{"id":101998,"date":"2026-07-01T21:13:02","date_gmt":"2026-07-01T21:13:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101998"},"modified":"2026-07-01T21:13:02","modified_gmt":"2026-07-01T21:13:02","slug":"stc15440-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc15440-2018\/","title":{"rendered":"STC15440-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC15440-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-00758-01.
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de \tveintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2018, mediante la cual la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira neg\u00f3 las acciones de tutela promovidas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga en contra del Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el se\u00f1or Leandro Giraldo, las Alcald\u00edas, Procuradur\u00edas y Defensor\u00edas del Pueblo de Pereira, San Jos\u00e9 de Isnos y Santa Marta. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Demand\u00f3 el gestor la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y la \u00abdebida administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad encartada.
\n2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Que present\u00f3 las acciones populares 2015-1117, 2015-1137 y, 2015-1370 donde el juzgado tutelado \u00abse niega a cumplir lo que le ordena el art 5 de la ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n

2.3. Reproch\u00f3, que la a-quo \u00abcree poder aplicar desistimiento TACITO. FIGURA NO CONTEMPLADA EN LEY ESPECIAL 472 DE 1998, OLVIDANDO QUE ESTA ACCION SE PRESENTO EN VIGENCIA CPC. <\/p>\n

3. Pidi\u00f3, en consecuencia, se ordene al funcionario cuestionado, revocar \u00abel desistimiento t\u00e1cito y [\u2026] aplicar inmediatamente art 5 ley 472 de 1998\u00bb, adem\u00e1s se \u00abOrdene que el delegado del ministerio p\u00fablico, Procurador, en la acci\u00f3n popular, se pronuncie en derecho y consigne se es legal que se crea poder terminar anormalmente mi acci\u00f3n popular, amparado en figura inexistente en ley especial 472 de 1998\u00bb, y, solicit\u00f3 \u00abse escanee copia de la tutela y del fallo a [su] correo electr\u00f3nico dinosaurio@hotmail.com\u00bb, por \u00faltimo \u00ab[\u2026] SE DETERMINE EN SENTENCIA DE UNIFICACION SI los memoriales, escritos o recursos que [present\u00f3] antes de que la juez decretara desistimiento tacito, PARAN EL TERMINO CONCEDIDO POR LA JUEZ Y DE SER ASI, SE DECRETE NULIDAD EL DESISTIMIENTO TACITO Y SE CORRAN NUEVAMENTE TERMINOS DE TIEMPO PARA CONTAR LOS 30 DIAS QUE DA LA LEY\u2026\u00bb (fls. 1, 4 y 7 del Cdno. 2). <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

La Procurador Regional de Risaralda, manifest\u00f3 que \u00ab[\u2026] las acciones populares referenciadas no fueron promovidas por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Procuradur\u00eda Regional Risaralda, y por ello se nos ha comunicado el auto que admite la misma por parte del respectivo Juzgado de conocimiento, para que intervengamos en aquellos procesos que consideremos conveniente, donde se reitera se viene efectuando el respectivo reparto de las acciones populares entre los profesionales adscritos a la Procuradur\u00eda Regional Risaralda y Provincial de Pereira\u00bb. <\/p>\n

Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben la acci\u00f3n de tutela presentada, indica vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad y garant\u00edas procesales dentro de las acciones populares 2015-1137; 2015-1370 y 2015-1117\u00bb, lo que resulta una \u00abSituaci\u00f3n ajena a esta Agencia del Ministerio P\u00fablico, toda vez que nuestra intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, situaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por intermedio de la Procuradur\u00eda Regional y Provincial en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba, convocado previamente por el Juez con el fin de llegar a un acuerdo de voluntades, pues cabe resaltar que, de existir el mismo, no s\u00f3lo debe ser avalado por el juez, en el caso de encontrar que el proyecto de acuerdo no contiene vicios de ilegalidad, sino que ha de contar con la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico cuyo papel es el de proteger los derechos colectivos en juego, dada su funci\u00f3n de defensor de los intereses colectivos.\u00bb (Subrayado del texto – fl. 17 \u00cddem).
\nLa c\u00e9lula judicial recriminada remiti\u00f3 copia de las actuaciones surtidas dentro de las acciones populares 2015-1117, 2015-1137 y 2015-1370 (fls. 20-34 ibidem). <\/p>\n

