad, otorg\u00f3 el derecho patrimonial afectando gravemente a [su] representada al declarar que dicha sentencia surti\u00f3 efectos patrimoniales a favor de se\u00f1or Edgar Orlando Fr\u00edas Cardona respecto de la heredera determinada Janett Fr\u00edas Isaza y frente a los herederos indeterminados\u00bb por lo que \u00abel despacho incurri\u00f3 en v\u00edas de hecho toda vez que le correspond\u00eda, por ser la caducidad un derecho irrenunciable y de orden p\u00fablico, acorde al mandato legal el declararla de oficio \u2013rechazar la demanda por haber operado el fen\u00f3meno de la caducidad del derecho, atentando contra los derechos hereditarios de [su] representada\u00bb pues \u00abel causante, Rafael Antonio Fr\u00edas \u00c1lvarez, falleci\u00f3 el d\u00eda 22\/08\/2012. La demanda de filiaci\u00f3n que pretend\u00eda los derechos patrimoniales fue presentada el 22\/01\/2016 lo cual es un hecho que deja expuesto inequ\u00edvocamente que hab\u00eda operado el fen\u00f3meno de la caducidad frente al derecho patrimonial\u00bb. <\/p>\n

2.4. Afirm\u00f3, que \u00abaleg\u00f3 el se\u00f1or juez que fue un \u201csimple error en el documento de reconocimiento\u201d el hecho de no haber suscrito el causante el documento de registro del entonces menor Edgar Orlando Fr\u00edas Cardona. Grave consideraci\u00f3n siempre que lo cierto es que no se encontraba reconocido por el difunto padre y, por lo mismo, hubo una demanda de filiaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

3. Solicit\u00f3, que se declare \u00abla revocatoria del fallo No. 0014 adoptado el 25\/01\/2018 dentro del proceso de filiaci\u00f3n con radicado No. 05001311000220160053100 emitido por el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Medell\u00edn\u00bb y, en consecuencia, \u00abse decrete la nulidad, cancelaci\u00f3n, sustituci\u00f3n o dejaci\u00f3n de los efectos jur\u00eddicos que hayan surtido a favor del demandante con motivo de la declaraci\u00f3n adoptada en el fallo No. 0014 [\u2026] y por lo mismo se ordene al operador judicial que en un t\u00e9rmino prudente falle nuevamente ajust\u00e1ndose a derecho y en respeto del debido proceso\u00bb (fls. 1-7). <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

El despacho encartado, sostuvo que \u00abla decisi\u00f3n tomada dentro del presente tr\u00e1mite, fue coherente, proporcional y razonada y todos y cada uno de los medios de convicci\u00f3n existentes en el plenario fueron debidamente analizados y motivados, con apego a todas las condiciones y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho sustancial\u00bb tanto que \u00abal momento de proferir la decisi\u00f3n que en derecho corresponde, se concedieron los recursos de ley, sin que los profesionales del derecho que representaban la parte demandada, hicieran uso de tal facultad, sumado a ello, el representante judicial de la se\u00f1ora Janett Fr\u00edas Isaza desde el escrito de contestaci\u00f3n a la demanda, visible a folios 57 del expediente, no present\u00f3 oposici\u00f3n frente a las pretensiones enunciadas en el escrito de demanda, y se allan\u00f3 a las mismas\u00bb. <\/p>\n

Advirti\u00f3, que \u00aben lo referente a los efectos patrimoniales, al tratarse de la aplicaci\u00f3n de la figura de la prescripci\u00f3n, la misma debi\u00f3 ser alegada por la parte interesada lo que en efecto no ocurri\u00f3\u00bb (fl. 29 y vuelto). <\/p>\n

La curadora ad litem que represent\u00f3 los intereses de las personas indeterminadas en el sub judice, sostuvo que \u00abla acci\u00f3n de tutela no procede ni debe prosperar, porque la accionada debi\u00f3 haber agotado todos los recursos cuanto se emiti\u00f3 el fallo y no lo hizo, por lo tanto, no se puede acudir a una v\u00eda que no corresponde obviando lo establecido por la ley\u00bb (fls. 31 y 32). <\/p>\n

