{"id":101993,"date":"2026-07-01T21:11:44","date_gmt":"2026-07-01T21:11:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101993"},"modified":"2026-07-01T21:11:44","modified_gmt":"2026-07-01T21:11:44","slug":"stc15429-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15429-2018\/","title":{"rendered":"STC15429-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

STC15429-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02277-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el 10 de octubre de dos mil dieciocho por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n constitucional promovida por CIJAD S.A.S y Parking Bogot\u00e1 Center S.A.S., contra la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

La sociedad accionante solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental de petici\u00f3n, que considera vulnerado por la autoridad accionada, en cuanto no dio respuesta a la solicitud que formul\u00f3 ante ella el 6 de septiembre de 2018. <\/p>\n

En consecuencia, pretende que se ordene a la accionada dar respuesta al derecho de petici\u00f3n presentado el 6 de septiembre del presente a\u00f1o. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Parking Bogot\u00e1 Center S.A.S., por conducto de su representante legal, elev\u00f3 el 6 de septiembre de 2018 petici\u00f3n ante la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial con el fin de obtener respuesta a las siguientes inquietudes: <\/p>\n

(\u2026) 1. Cu\u00e1les son las causales para iniciar un proceso de exclusi\u00f3n contra una sociedad que se encuentre debidamente inscrito dentro del registro de parqueaderos autorizados para veh\u00edculos inmovilizados en virtud de una orden judicial. <\/p>\n

2. de igual forma, cu\u00e1les son las causales para emprender un proceso de revocatoria contra una sociedad que est\u00e1 en el registro de parqueadero autorizados para veh\u00edculos inmovilizados por orden judicial. <\/p>\n

3. Qu\u00e9 t\u00e9rminos tienen las Direcciones Seccionales de Administraci\u00f3n Judicial, para emitir una resoluci\u00f3n de exclusi\u00f3n, reiterando a un parqueadero del registro anteriormente mencionado. <\/p>\n

4. Que termino tiene las Direcciones Seccionales de Administraci\u00f3n Judicial para emitir una resoluci\u00f3n, revocando la inscripci\u00f3n de un parqueadero de registro. <\/p>\n

5. Cu\u00e1l es el control que ejercer el Consejo Superior de la Judicatura para velar por la seguridad de los veh\u00edculos incautados y depositados en los patios- parqueaderos autorizados por las Direcciones Seccionales; as\u00ed como cuales son los procedimientos del Consejo Superior de la Judicatura para evitar la p\u00e9rdida, uso, comercializaci\u00f3n, desvalijamiento, entre otros, de dichos rodantes. <\/p>\n

6. Como verifica Consejo Superior de la Judicatura, as\u00ed como las Direcciones Seccionales de Administraci\u00f3n Judicial, que los veh\u00edculos aprendidos por orden judicial se encuentran efectivamente en los establecimientos asegurados por la p\u00f3liza establecida en el literal E del Acuerdo 23586 de 2004. Toda vez que dichas p\u00f3lizas \u00fanica y exclusivamente amparan el sitio asegurado, por lo cual el traslado de dichos rodantes a establecimientos que no se encuentran asegurados implican varios riesgos, como lo son la perdida e intercambio de las partes de los mismos. <\/p>\n

2. Denunci\u00f3 la actora que para la fecha de interposici\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional, no hab\u00eda recibido respuesta alguna. <\/p>\n

3. En criterio de la persona jur\u00eddica impulsora del amparo, la encartada vulnera sus garant\u00edas fundamentales al no dar respuesta a su petici\u00f3n, en tanto que el t\u00e9rmino legal para que la autoridad judicial accionada diera respuesta al derecho de petici\u00f3n, venci\u00f3 el d\u00eda 27 de septiembre y no ha recibido respuesta. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El primero de octubre de 2018, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y orden\u00f3 el traslado a la accionada para que ejerciera su derecho de defensa. [Folio 12, c. 1] <\/p>\n

2. En la oportunidad, el representante legal de la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 negar la acci\u00f3n pues al accionante formul\u00f3 otro reclamo constitucional por los mismos hechos y en todo caso, indic\u00f3 que mediante oficio DESAJBOJRO 18-18425 del 1 de octubre de 2018, dio respuesta a la petici\u00f3n presentada. [Folio 63, c1] <\/p>\n

4. La promotora de la s\u00faplica impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, bajo el argumento que la respuesta ofrecida, \u00abno cumple con las exigencia descritas\u00bb; arguy\u00f3 que el Despacho no puede dar por hecho superado pues \u00abno se ha logrado obtener una respuesta completa, coherente y de fondo\u00bb. [Folio 72, c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Como en m\u00faltiples ocasiones lo ha indicado la Corte, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta con la que se busca la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o a\u00fan de los particulares, en los casos establecidos por la ley. <\/p>\n