El Municipio de Pereira a trav\u00e9s de apoderado judicial, sostuvo que \u00abno es procedente vincular al Municipio de Pereira, toda vez que las pretensiones solicitadas por el accionante se dirigen al JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO, de las pretensiones solicitadas por el accionante, no se evidencia, ni aparece demostrado o definida la forma en la que el Municipio de Pereira ha amenazado, vulnerado o puesto en peligro los derechos fundamentales del accionante\u00bb (fls. 35 a 37 \u00cddem). <\/p>\n

El Defensor del Pueblo Regional Huila, manifest\u00f3 que \u00ab[\u2026] no encuentra esta Defensor\u00eda Regional que el Juez Tercero Civil del Circuito de Pereira haya vulnerado derecho fundamental algunos de los citados por el demandante, por lo cual, salvo mejor criterio se deben despachar desfavorablemente sus pretensiones\u00bb (fls. 44 a 46 ibidem). <\/p>\n

El Alcalde de Isnos \u2013 Huila, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n de tutela por \u00abcuanto no [han] vulnerado los derechos fundamentales que se se\u00f1alan como vulnerados\u00bb (fls. 50 a 51 ibidem). <\/p>\n

La Procuradora Judicial II para asuntos Civiles de Bogot\u00e1, pidi\u00f3 que \u00abse niegue el resguardo respecto de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, dado que no ha quebrantado ning\u00fan derecho fundamental al tutelista ni es responsable jur\u00eddicamente de las decisiones que profiera el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira dentro de las acciones populares radicadas con los n\u00fameros 2015-1117, 2015-01137 y 2015-01370\u00bb (fls. 59 a 60 ibidem).
\nLA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal neg\u00f3 las salvaguardas impetradas al considerar que \u00ablas acciones de tutela propuestas se tornan improcedentes, dos de ellas, porque incumplen el requisito de subsidiariedad, y la restante, el de inmediatez. Para sustentar lo dicho m\u00edrese lo sucedido en las acciones populares de marras: En el proceso con radicado 2015-1117, el pasado 26 de abril el Juzgado requiri\u00f3 al actor para que, en un t\u00e9rmino de 30 d\u00edas, cumpliera carga procesal de comunicar la existencia de la acci\u00f3n popular a la comunidad (Art. 21, ley 472 de 1998) (f. 26 v) ese auto, pese a que se radicaron algunos memoriales luego de que fuera notificado (f. 26 v), ninguno relacionado con esa precisa decisi\u00f3n, no fue recurrido durante su ejecutoria, tampoco se cumpli\u00f3 con lo requerido y en consecuencia, mediante decisi\u00f3n del 03 de julio, se declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito (f. 27v), resoluci\u00f3n que tampoco fue controvertida (f. 26). <\/p>\n

Seguidamente, precis\u00f3 que \u00ab[el] tr\u00e1mite con radicado 2015-1370, ocurri\u00f3 otro tanto, por lo que tambi\u00e9n, mediante decisi\u00f3n del 1\u00ba de agosto, se declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito (p\u00e1g. 30, CD, f. 34), decisi\u00f3n que permaneci\u00f3 inc\u00f3lume pese a que fue controvertida (p\u00e1g. 28, CD, f. 34). <\/p>\n

Adem\u00e1s, refiri\u00f3 que \u00abEn similar sentido, en la acci\u00f3n popular con radicado 2015-1137 el 11 de agosto del a\u00f1o 2016 se requiri\u00f3 al actor para que en el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas, notificara la demanda so pena de decretar el desistimiento t\u00e1cito (f. 28), esa providencia qued\u00f3 en firme por falta de recursos; y al haberse desatado el requerimiento, con prove\u00eddo del 06 de octubre del mismo a\u00f1o, se declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito (f. 29), que el juzgado mantuvo despu\u00e9s de ser controvertido (f. 31v).
\nAdicionalmente, advirti\u00f3 que \u00abla anunciada improcedencia de las acciones de tutela que ata\u00f1en con las acciones populares 2015-1117 y 2015-1370, por la reiterada inutilizaci\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n (art\u00edculo 36, ley 472 de 1998), que es el instrumento id\u00f3neo para controvertir la decisi\u00f3n que por esta senda se reprocha; solo basta recordar que el actor omiti\u00f3 hacer uso del aludido medio impugnativo cuando se notific\u00f3 el auto que lo requiri\u00f3 so pena de decretar el desistimiento t\u00e1cito, momento oportuno para incoar el debate que ahora por esta residual v\u00eda plantea\u00bb <\/p>\n

