{"id":101984,"date":"2026-07-01T21:08:06","date_gmt":"2026-07-01T21:08:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101984"},"modified":"2026-07-01T21:08:06","modified_gmt":"2026-07-01T21:08:06","slug":"stc15401-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15401-2018\/","title":{"rendered":"STC15401-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC15401-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03285-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada, a trav\u00e9s de letrada, por Su Soluci\u00f3n Inmediata S. A. S. -en Reorganizaci\u00f3n Empresarial- en frente de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, concretamente contra la magistrada Sonia Esther Rodr\u00edguez Noriega, y el Juzgado Doce Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- La sociedad reclamante depreca la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades encartadas dentro del juicio ejecutivo hipotecario que Bancolombia S. A. le formul\u00f3 a ella y a Ana Mar\u00eda, Sergio Iv\u00e1n y Jorge Eduardo Del Gordo Kligman. <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3 como descontento, grosso modo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1.- La Superintendencia de Sociedades, por \u00abauto N\u00ba. 630-001437 del 10 de noviembre de 2016[, la admiti\u00f3] a un proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial, al amparo de la Ley 1116 de 2006\u00bb; ello fue puesto en conocimiento de la c\u00e9lula judicial recriminada \u00abdesde el 15 de diciembre de 2016, [cuando] se le notific\u00f3 sobre la admisi\u00f3n al proceso de reorganizaci\u00f3n, y se le advirti\u00f3 sobre los efectos\u00bb. <\/p>\n

2.2.- El despacho entutelado, en el sub judice, libr\u00f3 orden de apremio adiada 6 de octubre de 2017, am\u00e9n que dispuso \u00abel embargo y secuestro del inmueble\u00bb de su propiedad \u00abubicado en la Carrera 56 # 76-89 Edificio Tribecca, apartamento 808 [sic], identificado con Matr\u00edcula Inmobiliaria N\u00ba. 040-542092\u00bb, siendo que aquella cautela fue \u00abregistrada el 18 de octubre de 2017, y consta en la anotaci\u00f3n N\u00ba. 8 del [aludido] certificado de libertad y tradici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

2.3.- Se hizo \u00abparte en el proceso ejecutivo [sub examine], presentando el d\u00eda 4 de diciembre de 2017 recurso de reposici\u00f3n contra el auto que libr\u00f3 mandamiento ejecutivo\u00bb; a la par, \u00abel d\u00eda 16 de abril de 2018, [\u2026] present\u00f3 incidente de nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo desde el 10 de noviembre de 2016, teniendo como fundamento lo establecido en el art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006, solicitando el levantamiento de las medidas cautelares y la remisi\u00f3n del expediente a la Superintendencia de Sociedades\u00bb. <\/p>\n

2.4.- El juzgado accionado deneg\u00f3 esa formulaci\u00f3n de invalidez a trav\u00e9s de resoluci\u00f3n de 27 de junio de 2018, esgrimiendo, ente otras cosas, que de acuerdo al art\u00edculo 50 de la Ley 1676 de 2013, \u00abpuede continuarse con el proceso de ejecuci\u00f3n de la garant\u00eda real por no ser el bien necesario para la actividad econ\u00f3mica del deudor\u00bb. <\/p>\n

2.5.- Contra la misma interpuso recurso apelaci\u00f3n, siendo que la colegiatura censurada la ratific\u00f3 mediante pronunciamiento de 28 de agosto del a\u00f1o que avanza. <\/p>\n