2. De otra parte, el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y, eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: a) la posibilidad de acudir ante el destinatario, y b) la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada. <\/p>\n

La esencia de la prerrogativa comentada comprende entonces: (i) pronta resoluci\u00f3n, (ii) respuesta de fondo, (iii) notificaci\u00f3n de la respuesta al interesado. <\/p>\n

Es necesario destacar, que una verdadera respuesta, si bien no tiene que ser siempre favorable a las pretensiones del peticionario, s\u00ed debe cumplir con los requisitos de ser oportuna, resolver lo solicitado de manera clara, precisa y congruente, adem\u00e1s de ser puesta en conocimiento del solicitante. <\/p>\n

3. En el caso objeto de estudio, es claro que la queja constitucional tiene fundamento en la inconformidad de la reclamante, por la presunta omisi\u00f3n en que incurri\u00f3 la entidad accionada al no brindarle respuesta a la petici\u00f3n que le present\u00f3 el 6 de septiembre de 2018, con el prop\u00f3sito de obtener informaci\u00f3n sobre el procedimiento que se sigue para la exclusi\u00f3n de una sociedad que se encuentre debidamente inscrita en el registro de parqueaderos. <\/p>\n

Si bien, en los hechos narrados por la accionante, se inform\u00f3 que la accionada no ofreci\u00f3 respuesta a la petici\u00f3n; lo cierto es que de la contestaci\u00f3n arrimada por la convocada, se constata que contrario a lo esgrimido por la censora, s\u00ed hubo un pronunciamiento frente a la solicitud. <\/p>\n

Revisadas las diligencias que se allegaron en el tr\u00e1mite de la primera instancia, se aprecia, que el director Ejecutivo Seccional de la entidad reconvenida, con respuesta de 1 de octubre de 2018, y entregada a la destinataria el d\u00eda 2 de ese mes, le inform\u00f3 a la peticionaria que: <\/p>\n

(\u2026) Con relaci\u00f3n al primer y segundo punto de su petici\u00f3n, esta entidad se permite informar que cuando se tenga conocimiento de las irregularidades e desarrollo de su actividad, se podr\u00e1 excluir del registro de parqueaderos a una sociedad que se encuentra debidamente inscrita seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo octavo del Acuerdo 2586 de 2004 <\/p>\n

En cuanto a los numerales tres y cuatro, es menester se\u00f1alar que el procedimiento sancionatorio aplicable es el establecido en los art\u00edculos 47 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, por medio de la cual se expide el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. <\/p>\n

De otra parte y reseco al numeral quinto de la solicitud se le indica que, esta Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1- Cundinamarca, dentro de la competencia otorgada por la ley 769 de 2002, de desarrollada por el Acuerdo 2586 de 2004, aclarado por el Acuerdo No 10136 de 2014, tiene como funci\u00f3n llevar a cabo anualmente la convocatoria p\u00fablica para establecer las tarifas seg\u00fan los estudios de mercadeo y conformar el registro de paqueados para guardar y custodias los veh\u00edculos objetos de medidas caut\u00e9lales decretadas por los despachos judiciales de la ciudad de Bogot\u00e1 y municipio de Cundinamarca. <\/p>\n

Finalmente y atendiendo al numeral sexto de su solicitud, debe tenerse en cuenta que el art\u00edculo primero del Acuerdo 2586 de 2004, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201cPRIMERO: las autoridades encargadas de inmovilizar veh\u00edculos en virtud de orden impartida or Jueces de la Republica, con el fin de materializar sobre estos medidas caut\u00e9lales, deber\u00e1n llevarlos inmediatamente los aprehendan, a un parqueadero que se encuentre debidamente registrado ante la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial, dependiente de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Judicial, del lugar donde se produzca la inmovilizaci\u00f3n. <\/p>\n

Por consiguiente, como no puede considerarse que tal entidad vulner\u00f3 el derecho de petici\u00f3n de la gestora de la acci\u00f3n, pues ha de recordarse que lo obligatorio para el ente acusado es responder de forma clara, congruente y de fondo la petici\u00f3n formulada, lo cual ocurri\u00f3 en el presente caso. <\/p>\n

4. Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial o administrativo no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pues en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para anticiparse a las decisiones administrativas o judiciales, desplazar o sustituir los ordenamientos legales. <\/p>\n

5. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados; y, en su oportunidad, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ STC15429-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02277-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el 10 de octubre de dos mil dieciocho por la Sala Civil del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101993","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101993","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101993"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101993\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101993"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101993"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101993"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}