Y, concluy\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela que cuestiona el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular radicada con el n\u00famero 2015-1137, carece a todas luces del requisito de inmediatez, as\u00ed se afirma porque el auto con el cual se decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito data del 6 de octubre del 2016, es decir que han transcurrido casi dos a\u00f1os desde aquel evento que se denuncia transgresor del debido proceso. Suficientes razones para declarar la improcedencia de los amparos, como se despachar\u00e1n, adicionalmente porque el libelista no se reporta como un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional y tampoco insinu\u00f3 la ocurrencia de un perjuicio irremediable\u00bb (fls. 53 a 55 \u00cddem). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el accionante sin expresar los motivos de su inconformidad (fls. 64 \u00cddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la orden contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

3. Del examen de las pruebas obrantes en el expediente, la Corte observa lo siguiente: <\/p>\n

Acci\u00f3n popular 2015-1117 presentada por el aqu\u00ed accionante: <\/p>\n

3.1. Solicitud elevada por el actor tendiente a que se \u00abaplique desistimiento t\u00e1cito como gusta hacerlo, aplique art 121 C.G.P. [\u2026]\u00bb (fl. 25 adverso ibidem). <\/p>\n

3.2. Prove\u00eddo de 26 de abril de 2018, por el cual se contest\u00f3 la anterior petici\u00f3n y se requiri\u00f3 al demandante para que \u00abadelante las gestiones necesarias tendientes a concretar la publicaci\u00f3n del Aviso informando a la comunidad del tr\u00e1mite de la presente acci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998\u2026\u00bb (fl. 26 ibidem). <\/p>\n

3.3. Providencia de 3 de julio del mismo a\u00f1o, mediante la cual se resolvi\u00f3: \u00abPRIMERO: Decretar el desistimiento t\u00e1cito del presente proceso, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 numeral 1\u00b0 art\u00edculo 317 de la Ley 1564 de 2012\u2026\u00bb (fl. 27 adverso ib\u00eddem). <\/p>\n

Acci\u00f3n popular 2015-1137 impetrada por el mismo actor: <\/p>\n

3.4. Auto de 11 de agosto de 2016, a trav\u00e9s del cual se requiri\u00f3 al demandante para que \u00abproceda a la publicaci\u00f3n del aviso informando a la comunidad sobre la existencia de este proceso, pues no obstante en el auto admisorio de la demanda haberse dispuesto su publicaci\u00f3n a trav\u00e9s de la emisora de la Polic\u00eda Nacional, esta entidad ha emitido informes en otras acciones Populares similares sobre la imposibilidad de realizar dicha publicaci\u00f3n por este medio [\u2026], so pena de dar aplicaci\u00f3n a lo dispuesto por el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso sobre el Desistimiento T\u00e1cito\u00bb (fl. 28 \u00cddem). <\/p>\n

3.5. Prove\u00eddo 6 de octubre de la misma anualidad, por medio del cual se declar\u00f3 \u00abel desistimiento t\u00e1cito de la presente demanda\u2026\u00bb (fls. 29-30 ibidem). <\/p>\n

3.6. Recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n contra la anterior determinaci\u00f3n (fl. 30 adverso ibidem). <\/p>\n

3.7. Providencia de 21 del mismo mes y a\u00f1o, que desat\u00f3 el medio impugnativo precedente, manteniendo la decisi\u00f3n atacad, considerando para ello que \u00abel accionante est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de asumir ciertas cargas procesales, entre otras, las de pagar las expensas necesarias para diligenciar la efectiva notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a la parte accionada, as{i como informar a la comunidad mediante aviso, sobre la existencia del proceso, por lo que es viable y legalmente aplicable las sanciones consagradas en el art\u00edculo 317 del C.G.P, para las partes que abandonan un proceso y dejan sus peticiones congestionando los anaqueles de los despachos judiciales\u00bb (fls. 31 adverso \u2013 32 ibidem). <\/p>\n