2.6.- Aduce que esas determinaciones mancillan sus intereses, en suma, comoquiera que soslayaron \u00abel ordenamiento legal establecido en la Ley 1116 de 2006 y en la Ley 1676 de 2013, transgrediendo el orden jur\u00eddico, ya que concluye[n] sobre aspectos que son de exclusiva competencia de la Superintendencia de Sociedades como juez del concurso\u00bb, y dejaron de ver que seg\u00fan el art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006 \u00abel juez ordinario carece de competencia para conocer procesos ejecutivos en contra del deudor, o que afecten los bienes del deudor con las medidas cautelares que se ordenen, y ello tiene fundamento en que los activos de la sociedad en concurso se constituyen en prenda general de todos los acreedores, por lo que no puede ser afectados con medidas cautelares, ya que la norma expresamente se\u00f1ala que los procesos de ejecuci\u00f3n deber\u00e1n remitirse al juez del concurso\u00bb. <\/p>\n

3.- Solicita, conforme a lo relatado, dejar \u00absin valor ni efecto las decisiones\u00bb adoptadas en primera y segunda instancias, \u00aby en su lugar se declare la nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo\u00bb; a secuela de ello, se \u00abordene el levantamiento de la medida de embargo y secuestro ordenada contra el inmueble [\u2026] identificado con Matr\u00edcula Inmobiliaria N\u00ba. 040-542092\u00bb. <\/p>\n

4.- Mediante auto de 6 de noviembre de hoga\u00f1o se decret\u00f3 la citaci\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades, am\u00e9n que se dispuso la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos de la presente actuaci\u00f3n. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

El tribunal encartado sostuvo, en breve, que \u00abse ratifica [\u2026] en la decisi\u00f3n tomada [\u2026] donde se expusieron de manera clara y precisa las razones para emitir[la]\u00bb. <\/p>\n

La Superintendencia de Sociedades convocada, a trav\u00e9s de su Intendencia de Barranquilla, resumidamente manifest\u00f3 que \u00absi ante el Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla cursa un proceso de ejecuci\u00f3n contra el deudor, Su Soluci\u00f3n Inmediata S. A. S., dicho juzgado debi\u00f3 remitir el proceso ejecutivo a este despacho para su incorporaci\u00f3n al proceso concursal. Con respecto a las medidas cautelares all\u00ed decretadas, quedan a disposici\u00f3n del juez del concurso quien determinar\u00e1 si contin\u00faan vigentes o no, en los t\u00e9rminos de la norma mencionada [art\u00edculo 20 Ley 1116 de 2006]. La sociedad concursada o el promotor del proceso, en virtud de lo establecido en el art\u00edculo 20 ibidem, se encuentran legalmente facultados para alegar individual o conjuntamente, la nulidad del proceso al juez competente, en este caso ante el Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla, acreditando la existencia del proceso, ya sea con el auto de apertura del mismo o con el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la empresa. Adicionalmente, cabe se\u00f1alar que el auto N\u00ba. 630-001303 del 21 de julio de 2017, proferido en audiencia de la misma fecha, reconoci\u00f3 a Bancolombia S. A., en la quinta clase de cr\u00e9ditos, una obligaci\u00f3n por valor de $436\u2019219.322,94 y en la cuarta clase de cr\u00e9ditos la suma de $8\u2019045.669. All\u00ed consta tambi\u00e9n, que Bancolombia S. A. estuvo representada dentro del proceso, present\u00f3 objeciones al proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto y concilio la misma con la concursada, lo que resulta en el reconocimiento de las acreencias antes mencionadas, aclarando que a dicha entidad no le fueron reconocidos cr\u00e9ditos hipotecarios. Ahora bien, si la obligaci\u00f3n ejecutada por Bancolombia S. A. en contra de Su Soluci\u00f3n Inmediata S. A. S., fue causada con posterioridad al 10 de noviembre de 2016, fecha de inicio del proceso de insolvencia, constituye un gasto de administraci\u00f3n el cual debe pagarse en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 71 de la Ley 1116 de 2006 y su incumplimiento puede ser cobrado ejecutivamente, es decir, no debe remitirse el proceso ejecutivo al juez concursal, sino continuar el mismo ante el juez de conocimiento. Por otra parte, si el acreedor Bancolombia S. A., pretend\u00eda beneficiarse de la ejecuci\u00f3n de la garant\u00eda, a la luz de la Ley 1676 de 2013, en la cual se dictan normas sobre garant\u00edas mobiliarias, debi\u00f3 solicitarlo dentro del proceso de reorganizaci\u00f3n para que el juez concursal determinara primero, si el bien era necesario o no para la actividad comercial de la empresa y segundo, considerara autorizar la ejecuci\u00f3n de los no necesarios y el pago preferente. Es decir, Bancolombia S. A. debi\u00f3 solicitar la ejecuci\u00f3n de la garant\u00eda al juez del concurso, en el marco del proceso de reorganizaci\u00f3n toda vez que es necesaria la actuaci\u00f3n de dicho juez tal como qued\u00f3 explicado\u00bb. <\/p>\n