La curadora ad litem que le fue designada a Edgar Orlando Fr\u00edas Cardona, estim\u00f3 que \u00abno deben prosperar ninguna de las pretensiones, por ende ni la acci\u00f3n de tutela, toda vez que, el fallo proferido por el Juez Segundo de Familia del Circuito de Medell\u00edn, el 25\/01\/2018, seg\u00fan se desprende fehacientemente en los hechos que fundaron la acci\u00f3n de tutela, no fue impugnado por ninguna de las partes, ni agotaron los recursos de conformidad y en los t\u00e9rminos consagrados en la legislaci\u00f3n vigente en nuestro pa\u00eds, que regulan la materia\u00bb (fl. 44). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal neg\u00f3 el amparo al considerar que no se cumple con el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad toda vez que \u00abel art\u00edculo 6 numeral 1\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, establece que la acci\u00f3n de tutela es improcedente cuando el accionante tiene otro recurso o medio de defensa judicial para buscar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales y en el proceso de filiaci\u00f3n extramatrimonial, en el que se profiri\u00f3 la sentencia contra la que se dirigi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela la demandada \u2013accionante tuvo como medio para buscar la protecci\u00f3n de dichos derechos el recurso de apelaci\u00f3n que, conforme lo establecido en el art\u00edculo 321 inciso 1\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso, era procedente contra dicho prove\u00eddo no lo interpuso, raz\u00f3n por la cual, dado su car\u00e1cter subsidiario la acci\u00f3n de tutela no es la v\u00eda adecuada para buscar su amparo, dado que dicha calidad lleva a que no proceda en lugar de dicho medio de impugnaci\u00f3n, antes o despu\u00e9s de \u00e9ste, si no a falta del mismo, y por ello el juez constitucional no puede invadir la \u00f3rbita de competencia del ordinario competente para resolverlo\u00bb. <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el apoderado judicial de la accionante, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y manifestando que \u00abel art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 estable la improcedencia de la tutela en su primer numeral cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, existencia de dichos medios ser\u00e1 apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. Art\u00edculo que est\u00e1 siendo mal interpretado por el tribunal siempre que desentendi\u00f3 que ya no exist\u00eda otro medio que pudiese evitar el perjuicio irremediable que se caus\u00f3 con el fallo que fue atacado por el medio de la tutela el cual es procedente por no existir en la actualidad un medio distinto para protegerse en contra de un fallo que se dict\u00f3 sin apego al debido proceso\u00bb. <\/p>\n

Refiri\u00f3, que \u00abel tribunal incurri\u00f3 en una vulneraci\u00f3n al debido proceso y el derecho de contradicci\u00f3n al no presentar una oportunidad al accionante para que se refiera a la posici\u00f3n del Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Medell\u00edn present\u00f3 como justificaci\u00f3n \u2013el audio de la audiencia en la que se dict\u00f3 fallo (si el tribunal consider\u00f3 que hac\u00eda falta informaci\u00f3n debi\u00f3 de haber en lo menos comunicado esto a la accionante para que se expresara frente a ello y presentara pruebas para fundarlo como lo expresa el art\u00edculo 21 del Decreto 2591 de 1991). Y esto es, que, el juez se expres\u00f3 verbalmente de forma ininteligible siempre que hab\u00eda que esforzarse para comprender sus palabras lo cual podr\u00eda inferirse del mismo audio y, que su fallo, atendiendo a la naturaleza del proceso no podr\u00eda ser otra que declarar la filiaci\u00f3n lo cual nunca fue objeto de discusi\u00f3n por parte de la accionante porque no est\u00e1 en ella impedir el derecho de su hermano a una identidad. Sin embargo, frente a los derechos patrimoniales no hab\u00eda raz\u00f3n para que se adoptara un fallo que reconociera los referidos efectos patrimoniales toda vez que estaban caducados y la obligaci\u00f3n del juez era as\u00ed determinarlo. Al hacer retiro del fallo se encuentra la sorpresa de haberse declarado los derechos patrimoniales en contra de todo respeto por la ley lo cual es la raz\u00f3n por la cual se solicit\u00f3 se tutelaran los derechos de la aqu\u00ed accionante\u00bb (fls. 58-62). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la v\u00eda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole legal; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino sensato a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de proteger esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590 \/ 2005, reiterada, entre otras, SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012). <\/p>\n

2. Estudiada la inconformidad planteada, surge que la querellante, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad, por considerar que incurri\u00f3 en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto \u00abprocedimental y f\u00e1ctico\u00bb, enfila su inconformismo contra la sentencia de 25 de enero de 2018. <\/p>\n

3. De las pruebas obrantes en el plenario, observa la Corte lo siguiente: <\/p>\n

3.1. Demanda de investigaci\u00f3n de la paternidad promovida por Edgar Orlando Fr\u00edas Cardona contra los herederos determinados e indeterminados de Rafael Antonio Fr\u00edas \u00c1lvarez (q. e. p. d.) dentro de los cuales se encuentra Janette Fr\u00edas Isaza (aqu\u00ed accionante) (fls. 1-6 cuaderno copias). <\/p>\n