Acci\u00f3n popular 2015-1370 presentada por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga:
\n3.8 Auto de 25 de junio de 2018, por el cual el Juzgado recriminado, sostuvo que \u00abrevisado el presente proceso, claramente puede apreciarse que ha transcurrido mucho m\u00e1s de treinta d\u00edas sin que la parte accionante haya dado cumplimiento a lo ordenado en el auto fechado Abril veintis\u00e9is del a\u00f1o en curso\u2026\u00bb, por lo que resolvi\u00f3: \u00abDecretar el desistimiento t\u00e1cito del presente proceso, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 numeral 1\u00b0 art\u00edculo 317 de la Ley 1564 de 2012\u2026\u00bb (fl. 4 del Cdno Corte). <\/p>\n

3.9. Recurso de \u00abreposici\u00f3n, apelaci\u00f3n, suplica, insistencia o los recurso procedentes en derecho, [\u2026] a fin q se revoque el auto q pretende declarar desistimiento t\u00e1cito\u2026\u00bb (fl. 5 ibidem). <\/p>\n

3.10. Prove\u00eddo de 1\u00ba de agosto del presente a\u00f1o, en el que se ratifica la anterior postura, expresando para ello que \u00abel desistimiento planteado por el accionante no puede ser aplicado a esta clase de actuaciones de rango Constitucional y continua con el criterio de que el actor debe asumir ciertas cargas procesales, por lo que es viable y legalmente aplicable las sanciones consagradas en el art\u00edculo 317 del C.G.P, para las partes que abandonan un proceso y dejan sus peticiones congestionando los anaqueles de los despachos judiciales\u00bb. <\/p>\n

Seguidamente, precis\u00f3 que \u00abTodos los actos desplegados por este Despacho entre otros, la elaboraci\u00f3n del aviso de que trata el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, la elaboraci\u00f3n de los oficios dirigidos a las autoridades del orden Territorial encargadas por velar de que los espacios p\u00fablicos y privados con acceso al p\u00fablico en general cumplan con las regulaciones que protegen los derechos colectivos, los dirigidos a la Defensor\u00eda del Pueblo y al Ministerio P\u00fablico la protecci\u00f3n y los diferentes autos y providencias, dictadas requiri\u00e9ndolo para que despliegue las actividades legales que le corresponde, son prueba de la actuaci\u00f3n diligente que adelanta el Juzgado para llevar a buen fin la acci\u00f3n; contrario a lo realizado por el actor popular quien pretende que todo lo haga el Despacho y no colaborar con la administraci\u00f3n de justicia para evacuar las cargas propias de la parte actora\u00bb (fls. 6-7 ibidem). <\/p>\n

4. Revisadas las acreditaciones, cumple se\u00f1alar, delanteramente referente a la acci\u00f3n popular No. 2015-1117, que el quejoso, contrario sensu a lo que era de esperar, declin\u00f3 la interposici\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n (art\u00edculo 36 de la ley 472 de 1998) que se erigi\u00f3 como el medio impugnativo pertinente a fin de rebatir el prove\u00eddo adiado 3 de julio de 2018, con que el Juzgado accionado, decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n

Empero, si bien es cierto que en atenci\u00f3n a la naturaleza subsidiaria y residual de esta v\u00eda, es claro que para ejercerla deben haber sido agotados previamente todos los mecanismos ordinarios de defensa, ya que no es el escenario para rescatar oportunidades perdidas, tambi\u00e9n lo es que \u00aben algunos casos especiales es viable analizar el fondo de lo debatido, a pesar del abandono de los medios de contradicci\u00f3n, cuando las circunstancias del caso particular lo ameriten y sea evidente la conculcaci\u00f3n aducida\u00bb (CSJ STC2911-2016, 10 mar. 2016, rad. 2016-00007-01). <\/p>\n

As\u00ed lo predic\u00f3 esta Sala, entre otras providencias, en CSJ STC9403-2015, 22 jul. 2015, rad. 00303-01, al expresar que \u00abexisten circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u201cpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u201d, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb. <\/p>\n