El juzgado censurado guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio ius fundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Observada la censura planteada, resulta evidente que la compa\u00f1\u00eda reclamante, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defectos material y procedimental absoluto, enfila su inconformismo, en \u00faltimas, contra el prove\u00eddo revalidatorio de 28 de agosto del a\u00f1o que avanza, dictado por la sala querellada dentro del sub lite. <\/p>\n

3.- Obran como capitales demostraciones, que ata\u00f1en con la disconformidad elevada, las siguientes: <\/p>\n

3.1.- Escrito de \u00abInventario de Activos, Propiedades[,] Planta y Equipo\u00bb de la sociedad actora, calendado 31 de agosto de 2016. <\/p>\n

3.2.- Prove\u00eddo de 10 de noviembre de 2016, con que la Superintendencia de Sociedades – Barranquilla, admiti\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda querellante a proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial. <\/p>\n

3.3.- Aviso con sello de recibido de 15 de diciembre de 2016, en que al despacho entutelado se le comunic\u00f3 acerca de la apertura del proceso de reorganizaci\u00f3n de la sociedad accionante. <\/p>\n

3.4.- Mandamiento de pago librado en el sub examine por la c\u00e9lula judicial recriminada, fechado 6 de octubre de 2017. <\/p>\n

3.5.- Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria n\u00famero 040-542092, de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de la capital ut supra, correspondiente al apartamento 802 del Edificio Tribecca ubicado en la Carrera 56 N\u00ba. 76-89 de esa urbe. <\/p>\n

3.6.- Formulaci\u00f3n de nulidad elevada por la empresa tutelista en el sub judice. <\/p>\n

3.7.- Determinaci\u00f3n de 27 de junio de 2018, a trav\u00e9s de la cual el juzgado acusado \u00abno acced[i\u00f3] a la solicitud de nulidad implorada\u00bb. <\/p>\n

Al efecto, adujo, prevalentemente, que al tenor del inciso segundo del precepto 50 de la Ley 1676 de 2013 \u00abpuede continuarse con el proceso de ejecuci\u00f3n de la garant\u00eda real por no ser el bien necesario para la actividad econ\u00f3mica del deudor, pues trata el inmueble que nos ocupa de un apartamento de vivienda familiar, ubicado K |a carrera 56 No: 79-89 Apartamento 802, de esta ciudad Adem\u00e1s, de acuerdo con el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad Su Soluci\u00f3n Inmediata SAS, la direcci\u00f3n de su domicilio es la calle 74 N\u00ba. 49-32 LO 2 de esta ciudad. Adem\u00e1s, resulta imposible que en el bien inmueble hipotecado se desarrollen las actividades [del] objeto social de la empresa, descritas en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad, siendo que \u00e9sta se constituy\u00f3 mediante Escritura P\u00fablica N\u00ba. 3377 del 3 de junio de 2008 y el inmueble con garant\u00eda real fue aportado a la sociedad por los deudores hipotecarios [\u2026] Ana Maria, Jor[g]e Eduardo y Sergio Iban Del Gordo Kligman, el 26 de septiembre de 2016, es decir, recientemente. As\u00ed las cosas, no se acceder\u00e1 la solicitud de nulidad, habida consideraci\u00f3n que el hecho que Su Soluci\u00f3n Inmediata SAS se encuentre en proceso de reorganizaci\u00f3n, [no impide que] pued[a] continuarse con el proceso de ejecuci\u00f3n de la garant\u00eda real por no ser el bien necesario para la actividad econ\u00f3mica del deudor. Am\u00e9n que no se est\u00e1 persiguiendo obligaciones a cargo de su Soluci\u00f3n Inmediata S. A. S., distinta a la garant\u00eda real\u00bb. <\/p>\n