3.2. Auto admisorio proferido el 22 de agosto de 2016 (fl. 45 y vuelto). <\/p>\n

3.3. Contestaci\u00f3n del libelo introductorio en la que manifest\u00f3 la querellante que \u00abno haremos oposici\u00f3n a la demanda y nos allanamos a las pretensiones de la misma\u00bb (fl. 57). <\/p>\n

3.4. Acta y cd de la audiencia surtida el 25 de enero de 2018 en la que el despacho encartado profiri\u00f3 sentencia que declar\u00f3 que \u00abprimero: el se\u00f1or Edgar Orlando Fr\u00edas Cardona [\u2026] es hijo extramatrimonial del se\u00f1or Rafael Antonio Fr\u00edas \u00c1lvarez [\u2026]; segundo: indicar que la presente sentencia surte efectos patrimoniales a favor del se\u00f1or Edgar Orlando Fr\u00edas Cardona, respecto de la heredera determinada se\u00f1ora Janette Fr\u00edas Isaza y frente a los herederos indeterminados\u00bb, determinaci\u00f3n contra la que no se interpuso recurso alguno (fls. 71 y 72). <\/p>\n

4. Analizado el rese\u00f1ado tr\u00e1mite advierte la Corte que la concesi\u00f3n de la salvaguarda tutelar deprecada en el particular asunto deviene inane, comoquiera que no se atendi\u00f3 al requisito general de procedencia de la inmediatez, dado el amplio t\u00e9rmino verificado desde la ocurrencia de los concretos y puntuales hechos de los que se duele la quejosa, esto es, la sentencia de 25 de enero de 2018, habida cuenta que la solicitud de auxilio fue propuesta s\u00f3lo hasta el d\u00eda 5 de octubre de 2018, lo cual, desnaturaliza el car\u00e1cter urgente e impostergable de la salvaguarda implorada, m\u00e1xime que no se demostr\u00f3, ni se invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora. <\/p>\n

4.1. Es por eso que la actora no puede acudir a este medio de resguardo para se\u00f1alar la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas, pues, pese a que no existe plazo de caducidad para interponer la tutela, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un lapso razonablemente prudencial, de seis (6) meses pretorianamente establecidos al efecto, y ello en aras de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales, m\u00e1s a\u00fan cuando la urgencia que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, justamente por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. No tiene premura quien voluntariamente deja pasar largo tiempo antes de elevar reclamo, raz\u00f3n por la que el amparo no puede abrirse paso. <\/p>\n

Sobre el mentado requisito general de procedencia de esta acci\u00f3n constitucional en que necesariamente ha de repararse, la jurisprudencia de la Sala puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n

[E]n efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art. 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda se\u00f1alado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ello se ha entendido \u2018que si bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u2019. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica (Sentencia T-797 de 26 de septiembre de 2002). <\/p>\n

Tal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Pol\u00edtica se\u00f1ala como finalidad del ejercicio de esta acci\u00f3n, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01; reiterada, entre otras, en STC4175-2015 14 abr. 2015 y en CSJ STC4024-2018 22 Mar. de 2018, rad. 2017-01285-02). <\/p>\n

5. Ahora bien, el amparo, de igual manera, deviene improcedente, dado el incumplimiento del requisito de la subsidiariedad por cuanto la accionante no present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de 25 de enero de 2018, de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, de lo que se evidencia que la quejosa cont\u00f3 con la oportunidad para exponer sus reparos y no lo hizo. <\/p>\n

5.1.\tEn tales condiciones, mal podr\u00eda el \u00abJuez Constitucional\u00bb auscultar la actuaci\u00f3n del juzgado acusado, cuando lo cierto es, que la interesada no procedi\u00f3 de manera acertada y eficaz, quedando sujeta, entonces, a las consecuencias de las determinaciones que le fueron adversas, observ\u00e1ndose as\u00ed el fruto de su propia incuria. <\/p>\n

5.2.\tEn relaci\u00f3n con lo precedente, la Corte ha considerado en fallo CSJ STC, 25 Ago. 2008, rad. 01343-00, reiterado entre otros, CSJ STC, 25 Sep. y 12 Oct. 2012, rad. 00651 y 00135, CSJ, STC, 31 Ene., 22 May. 2013, rad. 00113, 00206, respectivamente, y CSJ STC2541-2018 Feb. 23 de 2018, rad. 2017-00970-01, que: <\/p>\n

(\u2026) no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (\u2026). <\/p>\n

6. De conformidad con lo discurrido, se reafirmar\u00e1 la decisi\u00f3n materia de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de la Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC15381-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 05001-22-10-000-2018-00195-01 Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 26 de octubre de 2018, mediante la cual la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn neg\u00f3 la acci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101981","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101981","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101981"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101981\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101981"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101981"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101981"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}