Por supuesto, el asunto que ahora se analiza se enmarca dentro de la anterior hip\u00f3tesis, ya que a pesar de que la accionante cej\u00f3 impugnar el prove\u00eddo materia de reproche, lo cierto es que con la decisi\u00f3n de declarar la deserci\u00f3n del recurso vertical interpuesto contra el fallo de primer grado adoptada en el sub judice, se le est\u00e1 poniendo indebidamente en una situaci\u00f3n de amenaza, que pervive por referirse al derecho de defensa, por lo cual ha de flexibilizarse el postulado atr\u00e1s apuntado. <\/p>\n

5. Respecto a la acci\u00f3n popular No. 2015-1137 se dir\u00e1 que, pese a no escapar de la atenci\u00f3n de la Sala el incumplimiento del requisito de la inmediatez por parte del tutelista, pues desde la precisa data del prove\u00eddo de 21 de octubre de 2016 y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela (13-09-2018) han pasado m\u00e1s de los 6 meses que jurisprudencialmente se han considerado como razonables para acudir al amparo, lo cierto es, que como se ha dicho en casos similares, donde la vulneraci\u00f3n es evidente, \u00abla misma no constituye un obst\u00e1culo infranqueable para que [el amparo] proceda, si se tiene en cuenta que, se itera, la decisi\u00f3n comentada est\u00e1 amparada en un actuar contrario a [D]erecho, lo que hace evidente y grave la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso del accionante, y por ende necesaria la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional para conjurar la afectaci\u00f3n que gener\u00f3 tal proceder\u00bb (CSJ STC10672-2017, 21 jul. 2017, rad. 2017-01778-00). <\/p>\n

6. Aclarado lo anterior, advierte la Sala que los cuestionamientos enfilados contra los autos de fecha 6 de octubre de 2016, 25 de junio y 3 de julio de 2018, mediante los cuales se decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito en las acciones populares Nos. 2015-1370, 2015-1117 y 2015-1137, respectivamente, el amparo constitucional debe prosperar, toda vez que la autoridad judicial recriminada incurri\u00f3 en un proceder que vulnera los derechos fundamentales alegados por el promotor, seg\u00fan pasa a precisarse. <\/p>\n

6.1. En el presente asunto, se observa que el juzgado encartado, tal como qued\u00f3 relatado, mediante las providencias citadas, requiri\u00f3 al querellante para que procediera a publicar el aviso, a trav\u00e9s, del cual se comunicara a la comunidad el inici\u00f3 de la acci\u00f3n constitucional, para lo cual, le concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas, so pena, de dar aplicaci\u00f3n a la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, emepero como la parte interesada no dio estricto cumplimiento a lo dispuesto por el despacho, decret\u00f3 la terminaci\u00f3n de las acciones populares en virtud de lo consagrado en dicho canon. <\/p>\n

6.2. Es de resaltar que, dada la naturaleza constitucional y oficiosa de la acci\u00f3n popular, dirigida a proteger los derechos e interese colectivos, no se puede aplicar a la misma, la figura procesal del \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb, atr\u00e1s rese\u00f1ada y, menos a\u00fan las sanciones que implica, esto es, por ser primera vez, la presentaci\u00f3n nuevamente de la demanda seis (6) meses despu\u00e9s de la ejecutoria de la decisi\u00f3n que lo dispuso y, entratandose de una segunda ocasi\u00f3n, la extinci\u00f3n del derecho pretendido; pues sin duda alguna acaecer\u00eda la orfandad de defensa frente a los intereses de una comunidad que busca \u00abevitar el da\u00f1o contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneraci\u00f3n o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible\u00bb, as\u00ed como, la efectividad de sus prerrogativas constitucionales imprescriptibles e inalienables. <\/p>\n

Sobre el particular, la Sala en un asunto reciente, precis\u00f3 que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) en las acciones populares, se debate la protecci\u00f3n de derechos colectivos que pertenecen a todos y cada uno de los integrantes de una comunidad o de toda la sociedad, que exigen por ende una labor anticipada de protecci\u00f3n y una gesti\u00f3n pronta de la justicia dirigida a impedir su vulneraci\u00f3n. <\/p>\n

Dichas garant\u00edas no hacen referencia a intereses subjetivos o particulares, sino a cuestiones de tal entidad, que su vulneraci\u00f3n pone en peligro o ataca bienes tan valiosos para la sociedad, como la vida, la salud, el ambiente sano, el equilibrio ecol\u00f3gico, la seguridad, patrimonio y moralidad p\u00fablica no de una persona, sino de toda una colectividad, lo que hace que de suyo sean irrenunciables, inajenables e imprescriptibles\u00bb. <\/p>\n