3.8.- Recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la compa\u00f1\u00eda censora contra la anterior providencia. <\/p>\n

3.9.- Auto de 28 de agosto de hoga\u00f1o, con que el tribunal encartado confirm\u00f3 el pronunciamiento enantes aludido de primer grado. <\/p>\n

Ello, entre otras reflexiones, habida cuenta que \u00ab[d]e conformidad con la disposici\u00f3n establecida en el art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006, \u201cA partir de la fecha de inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n no podr\u00e1 admitirse ni continuarse demanda de ejecuci\u00f3n o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. As\u00ed, los procesos de ejecuci\u00f3n o cobro que hayan comenzado antes del inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n, deber\u00e1n remitirse para ser incorporados al tr\u00e1mite y considerar el cr\u00e9dito y las excepciones de m\u00e9rito pendientes de decisi\u00f3n, las cuales ser\u00e1n tramitadas como objeciones, para efectos de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n y las medidas cautelares quedar\u00e1n a disposici\u00f3n del juez del concurso, seg\u00fan sea el caso, quien determinar\u00e1 si la medida sigue vigente o si debe levantarse, seg\u00fan convenga a los objetivos del proceso, atendiendo la recomendaci\u00f3n del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente motivada\u201d\u00bb. <\/p>\n

Aun\u00f3, de inmediato, que \u00ab[e]n este sentido frente al tema puntual el art\u00edculo 50 de la Ley 1676 de 2013 establece \u201ca partir de la fecha de inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n no podr\u00e1 admitirse ni continuarse con la demanda de ejecuci\u00f3n o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor sobre bienes muebles o inmuebles necesarios para el desarrollo de la actividad econ\u00f3mica del deudor y que hayan sido reportados por el deudor como tales dentro de la informaci\u00f3n presentada con la solicitud de inicio del proceso; con base en esta informaci\u00f3n se dar\u00e1 cumplimiento al numeral 9 de la Ley 1116 de 2006. Las dem\u00e1s procesos de ejecuci\u00f3n de la garant\u00eda real sobre bienes no necesarios para la actividad econ\u00f3mica del deudor, podr\u00e1n continuar o iniciarse por la decisi\u00f3n del acreedor garantizado. El juez del concurso podr\u00e1 autorizar la ejecuci\u00f3n de garant\u00edas reales sobre cualquiera de los bienes del deudor, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 17 de la Ley 1116, cuando estime, a solicitud del acreedor garantizado, que los citados bienes no son necesarios para la continuaci\u00f3n de la actividad econ\u00f3mica del deudor. Tambi\u00e9n proceder\u00e1 la ejecuci\u00f3n de los bienes dados en garant\u00eda cuando el juez del concurso estime que los bienes corren riesgo de deterioro o p\u00e9rdida\u201d\u00bb. <\/p>\n

Puso de presente que \u00abel a quo fund[\u00f3] su decisi\u00f3n principalmente en el art\u00edculo 50 de la Ley 1676 de 2013 inciso 2, argumentando que \u201cpuede continuar con el proceso de ejecuci\u00f3n de la garant\u00eda real por no ser el bien necesario para la actividad econ\u00f3mica del deudor, pues trata el inmueble de un apartamento de vivienda familiar\u201d\u00bb, siendo que \u00abde la revisi\u00f3n del expediente se tiene que el recurso de apelaci\u00f3n fue interpuesto por la [sociedad reclamante] argumentando que \u201cexiste una ley que establece la nulidad procesal, la cual est\u00e1 consagrada en el art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2016 norma que cobija a la sociedad, ya que mediante auto N\u00ba. 630-001437 de diez (10) de noviembre de dos mil diecis\u00e9is (2016) fue admitida en un proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial, sin embargo, sin prueba alguna el [a quo] asume que por encontrarse el inmueble en una zona residencial, este no es necesario para las actividades econ\u00f3micas de la empresa\u201d\u00bb. <\/p>\n

A esas cotas, denot\u00f3 que \u00abdesde el momento del inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial, no podr\u00e1n continuarse los procesos de ejecuci\u00f3n que se encuentren en curso, de tal forma que los mismos deber\u00e1n remitirse para ser incorporados al tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n. Cabe traer a colaci\u00f3n el Decreto 1835 de 2015, Art\u00edculo 2.2.2.4.2.31 el inciso 3\u00ba, que consagra: Art\u00edculo 2.2.2.4.2.31. Inventario valorado en el proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial, \u201c(…) Adicionalmente, el deudor deber\u00e1 clasificar los bienes en garant\u00eda como necesarios o no necesarios para el desarrollo de su actividad econ\u00f3mica, acompa\u00f1ar la informaci\u00f3n referente a los procesos de ejecuci\u00f3n, cobro y mecanismos de pago directo que se encuentren en curso contra el deudor y que afecten sus bienes en garant\u00eda, sean estos necesarios o no para el desarrollo de la actividad econ\u00f3mica\u201d\u00bb, deviniendo que \u00ab[b]asta \u00fanicamente con revisar el expediente y verificar que dentro de la admisi\u00f3n a la Sociedad Su Soluci\u00f3n Inmediata S. A. S., principalmente y como requisito de procedibilidad deb\u00eda clasificar los bienes dados en garant\u00eda en necesarios y no necesarios para el desarrollo de su objeto social, ya que se entiende que son bienes necesarios para la actividad econ\u00f3mica de la empresa, aquellos que sin los cuales la empresa no puede llevar acabo su funci\u00f3n. Sin embargo, al realizar el respectivo inventario por la Superintendencia, se encuentra que seg\u00fan el reporte de los bienes para el desarrollo de su actividad econ\u00f3mica, la sociedad inform\u00f3 que no tiene bienes muebles e inmuebles presentes o futuros dados en garant\u00eda, ni la existencia de riesgo de deterioro o p\u00e9rdida\u00bb. <\/p>\n

Entonces, expres\u00f3, \u00abresulta conclusivo que el desarrollo del objeto social de la empresa, aparece se\u00f1alado en otro inmueble descrito en el Certificado de la C\u00e1mara de Comercio; con lo cual se determina que el apartamento objeto de la medida cautelar, no es necesario para el ejercicio de tal actividad, debiendo continuarse con su ejecuci\u00f3n en los t\u00e9rminos planteados por el acreedor con garant\u00eda real\u00bb. <\/p>\n

4.- Relativamente con la disconformidad planteada en punto de la providencia referida en el numeral inmediatamente anterior, ha de relevarse que, contrario sensu a lo manifestado, el tribunal enjuiciado no incurri\u00f3 en anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguardia deprecada, en tanto que de la transcripci\u00f3n enantes vista, independientemente que la Corte la proh\u00edje en su totalidad por no ser este el escenario id\u00f3neo para lo propio, dimana que tanto la ponderaci\u00f3n probatoria, como la exposici\u00f3n de los motivos decisorios manifestados se guarecen en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el litigio planteado. <\/p>\n