Seguidamente, frente a las sanciones que integran el desistimiento t\u00e1cito, advirti\u00f3 que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el art\u00edculo 11 de la Ley 472 de 1998, indica que \u00abLa Acci\u00f3n Popular podr\u00e1 promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e inter\u00e9s colectivo\u00bb, de manera que no puede supeditarse a transcurra un determinado periodo de tiempo, porque ello va en contrav\u00eda de la naturaleza de la acci\u00f3n popular y en especial de la importancia que el Constituyente otorg\u00f3 a este tipo de prerrogativas, por lo que en cualquier momento se pueden reclamar. <\/p>\n

No tendr\u00eda ning\u00fan sentido, que existiendo la amenaza o vulneraci\u00f3n a derecho perteneciente a toda la comunidad, se obligue a todos sus integrantes a esperar seis meses para interponer la acci\u00f3n a fin de conseguir su protecci\u00f3n, porque ya se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito de una demandada inicial presentada por uno de ellos; pues esto ser\u00eda darle unos alcances de individualidad que dichas prerrogativas no tienen y a\u00fan m\u00e1s grave, desconocer el inter\u00e9s general que en estas priman. <\/p>\n

Menos puede concebirse que los derechos que se intentan salvaguardar mediante este tipo de acciones, puedan declararse extintos, en raz\u00f3n a que se haya decretado la culminaci\u00f3n por segunda vez, porque, se itera, \u00e9stos son imprescriptibles e inalienables y no pueden ser objeto de dicha sanci\u00f3n (Subrayado fuera de texto) (CSJ STC14483-2018, 7 Nov. 2018, rad. 00755-01). <\/p>\n

6.3. Ahora, si bien es cierto, que el legislador en el art. 317 del C.G.P., contempl\u00f3 una forma anormal de terminaci\u00f3n del proceso, ante el incumplimiento de una carga procesal, acto de parte o la inactividad prolongada del interesado; tambi\u00e9n lo es, que el referido tr\u00e1mite no se predica de todos los juicios, pues depender\u00e1 de la naturaleza de cada uno la procedencia de la aplicaci\u00f3n. <\/p>\n

Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que: <\/p>\n

\u00ab\u2026la exigencia de cumplir determinada carga procesal y aplicar la sanci\u00f3n ante la inobservancia regulada en el precepto citado, no puede ser irreflexiva de las circunstancias especiales previstas en el referido art\u00edculo [317 del C\u00f3digo General del Proceso], sino que debe obedecer a una evaluaci\u00f3n particularizada de cada situaci\u00f3n, es decir, del caso en concreto, para establecer si hay lugar a la imposici\u00f3n de la premisa legal. <\/p>\n

Lo anterior, porque la actividad judicial debe estar presidida por la virtud de la prudencia, que exige al juez obrar con cautela, moderaci\u00f3n y sensatez a la hora de aplicar la ley, m\u00e1s cuando, como en el caso de autos, la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de las normas puede conducir a una restricci\u00f3n excesiva de derechos fundamentales, en este caso el derecho al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u2026\u00bb. (CSJ STC16508-2014, 4 dic. 2014, rad. 00816-01, CSJ STC2604-2016, 2 mar. 2016, rad. 2015-00172-01). <\/p>\n

Y, en asuntos de familia, espec\u00edficamente en alimentos de menores, ha se\u00f1alado que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) en algunos procesos de caracter\u00edsticas particulares, como, verbi gracia, el de alimentos de menores no puede tener cabida la mencionada norma, pues en \u00e9l no s\u00f3lo se debate un derecho que de conformidad con el art\u00edculo 424 del C\u00f3digo Civil es intransferible, inajenable e ineluctable, sino que adem\u00e1s garantiza los recursos necesarios para la subsistencia y el desarrollo hacia la adultez del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, quien es sujeto de especial protecci\u00f3n. (STC8850-2016, 30 jun. 2016 rad. 00186-01 reiterada en STC11430-2017, 3 ago. 2017 rad. 00183-01). <\/p>\n