4.1.- Es decir, que en vista de que la empresa querellante, a la hora de presentar el estado de inventario de activos y pasivos que era menester acompa\u00f1ar a la solicitud de reorganizaci\u00f3n empresarial que la Superintendencia de Sociedades le admiti\u00f3, y en punto del apartamento 802 del Edificio Tribecca que est\u00e1 ubicado en la Carrera 56 # 76-89 e identificado con Matr\u00edcula Inmobiliaria N\u00ba. 040-542092, declin\u00f3 se\u00f1alar que tal era necesario para el desarrollo de su actividad econ\u00f3mica y tampoco adujo que estuviere sujeto a gravamen real, por ello, conforme a la armonizaci\u00f3n de los art\u00edculos 50 de la Ley 1676 de 20 de agosto de 2013 \u00ab[p]or la cual se promueve el acceso al cr\u00e9dito y se dictan normas sobre garant\u00edas mobiliarias\u00bb y 2.2.2.4.2.31 del Decreto 1835 de 16 de septiembre de 2015 \u00ab[p]or el cual se modifican y adicionan normas en materia de Garant\u00edas Mobiliarias al Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto n\u00famero 1074 de 2015, y se dictan otras disposiciones\u00bb, era dable no acceder a declarar la invalidez reclamada y s\u00ed proseguir con la cautela decretada sobre aquel al interior del juicio ejecutivo hipotecario sub lite, comoquiera que esa determinaci\u00f3n es potestad del acreedor con garant\u00eda, mas no del juez del concurso, hermen\u00e9utica respetable que no puede ser alterada por esta v\u00eda, todo lo cual no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo. <\/p>\n

Y es, vale anotarlo, en aras de \u00abla aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 50 de la Ley 1676 de 2013\u00bb, conforme al canon 2.2.2.4.2.31 (que trata del \u00abInventario valorado en el proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial\u00bb) del Decreto 1835 de 2015, entre otras cosas, es del caso que el deudor efect\u00fae, dentro del \u00abestado de inventario de activos y pasivos a que hace referencia el art\u00edculo 13 de la Ley 1116 de 2006\u00bb, como carga a \u00e9l impuesta, la \u00abrelaci\u00f3n de los bienes muebles e inmuebles en garant\u00eda\u00bb que son \u00abnecesarios o no necesarios para el desarrollo de su actividad econ\u00f3mica\u00bb. <\/p>\n

Por ende, es que conforme al precepto 50 (concerniente con \u00ablas garant\u00edas reales en los procesos de reorganizaci\u00f3n\u00bb) de la Ley 1676 de 2013, cuando lo anteriormente expuesto as\u00ed no se efect\u00faa, deviene que el \u00abinicio\u00bb o la \u00abcontinuaci\u00f3n\u00bb de los juicios de ejecuci\u00f3n de la garant\u00eda real \u00absobre bienes no necesarios para la actividad econ\u00f3mica del deudor\u00bb, queda sujeta a la exclusiva \u00abdecisi\u00f3n del acreedor garantizado\u00bb, sin que en ella deba intervenir el \u00abjuez del concurso\u00bb. <\/p>\n

V\u00e9ase al efecto que en los apartes pertinentes de esta \u00faltima norma, es decir, en sus dos primeros incisos, se expresa: \u00abart\u00edculo 50. las garant\u00edas reales en los procesos de reorganizaci\u00f3n.\u00a0A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n no podr\u00e1 admitirse ni continuarse demanda de ejecuci\u00f3n o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor sobre bienes muebles o inmuebles necesarios para el desarrollo de la actividad econ\u00f3mica del deudor y que hayan sido reportados por el deudor como tales dentro de la informaci\u00f3n presentada con la solicitud de inicio del proceso; con base en esta informaci\u00f3n se dar\u00e1 cumplimiento al numeral 9 del art\u00edculo\u00a019\u00a0de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n