6.4. Finalmente, y teniendo en cuenta que la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito en los procesos cuestionados obedeci\u00f3 al incumplimiento del actor popular frente a una \u00abcarga procesal\u00bb, como lo era, el aviso a la comunidad, es del caso destacar que la acci\u00f3n popular se caracteriza por el impulso oficioso del juez, tal como lo prev\u00e9 el art. 5 de la Ley 472\/98 \u00ab\u2026 Promovida la acci\u00f3n, es obligaci\u00f3n del juez impulsarla oficiosamente y producir decisi\u00f3n de m\u00e9rito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destituci\u00f3n. Para este fin el funcionario de conocimiento deber\u00e1 adoptar las medidas conducentes para adecuar la petici\u00f3n a la acci\u00f3n que corresponda\u00bb; por lo tanto, los funcionarios judiciales en estos tr\u00e1mites constitucionales deben propender por el normal desarrollo del proceso, sin obstaculizar o generar barreras que impidan el desarrollo y la culminaci\u00f3n del mismo; m\u00e1xime cuando se trata de asuntos con car\u00e1cter prevalente, que no pueden quedar a la deriva por actos de las partes cuando el funcionario tiene la facultad oficiosa de adoptar las determinaciones pertinentes, pues en definitiva, el aviso a la comunidad, entre otras actuaciones, no es una actuar propio del actor popular, sino que el juzgador precisamente empoderado del deber rese\u00f1ado, tambi\u00e9n puede obtener la materializaci\u00f3n del acto procesal que se requiere, esto, a trav\u00e9s del Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos administrado por la Defensor\u00eda del Pueblo, todo en aras de la defensa de los derechos colectivos, tales como: vida, salud, ambiente sano, equilibrio ecol\u00f3gico, seguridad, patrimonio, entre otros, que se encuentren en contienda susceptible de definici\u00f3n por parte de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n

Al respecto, la Sala en un asunto en el que el juez cuestionado dispuso el enteramiento a la comunidad con cargo, al citado fondo, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n

\u00abDe acuerdo con lo anotado, se advierte que contrastada la situaci\u00f3n desarrollada y la normativa aplicada (art. 21 Ley 472\/98), dimana que la exposici\u00f3n de los motivos decisorios manifestados se guarece en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el juicio planteado y que no constituye defecto material, acaeciendo que no hay lugar a sustraerle a la referida decisi\u00f3n las presunciones de legalidad y acierto de que goza, dado que la decisi\u00f3n adoptada en el sentido de ordenar al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, efectuar la publicaci\u00f3n requerida para seguir con el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n constitucional que all\u00ed adelanta, espec\u00edficamente en el peri\u00f3dico El Espectador o El Tiempo, a la vez que en las emisoras locales de Caracol o RCN, es un proceder que no se estima arbitrario ni subjetivo. <\/p>\n

De modo que, v\u00e9ase, el despacho censurado adopt\u00f3 la determinaci\u00f3n cuestionada con sustento en una v\u00e1lida hermen\u00e9utica que, independientemente de que la Corte la proh\u00edje en su totalidad ya que este no es el escenario id\u00f3neo para lo propio, s\u00ed resulta ser valedera y respetable, tanto m\u00e1s por cuanto que el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, prev\u00e9 que el juez del proceso, utilice los medios de comunicaci\u00f3n que a bien considere, en aras de informar a los miembros de la comunidad sobre la respectiva acci\u00f3n popular, y en este caso, se advierte que la sede de la presunta conculcaci\u00f3n de derechos colectivos, es la ciudad de Bogot\u00e1, por tanto, es razonable la orden dada en el sentido de que sean los medios de comunicaci\u00f3n El Espectador, El Tiempo, o radiodifusoras Caracol o RCN, los que el fallador consider\u00f3 id\u00f3neos para enterar de las decisiones a los interesados\u00bb (Subrayado fuera de texto) (CSJ STC 1535-2018, 8 Feb. 2018, rad. 2017-01305-01). <\/p>\n

Y, en un caso de similares aristas, esta Corporaci\u00f3n, precis\u00f3 que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) terminar anticipadamente una acci\u00f3n popular que pretende la defensa de las citadas garant\u00edas que son de inter\u00e9s general para la comunidad, desconoce principios rectores de la administraci\u00f3n de justicia, como la celeridad, la econom\u00eda procesal y la eficacia, se insiste, en acciones constitucionales, donde no es posible, so pretexto de la falta de integraci\u00f3n del contradictorio por parte del demandante, declarar desistida t\u00e1citamente su pretensi\u00f3n de amparo colectivo. <\/p>\n

En especial, cuando se encuentra que el caso ya exist\u00eda vinculaci\u00f3n de la mayor\u00eda de los interesados \u2013s\u00f3lo hac\u00eda falta la publicaci\u00f3n del aviso a la comunidad (art. 21, L. 472\/98)-, carga que no se encuentra sea de exclusivo cumplimiento del actor, por el contrario, la misma norma establece varios medios para que el juez pueda llevarla a cabo, entre ello formas de financiamiento para la realizaci\u00f3n de los actos procesales, a trav\u00e9s del Fondo Para la Defensa de los Derechos Colectivos. <\/p>\n

Lo anterior, porque el citado art\u00edculo indica que puede informarse, \u00aba trav\u00e9s de un medio masivo de comunicaci\u00f3n o de cualquier mecanismo eficaz, habida cuenta de los eventuales beneficiarios\u00bb, sin que se requiera necesariamente la intervenci\u00f3n del actor para que se haga la publicaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC14483-2018, 7 Nov. 2018, rad. 00755-01). <\/p>\n

7. De otra parte, y en lo que refiere a la solicitud encaminada a que se ordene al Procurador Judicial que se pronuncie en derecho, basta se\u00f1alar que el gestor de considerarlo necesario puede exponer esas inquietudes y pedimentos directamente ante la entidad competente, a trav\u00e9s de los mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para ello, no siendo este instrumento el camino para emprender indagaciones que el supuesto afectado debe promover sin mediaci\u00f3n de terceros y, claro, asumiendo la responsabilidad que conlleva. <\/p>\n

En este sentido, ante requerimientos similares, se ha sostenido que, \u00abadem\u00e1s de que la tutela no fue instituida con ese prop\u00f3sito sino para garantizar los derechos fundamentales, el promotor puede presentar esa denuncia directamente ante los organismos competentes, eso s\u00ed, asumiendo las consecuencias de su obrar\u00bb (CSJ, STC, 2 jul. 2015, rad. 00178-01, reiterada en CSJ STC16006-2017 oct. 3 de 2017, rad. 2017-00783-01). <\/p>\n

8. Respecto a el pedimento tendiente a que se dicte una \u00absentencia de unificaci\u00f3n\u00bb basta se\u00f1alar que esa funci\u00f3n \u00fanicamente est\u00e1 otorgada a la Corte Constitucional como m\u00e1ximo \u00f3rgano de la \u00abjurisdicci\u00f3n constitucional\u00bb de conformidad con el art\u00edculo 54 A del Reglamento de esa Corporaci\u00f3n por lo que dicha petici\u00f3n, no puede ser acogida, por cuanto dicha facultad no radica en esta Colegiatura. <\/p>\n

9. Finalmente, en cuanto al pedimento atinente a que se le brinde \u00abcopia de la tutela y del fallo\u00bb, se ordenar\u00e1 que por secretar\u00eda y a costa del interesado expida la reproducci\u00f3n de las piezas procesales solicitadas. <\/p>\n

10. Seg\u00fan lo discurrido, se revocar\u00e1 el fallo materia de impugnaci\u00f3n y se concede el amparo rogado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede y, en su lugar, dispone:
\nPRIMERO: TUTELAR a favor de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga el derecho al debido proceso. <\/p>\n

SEGUNDO: En consecuencia, se deja sin valor efecto los autos de fecha 6 de octubre de 2016, 25 de junio y 3 de julio de 2018, proferidos por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira y todas las decisiones que de estos se desprendan y, se ordena que dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, continu\u00e9 con el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular, atendiendo los par\u00e1metros plasmados en esta providencia. <\/p>\n

TERCERO: Por Secretar\u00eda env\u00edesele copia de esta decisi\u00f3n al tutelista, de conformidad a lo expuesto en el numeral 9\u00ba de esta providencia. <\/p>\n

CUARTO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC15440-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-00758-01. (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D. C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2018, mediante la cual la Sala Civil \u2013 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101998","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101998","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101998"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101998\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101998"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101998"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101998"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}