\u00abLos dem\u00e1s procesos de ejecuci\u00f3n de la garant\u00eda real sobre bienes no necesarios para la actividad econ\u00f3mica del deudor, podr\u00e1n continuar o iniciarse por decisi\u00f3n del acreedor garantizado. El juez del concurso podr\u00e1 autorizar la ejecuci\u00f3n de garant\u00edas reales sobre cualquiera de los bienes del deudor, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo\u00a017\u00a0de la Ley 1116, cuando estime, a solicitud del acreedor garantizado, que los citados bienes no son necesarios para la continuaci\u00f3n de la actividad econ\u00f3mica del deudor. Tambi\u00e9n proceder\u00e1 la ejecuci\u00f3n de los bienes dados en garant\u00eda cuando el juez del concurso estime que los bienes corren riesgo de deterioro o p\u00e9rdida\u00bb (destacado propio, como los sucesivos). <\/p>\n

A su turno, la regla 2.2.2.4.2.31. del Decreto 1835 de 2015, establece que \u00ab[p]ara los efectos de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 50 de la Ley 1676 de 2013, adem\u00e1s de los estados financieros que se deben allegar con la solicitud de inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n, el deudor o este y sus acreedores, deber\u00e1n presentar dentro del estado de inventario de activos y pasivos a que hace referencia el art\u00edculo 13 de la Ley 1116 de 2006 la relaci\u00f3n de los bienes mueble e inmuebles en garant\u00eda con corte al \u00faltimo d\u00eda calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud debidamente certificado y valorado, suscrito por Contador P\u00fablico o Revisor Fiscal, seg\u00fan sea el caso. <\/p>\n

\u00abLa valoraci\u00f3n corresponder\u00e1 a lo reflejado en los estados financieros presentados por el deudor y deber\u00e1 venir acompa\u00f1ado del aval\u00fao que soporta el registro contable. <\/p>\n

\u00abAdicionalmente, el deudor deber\u00e1 clasificar los bienes en garant\u00eda como necesarios o no necesarios para el desarrollo de su actividad econ\u00f3mica, acompa\u00f1ar la informaci\u00f3n referente a los procesos de ejecuci\u00f3n, cobro y mecanismos de pago directo que se encuentren en curso contra el deudor y que afecten sus bienes en garant\u00eda, sean estos necesarios o no para el desarrollo de la actividad econ\u00f3mica\u00bb. <\/p>\n

Por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que el deudor (i) no reporte el bien dado en garant\u00eda, (ii) lo \u00abreporte\u00bb pero sin precisar si es o no necesario para el desarrollo de su actividad econ\u00f3mica, o (iii) lo \u00abreporte\u00bb como \u00abno necesario\u00bb para ello, los pleitos ejecutivos prendarios o hipotecarios \u00abpodr\u00e1n continuar o iniciarse por decisi\u00f3n del acreedor garantizado\u00bb, siendo que, como la segunda de esas conjeturas fue la que aconteci\u00f3 en el sub examine -am\u00e9n que tampoco se se\u00f1al\u00f3 que tal estaba hipotecado-, lo propio deriva que, it\u00e9rase, no haya lugar a otorgar el amparo instado por cuanto la potestad de proseguir con el pleito hipotecario no era asunto del resorte del juez concursal, que es lo esgrimido por la sociedad tutelista. <\/p>\n

4.2.- Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de una parte, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01) y, de otra, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01), entre otras cosas, \u00abpues lo que en \u00faltimas pretende la accionante es que por esta v\u00eda constitucional se reviva una discusi\u00f3n suficientemente ventilada ante la justicia ordinaria, en la que [\u2026] quien acudi\u00f3 a esta sede, cont\u00f3 con las posibilidades de contradicci\u00f3n y defensa en las dos instancias autorizadas por la ley\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2011, rad. 00012-01). <\/p>\n

5.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC15401-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03285-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada, a trav\u00e9s de letrada, por Su Soluci\u00f3n Inmediata S. A. S. -en Reorganizaci\u00f3n Empresarial- en frente de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101984","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101984","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101984"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101984\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101984"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101984"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101984"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}